Doce hombres y cero mujeres sin piedad

Puede usted ver la obra de teatro y película y película de televisión “Doce hombre sin piedad” como lo que suele venderse: como un análisis práctico del principio de presunción de inocencia, del in dubio pro reo y de la lógica judicial penal de la absolución en caso de duda razonable, además de sobre el funcionamiento de la institución del jurado.

Si lo ve usted así, tendrá razón. Es un punto de vista muy jurídico.

Pero puede ver usted también otra cosa. Puede fijarse usted, por ejemplo, en los nombres y los rostros de los doce actores que interpretan a los jurados en la película de 1957, dirigida por Sidney Lumet.

O, más sencillamente, puede usted mirar esta foto:

12 hombres

O esta otra foto:

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Es la foto del jurado. Los doce hombres sin piedad, o los “Twelve Angry Men” en el título original en inglés. La primera una imagen de la película de Sidney Lumet; la segunda de la obra de teatro producida por RTVE en el famoso “Estudio 1“, en 1973, enlace a la obra de televisión aquí.

Según informa internet, en la época del guion para televisión original, 1954, de Reginald Rose, las mujeres no formaban parte de jurados en EEUU dado el sesgado procedimiento de designación.

¿Cuántas veces ha visto usted “Doce hombres sin piedad“, en cine, en televisión?

¿Cuántas veces, si es usted jurista, le han explicado esta película en esos ciclos de cine jurídico en los  que esta película figura siempre, porque es un clásico del cine jurídico que aparece en todas las listas?

¿Y cuántas veces ha visto usted con los ojos del cerebro que no hay mujeres, o ha pensado usted en por qué no hay mujeres o cuántas veces, si le han explicado esta película en un ciclo de cine jurídico, han resaltado los comentaristas jurídicos que no es casualidad que todos los actores sean varones en una película que hace referencia a una importantísima institución jurídica del ámbito judicial?

¿Cuántas veces le han dicho que son doce hombres y cero mujeres sin piedad?

¿Se lo han dicho una vez o ninguna?

Porque yo tengo aquí delante varios comentarios de cinéfilos jurídicos, que prefiero no citar, y, oh, sorpresa, ninguno menciona esa circunstancia.

La desigualdad más visible es invisible.

Incluso para juristas que se supone que tienen que tener interiorizado el artículo 14 de la Constitución con el principio de no discriminación por razón de sexo que, por cierto, no es de anteayer, puesto que la Constitución es de 1978, hace ya casi cuarenta años. Y, además, ese principio no surge de la nada porque hasta las ridículas leyes franquistas recogían como teoría legislativa de gran teoría y vacío detalle normativo y vacía práctica la igualdad en una ley de 1961 que por supuesto no dio lugar a igualdad alguna.

Después de ver esas fotos y esas películas y esas listas de nombres, ¿sigue usted pensando que la palabra “hombres” incluye a hombres y mujeres?

¿Que el plural “hombres” incluye a hombres y mujeres?

¿Que es irrelevante resaltar que “hombres” puede significar y en efecto significa “cero mujeres”?

¿Incluso cuando nadie le ha explicado que si en una clásica película de juicios que se llama “Doce hombres sin piedad” salen cero mujeres es porque había cero mujeres en los ámbitos judiciales?

¿O piensa también que esto es de una absoluta desigualdad invisible es algo muy antiguo y que ya está más que superado y que ya las instituciones jurídicas del ámbito judicial parten de la igualdad y la aplican y esas mismas instituciones están sin duda formadas en el mismo porcentaje de hombres y mujeres que hay en la vida de los profesionales del Derecho, campo donde hace mucho que hay un porcentaje igual de hombres y mujeres, e incluso superior de mujeres en diversos ámbitos?

Pues si piensa eso, mire estas imágenes:

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Son los cuatro últimos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, por el Senado, en renovación de nada menos que un tercio de los componentes del Tribunal Constitucional. No creo que sea indispensable resaltar la importancia de estos nombramientos, que afectan a un tercio de un Tribunal Constitucional que ha de decidir sobre la vida jurídica de España en los próximos años, en temas que abarcan desde el control del Gobierno en reales decretos-leyes y la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario a la situación de Cataluña, pasando por el aborto. Si quien esto lea no es consciente de esa importancia, le sugiero que reflexione sobre si sus medios de información habituales son los más idóneos, porque su despiste, lamento decirlo, es evidente.

Y a continuación la imagen con la lista de nombres de los magistrados del  Tribunal Constitucional, en 2017. El resultado final es el siguiente: doce personas, de los cuales diez son varones y dos son mujeres. La imagen y la foto están obtenidas de la web oficial del Tribunal Constitucional. En una renovación efectuada en el primer trimestre del año 2017, no en 1954 o en 1973, se ha considerado por la Cámara de las Cortes Generales que tenía esta vez que nombrar, o sea, el Senado, que basta con nombrar a una sola mujer de cuatro magistrados.

O sea, que seguimos en dos mujeres de doce personas en el Tribunal Constitucional en el año 2017, como antes de la renovación de 2017.

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De sesenta y cuatro magistrados  designados en total desde que empezó esa institución en 1980, incluyendo esta última renovación de 2017, seis mujeres; enlace a datos aquí. Y en la última renovación, con designados que han tomado posesión hace unos días, solo se ha considerado oportuno nombrar a una  mujer, de cuatro magistrados.

Quizá le interese saber, por cierto, que ni una sola mujer ha nombrado aún España para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; aún, en 2017.

Pero, claro, no es importante. Lo importante es que los nombrados sean los mejores, ¿no?

Sorprende un poco, eso sí, que los mejores sean siempre o casi siempre hombres, en 2017. Hombres en el sentido de “varones”.

Y quién va a dudar que nuestro fantástico Tribunal Constitucional, cuyo maravilloso funcionamiento, su seriedad y su independencia son públicos y notorios, está y ha estado siempre compuesto por los mejores y más independientes juristas de España.

¿O no?

Por cierto, los otros dos nombres que aparecen en el BOE en los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional son también de varones: el Sr. Rajoy y el rey Felipe de Borbón. Estamos en 2017, y en casi 40 años de democracia absolutamente todos los presidentes del Gobierno han sido varones y el rey que firma está ahí porque pertenece a una concreta familia y porque, además, nació varón.

Pero lo de “Doce hombre sin piedad” en el que “hombres” significa “cero mujeres” es solo una película muy antigua.

¿O no?

Verónica del Carpio Fiestas

Post scriptum. Tuit:  https://twitter.com/medeapoma/status/843462442457939968

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Volvemos al matrimonio forzoso: la espeluznante sentencia BABIARZ v. POLONIA del TEDH

En España no existe en la Constitución un derecho explícito a divorciarse. Recordemos lo que sobre el matrimonio dispone el artículo 32 de la Constitución, dentro del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, Capítulo segundo. “Derechos y libertades”, Sección 2.ª “De los derechos y deberes de los ciudadanos”:

Artículo 32

  1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
  2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

La palabra “divorcio” no figura en nuestra Constitución, y las causas de “disolución”, concepto que puede abarcar, en sentido amplio, hasta la mera nulidad, las remite la Constitución a su regulación por ley, en los términos que el legislador ordinario considere oportunos.

Cotejemos con el párrafo primero del artículo 43 de la Constitución de la Segunda República, en el Título II, “Derechos y deberes de los españoles“, dentro del capítulo II, que tenía el curioso título-batiburrillo “Familia, economía y cultura“:

Artículo 43.

La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

En la Constitución de 1931 la palabra “divorcio” tampoco aparecía (no quiero entrar en la cuestión histórica de cómo históricamente “divorcio”, antes, podía ser equivalente a lo que hoy sería separación, no a extinción del vínculo) pero al menos se regulaba que el mero deseo de los dos cónyuges permitía el divorcio, y la petición de cualquiera de los dos cónyuges “con justa causa”, aunque qué fuera exactamente esa “justa causa” quedaba a regulación legal.

Pero en la actual Constitución de 1978 directamente queda todo en manos del legislador ordinario, para que lo regule sin límites como lo considere oportuno.

¿Y qué sucedería si, por hipótesis, el legislador ordinario español considerara oportuno regular el divorcio de forma que fuera prácticamente imposible el divorcio? Pues sucedería algo grave que obliga a pensar que, si alguna vez nos decidimos a abrir el melón constitucional, habrá que aprovechar y constitucionalizar el derecho a divorciarse. Porque hace muchos años que en España se da por sentado, diría yo, que da un poco igual que la Constitución y el Tribunal Constitucional se queden cotidianamente muy cortos, porque para algo están los Tribunales internacionales -y ahí están las ejecuciones hipotecarias, que solo el TJUE ha conseguido meter en vereda-, pero en la materia concreta de divorcio el Tribunal Europeo de Derecho Humanos falla, en el doble sentido de que se ha pronunciado sobre un matrimonio prácticamente indisoluble, y en sentido vulgar del término de que se ha equivocado gravemente.

El ius connubii o derecho a contraer matrimonio, que abarca, por ejemplo, facetas tales como el derecho a no contraer matrimonio forzoso, resulta que no abarca el derecho a divorciarse ni por tanto, a casarse de nuevo, nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Existe pues, legalmente, una nueva-vieja forma de matrimonio forzoso: el matrimonio que se contrae libremente pero se mantiene forzosamente porque el Estado impone que se mantenga. Una lamentable sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con dos votos particulares discrepantes, cuyo texto completo en inglés está disponible en este enlace, y de la que hay un comentario en inglés aquí, así lo viene a decir. El caso se refiere a Polonia: un señor que llevaba años conviviendo con otra mujer distinta de su esposa oficial, como familia de facto, e incluso con una hija de esa relación extramatrimonial o -por usar la terminología tradicional ya superada hace tantos años pero que parece más a tono con el arcaico tufillo a matrimonio indisoluble-, adulterina, resulta que no puede divorciarse si su esposa no quiere, y eso lo recoge una ley de un país de la Unión Europea y eso al TEDH le parece bien.

Obligar a seguir casado, dice el TEDH, no contradice los artículos 8 y 12 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), es decir:

Artículo 8.-  Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
  2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Artículo 12. Derecho a contraer matrimonio

A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.

Obsérvese, por cierto, que la edad núbil ha sido, desde siempre, un concepto jurídico indeterminado, o tipo bucle jurídico: se está en edad núbil sencillamente cuando se está en edad núbil, y es el Derecho de cada país el que define cuándo se está en edad núbil, hasta el punto de que edad núbil eran los doce años en lo que históricamente es un suspiro, y catorce años jurídicamente anteayer, o sea, más o menos hacer coincidir la edad núbil con la pubertad.

Las circunstancias del caso Babiarz contra Polonia (CASE OF BABIARZ v. POLAND), sentencia de TEDH de 10 de enero de 2017, se resumen en que a un señor de Polonia que tenía hacía años otra familia extramatrimonial de hecho y que deseaba divorciarse, el Estado polaco no le dejó divorciarse porque la esposa engañada, “parte inocente”, se negó a divorciarse y -no consta por qué-, decía que estaba dispuesta a reconciliarse, y eso fue motivo suficiente para denegar el divorcio, puesto que según el Estado polaco no es contrario a razonables principios de convivencia social negar el divorcio a quien lo solicita si la “parte inocente” demandada así lo desea. Transcribo las circunstancias del caso en la sentencia:

THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicant was born in 1971 and lives in Dębowa Kłoda.

6. In 1997 the applicant married R. In 2004 R. underwent infertility treatment so she could conceive a child with him.

7. In autumn 2004 the applicant met A.H. In January 2005 he moved out of the flat he had lived in with R.

8. On 31 October 2005 A.H. gave birth to their daughter, M.

9. On 25 September 2006 the applicant filed a petition for divorce. At first he requested a no-fault divorce. In his petition the applicant referred to various marital misunderstandings and quarrels for which he blamed the respondent. He admitted that he had moved out of the matrimonial home, but did not mention his involvement with a new partner.

10. At a hearing held on 15 November 2006 the applicant refused to undergo the mediation process provided for by divorce law. R. did not agree to a divorce, declared that she loved the applicant and asked the court to dismiss the divorce petition.

11. Subsequently, the applicant requested a divorce on fault‑based grounds.

12. During the proceedings thirteen witnesses were heard. Most of them were of the opinion that the marriage seemed happy until autumn 2004. Only the applicant’s mother, his two colleagues and his cousin recalled minor arguments between the spouses.

13. During the final hearing on 9 February 2009 the respondent reiterated her refusal to divorce.

14. On 17 February 2009 the Lublin Regional Court refused to grant the divorce to the applicant. The court held that he was the only person responsible for the breakdown of his marriage because he had failed to respect the obligation of fidelity. The court did not find it credible that problems had already begun within the first year of the marriage. It observed that until 2004 the applicant had not wanted children. In that year he had changed his mind. For that reason R. had undergone surgery, the operation having taken place in August 2004.

15. The marital situation had subsequently changed when the applicant had met A.H. He had no longer wished to have a child with his wife. The court noted contradictions between the testimony given by the applicant, who had referred to the alleged serious problems in marital life prior to 2004 on the one hand, and the decision to treat R.’s infertility in summer 2004 on the other. The respondent had been shocked by the applicant’s unfaithfulness and had been treated for depression since autumn 2004.

16. The court acknowledged that there had indeed been “a complete and irretrievable marriage breakdown” within the meaning of Article 56 § 1 of the Family and Guardianship Code. Reconciliation was unlikely as the applicant had consistently rejected all attempts made by R. to reconcile their differences. Moreover, he had been in a relationship with A.H. for almost four years and had a child with her.

17. The court emphasised that under Article 56 § 3 of the Family and Guardianship Code, a divorce could not be granted if it had been requested by the party whose fault it was that the marriage had broken down, if the other party refused to consent and the refusal of the innocent party was not “contrary to the reasonable principles of social coexistence” (zasady współżycia społecznego) within the meaning of Article 5 of the Civil Code.

18. The court considered that R.’s refusal to divorce should be presumed to be compatible with those universally accepted principles. It referred to the case-law of the Supreme Court to the effect that a refusal of consent to a divorce was to be presumed to be compliant with those principles unless there were case-specific indications to the contrary. There was no indication that when refusing to give her consent R. had acted out of hatred, was motivated by vengeance, or simply wanted to vex the applicant. The court emphasised that she had repeatedly stated during the proceedings that she was ready to reconcile with him despite the fact that he had a child with another woman.

19. The court stressed that the duration of the applicant’s new relationship could not by itself be considered to be a sufficient reason for granting the divorce.

20. The applicant appealed against the judgment. He argued, inter alia, that the court had erred in holding that a spouse’s refusal to consent to a divorce could be disregarded only when it was of an abusive nature or was dictated by hostility towards the spouse seeking the divorce. The court should have examined the negative social consequences caused by continuing the formal existence of failed marriages. In his case, it had failed to do so.

21. On 16 June 2009 the Lublin Court of Appeal dismissed the applicant’s appeal.

22. The applicant did not request to be served with the written grounds for the appellate judgment. The grounds were therefore not prepared.

23. The judgment was final, a cassation appeal against a divorce judgment not being available in law.

Dejo aparte los tecnicismos procesales y me voy a la esencia de la decisión del TEDH: que  ni al amparo del artículo 8 del Convenio ni del artículo 12 puede conseguir divorciarse el demandante, es decir, que no puede divorciarse.

Que haya dos votos particulares, del juez Sajó y del juez Pinto de Albuquerque, solo abunda en que en efecto esto es más que discutible, pero no tiene sentido entrar en el análisis de los votos particulares cuando lo que se impone es la decisión de la mayoría y no existe  ningún tribunal por encima del TEDH. Quien quiera leer los textos completos de los votos particulares, en el enlace figuran; son muy extensos. Solo voy a resaltar esto, del voto particular del juez Pinto de Albuquerque:

“13. Article 12 of the Convention does not protect the right to terminate a marriage on demand. The travaux preparatoires are explicit about this[36].

Sí en cambo garantiza que quien esté divorciado pueda volver  casarse:

“14. Nevertheless, if national law allows for divorce, Article 12 secures for divorced persons the right to remarry. In this case, restrictions to the right to remarry must be lawful and proportionate. In F. v. Switzerland, the Court concluded that a three-year prohibition on remarriage, applied as a penalty for the guilty spouse with sole responsibility for the breakdown of the marriage, affected the very essence of the right to remarry and was therefore disproportionate to the legitimate aim pursued[39].

Obsérvese el detalle, ese “if” condicional: “SI la legislación nacional permite el divorcio“.

O sea, que puede no permitirlo.

O sea, que hasta quien discrepa de la decisión mayoritaria tiene claro que la Convención Europea de Derechos Humanos no garantiza el derecho a divorciarse.

O sea, que solo tenemos la legislación nacional para garantizar el divorcio.

Y nuestra legislación española no contiene más que una regulación por ley ordinaria, porque la Constitución española no contiene derecho alguno al divorcio.

Y si mañana volviéramos al divorcio causal, ese que existía antes de la normativa vigente, o incluso si se condicionara el divorcio al consentimiento de uno de los cónyuges, o, no quiero ni imaginarlo, si el divorcio dejara de existir, no solo no tendríamos protección constitucional frente a ese matrimonio forzoso hoy socialmente inadmisible sino que tampoco dispondríamos de la protección del TEDH.

Obligar a casarse se considera tan jurídicamente inadmisible que está incluso sancionado por las normas penales, en el llamado matrimonio forzado, en el Código Penal:

Artículo 172 bis.

1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.

3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad.

Sin embargo, mantener forzosamente un matrimonio contraído libremente sí puede imponerse por el propio Estado, y al TEDH le parece bien.

Todo ello nos lleva a una reflexión conforme a la realidad social. ¿Sería hoy concorde con la realidad social española un matrimonio que no pudiera extinguirse si un cónyuge  no quiere? ¿Sería concorde con la realidad social española que desapareciera el sistema de divorcio-repudio,  el divorcio por voluntad unilateral? Pregunte a cualquiera por la calle qué opinaría de un matrimonio que pudiera extinguirse solo si concurrieran causas tasadas, incluyendo la voluntad de uno de los cónyuges.

Pero como ya ha dicho el TEDH que eso entra de la libertad de configuración del legislador ordinario, que eso no suceda ahora en España no quiere decir que no se PUEDA hacer en España, si tenemos en cuenta el Convenio.

¿Y una Constitución en España en el día de hoy puede razonablemente permitir un matrimonio obligatorio o indisoluble?

Creo que no debería y me parece que hay que reflexionar pensando en el largo plazo. La vida jurídica y la vida política dan muchas vueltas, y si, como hemos visto, el TEDH no protege en algo que en la realidad social española se considera tan básico, tendremos que pensar en la protección constitucional interna de España.

Y ya que el artículo 32 de la Constitución no constitucionaliza el divorcio, habrá que pensar si conviene incluirlo.

Quien lea este post puede decir que aquí se está planteando hipótesis sobre hipótesis, ya que los partidos políticos no han propuesto ninguna modificación del régimen legal actual de divorcio en España. A eso replico que hace falta perspectiva histórica, y que basta con echar un vistazo a los bandazos que ha habido en esta materia, y a los propios debates parlamentarios de cuando se aprobó la Constitución y cuando se aprobó la ley de divorcio primera en 1981 en lo que, de nuevo uso la expresión, históricamente es un suspiro, como para pensar que hay que pensar si de verdad quienes hablan de la necesidad de incluir derechos en la Constitución tales como el derecho a la transparencia o a la vivienda como jurídicamente exigibles son conscientes de lo que significa que tampoco haya un derecho constitucional a divorciarse.

Y eso cuando día sí y día también leemos en los medios de comunicación sobre el retroceso de las libertades en Europa.

Verónica del Carpio Fiestas

Agradezco al Profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera la pista de esta sentencia y del comentario cuyo enlace incluyo, en su expresivo tuit de 13 de febrero de 2017.

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Tormentas libres

La decisión de emprender o no una lucha, y la de dejarla o no dejarla temporal o definitivamente, es individual, libre y no susceptible de reproche. La decisión de entrar o no en tormentas artificiales y tormentas en vasos de agua, y la de interpretar qué es tormenta artificial y qué tormenta en vaso de agua, también. Y ni es obligatorio expresar opinión sobre todo ni tampoco lo es tenerla y, más aún, resulta imposible con un mínimo de seriedad; y solo cada cual puede valorar hasta qué punto está cualificado para emitir opinión digna y fundada,  o callar si cree que no, o si no quiere exponerla.

Esto es obvio, creía yo; pero por lo visto no tanto. A veces se olvida que quien opina sobre todo es imposible que sobre todo sepa, y que a nadie se le puede exigir que exprese una opinión, difunda una información o se sume a una lucha o siga en ella, o se pronuncie sobre lo que sea, ni justifique por qué lo hace o no lo hace, dentro y fuera de redes sociales. Y no digamos ya con la peligrosa limitación consustancial a las redes sociales, en las que la brevedad y la descontextualización por mensajes fragmentados y simplificados ocasionan una y otra vez malentendidos innecesarios y absurdos, incluso cuando no se trata de todólogos omniscientes pluriopinantes. Twitter, dicen, es una conversación global, y eso, que en absoluto es una virtud, a veces parece como si debiera serlo, y de cobardes o mala educación intentar que no lo sea; como si fuera obligatorio saber de todo y opinar de todo y a todo contestar y sobre todo pronunciarse, como obligación autoimpuesta o susceptible de imposición, pese a que con ello se malgasten fuerzas o se difumine lo importante en lo banal o se impongan luchas que solo de decisiones libres pueden proceder.

Hace mucho que decidí que en uso de mi libertad personal me niego a que rijan mi actividad intelectual unos titulares de periódicos elegidos por no se sabe quién en función de no se sabe qué intereses. Hace mucho  que decidí también que no voy a pensar a fecha fija sobre lo que el periodista estrella de turno proponga cada vez como tema de un programa en prime time, escogido y enfocado tampoco sabemos conforme a qué criterios y posponiendo en cambio otros temas tampoco sabemos por qué, y en cadenas de radio y televisión que tienen accionistas y anunciantes a quienes contentar o buscan legítimamente audiencia o pretenden objetivos desconocidos. Hace mucho también que decidí que estoy en redes sociales para lo que estoy, que son las batallas que conforme a mi propio criterio escoja, y que nadie me puede reprochar que escoja unas y no otras, por el mismo motivo que yo tampoco puedo reprochar a nadie su actuación o su pasividad. Hace mucho que decidí que dentro y fuera de redes sociales haría todo lo posible para que los árboles artificiales no me impidieran ver los bosques reales, y que llegué a la conclusión de que las tormentas artificiales y en vasos de agua hay que evitarlas porque es tan fácil naufragar en ellas como en las tormentas en mares reales, y desgastan lo mismo pero inútilmente, y que  lanzarse a luchar en las falsas tormentas es no solo inútil sino perjudicial, y no solo para quien derrocha esfuerzos en ellas, sino para la propia eficacia de las redes sociales si queremos que sean algo más que un guirigay.

Así que mis tormentas las escojo yo, y solo yo, libremente; me equivocaré al escogerlas, y es inevitable, que soy falible, pero al menos será tras reflexión y sin imposición. Y creo que estaría bien que cada cual escogiera las suyas. Da pena ver gente que cree que puede imponer sus tormentas a otros, y también constatar cada día la manipulación para generar y fomentar tormentas falsas, incluso de buena fe, mientras tristemente siguen en calma mares que deberían estar bravíos. No hay como alejarse unos días de las redes sociales para, con la distancia, apreciar mejor en cuántas tormentas insustanciales se lucha y naufraga ahí cada día y se malgastan fuerzas, qué noticias y polémicas que no son tales o no merecen tanto bombo se generan para armar bulla, desgastar y difuminar lo importante; igual, por cierto, que en medios de comunicación tradicionales.

Lo fácil, dentro y fuera de redes sociales, y especialmente dentro, que curiosamente se rigen por el impulso pese a que sabemos que  lo que se diga en ellas es irremediable, es dejarse arrastrar por las tormentas artificiales. Cuesta más esfuerzo quedarse al margen, imponerse el esfuerzo intelectual continuado de analizar qué es banal o artificial o qué no es tema de interés general, o de verdadero interés para cada cual, que entrar en cada tormenta que nos pongan por delante.  Y así Twitter y otras redes sociales pasan en efecto a ser esa boba e innecesaria conversación global con enfrentamientos innecesarios, y manipulable, guirigay simplificador y de las tormentas falsas que ocultan las reales y equiparan insignificancias a cuestiones de verdad relevantes, en vez del más poderoso instrumento de cambio y difusión no manipulable que ha existido nunca y que podría ser si todos, o muchos, nos propusiéramos que lo fuera.

Verónica del Carpio Fiestas

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Rajoy y el Gobierno en funciones (y Tribunal Constitucional)

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D. Mariano Rajoy Brey ha dejado de presidir un Gobierno en funciones que ha estado en funciones diez meses, el más largo periodo en funciones de nuestra democracia, para pasar a presidir un Gobierno a secas. Como Gobierno en funciones se ha negado todo ese tiempo a dar cuentas a las Cortes, pretextando, primero, que la ley que regula qué es un Gobierno en funciones no estaba clara -incluso pidió un informe jurídico– y luego que, a la vista de lo que decía esa ley que al parecer no conocía, no rendía cuentas. Tres son las funciones básicas de las Cortes: legislar, elegir presidente del Gobierno y controlar al Gobierno; que el Gobierno se haya negado a ser controlado por las Cortes significa que una de esas tres funciones ha quedado vacía de contenido en lo que respecta a los aspectos de la función de control que pueden ejercerse estando el Gobierno en funciones, es decir, simplificando, que queda vacía de contenido. Como la situación era inédita, el Congreso, disconforme, hizo también algo inédito: planteó conflicto ante el Tribunal Constitucional, que este admitió a trámite en junio de 2016; en este artículo de la profesora de Derecho Constitucional Itziar Gómez puede encontrar todos los datos constitucionales, legales y de lo sucedido, y cuáles son los elementos que debería tener en cuenta el Tribunal Constitucional para la interpretación .

Este es el día, y ya lleva D. Mariano Rajoy Brey tiempo como presidente a secas, ya no en funciones,

boe-31-11-2016-nombramiento-rajoyque el Tribunal Constitucional aún no ha tenido a bien resolver sobre si un Gobierno en funciones puede estar descontrolado ilimitadamente.

Se ve que saber si las Cortes quedan indefinidamente vacías de contenido en una de sus tres funciones no corre tanta prisa como otras cosas.

Si el Gobierno en funciones y su presidente D. Mariano Rajoy Brey, ya no en funciones, se han quedado ya sin el desagradable capón del Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional se ha dormido la siesta, es pura casualidad y no prevaricación o mala fe de un Tribunal Constitucional que maneje una y otra vez su agenda de forma conveniente al Gobierno en funciones y no en funciones.

Curiosamente, el Gobierno en funciones de D. Mariano Rajoy Brey, mientras tanto, ha aprobado decretos-leyes, dictado reglamentos, nombrado altos cargos de todo tipo y firmado un acuerdo gravísimo de la UE sobre refugiados. Se ve que en eso no entraban los escrúpulos jurídicos de “lealtad constitucional” que a la conciencia jurídica de D. Mariano Rajoy Brey le impedía rendir cuentas a las Cortes respondiendo preguntas e interpelaciones y en comparecencias.

Miles de preguntas parlamentarias han quedado sin respuesta, quién sabe cuántas, y ya hasta definitivamente, si se incluyen  las que quedaron sin responder la anterior legislatura al convocarse las elecciones de 2016 y hasta las de la legislatura que finalizó en 2015 y que aún no estaban respondidas  al disolverse las Cortes.

Tenemos pues a un mismo Gobierno y un presidente que tiene el honor también inédito de no haber sido controlado durante tres legislaturas: pregunta-parlamentaria-tasas-upyd-17-9-2015

  • la parte final de la X Legislatura
  • la XI Legislatura completa
  • y lo que llevamos de la presente XII Legislatura.

Un ejemplo: la imagen de la derecha, pregunta parlamentaria no respondida, de septiembre de 2015, trece meses antes de que D. Mariano Rajoy Brey fuera nombrado presidente del Gobierno, y hace ya dos legislaturas. Se preguntaba sobre el dinero recaudado pregunta-parlamentaria-dinerto-jgpor tasas judiciales y posibles modificaciones legales, que, por  cierto, aún no se han hecho. Igual que seguimos, como en 2014, sin saber dónde está ese dinero, el recaudado y el que se sigue recaudando, porque el Gobierno dijo en 2014, contestando precisamente a una pregunta parlamentaria, que no lo sabía (imagen de la izquierda) y no ha contestado al respecto a preguntas parlamentarias estas dos últimas legislaturas, como a estas del Senado de este enlace.

Para no ser controlado, alegó el Gobierno en funciones que la ley que regula cómo debe funcionar el Gobierno, y también el Gobierno en funciones, la Ley 50/1997, titulada oficialmente “Ley del Gobierno”, no era clara, como primer argumento, y que había que estudiarla, y, después, una vez estudiada, que no incluía ese control, porque un Gobierno, dice el Gobierno en funciones, solo responde ante las Cortes de las que procede, y al estar en funciones ya no responde ante nadie.

La “lealtad constitucional” que es un principio de la Ley 50/1997, consiste, según el Gobierno en funciones, en que el Gobierno en funciones esté indefinidamente fuera de control.

Hay que ver qué mal planteada y redactada está pues ese Ley 50/1997, Ley del Gobierno, si permite decir al Gobierno en funciones lo que el catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, resumió así: “En definitiva, para el actual ejecutivo español la expresión “Gobierno en funciones” equivale a “Gobierno sin control“.

Una se pregunta quién habrá sido quien haya redactado tal ley, de forma tan terriblemente defectuosa que ha dejando en la indefinición política permanente a un país, primero por ser oscura, por lo visto, y luego por oponerse de forma indefinida al control parlamentario, y pese a opiniones doctrinales en contrario que sostienen enérgicamente que ese control sigue siendo exigible por motivos constitucionales y legales.

Pues vayamos a las actas parlamentarias, que ahí está todo.

Oh, sorpresa. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero quién aparece por aquí? Tiremos del hilo.

Resulta que quien promovió y redactó esa ley tan desconocida para D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno en funciones, y por lo visto tan mal redactada, fue el Gobierno del que en 1997 formaba parte D. Mariano Rajoy Brey como ministro del Gobierno de D. José María Aznar.

En este enlace a la web oficial de La Moncloa está la referencia oficial a lo aprobado en Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1996, que incluye la aprobación del “proyecto de ley del Gobierno”.

Y fue el propio D. Mariano Rajoy Brey, como ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de D. José María Aznar, quien presentó y explicó públicamente ese proyecto de ley en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, diciendo además que era iniciativa personal suya.

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En este enlace a la web oficial de La Moncloa consta la transcripción oficial de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1996.

En esa rueda de prensa oficial D. Mariano Rajoy Brey dijo lo siguiente:moncloa-1996-2

Con la presentación y aprobación por el Consejo de Ministros de este Proyecto de Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas culmina, para el presente año 1996, el programa legislativo que había presentado en la primera sesión en la que, como Ministro, tuve ocasión de comparecer en el Congreso de los Diputados.

O sea, que es suyo ese proyecto; lo dice él mismo. Era su idea promoverlo, lo había anunciado antes oficialmente en el Congreso y en efecto lo promovió.

Y lo hizo por regeneración democrática, además, de la que el Partido Popular ya era adalid, en 1996:

[…] con este Proyecto de Ley el Gobierno apuesta, de una forma clara y contundente –y voy a dar algunos ejemplos–, por democratizar el funcionamiento de las Instituciones, del Gobierno; huye del establecimiento de privilegios y fortalece con claridad la división de poderes. Responde, por tanto, al planteamiento de regeneración democrática que ha hecho el Partido Popular a lo largo de estos últimos años.

Y añade D. Mariano Rajoy Brey, ministro en 1996, que todos los actos del Gobierno estarán sometidos a control de un tipo o de otro:

Particularmente, quiero señalar tres temas que me parecen de especial significación. El primero, y probablemente el más importante, es que la propia Ley del Gobierno y, luego, el Proyecto de Ley, que se presentará en el mes de enero, de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo ratifica que todos los actos del Gobierno, además de ser y estar sometidos al control político del Parlamento, son recurribles ante los Tribunales de Justicia. Por tanto, no hay actos del Gobierno que no sean susceptibles por cualquier ciudadano de ser recurridos ante los Tribunales de Justicia.

Éste, sin duda, es un tema muy importante; contribuye claramente al principio de división de poderes; establece dónde están los límites de la acción del Gobierno y, por tanto, significa, en mi opinión, un avance importante respecto a la situación actual.

En segundo lugar, se establece también una definición clara de las decisiones que puede adoptar el Gobierno en funciones, que, lógicamente, deben ser actuaciones de mera administración o actuaciones que respondan a necesidades urgentes y muy especiales del momento.

Resumiendo: el proyecto de ley era estupendo y el control algo esencial.

Y fue ese mismo D. Mariano Rajoy Brey, ministro de Administraciones Públicas, quien presentó y defendió en las Cortes en 1997 ese mismo proyecto, que, aprobado por las Cortes, dio finalmente lugar a la ley.

En este enlace está el Diario de Sesiones del Congreso de 26 de junio de 1997.

debate-parlamentario-1997

Es curioso cómo sale una y otra vez el mismo D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno en funciones y hoy presidente a secas, que no tenía claro qué decía la ley, primero, y que luego dijo que en función de su propia redacción su propia actuación quedaba exenta de control parlamentario.

Esa ley no ofrece duda que es de redacción de su entonces ministerio y que salió de la tramitacion parlamentaria aprobada tal cual, con un par de retoques de nada; ahí están las actas parlamentarias. Desde entonces ha sido modificada una vez, estando el propio D. Mariano Rajoy Brey, como presidente del Gobierno, pero, vaya, tampoco se tocó la parte sobre el Gobierno en funciones. O sea, que es redacción suya de su ministerio primero y  de su Gobierno después casi el 100% de la ley.

Anda, pues, D. Mariano Rajoy Brey aquejado de dos graves dolencias jurídico-políticas: la amnesia jurídico-política y la esquizofrenia jurídico-política. Y particularidad de esas dolencias cuando las padece quien manda es que a quien le duele es al Estado de Derecho.

Una pena que el Tribunal Constitucional, médico jurídico de dolencias jurídico-políticas, haya preferido sestear a curar.

Porque en la interpretación constitucional quizá habría tenido que valorar el Tribunal Constitucional, como en cualquier interpretación, los antecedentes históricos y legislativos. Y habría salido quizá a relucir que D. Mariano Rajoy Brey, ministro, fue el autor de la ley que según D. Mariano Rajoy Brey, presidente en funciones, permite que D. Mariano Rajoy Brey se vaya de rositas del control parlamentario y que, además, no era eso lo que decía el ministro Rajoy en 1997.

Y como

¿quiere usted saber qué dijo en el Congreso D. Mariano Rajoy Brey, ministro de D. José María Aznar, cuando presentó y defendió su ley ante las Cortes en el año 1997?

En este enlace a la web oficial del Congreso está toda la tramitación legislativa de la Ley 50/1997. Lo resumo. Dijo D. Mariano Rajoy Brey en las Cortes en 1997 lo mismo que en la rueda de prensa oficial de 20 de diciembre de 1996 en la que presentó a la opinión pública el proyecto:

1º que su ley era estupenda e inmejorable de planteamiento y redacción, en todo

2º que todos los actos del Gobierno debían estar controlados porque eso es lo propio de un Estado de Derecho, donde todos los actos del Gobierno han de tener control político, constitucional o jurisdiccional.

A continuación transcribo lo que dijo D. Mariano Rajoy Brey, ministro de D. José María Aznar, en el año 1997, al presentar a las Cortes la ley que en 2016 D. Mariano Rajoy Brey, presidente de Gobierno en funciones, consideró que necesitaba un informe jurídico para poder interpretarla, primero, y que era motivo suficiente para no ser él mismo controlado por las Cortes, después.

1.- Sobre la necesidad y las bondades de la ley, por fin aprobado tras varios intentos fallidos desde 1978, se extiende D. Mariano Rajoy Brey, así que resumo en dos frases suyas:

  •  “viene a cubrir una laguna legal en nuestro ordenamiento al dotar a un órgano fundamental, como es el Gobierno, de una regulación unificada y coherente, de conformidad con los principios y exigencias constitucionales
  • Se ofrece así una regulación clara y sencilla

2.- Sobre la necesidad de que todo Gobierno esté controlado o bien por las Cortes para control político o bien por los tribunales para control jurisdiccional o por el Tribunal Constitucional, selecciono estos párrafos:

En segundo lugar, la duda que a menudo se ha suscitado en la doctrina, tema éste ciertamente polémico, sobre la existencia o no de actos ajenos a cualquier control jurídico, encuentra también su solución en este proyecto. En efecto, conviene destacar que aunque tradicionalmente se ha venido mostrando la dificultad de sujetar a normas actos de naturaleza política, no debe olvidarse que nuestra Constitución consagra un Estado de Derecho al que quedan sujetos todos los poderes públicos. El Gobierno no podía ser una excepción, y este proyecto así lo reconoce, previendo, por una parte, el control político pleno de las Cortes Generales sobre la actuación del Gobierno y, por otra, el control jurisdiccional por parte de la jurisdicción contenciosa-administrativa y del Tribunal Constitucional, de acuerdo con sus leyes reguladoras respectivas, con la finalidad de garantizar el control jurídico de la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
En este punto no podemos olvidar, y así queda nítidamente plasmado en el proyecto, que toda la actividad gubernamental, y también y específicamente la desarrollada en el ejercicio de la función de dirección política, no puede quedar nunca al margen del Derecho, resultando de aplicación, bien los controles jurídicos típicos o propios de la actividad de producción normativa y de ejecución, es decir, los controles propiamente jurisdiccionales, o bien los controles políticos jurídicamente regulados.”

El título IV constituye, por su parte, una de las principales novedades del proyecto, y viene a llenar un vacío normativo que no debía mantenerse por más tiempo; me estoy refiriendo a la regulación del Gobierno en funciones. De esta manera, el proyecto de ley da respuesta a una situación que nuestra Constitución contempla de manera parca en su artículo 101, pero que deja sin resolver, como es la posición constitucional del Gobierno en funciones. En el único artículo del título IV se establece un criterio general que debe ser respetado por el Gobierno en funciones en toda su actuación, el de limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos, debiendo abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados, cualesquiera otras medidas.

Sin embargo, la regulación del proyecto de ley no se limita a establecer un principio general, sino que establece límites concretos tanto a la actuación del presidente como de su Gobierno en esta situación. Así, el presidente no podrá proponer la disolución de las Cámaras, ni la convocatoria de un referéndum consultivo, ni plantear una cuestión de confianza. Por su parte, el Gobierno en cuanto tal no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos ni presentar proyectos de ley. En definitiva, se trata de asegurar que el Gobierno en funciones actúe de acuerdo al principio de lealtad constitucional, entendiendo que el objetivo último de toda su actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, facilitando el adecuado traspaso de poderes al mismo.”

Vaya con la amnesia jurídico-política. Vaya con la esquizofrenia jurídico-política.

Y vaya, vaya, vaya, qué Tribunal Constitucional tenemos.

O mejor dicho, que no tenemos.

Verónica del Carpio Fiestas

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De minutos de silencio y clamorosas realidades políticas

El día de la investidura de Mariano Rajoy, 29 de octubre de 2016, en un acto parlamentario crucial, la tercera y última jornada de investidura, el Congreso guardó un minuto de silencio por la violencia machista. A continuación, primero el candidato y luego los portavoces de los partidos, hablaron sobre la investidura los sucesivos intervinientes, que fueron catorce. De catorce intervinientes, solo uno, del Grupo Mixto, era mujer. Todas las imágenes que figuran a continuacion son de la web oficial del Congreso.

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Lista de intervinientes:debate-investidura-29-10-2016-intervinientes

  • Mariano Rajoy (Partido Popular, candidato)

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  • Antonio Hernando

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  • Pablo Iglesiasimagen3
  • Albert Riveraimagen4
  • Gabriel Rufián

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  • Aitor Esteban

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  • Francesc Homs

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  • Joan Baldoví

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  • Oskar Matute

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  • Íñigo Alli

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  • Isidro Martínez

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  • Ana María Oramas

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  • Pedro Quevedoimagen13
  • Rafael Hernando

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Como ve, han intervenido catorce personas, el candidato y los trece portavoces de los respectivos partidos. El candidato, varón como todos los candidatos votados hasta ahora por el Congreso en 38 años de democracia desde que la Constitución consagró la igualdad en el año 1978. Los portavoces, sea el partido grande o pequeño, de larga trayectoria o de reciente creación, de derechas o de izquierdas o de lo que sea, de ámbito estatal o autonómico, absolutamente todos varones, salvo uno, de un pequeño partido de ámbito autonómico; de trece portavoces de partidos, doce varones y una mujer.

¿Cree quien esto lee que es normal que en 2016 no haya habido ni una sola mujer ni presidenta ni candidata a la investidura en el Congreso? ¿Cree normal que los cabezas de lista de los principales partidos sean y hayan sido siempre todos varones, salvo en su día UPYD? ¿Cree normal que los grandes partidos, antiguos y nuevos, que se llenan la boca con la igualdad, pongan siempre a varones para intervenir en los debates cruciales, y que sean los portavoces titulares tanto en el Congreso como en el Senado?

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¿Cree normal que en los debates televisivos electorales absolutamente todos los candidatos sean varones?

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¿Cree quien esto lee que es irrelevante para quienes vean las fotos que solo haya varones en las fotos?

Voy a decir una obviedad: para conseguir que desaparezca la violencia machista hay que educar en la igualdad. Y voy a decir otra obviedad: es esencial el valor icónico y didáctico de las imágenes. ¿Qué ejemplo creen que ven los jovenes que vean estas imágenes, que están por todas partes? No estoy hablando ya solo de lo que significan esas imágenes, es decir, que NINGUNO de los partidos importantes tiene una candidata en fase preelectoral, NINGUNO de los partidos tiene una candidata en fase parlamentaria, NINGUNO de los partidos tiene una portavoz mujer, salvo uno pequeño del Grupo Mixto y que NINGUNO de los partidos tiene cabeza de lista mujer. Eso ya demuestra lo que HAY.

Pero vayamos a lo que SE VE con ojos de persona que aún no es adulta. Lo que se ve es que los partidos grandes y pequeños, incluyendo los nuevos de la llamada nueva política, vayan con corbata o en mangas de camisa, solo tienen varones para participar y hablar en los momentos oficiales y de representacion pública de verdad importantes.

Y, por favor, que nadie me argumente que quienes están ahí, todos varones, están ahí porque son los mejores. La grotesca situación política que vivimos, grotesca hasta la náusea, no permite decir en serio que nos gobiernan y representan los mejores.  ¿O cree quien esto lea, en serio, que nos gobiernan y representan los mejores, que este guiñol político cotidiano es lo mejor que España y la política pueden ofrecernos a quienes aquí vivimos?

Y por si lo cree normal, voy a añadir un dato.  En el año 2015 se aprobó el Estatuto de la Víctima, ley con la que se llenan la boca tantos políticos y el propio Ministerio de Justicia.

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La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del delito, en teoría para proteger a las víctimas, y que, según parece, tanto importa en la actividad legislativa, se aprobó por las Cortes EXPRESAMENTE con presupuesto CERO:

“Disposición adicional segunda. Medios.

Las medidas incluidas en esta Ley no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.”

Aquí tiene una información de cómo en los juzgados que llevan temas de violencia de género víctimas y maltratadores tienen que estar físicamente juntos, porque no hay medios en los juzgados, precarios hasta en eso, ni en el Estatuto de la Víctima se ha previsto un euro para cambiar la situación. Este tuit es de Susana Gisbert, fiscal especializada violencia de género, que recoge lo  dicho por el juez Joaquim Bosch.

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Y aquí la información periodística sobre juicios de violencia de género de Málaga, que se fijan hasta con tres años de retraso por falta de medios en los juzgados, y el tuit de un sindicato de Justicia.

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Y, por favor que no me digan que un minuto de silencio es muestra de respeto a las víctimas y la prueba de que se acometerán medidas. La última vez, que me conste, que se guardó un minuto de silencio fue en agosto, y fue por las víctimas de un terremoto en Italia; o sea, por las víctimas de algo imprevisible o inevitable, por lo que en Derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor. ¿Es que la violencia machista, con su lista de muertas cotidianas, muertas que no mueren de un ataque al corazón sino víctimas de un terrible ataque físico de un hombre que mata, es una fuerza mayor en el sentido jurídico del término, algo que sucede nos guste o no, que exige gestos de condolencia y es eso todo lo que exige?

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Se suele decir que somos lo que comemos. Y comemos imágenes de varones mientras nos venden minutos de silencio. ¿Le parece que este post tiene demasiadas imágenes? Estoy de acuerdo. Tiene exactamente las mismas imágenes de desigualdad que un día cualquiera de debate parlamentario de investidura. Fotos de varones, como pedagogía política para decirnos que hay igualdad. El valor didáctico de las imágenes para los jovenes a quienes hay que educar en la convicción de que hombres y mujeres somos iguales.

Estamos en 2016. Hace 38 años que tenemos una Constitución que establece la igualdad. Fotos solo de hombres solo significan una cosa: actos solo para galería.

Verónica del Carpio Fiestas

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Cotorras políticas

Ansío penetrar con vosotros en la selva histórica que nos ofrecen los adalides políticos durante muchos meses del año 2016, año de sarampión agudísimo del que salimos por la intensa vitalidad de esta vejancona robusta que llamamos España. La historia de aquel año es selva o manigua tan enmarañada que es difícil abrir caminos en su densa vegetación. Es en parte luminosa, en parte siniestra y obscura, entretejida de malezas con las cuales lucha difícilmente el hacha del leñador. En lo alto, bandadas de cotorras y otras aves parleras aturden con su charla retórica; abajo, alimañas saltonas o reptantes, antropoides que suben y bajan por las ramas hostigándose unos a otros, sin que ninguno logre someter a los demás; millonadas de espléndidas mariposas, millonadas de zánganos zumbantes y molestos; rayos de sol que iluminan la fronda espesa, negros vapores que la sumergen en temerosa penumbra.

En los salones politicos, en las redes sociales y en los medios de comunicación había mucha gente agrupada en diferentes corrillos. En todos los grupos se respiraba el aire espeso y acre que arroja de sí la expresión “crisis política”. ¿Dónde estabas, Musa de la Historia; en qué pozo te habías caído que no fuiste de Ministerio en Ministerio, de sede de partido político en sede de partido político, de cadena de televisión en cadena de televisión, con la zapatilla en mano, azotando las posaderas de toda esta gente rencillosa y quimerista, sin conocimiento de la realidad ni estímulos de patriotismo? En aquel maremágnum de gente ociosa y postulante se perdía de vista a cualquier político sensato y los ciudadanos que miraban salían hastiados de la crisis política y de la turbulencia moral que indicaban los rostros de aquellos politicastros de baratillo.

En Twitter, esa barra de bar llena de papanatas y haraganes, había gente que parecía sentir ya vivos impulsos de enredarse a tuitazo limpio con cuantas personas se ponían por delante. Y cuando sin pensarlo, como huyendo de sí mismos, los ciudadanos encendían la televisión pensando que quizá allí en podrían encontrar algo que les hiciera pensar en otra cosa, resultaba, se mirara donde se mirara, que estaban todos los canales poblados de vagos y de parlanchines de esos que arreglan el mundo desde la tertulia. Al instante el espectador al que se le ha ocurrido encender la televisión se siente arrastrado al vértigo de una conversación febril, de política, por supuesto… Unos hablaban horrores del político tal, del político cual y de toda la chusma que llamaban con un mote ridiculizante; tipos locuaces, despotricando, rociaban al espectador con su saliva; señores que se las daban de serios y se creían depositarios del buen sentido y creadores de opinión eran unos solemnes plastas, de esos que se precian de poner los puntos sobre las íes y de quitar caretas a todo el género humano. Economistas de medio pelo desmenuzaban en los medios de comunicación los datos economicos y, acumulando cifras a su antojo, armaban un mazacote macroeconómico para uso de cuatro papanatas, y sus artículos ilegibles, semejantes a una pared de ladrillo, les daban fama de economistas serios. Otros decían que era acertadísimo lo de la libertad igual para todos, lo del derecho al trabajo y a la educación, lo del gobierno por el pueblo y para el pueblo, pero que todo eso no será eficaz mientras no tengamos un buen sistema fiscal y un rigor escrupuloso en las prácticas administrativas.

Por mucho que oficialmente se aseguraba en documentos oficiales que ni se daban enchufes ni cargos ni recomendaciones ni indemnizaciones ni colocaciones, los cesantes de los partidos viejos, el detritus de la política, los innumerables moscones aburridos y famélicos que hacen imposible la vida oficial vuelven, zumban y pican.

La media docena de hombres que simbolizaban la situación política lucían como faros luminosos en la esfera del ideal; mas en la acción se apagaban sus indecisas voluntades.

Y en el Congreso, una teatral batalla. Veíamos una comedia lírico-parlamentaria, con un concertante final en que desafinaron todos los virtuosos. Los medios de comunicación eran un continuo ir y venir de nutridas comparsas, que disparaban vítores y exclamaciones de sorpresa o de júbilo.

Así no se pasa de un régimen político de mentiras, de arbitrariedades, de desprecio de la ley, de caciquismo y nepotismo a una democracia con verdadera regeneración democrática.

[Y en efecto, de esta selva de cotorras políticas no se pasó a una verdadera regeneración democrática, sino a un sistema corrupto y perverso de más caciquismo y de aparente alternancia de dos partidos que se diferenciaban en el nombre y coincidían en su afán de poder y su concepto del Estado como una ubre y como un cortijo. Porque esto que acaba usted de leer es un corta y pega, modificando unas cuantas cosillas, de diversos fragmentos de uno de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós, el que describe la situación de 1873, titulado “La Primera República”. Y supongo que recordará cómo acabó. Aviso a navegantes.

Por cierto, también en 1873 había solo varones entre los políticos que, en el Congreso, hablaban en nombre de las más importantes facciones políticas y con posibilidad de ser nombrados presidentes del Gobierno. Vamos bien.]

Verónica del Carpio Fiestas

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27J

Este es un post pensado para el 27J, el 28J, el 29J, el 30J y las fechas sucesivas. Cuando escribo esto aún no han abierto los colegios electorales del 26J, día de las segundas elecciones generales en unos meses. Las irrelevantes reflexiones de una ciudadana cualquiera son eso, las irrelevantes reflexiones de una ciudadana cualquiera. Pero cualquiera tiene derecho a alzar su voz y esta ciudadana hace mucho tiempo que decidió no callarse, si en conciencia creía que lo que decía debía ser dicho, aunque fueran rayas en el agua, que no por casualidad se llama así este blog.

Señores de los partidos y todólogos, la ciudadanía no es la causante de estas segundas elecciones ni lo sería de unas hipotéticas terceras si llegara el caso. Los electores no nos ponemos de acuerdo previamente a depositar nuestro respectivo voto con los otros millones de electores para decidir qué tenemos qué votar cada cual para conseguir un resultado. Es una decisión individual e incoercible, y secreta, no fruto de una decisión previa y coercible. No nos hemos puesto de acuerdo para votar en un sentido y con un resultado, ni ahora ni nunca, porque el voto es personal. Parece mentira que haya que recordar estas obviedades,  pero si, hay que recordarlas, porque no paro de oír que esto es una decisión colectiva en el sentido de que nos hemos concertado para que el resultado electoral sea ese. Pero no es así, señores de los partidos y todólogos. Así que dejen de decir, señores de los partidos y todólogos, que la ciudadanía ha votado ingobernabilidad, derechas o izquierdas. Yo no soy responsable del voto de otros. Soy responsable de mi propio voto, y solo de mi voto, o de mi abstención. Y mis conciudadanos igual.

Así que, sea cual sea el resultado de unas elecciones, dejen de una vez de reprocharnos ingobernabilidad, porque no hemos decidido que la haya, porque hemos votado individual y legítimamente lo que con decisión exclusivamente individual hemos considerado oportuno, cada cual decidiendo solo, y siendo solo responsable de, su propio voto, y punto.

Pero ustedes, señores de los partidos, sí son responsables de la gobernabilidad. Los únicos responsables. Los partidos tienen la obligación, sí, digo deliberadamente obligación, de formar gobierno. Con las cartas que tengan. Estén o no fragmentados, haya bipartidismo o pluripartidismo.

Y ustedes han fracasado, y encima se permiten echan la culpa puerilmente a otros partidos y a la ciudadanía que, según ustedes, ha votado ingobernabilidad. Sí, también digo de forma deliberada lo de “puerilmente”. Porque ustedes, señores de los partidos, han decidido comportarse como niños, en el sentido de que han rehuido responsabilidad de adulto, incluyendo la de dimitir cuando hay que dimitir.

Pero se acabaron las puerilidades, señores de los partidos. No podemos permitirnos más tonterías.

Es posible que en Bélgica, ejemplo que se pone siempre alegremente, fuera hasta bueno que durante una temporada larga no hubiera gobierno. Eso se dice, y no sé si en efecto fue bueno, como tampoco sé qué competencias tiene en Bélgica un gobierno en funciones, si más o menos que aquí, y si allí sería admisible que, como aquí, un gobierno en funciones se permitiera el lujo antidemocrático de no dar cuentas al parlamento so pretexto de estar en funciones porque cuenta con la pasividad cómplice de un Tribunal Constitucional en plena decadencia jurídica que no sirve ni para meter en vereda antes de que acabe una legislatura inútil a un gobierno en funciones que pretexta estar en funciones para considerarse a sí mismo irresponsable.

Pero España no puede permitirse más tiempo sin gobierno. No puede tampoco permitirse una terceras elecciones con el mismo gobierno en funciones que siga haciendo de su capa un sayo. No podría permitírselo en ningún caso, y menos aún ahora que Gran Bretaña ha votado en referéndum abandonar la Unión Europea. Se vaya al final o no se vaya Gran Bretaña, es evidente que nada será igual en la Unión Europea después de esto. Es evidente también que en los próximos meses y años, y además desde ya mismo,  habrá que tomar innumerables decisiones políticas y técnicas en relación con el huracán Brexit, decisiones importantísimas, gravísimas.

Y esas decisiones no puede tomarlas un gobierno en funciones, y no digamos ya un gobierno en funciones que no da cuentas a las Cortes.

Señores de los partidos, han sido ustedes muy irresponsables, en los dos sentidos del término. Pero hasta aquí hemos llegado. En los próximos meses y años nos jugamos el futuro de España y de Europa para muchas décadas, quizá siglos. Así que se lo voy a decir en palabras sencillas, ya que nos toman por tontos a los ciudadanos y debe de ser que tendremos que rebajar también nosotros nuestro nivel de expresión: dejen ustedes de hacer gilipolleces.

Verónica del Carpio Fiestas

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No me representan

Hipótesis. En el año 2016, a un “debate a cuatro” considerado decisivo para la campaña electoral de un país con 50% de población blanca y 50% de población negra, los cuatro principales partidos han enviado a sus respectivos jefes de filas, los cuatro blancos. En las anteriores elecciones sucedió lo mismo, con la diferencia de que en el entonces “debate decisivo” el presidente del Gobierno -blanco, como todos los presidentes del Gobierno hasta la fecha en 38 años desde la Constitución que estableció la igualdad entre blancos y negros como principio básico del ordenamiento jurídico-, muy ocupado, muy despreciativo o muy cobarde, mandó en su lugar a un negro; hasta un negro puede con mis contrincantes, quería decirnos. En estas últimas elecciones, además, ha habido un debate sectorial importante, sobre Economía; los cuatro partidos han mandado a sus respectivos responsables en el tema, los cuatro, blancos. En estas últimas elecciones, además, dos partidos, cuyos responsables respectivos son blancos, decidieron formar una coalición; es decir, que los cinco partidos tienen responsables blancos. En estas últimas elecciones, además, se ha organizado un debate electoral especial con cuatro negros, escogidos especialmente por ser negros, y hay quién lo ha considerado y aplaudido como un ejemplo de igualdad. Todos los partidos insisten en lo que creen en la igualdad entre blancos y negros y en lo que la apoyan; que no haya candidatos negros se considera casualidad, que son los mejores o algo que, de ser un problema -no se cree que lo sea-, se arreglará con el tiempo, pero no ciertamente racismo, eso jamás. En el mismo país, por cierto, hay un rey que lo es porque es blanco; porque de haber nacido negro la Constitución establece que reinaría otra persona blanca. Hay además un presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que es blanco, pese a que no solo la mitad de la población es negra, sino que son negros la mitad de los jueces. En el Tribunal Constitucional, presidido por un blanco, hay doce magistrados, de los cuales diez son blancos. El presidente de las Cortes y el del Senado son blancos. En el Congreso, en la legislatura recién acabada, todos los portavoces titulares de los partidos en la Junta de Portavoces del Congreso, incluyendo el presidente de la Junta, eran blancos, y eran también blancos los presidentes de 16 de las 17 comisiones del Congreso. En el Tribunal Supremo, la Sala 1ª, que resuelve Civil y Mercantil y, concretamente, los pleitos derivados de las relaciones interraciales, la componen magistrados todos blancos. Ah, y en el “debate decisivo” se dedicaron solo unos segundos a los asesinatos racistas y ataques racistas contra la integridad  física y moral de negros, pese a tratarse de un gravísimo problema.

Esto es una hipótesis. ¿Le parecería esta hipótesis un intolerable ejemplo de racismo? A mí también. Incluso el mero planteamiento repugna tan profundamente que hasta me cuesta escribirlo.

Ahora sustituya en todo el texto “negro” por “mujer” y “pleitos derivados de las relaciones interraciales” por “pleitos de Derecho de Familia”. Y tendrá no una hipótesis sino la situación exacta en la España del año 2016.

No, no, no me representan.

Verónica del Carpio Fiestas

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Sapere aude en campaña electoral

“Atrévete a saber”. El “sapere aude” es la expresión que, con origen en la Antigüedad clásica, utilizó Kant allá por 1784 para explicar qué es la Ilustración, en un texto muy conocido. El ser humano, con el pensamiento tantos siglos sojuzgado por quienes no quieren, a quienes no les interesa, que se piense por cuenta propia, y se autoerigen en gurús de variado tipo, se siente más cómodo en la pereza y en la seguridad de que razonen otros, porque pensar por cuenta propia cansa y exige sentido de la responsabilidad. ¡Es tan cómodo tener un director espiritual! Permaneciendo en una infancia intelectual, se evita uno pensar. Kant lo decía principalmente por la religión, y entonces el problema era la coacción jurídica y religiosa, incluso física, a quien se atrevía a pensar por sí mismo. ¿Y ahora?

Vayamos a la política y a la libertad; la libertad de voto. Y vayamos a las coacciones de hoy, porque hoy en España se supone que hay libertad de expresión y de pensamiento, pero las coacciones no han desaparecido; persisten, de otra forma. Ahora tenemos la coacción de los medios de comunicación. La del marketing político. La de la propaganda y la publicidad, conceptos ya indistinguibles.

¿Piensa usted por sí mismo cuando cada semana tuitea, con pensamiento teledirigido, en relación con el tema que proponen esa noche las tertulias políticas de cadenas que tienen como finalidad el lucro y que desconocemos por qué escogen un tema y un enfoque y por qué omiten otros? ¿Piensa usted por sí mismo cuando comenta con otras personas al día siguiente lo que el periodista estrella planteó en tal programa de televisión la noche anterior, pese a que usted desconoce por qué ha escogido ese tema y ese enfoque el periodista estrella, y por qué le paga su cadena de televisión, que tiene ánimo de lucro, para que trate ese tema, para que lo trate así y para que no trate otros? ¿Piensa usted por sí mismo cuando vota al que “da mejor” en un debate de televisión, el “debate decisivo” de candidatos, conforme al criterio que ya viene desde el famoso debate electoral de Kennedy vs. Nixon, tan citado cada vez que hay debates electorales como inicio del marketing político televisual? ¿Piensa usted por sí mismo cuando decide su voto pensando que un candidato sudó y eso significa que estaba nervioso o quizá algo peor, que el otro llevaba la camisa arrugada y eso significa que es un desastre o quizá algo peor, que otro se trabucó al decir una frase y eso significa que no aguanta la presión del directo o algo peor? ¿Piensa usted por sí mismo cuando hace caso de esos planteamientos de los llamados “moderadores” que exigen a los candidatos, al final de un debate, que “resuman en un minuto su programa de gobierno” o “digan lo que quieran en un minuto para convencer a los telespectadores”? ¿Razona usted por sí mismo cuando se deja convencer de que un programa de gobierno puede resumirse en un minuto y que lo que se diga en un minuto tiene que ser determinante? ¿Razona usted por sí mismo cuando considera que un candidato ha de ser un ser omnisciente en vez de un inspirador y un jefe y un coordinador de equipos? ¿Razona, pues, usted por sí mismo cuando se deja convencer por debates planteados como venta de candidatos como si fuera una venta de detergentes?

Si la respuesta de usted es “sí”, no siga leyendo. Si la respuesta es “no”, siga leyendo.

Le sugiero una campaña electoral distinta. Una que prescinda de las promesas, que ya se sabe que son falsas y en todo caso inexigibles, como inexigibles jurídicamente son los programas electorales, según ya he explicado en otro post. Que prescinda de los debates  electorales, que son espectáculo, y no por casualidad hay “pausas para la publicidad”. Que prescinda de los titulares en prensa, escogidos deliberadamente por equipos de campaña en colaboración o connivencia tácita con los medios de comunicación, porque los mítines hace ya mucho que ya no se orientan a los asistentes sino a los medios de comunicación. Que prescinda de cuántas manos estrecha cada candidato, de cuántos mercados visita, de cuántos niños besa; eso, como ya explique en otro post, ya era práctica en las campañas electorales británicas de las primeras décadas del siglo XIX y resultaba ya entonces motivo de risa para Dickens. Le sugiero otra cosa distinta a una campaña de palabrería e imágenes para la galería, de textos predigeridos, de frases falsas y ataques personales: una campaña de hechos. Una campaña de obras son amores y no buenas razones. Una campaña de sapere aude.

Y para ello, eche mano de su memoria. Sí, ya sé, nos obligan a tener memoria de pez. Pero haga un esfuerzo. Sapere aude, atrévase a pensar por sí mismo, atrévase a saber, atrévase a asumir su responsabilidad. No lea los resúmenes de hazañas confeccionados por los propios partidos. Fíese de su propia memoria, que la tiene; fíese de internet, donde está todo, si se busca con criterio. Y recuerde qué ha hecho cada cual. Y piense que lo que han hecho los partidos y los políticos, harán.

Ya imagino que nadie se dedicará a nada de esto. Si así fuera, los partidos se habrían puesto de acuerdo para reducir al mínimo los gastos electorales. Pero no han querido reducirlos; es evidente por qué. Cuando se vende un detergente que lava más blanco, se necesita decirlo muchas veces para convencer a quienes lo que ven con sus propios ojos son los trapos sucios.

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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El fracaso del Rey y del Tribunal Constitucional

Acaba una legislatura vergonzosa e inútil. Extenderse en que ha sido vergonzosa e inútil es inútil. No siga leyendo si lee esto y no considera que ha sido inútil y vergonzosa:

1) una legislatura que ha finalizado sin designar a un Presidente del Gobierno;

2) una legislatura que ha finalizado con cero normas aprobadas por las Cortes, salvo la convalidación de un real decreto-ley del Gobierno; el Gobierno en funciones que no da cuentas a las Cortes alegando estar en funciones ha aprobado la única norma de rango de ley de esta legislatura, una que además se presenta como “de extraordinaria y urgente necesidad”, cuando se podía haber evitado sencillamente con previsión durante la anterior legislatura, y el Congreso la ha convalidado;

3) y una legislatura que ha tenido como única eficacia práctica el aforamiento de D.ª Rita Barberá y su continuidad como aforada más allá de la finalización de la legislatura, porque se la nombró senadora y se la incluyó en la Diputación Permanente del Senado, y por tanto sigue, y seguirá, como senadora y como aforada, con lo que ello significa con la que está cayendo.

Pero si usted ha continuado leyendo este post porque cree que la legislatura que acaba de finalizar en efecto ha sido inútil y vergonzosa, quizá le interese leer una reflexión políticamente incorrecta en la que se ponen de manifiesto dos datos que pocos ponen de manifiesto: que esta legislatura sí ha sido muy útil, y no por por ello menos vergonzosa, para dejar en evidencia la inutilidad de dos instituciones que en teoría son garantes supremas de la Constitución, cada cual en su ámbito.

Me refiero al Rey y al Tribunal Constitucional. El fracaso es clamoroso.

  1. El Rey.

Mire usted las informaciones y notas de prensa distribuidas por la Casa Real: el Rey ha ido recibiendo sucesivamente a los representantes políticos de los partidos en diversas rondas de reuniones. SUCESIVAMENTE, atención. Es decir, que el Rey, en vez de reunir a los representantes de los partidos JUNTOS para, con la fuerza de su auctoritas, su autoridad moral, como Jefe del Estado,  exigirles un acuerdo por el bien de la ciudadanía, del Estado y del Estado de Derecho, viendo los problemas que ve cualquiera que lea el periódico, lo que ha hecho es lo que haría alguien que no tiene ni la menor idea de cómo facilitar la negociación entre terceros, o que se cree que estamos en situación de plena normalidad y es posible hacer lo que siempre se ha hecho.

Reuniones sucesivas. ¡Por favor! Cada vez entra y sale un líder político que le cuenta lo que sea al Rey, y luego el siguiente y el otro y el otro. Ni una vez en presencia del Rey se han reunido DOS O MÁS de esos líderes políticos JUNTOS, ni consta que el Rey haya planteado esa posibilidad. ¿Sabe alguien el abecé de una función mediadora o arbitral? ¿O en qué se diferencia de un paripé formal de reuniones o un correveidile? Porque usted, quien esto lea, si tuviera que intentar mediar para que personas que es indispensable que se pongan de acuerdo en efecto se pongan de acuerdo, ¿se limitaría a reunirse con cada uno de ellos UNO TRAS OTRO?

Y esto, que usted ve en cuanto reflexione medio minuto sobre el tema, ¿no lo ve Su Majestad? ¿No lo ven tampoco los políticos ni los medios de comunicación? ¿No lo ven, pese a que el artículo 56 de la Constitución atribuye al rey como función la de árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones? ¿De verdad modera y es árbitro, sea en sentido jurídico del tipo que sea, civil o constitucional, o en cualquier otro sentido incluso el del lenguaje de la calle, quien ni reúne a los que están en discordia para, en reunión colectiva, intentar coadyuvar para limar asperezas, o simplemente para animar a ello estando delante con la fuerza de su auctoritas, con su mera presencia silente? ¿Y tampoco los convoca a la vez y los mete en una habitación y les dice “me voy, os quedáis ahí, hablad y negociad en serio si tenéis vergüenza y sentido de Estado, que el país necesita que lleguéis a un acuerdo, urge, y hay mucho en juego”?

Pues no. Lo que hay son fotos sucesivas con sucesivas “reuniones”; mejor dicho, el Rey “recibe” a uno tras otro. Y a usted se lo venden como que el Rey ha ejercido su función constitucional.

Así que una de dos: o el Rey ha ejercido su función constitucional o no la ha ejercido.

Si la ha ejercido diligente y acertadamente mediante el sistema de reuniones sucesivas, y eso es lo que ha de esperarse de un Rey árbitro y moderador, es evidente que su función constitucional de árbitro y moderador de las instituciones es inútil tal y como está diseñada, y ahí está el resultado, que no requiere mayor argumentación; y por tanto o sobra la institución o hay que hacer una reflexión constitucional y normativa muy seria sobre ello. Y si esa función no la ha ejercido, o no la ha ejercido diligente y acertadamente, saque usted también sus propias conclusiones. Sin olvidar, claro, que es usted quien está sufragando a la Casa Real. Usted verá qué opina de carísimos floreros jurídicos.

2. El Tribunal Constitucional

Al Gobierno en funciones no le ha dado la gana, lo digo así deliberadamente, ir a dar cuentas al Congreso.

He tenido el dudoso honor de estar presente en la tribuna de invitados del Congreso el día 19 de abril de 2016, el día en que había sesión de control; una sesión de control con el banco azul  vacío, sin el Gobierno en funciones presente. No he pasado más vergüenza en toda mi vida profesional. He visto lo que no sé si es preferible ver, para saber que es así, o no ver, para poder dormir tranquila con el ojos que no ven corazón que no siente. He visto a un diputado del Partido Popular reírse, repito, reírse, de la pretensión de la oposición de que el Gobierno en funciones dé cuentas a las Cortes. Quisiera olvidar los gestos de esos diputados del PP que abucheaban a quienes desde la oposición pedían que el Gobierno en funciones, que ni siquiera estaba presente, se sometiera a control; y quisiera olvidar que he visto a los diputados del PP aplaudir en pie a quien, en nombre el PP, defendía que es lógico, normal y natural que un Gobierno en funciones no esté y no dé cuentas a las Cortes. Quisiera olvidar esos gestos contrarios al mínimo sentido común jurídico y, por si fuera poco, de mala educación y grosería inaceptables; me será difícil porque como ciudadana y como jurista me he sentido herida y ofendida en lo más vivo.

Y el Tribunal Constitucional no está ni se le espera en esto. La oposición unida planteó ir al Tribunal Constitucional para obligar al Gobierno en funciones a que dé cuentas al Congreso. Y acabó la legislatura.

A la semiextinta UPYD, que en 2013 buscó amparo en el Tribunal Constitucional por la negativa de la Asamblea de Madrid a debatir sobre temas importantes, el Tribunal Constitucional le dio la razón en 2015, año y medio después, cuando ya esa legistura autonómica había acabado, cuando la propia UPYD había prácticamente acabado; cuando todo era inútil. El Tribunal Constitucional no sirve, y si no que se lo digan a quienes reclamaron porque un juzgado les señaló su juicio para tres años después y el TC les dio la razón pero seis años después y sin el menor efecto práctico; y de esos hay varios casos, que se publican en el BOE. ¿Quiere usted enlace, o le da igual? Por si quiere uno, aquí tiene uno entre muchos: en 2009 un juzgado señaló un juicio para 2012, y en 2015 el TC, en respuesta a la petición de amparo del perjudicado por ese retraso, declaró que señalar un juicio para después de tres años es en efecto contrario al artículo 24 de la Constitución, dilaciones indebidas inconstitucionales. Pero, atención, eso lo dijo el TC en 2015, cuando ese juicio tardío ya se había celebrado, ya había sentencia de ese juicio tardío y había incluso ya hasta sentencia de apelación de ese juicio tardío, y además especificando el TC que no tenía efecto alguno esa declaración suya de que era inconstitucional señalar un juicio para después de tres años, y quedándose tan ancho el TC al decirlo seis años después y sin efecto real alguno. ¿Qué, usted cómo lo ve?

El TC no sirve, o peor aún solo sirve para usarlo como arma jurídica cuando interesa. ¿Hace falta que le recuerde la prisa asombrosa que se dio para suspender normativa catalana de todos conocida? Y también sirve, por ejemplo, para que un Gobierno en funciones pueda recurrir al TC, y en efecto recurra, leyes autonómicas, es decir, que estando en funciones sí puede recurrir y lo hace, y también puede invocar al recurrir el artículo 161.2 de la Constitución, y lo hace, y con ello da lugar a la suspensión automática temporal de las leyes autonómicas que recurre; y aquí un ejemplo entre varios. Es decir, que estando el Gobierno en funciones también tiene poder para paralizar leyes autonómicas usando para ello al TC, y en efecto lo hace. Pero el TC no puede o no quiere, o las cosas se regulan de tal forma que dé igual que pueda o quiera, obligar en plazo al Gobierno en funciones a dar cuentas a las Cortes; como no pudo o no quiso obligar a una Asamblea autonómica a investigar la corrupción en el Madrid de Gürtel y Púnica.

Y en este punto usted verá qué opina de floreros jurídicos que además cuando no son floreros son armas jurídicas cuando interesa.

Por cierto, que a día de hoy aún el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia en los recursos contra la normativa de tasas judiciales, que es del año 2012; y estamos en 2016. Y por cierto también, el Gobierno sigue sin decir dónde ha ido, y sigue yendo, el dinero de tasas judiciales, ese que reconoció no saber dónde estaba, y que se sigue recaudando; y van ya dos legislaturas que no lo dice, pese a que la propia ley de Tasas Judiciales disponía, y dispone, en su artículo 11, que se destinará lo recaudado a financiar la Justicia Gratuita, y ni un euro se ha destinado a ello.

Pero mejor hablemos de cosas de verdad importantes. Hablemos, por ejemplo, de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas

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No lo llamen “Derecho Europeo”

A partir de un momento, hace ya años, la Comunidad Económica Europea decidió llamarse Unión Europea y el Derecho Comunitario pasó a llamarse Derecho Europeo y hasta surgió una llamada “ciudadanía europea”; y sí, ya sé que estoy simplificando. Y todo ello, y sigo simplificando, respondió a dos planteamientos: el de intentar, o plantearse, o desear promover, o superar la fase de unión meramente económica para pasar a una Europa social y de ciudadanía, por una parte, y por otra al márketing de intentar equiparar “Europa” con los países que componen la Unión Europea. Algunos de entre quienes ya éramos adultos cuando España se incorporó al entonces Mercado Común, o Comunidad Económica Europea, o Comunidades,  recordamos el enfado que sentimos cuando los titulares, las portadas y los blablás políticos de entonces decían “hemos entrado en Europa” como si Europa fuera equivalente a ese número de países que habían decidido unirse parcialmente desde la semilla inicial de los seis hasta los que había a la sazón, como si España no fuera Europa antes y después, como si no fueran Europa los países que estuvieron después, como si no fueran Europa países que jamás se ha planteado que se incorporen y que pertenecen al espacio geográfico y cultural de Europa. Esa sonrojante sumisión lingüística de entonces no fue coyuntural y sigue a día de hoy, y mucho más aún desde que la Unión Europea empezó a llamarse así.

Un grupo de países europeos, entre los cuales se encuentra el nuestro, ha decidido suplantar a Europa empezando por el nombre y por el Derecho, que ya no se llama Derecho Comunitario sino Derecho Europeo o de la Unión Europea. A semejanza de los Estados Unidos de América, que tranquilamente se llama a sí mismo “América” y a sus ciudadanos “americanos”, como si no fueran americanos los brasileños, los peruanos, los canadienses o los haitianos, y no fuera América también Brasil, Perú, Canadá o Haití, quienes deciden por nosotros pero sin nosotros, como verdadero despotismo ilustrado, han decidido que Europa somos unos cuantos concretos y no otros y que Derecho Europeo es el que sale de los hornos jurídicos de las instituciones de la Unión Europea, como si no fuera Derecho Europeo, no ya el Derecho suizo o el de Macedonia, sino el propio Derecho español. La terminología nunca es inocente: hay un principio de primacía del Derecho Europeo respecto del nacional.

Y con esta equiparación falsa y abusiva de Europa con concretos países, y de un Derecho concreto con el Derecho Europeo, ha pasado lo que tenía que pasar: que la terminología define los límites. El Derecho de cada país que compone la Unión Europea se difumina, incluso cuando se acomoda al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos -y uso deliberadamente las mayúsculas- y es usurpado y eliminado por un falso Derecho que no procede siquiera de órganos de elección democrática, dejando vacío el Derecho estatal, dejando vacíos los Derechos Humanos y dejando vacía la responsabilidad política y jurídica de quienes toman esa decisiones por sí y ante sí saltándose la normativa internacional. Porque correlativamente a definir “Europa” como grupo concreto de países, lo que no sea eso queda fuera. Los de fuera no tienen Derecho Europeo, no tienen ciudadanía europea, no tienen en definitiva ni Derecho ni ciudadanía, ni derechos. Y siguiendo con ese razonamiento excluyente,  tampoco tienen Derecho ni derechos, ni ciudadanía, ni europea ni de ningún sitio, quienes vengan de fuera huyendo de la guerra.

Da igual que dos sentencias recientes del Tribunal Supremo español (texto 2015-12-18 Derecho Asilosentencia sirio) resuelvan que debe acogerse a los ciudadanos sirios que huyen de la guerra porque es notorio que quien huye de allí necesita asilo, y, por cierto, lo ha dicho porque a dos personas sirias, un hombre y una mujer, el Gobierno español les denegó el derecho de asilo, y no está de más recordarlo cuando el presidente del  Gobierno en funciones se llena la boca, causando estupefacción su desfachatez, con que a los sirios hay que protegerlos. Da igual, porque quienes manejan en la Unión  Europea han decidido que el principio de primacía del Derecho Europeo significa que decisiones irrecurribles de un grupo de gobernantes se aplican de inmediato sin consulta alguna ni siquiera a los parlamentarios del mal llamado Parlamento Europeo, ni control. Hay en Derecho español tres tipos de decisiones del Gobierno -y de nuevo simplifico, y mucho-: los reales decretos-leyes, que al menos en teoría sólo pueden dictarse en ciertos temas y circunstancias y que  requieren convalidación del Congreso y que además son recurribles ante el Tribunal Constitucional; las decisiones de tipo reglamentario o reglado, susceptibles de recursos ante los tribunales ordinarios y hasta de suspensión cuando se recurren, y actos de tipo político con responsabilidad, siquiera, política. Pero los acuerdos de la Unión Europea contrarios a normativa internacional e interna, a los Derechos Humanos y a la mínima humanidad, y que nos pasarán factura política y humana a nosotros y a nuestros descendientes, los relativos a los refugiados,  esos no tienen recurso de ningún tipo, y si lo hay no se aplica o no es eficaz. Los acuerdos más graves y más ilegales adoptados en la Unión Europea ahí quedan.

No llamemos al Derecho de la Unión Europea ni Derecho ni Derecho Europeo. Porque el Derecho parte del control y de la responsabilidad y de la jerarquía normativa, y nos han creado unas instituciones comunitarias -uso a propósito este adjetivo- en las que acuerdos gravísimos contrarios a normativa internacional y a normativa interna se adoptan y aplican sin tramitación prelegislativa, sin contar con los representantes parlamentarios estatales y en los propios organismos de la Unión,  y sin control judicial ni constitucional eficaz. Ha tenido que pasar ese ataque gravísimo a otros a quienes los que se autodenominan europeos consideran no personas para que muchos nos demos cuenta de que la Unión Europea es sencillamente la arbitrariedad máxima, un islote jurídico inmenso de No-Derecho que se impone al Derecho y a los derechos. Cuando los actos políticos del Gobierno, y por tanto incontrolables, están tan en retroceso aquí en teoría que hasta el indulto ahora ha de ser motivado, está paradójicamente en expansión el acto político supranacional. La denegación individual de asilo de unos pobres sirios que huyen de la guerra es recurrible aquí ante los tribunales ordinarios, y en efecto ha sido recurrida y ganada; en España una hipotética colectiva denegación de asilo por vía reglamentaria o por modificación legislativa del Derecho de asilo serían recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional. ¿Y una decisión de lo que en definitiva es un grupo de jefes de Estado o de Gobierno está exenta de control, o no vemos que se controle? ¿Es posible tal regresión  del Estado de Derecho?

La decisión ilegal de cerrar fronteras y el ilegal acuerdo con Turquía son un ejemplo terrible de adónde vamos. Vamos a la antidemocracia, a la vulneración impune e incontrolable de la normativa internacional y nacional, e incluso de la Unión Europea. Vamos, en definitiva, de vuelta  De vuelta también al acto político del Gobierno incontrolable por la mera circunstancia de haberse adoptado en comandita con otros Gobiernos también incontrolables.

Eso no es Derecho. Eso no es Europa. Europa, por cierto, según el mito del rapto de Europa, era una mujer fenicia. O sea, del territorio que hoy es Siria.

No lo llamemos Derecho Europeo. No es Derecho aquel que no garantiza mecanismos eficaces para el control de la arbitrariedad y de su propio incumplimiento, que permite que un grupo de gobernantes quede sin control incluso ante vulneraciones flagrantes de Derecho. Como ciudadana, quiero que recurramos lo que se adopta ilegalmente y que perjudica a otros y me perjudica a mí. ¿Y ni yo ni los representantes que he elegido puede recurrir nada ante nadie?

Quienes sepan más que yo de lo que deliberadamente vuelvo a denominar “Derecho Comunitario” que me digan si hay recurso y que estoy equivocada, y cuando digo recurso quiero decir un recurso rápido y eficaz, porque aquí también Justicia tardía no es Justicia. Porque si estoy equivocada, y ojalá lo esté, quiero que me contesten los políticos una cosa: por qué no han recurrido ya y por qué si se ha recurrido no se ha paralizado. Porque si el recurso es como ciudadanos, ellos lo son y tienen medios, obligación específica de conocer los mecanismos de recurso, y cobran, y si es como políticos también. ¿Qué es esto de que una onegé como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR tenga que estar analizando vías posibles de recurso y llegando a la conclusión de que no hay mecanismos eficaces de paralización, o que dependen de los propios políticos, o que no serían rápidos y por tanto eficaces?  ¿Cómo es posible que no estén ahora mismo y desde hace meses todas las asesorías jurídicas de todos los partidos de la oposición, en España, y en el resto de la Unión, echando humo y con las armas jurídicas preparadas y en marcha? Y cuando digo “todos” quiero decir “todos”. Porque si están a tope con esto todos no nos hemos enterado, y si han estado a tope para llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer tampoco leo que estén todos denunciando públicamente la insuficiencia jurídica de los mecanismos de defensa e iniciando lo pertinente para modificar ya una arquitectura jurídica que propicia la ilegalidad y la arbitrariedad en esto y en todo; porque si pasa en esto es que pasa en todo. ¿O es que estamos en los blablás políticos que no cuestan esfuerzo pero la lucha contra la arbitrariedad no es prioridad?

Ni quiero islotes de repugnante arbitrariedad. Quiero Derecho. Y no quiero esta minieuropa que usurpa el nombre de Europa.

Quiero en definitiva, Estado de Derecho.

No quiero refugiados sin refugio en el barro, expulsados esposados, atacados con gases lacrimógenos, devueltos a zona de guerra, que prefieren suicidarse a ser devueltos, que son devueltos sin que les atienda un abogado, por vías de hecho ilegales y por acuerdos ilegales que han denunciados públicamente por todo tipo de onegés, la ONU, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española. Quiero, en definitiva Derecho. No el Derecho de la Barbarie entronizado ante la mirada impotente y estupefacta no solo de  refugiados sin refugio sino de ciudadanos de la propia Unión Europea que ya sabemos, porque nos lo dejan muy claro, que si mañana necesitamos derecho de asilo, como tantas veces lo hemos necesitado en nuestra Historia, nos dejarán tirados los mismos que dejan tirados a otros, y que vulnerarán cualesquiera otros de nuestros derechos como vulneran los derechos de otros, incontrolablemente y sin recurso o sin recurso eficaz.

Si democracia es control eficaz frente a la arbitrariedad de los gobernantes y de las instituciones, ya lo sabemos: no tenemos democracia.

Y ahora, siga usted hablando de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas

 

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Democracia Ctrl+Alt+Del

Este es un blog jurídico, no informático. Y esto es la metáfora de que el Gobierno en funciones ha decidido que puede forzar el reinicio, ¿las elecciones?, mediante un atajo del teclado, el de modificar el control parlamentario hasta borrarlo mediante la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del  de negarse a ser controlado. Se ha colgado la máquina y tiene que salir apurado, y en vez de ir cerrando programa por programa de su responsabilidad ha decidido apagar el ordenador, por las bravas. Control+alternativa+borrar.

Puede usted, si lo prefiere, plantearse su propio razonamiento de si democracia es control o irresponsabilidad política, sobre cómo pueden usarse pretextos con rango de ley, la Ley del Gobierno de 1997, para interpretar ad libitum que el Gobierno queda exento de responsabilidad política todos los meses o años que considere oportuno, de modo que se crea una ínsula jurídica exenta ajena de la soberanía popular, que bueno es saber por fin sin tapujos que reside en un Poder Ejecutivo que como en tiempos pasados solo responde, al parecer, ante Dios y ante la Historia. Puede usted considerar o no aplicables en ámbito de Derecho Parlamentario los principios generales del Derecho y las reglas en principio comunes a todo el ordenamiento a tenor de los cuales no son admisibles ni el abuso de derecho ni el fraude de ley y que ninguna interpretación de una norma con rango de ley puede tener, conforme a las reglas generales de interpretación de las normas, la consecuencia de la irresponsabilidad política porque la responsabilidad política es un principio también de nuestro ordenamiento que ha de inspirar todas las interpretaciones de normas,  y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos están en el articulo 9.3 de la Constitución, como la monarquía parlamentaria en el 1.3. Puede usted asombrarse de que  un Gobierno que sigue publicando en el BOE órdenes ministeriales y condecoraciones estando en funciones, que da instrucciones a los fiscales estando en funciones y que estando en funciones negocia y vota acuerdos gravísimos en la Unión Europea que afectan a miles de personas indefensas -los sarcásticamente llamados refugiados, porque no tienen refugio alguno-, y que afectan a la propia esencia de la Unión, y que incluso vote lo que no se corresponde con lo que dijo que haría, alegue estar en funciones para dejar carente de contenido una de las dos funciones de las Cortes, que es la de control. O sencillamente,  puede usted a leer a gente que sí sabe, expertos en Derecho Constitucional, aquí y aquí, que dicen, en términos jurídicos muy elaborados, serios y educados que en una democracia parlamentaria es un cachondeo jurídico y una jurídica tomadura de pelo que un Gobierno en funciones no responda ante las Cortes.

O puede no hacer nada de eso y seguir votando al Partido Popular. Ese partido ya dos veces imputado, especializado en destruir discos duros y que entiende, o dice entender, al parecer en serio, que es cosa de partidos con ganas de fastidiar lo de exigir que se responda ante el Parlamento, y no un derecho de la propia ciudadanía de oír a quienes les gobiernan cómo responden preguntas incómodas y no preguntas pactadas o falsamente incisivas en entrevistas edulcoradas con siseñores periodísticos o más declaraciones en plasma.

Pero si a usted le da igual, vote PP. No será la única persona que lo hará. También votará PP la señora Rita Barberá, la misma que aún no ha dimitido como senadora, y a quien el PP, en un genuino alarde de postureo jurídico, ha abierto expediente informativo, o sea, la nada jurídica, a ver si alguien se cree que es un expediente disciplinario, como en efecto se lo han creído.

Claro que si hace eso, que usted verá, será usted un antisistema, si por tal entendemos a quien usa las teclas Ctrl+Alt+Del para que el sistema se reinicie por las bravas.

En cuanto a la otra tecla Ctrl, la tecla que ahora toca apretar. Crtl+TC, la del Tribunal Constitucional, ya se sabe que hace lento o rápido el sistema aleatoriamente. Con un poco de mala suerte, quién sabe, no nos jubilamos antes de que resuelva sobre el control parlamentario, en plan tasas judiciales, que tres años largos después ahí siguen sin resolver, o bien se resuelven en plan tecla catalana según entre por la puerta. Los arcanos de la informática política es lo que tienen. Y es que la combinación de teclas  Crtl+TC es también antisistema.

Vaya.

Verónica del Carpio Fiestas

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Maleta de refugiados y la Europa de los derechos

El móvil, por los contactos. ¿Y cómo cargaré la batería en mitad del campo, en una tienda de campaña? El título de licenciado universitario, los papeles de los estudios de los niños. ¿Pero me reconocerán el título? Pasaporte, DNI, carné de conducir, claro, sin eso imposible; como se extravíen estamos perdidos. ¿Ropa, comida, dinero, joyas? ¿Agua? ¿La escritura de la casa del pueblo, aunque esté destruida por las bombas, por si podemos volver? ¿Las medicinas de la familia? Uno tiene tensión alta; otra necesita insulina. ¿Más ropa para el bebé? Es invierno, hará frío, lloverá, quizá nieve. ¿Y los pañales? ¿Las otras gafas, que sin ellas no veo? Pero todo pesa. ¿Cómo cargar con todo en bolsas, para ir andando, en una maleta? Pero no importa, llegaré. Y cuando llegue, la Europa defensora de los derechos humanos cumplirá los tratados internacionales y nos acogerá a los refugiados.

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Enlace al vídeo del Papa aquí.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar a nuestras instituciones que la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad de carácter opcional, sino un asunto referente a la protección de los derechos que tiene contenido obligatorio. Los derechos humanos también deben respetarse en nuestras fronteras. Y, por supuesto, cuando cualquier persona solicita asilo dentro de nuestro país. Los deberes legales del Estado español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York, por lo que debe respetar el derecho de asilo de las personas que sufren persecución en su país.

La Historia nos juzgará.

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Y a continuación, unos enlaces a dibujos de niños:

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    • y aquí, 600 dibujos de niños refugiados, en 1938, con prólogo de Aldous Huxley

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  • y los dibujos que hacen ahora niños sirios que huyen de la guerra, unos dibujos que ya ve usted que son muy parecidos a los de los niños y las niñas españoles que huían de la guerra en nuestra guerra civil. Los mismos niños sirios que cuando huyan de la guerra, si no mueren ahogados, quizá serán atacados con gases lacrimógenos.

 

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Y si se ha citado al Papa, a Médicos sin Fronteras, a la entidad oficial de la ONU para los refugiados, a Misiones Salesianas, a una fundación dependiente del Consejo General de la Abogacía Española, esto también está en la web oficial del Consejo General de la Abogacía Española:

Refugiados: Solo 18…

Un dato puede resultarnos revelador. La Unión Europea se comprometió a acoger a 160.000 refugiados cuando, tras la aparición del cuerpo del pequeño Aylan en las costas griegas, la opinión pública obligó a las instituciones a adoptar decisiones que llevaban meses postergando. De estos, España, tras regatear apoyada en la delicada situación económica que atraviesa el país (solo para este tema por lo visto, porque en otros foros todo parece indicar que la recuperación es ya irreversible), acabó por aceptar una cuota de en torno a 18.000 personas. A la fecha en que se escribe esto, solo 18 han llegado a España. 300 menores más han muerto desde Aylan, 50 solo en los primeros meses de 2016, muchos habían muerto antes sin que nada se hiciera y más de 10.000 parecen haberse esfumado en manos de redes criminales dentro de territorio europeo. Pero solo son cifras…..

Y esto es una noticia que es posible que a usted se le haya olvidado ya, porque es de enero:

10.000 niños desaparecidos.

1.01.2016

La Oficina Europea de Policía (Europol) estima, según sus previsiones más conservadoras, que al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido nada más llegar a Europa. Algunos de ellos han acabado con familiares sin conocimiento de las autoridades, pero otros se encuentran en manos de organizaciones de tráfico de personas, según los oficiales europeos. 

Solo el año pasado llegaron a Europa cerca de 26.000 menores sin acompañamiento, según datos de Save the Children, para un total aproximado de 270.000 niños refugiados; un 27% del millón de personas que en 2015 atravesaron las fronteras huyendo de la guerra en Siria y otras zonas de conflicto. En medio del enorme descontrol sobre el flujo migratorio, la Europol no ha podido evaluar hasta ahora las terribles consecuencias de este desplazamiento en los niños.”

Y también quizá se le habrá olvidado a usted que el niño Aylan murió ahogado hace seis meses -este tuit es del mes pasado- y que muchos otros niños y niñas han muerto ahogados después.

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Y firma este post, con asco y miedo ante la Europa de los derechos que desaparece, o se pone al descubierto que  fue solo y siempre la Europa de los mercaderes,

y mientras se mira para otro lado,

hasta por nuestros políticos

que, con vista corta y mente estrecha, y ninguna perpectiva histórica ni de conjunto, por lo visto tienen cosas mejores que hacer que ser conscientes de la realidad.

Verónica del Carpio Fiestas

Dedico este post con respeto y admiración a Miguel A. Rodríguez @Marodriguez1971, cuya cuenta en Twitter es sencillamente imprescindible
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¿Tiene usted un blog? Lea esto.

¿Quién no tiene ahora un blog, sea personal o sea profesional? ¿Y cuántos saben a qué se exponen por tenerlo y cuáles son sus responsabilidades? Usted, que lee esto, y tiene un blog, o una web, ¿sabe por ejemplo a qué expone si entre los comentarios que usted publica, de otros, a un post suyo figura un contenido ilícito, por ejemplo, insultos a otros?  Y usted, que se ha visto afectado por un comentario en blog ajeno, ¿sabe qué hacer para que se elimine? Y usted, que no está en ninguno de esos casos, pero ve cada día en Internet comentarios que van subiendo de grado hasta un nivel injurioso, por ejemplo contra políticos, sabe qué responsabilidad hay? ¿Y si existen muchas condenas? Estas cuestiones y muchas otras las tiene usted en esta grabación de radio universitaria, en este enlace:

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47235

Porque tiene usted aquí algo quizá mejor que un post donde se lo expliquemos: un programa de radio en formato ágil, de nivel jurídico pero comprensible para juristas y para no juristas, con intervención de un jurista que es uno de los mayores expertos en el tema en España, y entrevistado por juristas docentes universitarios de Derecho. 28 minutos de programa de radio educativa universitaria, también emitido por Radio Nacional de España Radio 3, dentro del curso de postgrado Experto Universitario “Cuestiones prácticas sobre Responsabilidad Civil” organizado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), impartido bajo la dirección de la Profesora Dra. Patricia López Peláez y con mi colaboración como docente.

El ponente es Sergio Carrasco Mayans, presidente de la asociación Derecho en Red,  licenciado en Derecho e ingeniero de Telecomunicaciones, de indiscutible prestigio en el ámbito del Derecho de las nuevas tecnologías, y la grabación tiene formato de entrevista jurídica, conmigo como entrevistadora jurídica.

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No se lo pierda.

Verónica del Carpio Fiestas

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De tolerancia y convivencia

Este no es un post jurídico ni político. Voy a tratar de convivencia y tolerancia. Ya comprendo que no interesa, pero tenía que escribirlo.

Para cualquiera que observe la vida social y política española no creo que ofrezca duda que, al menos en la sobreactuación de los medios de comunicación y de las redes sociales, se está generando y propiciando, y abunda, una crispación innecesaria. Con demasiada frecuencia al adversario político se le califica de enemigo y se considera que quienes votan distinto son idiotas, malvados o desinformados. En las redes sociales el anonimato fácil, unido a la posibilidad de respuesta inmediata irreflexiva, saca lo peor de demasiados, sin responsabilidad salvo casos contados; teclado en mano, demasiada gente se convierte  en energúmeno social virtual.  Pero incluso cuando el mensaje no llega a agresión verbal, es detectable en redes sociales un excesivamente habitual desprecio hacia quien piensa distinto.

Una sociedad donde el desprecio hacia quien piensa distinto es cotidiano, y se considera normal y hasta inevitable, es una sociedad más pobre moralmente. Y una sociedad donde esto no se considera un problema que haya que solucionar con algo más que la represión en casos extremos es una sociedad que va a peor. Es un problema social y de responsabilidad y de educación. Y no creo que las redes sociales sean el problema; solo facilitan la expresión irreflexiva de lo que ya se piensa fuera de redes sociales, y lo ponen de manifiesto y magnifican.

Me pregunto si en los colegios se enseña que la responsabilidad consiste también en asumir los actos propios y no ocultarse en el anonimato para, como jaurías o lobos solitarios, atacar a quien piense distinto, o, como grupos de hooligans, enfrentarse a navajazos verbales; y lo que eso en definitiva significa también fuera de las redes sociales. Me pregunto cuántos progenitores son conscientes de que no se trata solo de controlar qué contenidos resultan accesibles por internet a sus hijos e hijas menores de edad, sino de  qué responsabilidad deben enseñarles a asumir como personas civilizadas en sus relaciones por redes sociales, para que lo aprendan y apliquen de menores y de mayores dentro y fuera de redes sociales. Claro que un progenitor que insulte a quienes piensan distinto en Twitter, y no es consciente de lo que eso revela de él mismo, y del daño social que su tuit, junto con el de muchos, causa a la convivencia, difícilmente enseñará ni con la palabra ni con el ejemplo a su prole  en qué consisten la educación, el respeto, la convivencia y la tolerancia, dentro y fuera de redes sociales.

Es urgente rebajar el nivel de crispación y para ello es urgente entender qué es la tolerancia. No pretendo dar lecciones a nadie, pero sí me gustaría explicar lo que entiendo por tolerancia, o por desiderátum de tolerancia, con un ejemplo. Y no cito a Voltaire, cuyo clásico “Tratado sobre la tolerancia” ha sido objeto de anterior post en este blog porque ese libro, del siglo XVIII, responde a un contexto muy concreto y que quiero pensar superado, salvo para terroristas y asesinos: el contexto social e ideológico malsano de que hay que matar a quien piensa distinto. Voy a dar por sentado que aquí ya hemos decidido no matarnos y ser más ambiciosa.

Las definiciones de conceptos no son casuales ni inocentes. Empecemos con el diccionario de la Real Academia.

tolerar.

(Del lat. tolerāre).

1. tr. Sufrir, llevar con paciencia.

2. tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente.

3. tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina.

4. tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.

¿Se da usted cuenta de que las acepciones 1 a 3 son negativas? Es decir, que se “tolera” aquello que no queda más remedio que aguantar, a regañadientes; lo moral o socialmente reprochable, aunque se acepte, lo que sería mejor que no existiera y que no queda más remedio que aceptar o soportar, porque no queda otra. No por casualidad se llamaba “casa de tolerancia” al burdel; admitido, pero considerado moralmente reprochable.

Pero en una democracia  quien piensa distinto no es alguien moral o socialmente reprochable a quien haya que “tolerar” a regañadientes, que se ha de sufrir con paciencia y que sería mejor que no existiera. Salvo los casos contados de opiniones inaceptables, y que para eso están en el Código Penal, y en el entendido de que hay un mínimo aceptable por todos, el pluralismo político es sencillamente la esencia de la democracia. En España, recogido nada menos que en el artículo 1 de la Constitución, entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico:

Artículo 1

    1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

No voy a entrar en las distintas definiciones de pluralismo político, ni tampoco en hasta que punto pueda estar condicionado por el  artículo 6 de la Constitución, que establece los partidos políticos como cauce para el pluralismo. Porque por cualquier vía que se siga, el pluralismo político difícilmente puede disociarse de la convivencia y de la coexistencia de opiniones, y de que es esencia constitucional que esa variedad no solo existe y exista, sino que es bueno que exista.

O sea, que no nos quedamos en la acepción 1ª ni en la 2ª ni en la 3ª de “tolerar”; ni siquiera en la 4ª. Se trata de ir más allá. Porque la desaparición de opiniones diversas es sencillamente que la democracia deje de existir; y quien no comprenda que quien piensa distinto no es idiota, malvado o desinformado, quien no comprenda que es deseable para la convivencia que haya quien piense distinto, me temo que no ha terminado de captar qué es la democracia.

Con un ejemplo quizá consiga explicar a qué me refiero. La deliciosa película “El hombre tranquilo” de John Ford, que figura en cualquier lista de las de mejores películas de la Historia del Cine, contiene una escena de lo más descriptivo que he visto nunca sobre lo que creo que ha de ser la verdadera tolerancia. En un pintoresco pueblo irlandés en los años 30 del siglo XX conviven dos facciones ideológicas, una mayoritaria, cada una con sede local y su jefe local de filas. Por los superiores del jefe de filas local de la facción minoritaria se plantea cerrar la delegación local, pues por la escasa implantación no merece la pena tenerla abierta, y se envía a una persona para que inspeccione y decida. Y los de la facción mayoritaria, encabezados por su propio jefe de filas local, para que los minoritarios no se queden sin sede ni jefe local, porque no son ni enemigos ni adversarios sino convecinos y amigos aunque piensen distinto, ofrecen una calurosísima bienvenida al enviado de la otra facción, vitoreando cuando pasa en coche por el pueblo, para que el visitante crea que su propia facción tenía más apoyo del que pensaba y decida no cerrar la sede local.

quiet man

Cómo el jefe de filas local de la facción mayoritaria, vitoreando como el pueblo entero y animando a que vitoreen, disfraza su propia vestimenta, para que el visitante no se dé cuenta de que pertenece a los otros, es de las más hermosas escenas de la Historia del Cine.

La mayoría ayudando a la minoría a mantener sus derechos; una facción ayudando a otra porque no son enemigos sino parte de una sociedad que es bueno que sea plural. Eso exactamente, creo, son la democracia y el pluralismo político, o lo que deberían ser.

Soy una idealista, ya, o algo peor. Salvo en pueblos idílicos de película antigua sería imposible imaginar que una facción ideológica entendiera que la tolerancia consiste, no en soportar a regañadientes a las otras facciones, y por supuesto en no insultarles, sino incluso en apoyarlas y ayudar a su supervivencia. son 3 o 4

Llámeme buenista.

Y, por favor, que le quede claro: este post no va en absoluto sobre pactos electorales. Va de algo bastante más importante.

Verónica del Carpio Fiestas

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¿Usted le compraría un coche usado al Sr. Rajoy?

Si usted oyera a un presidente del Gobierno afirmar nada menos que en un importantísimo debate a dos en campaña electoral en los días previos a las elecciones, el único en el que participó en la campaña electoral, que la medida contra la corrupción de la que está más orgulloso es tal cosa, si usted viera que lo mismo lo repite en medios de comunicación  y eso es difundido por el Partido Popular y en los medios oficiales de La Moncloa y del Ministerio de Justicia, si usted oyera y viera eso, y supiera que esa medida es solo sobre el papel, ¿usted le compraría un coche usado a ese presidente del Gobierno? ¿Y pactaría con él para que pudiera seguir gobernando? ¿O aplaudiría a quien así pactara?

Pues eso ha sucedido. La medida contra la corrupción de la que el mismo Sr. Rajoy dice que está más orgulloso no existe más que en el papel.

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Y este último tuit incluso tiene un vídeo:

Que también está en la web oficial de La Moncloa aquí y en la del Ministerio de Justicia aquí.

Cito literalmente lo que dijo el Sr. Rajoy en ese debate:

He aprobado todo este paquete [de lucha contra la corrupción] y por tanto no le acepto sus acusaciones“.

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“Y la medida de la que más orgulloso me siento, Sr. Sánchez, hemos creado, ya está aprobada, una Oficina para que los corruptos además de pagar sus delitos devuelvan lo robado, todo con el voto en contra” [del PSOE, se supone].

Vea el minuto 0,41 de este vídeo, que recoge parte de ese debate, difundido por el Partido Popular en Twitter.

Le queda a usted claro que la medida estrella contra la corrupción del Sr. Rajoy, aplaudida como tal por el Partido Popular,  es una oficina para recuperar los bienes del corrupto.

Bueno, pues ahora le explico por qué esa oficina no existe. La “medida contra la corrupción de la que se siente más orgulloso el Sr. Rajoy” es una Oficina contra la Corrupción que está vacía de normativa y de personal, y por tanto de actividad, es decir, que solo existe en el BOE y que no ha tenido normativa alguna de desarrollo, pero que no obstante fue inaugurada a bombo y platillo por Rajoy y la considera su medida estrella ante el electorado.

En este blog,  expliqué en un post de sábado 24 de octubre de 2015 titulado “Rajoy inaugura nada contra la corrupción” cómo el Sr. Rajoy había aprobado en Consejo de Ministros del día anterior, 23 de octubre de 2015, el Consejo de Ministros inmediatamente anterior a aquel en el que se aprobó convocar elecciones, un decreto vacío de contenido sobre una fantasmal Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y se fue a la salida de ese Consejo de Ministros de 23 de octubre a inaugurarla ante las cámaras de los medios de comunicación. No solo se fue a inaugurarla cuando la norma AÚN no estaba publicada en el BOE, y por tanto era jurídicamente inexistente, sino que ademas necesitaba normativa de desarrollo, que cuando fue inaugurada evidentemente no existía, porque la normativa base se dictó ese día y ni siquiera estaba vigente. Inauguró  una oficina contra la corrupción ANTES de que su existencia y su regulación hubieran surgido al mundo del Derecho por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por favor, lea ese post, porque mejor que lo expliqué ahí no sé hacerlo.

Y, como decía en ese post:

“Y además, esta Oficina contra la Corrupción, según el propio real decreto que la regula, no tiene contenido alguno hasta que se dicte una normativa de desarrollo que no se ha dictado y para la cual no hay fecha:

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.”

Y a día de hoy, por supuesto tras haber entrado en vigor esa ley 41/2015,  en vigor desde el día 6 de diciembre de 2015, a cuya vigencia se condicionaba la “entrada en funcionamiento operativo” (sic) de la Oficina y más de dos meses después de aprobada esa teórica oficina contra la corrupción, medida estrella de Rajoy contra la corrupción según sus propias palabras, sigue sin tener personal, sigue sin tener normativa de desarrollo y sigue sin tener actividad, es decir, que sigue sin existir.

Probar el hecho negativo de que algo no existe no es fácil, pero haré lo que pueda.

Aquí tiene enlace al buscador del BOE donde verá que buscando textos sobre “Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”, solo hay dos textos: el propio decreto, que no es nada sin su normativa de desarrollo, sin personal y sin adscripción de medios, y el nombramiento de director.

A día de hoy se ha nombrado el director general que preveía el decreto (artículo  5, se hizo por decreto del mismo día); mejor dicho, directora. Enlace a su biografía oficial en  web del Ministerio de Justicia aquí, pdf oficial aquí, descargado aquí Directora_General_de_la_Oficina_de_Recuperación_y_Gestión_de_Activos

Y hasta ahora no hay decreto alguno de desarrollo reglamentario ni nada de nada de nada.

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En esta otra web privada que recoge legislación, y que incluye la de desarrollo de cada norma cuando la hay, no figura tampoco ninguna normativa de desarrollo y acaba simplemente con la transcripción del decreto, porque no hay más.

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Y, en definitiva, tenemos una oficina creada tres días antes de que se convocaron elecciones, cuya “entrada en funcionamiento operativo” (sic) se posponía a fecha indefinida posterior a 6 de diciembre de 2015 y que además necesitaba normativa de desarrollo que no se ha dictado, y además adscripción de personal que no se ha hecho. Y todo ello, estando aprobada la norma inicial que prevía esa Oficina en marzo de 2015, reiterando otra de 2010, es decir, que ni en realidad es medida de Rajoy y, aunque lo fuera, tiempo de sobra han tenido para desarrollarla. Vea lo que dice el preámbulo del decreto:

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, añadió el artículo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya se contempló la creación de una Oficina de Recuperación de Activos. Transcurridos cinco años, esa previsión no ha sido aún desarrollada reglamentariamente.

Y de hecho esta Oficina que se crea con rango de Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia en el Ministerio de Justicia ni siquiera figura en la organigrama de la Secretaría de Estado de Justicia, en la web oficial del Ministerio de Justicia, enlace aquí

12Y en vano buscará usted una dirección o un teléfono en los directorios oficiales de la web del Ministerio de Justicia, o en una búsqueda general tipo Google.

Ya ve. Y eso, es la medida de la que Rajoy se siente más orgulloso en su lucha contra la corrupción.

Usted verá qué crédito da a este señor y a ese partido, y cómo piensa aplaudir a quien con su voto o su abstención permita que sigan gobernando este señor y ese partido.

Por lo demás, permítame que añada un detalle, por si esa Oficina que llevo dos meses buscando con ahínco, y no aparece, existiera.

Otra de las medidas contra la corrupción expuesta por el Sr. Rajoy en el debate, y reiterada también en los medios de comunicación es sencillamente falsa, y así lo han dicho tres asociaciones de jueces y ha dado lugar a risas e indignacion en medios jurídicos (lo de que se ha hecho la mayor convocatoria de jueces en 25 años, cuando en realidad ha sido la legislatura que MENOS jueces ha sacado). Y ahí está lo de vender el PP como “agilización de la Justicia” lo que asociaciones de jueces y fiscales denuncian como una autopista hacia la impunidad, y llevan denunciándolo desde antes de que se aprobara, hace casi un año, hasta tal punto que una asociación judicial tiene esto  como tuit fijado, es decir, para que cualquiera que entre a ver su Twitter sea lo primero que vea:

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Y los fiscales piden hasta la dimisión de la Fiscal General del Estado, por exigirles la normativa imposibles, hay 600.000 causas por revisar y no hay medios, y hasta un fiscal del Tribunal Supremo dice que esto es intentar secar el campo de fútbol inundado con cubo y fregona, y toda la oposición, en varias Comunidades Autonómas, ha instado al Gobierno a que derogue o paralice esta ley, a instancia de Brigada Tuitera #T, como por ejemplo aquí. La situación general en Justicia es tan grave que las cuatro asociaciones judiciales han presentado un frente común inédito con propuestas en Justicia y exigiendo un Pacto de Estado.

Me va a perdonar quien esto lea que no ponga ya enlaces exhaustivos de todo esto último; que, por cierto, son innumerables. Decir mentiras es fácil si se es presidente del Gobierno y se dispone de los medios de comunicación; rebatirlas con datos requiere gran esfuerzo de acopio de datos, redacción y difusión para que, total, lo lean unos pocos, y ya cansa.

Puede usted comprar un coche usado al Sr. Rajoy, si usted cree que da igual que se lo venda averiado porque cree usted que lo hace muy bien en otros temas. Votar con la nariz tapada es un sistema de mucha gente. Pero piense que si en esto no le dice verdad, en qué más cosas que vende como logros y que usted cree que son logros porque los medios de comunicación dependientes, que son casi todos, le dicen que son logros, la fantasmal oficina, el falso nombramiento de jueces y la ley de impunidad vendida como agilización de la Justicia, le estarán  también diciendo lo que no es y serán también eso, medidas de papel o peor aún.

Medidas de papel que usted creerá si cree a estos señores que venden como un logro quitar las tasas judiciales, que, por cierto, no se han quitado para PYMEs y ONGs, habiendo sido ellos mismos quienes las pusieron.

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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El experto en el arador de la sarna

“Todo este equipo de pensadores está muy influido por las teorías del profesor Sylvester, cuya hegemonía intelectual nadie discute en Washington. El profesor Sylvester se dio a conocer a los setenta años de edad gracias al programa televisivo Usted sabe y nosotros le premiamos. Sylvester, funcionario de correos jubilado, que había hecho un curso de filosofía por correspondencia, participó con el tema Comportamiento sexual del arador de la sarna. Dos semanas después era famoso en todo el país y le imitaba Bob Hope en el show de Ed Sullivan.

Las opiniones de Sylvester empezaron a cotizarse en cualquier terreno del saber humano” .

De la novela Yo maté a Kennedy, de Manuel Vázquez Montalbán, publicada en 1972.

Esta novela de Vázquez Montalbán, de un tono socarrón y paródico que no deja títere con cabeza, contiene ese párrafo.

Volvamos a leer la cita. Un empleado de correos jubilado que se ha hecho famoso en un concurso de televisión por sus conocimientos sobre la vida sexual de un ácaro, y sin más conocimientos ni experiencias que consten, empieza a ver  cotizadas sus opiniones “en cualquier terreno del saber humano”, hasta el punto de influir en un equipo de pensadores.

Prescindiendo de la broma, queda lo esencial. Usted, pongamos, sabe un poquito de tal cosa, y por el motivo que sea ese conocimiento sectorial se hace público.

Y de repente, por ejemplo, le empiezan a preguntar, no ya sobre la vida sexual del arador de la sarna, sino sobre la vida sexual del cangrejo de río, sobre la vida a secas de cualquier animal, sobre topos en concreto que también hacen túneles, sobre topografía, sobre toponimia, sobre topología, sobre trajes con tela de topos y sobre el carnero que topa. Puede que incluso le reprochen duramente no pronunciarse sobre técnicas y precios de maquinaria excavadora,  siendo como es experto en el arador de la sarna, y resultando tan evidente la relación.

Claro que aparte están los tertulianos. Que cobran por hacer eso. Y sin que conste que sepan siquiera sobre el arador de la sarna. Y esos sí que influyen. Vaya.

Verónica del Carpio Fiestas

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Preguntas para los candidatos a presidentes del Gobierno sobre Justicia

Si su partido ganara las elecciones y pudiera usted formar Gobierno en solitario:

  • ¿a quién exactamente tiene previsto nombrar como ministro de Justicia?
  • ¿en qué sentido exacto piensa modificar, en su caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto al Consejo General del Poder Judicial y al nombramiento del vocales del Consejo General del Poder Judicial?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto de sillas del CGPJ si hubiera una vacante en el CGPJ antes de modificar la ley, en caso de que tuviera previsto cambiarla?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto del sillas del Tribunal Constitucional?
  • ¿cómo, cuándo y en qué importe exacto piensa aumentar los presupuestos de Justicia para 2015?
  • ¿qué piensa hacer para evitar el caos en los juzgados con lo de “papel 0”?
  • ¿qué piensa hacer con la limitación de los plazos de instrucción?
  • ¿cuánto va a tardar en suprimir las tasas judiciales para PYMES y ONGs?
  • ¿qué piensa hacer  con el dinero recaudado y que se sigue recaudando por tasas judiciales?
  • ¿piensa modificar la ley y encargar la instrucción al fiscal? En caso afirmativo, ¿modificando su estatuto para hacerlo independiente, o manteniendo el actual principio de jerarquía?
  • ¿cómo piensa coordinar las competencias en Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas?
  • ¿qué piensa hacer exactamente con el Registro Civil?
  • ¿cuál es el sentido exacto de la modificación legislativa en materia de indultos que, en su caso, piensa promover? ¿Va a seguir indultando con la normativa vigente y, en caso afirmativo, conforme a qué criterios?
  • ¿qué normativa exacta de protección de denunciantes de corrupción piensa aprobar?
  • ¿en qué grado exacto va a utilizar la vía del real decreto-ley?
  • ¿en qué grado exacto va a seguir una correcta técnica legislativa en la aprobación de normas?
  • ¿piensa establecer algún mecanismo legal para que la agenda del Tribunal Constitucional no esté al albur de decisiones políticas tácitas del propio Tribunal Constitucional?
  • ¿exige su programa en Justicia un cambio constitucional? En caso de ser afirmativa la anterior pregunta, y puesto que la decisión sobre cambio constitucional no solo depende de los partidos, ¿qué piensa hacer exactamente y qué programa alternativo tiene previsto si no es posible un cambio constitucional?

Si su partido perdiera las elecciones o no ganara las elecciones con mayoría suficiente para formar Gobierno en solitario:

  • ¿piensa su partido participar en un reparto de sillas del CGPJ si hubiera  una vacante en el CGPJ estando vigente la ley actual?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto del sillas del Tribunal Constitucional?
  • ¿qué criterios exactos en Justicia está dispuesto su partido a aceptar para participar en un Gobierno en coalición o análogos?

Estas son algunas de las preguntas que yo haría a los candidatos a presidente de Gobierno en las próximas elecciones generales del día 20 de diciembre de 2015.

Con mucho gusto se las haría también a las candidatas a presidenta del Gobierno, pero, que yo sepa, en la lista de partidos principales no las hay.

Verónica del Carpio Fiestas

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13-N

En mi ingenuidad, creo que un pueblo culto es un pueblo menos manipulable, individual y colectivamente. Frente al fanatismo, cultura. El mejor pensamiento humano es superior a las armas, y ningún movimiento terrorista, por muy fuerte que sea, puede matar el pensamiento. Que los atentados en París hayan sido nada menos que en el bulevar Voltaire, el autor del “Tratado sobre la tolerancia” tiene un alcance simbólico que, haya sido o no deliberadamente buscado por los asesinos, no debemos dejar que prevalezca.

Y en cualquier caso, el Arte con mayúsculas es o puede ser un consuelo en momentos de dolor, miedo e incertidumbre. Dos obras literarias he pensado recomendar en estos momentos. Las dos sobre terroristas. Las dos, de genios de la Literatura, cuya obra, junto a la de muchas otras personas, constituye un acervo que nadie nos podrá quitar por la fuerza. Lean “El agente secreto” de Joseph Conrad y “Los demonios” de Fiódor Dostoyevski. Verán, por una parte, que hace más de un siglo ya había terrorismo, y por otra, que los valores inmarcesibles de la Literatura persisten más de un siglo después. Soy una ingenua, que se atreve a la estúpida ingenuidad de recomendar leer libros, estos y muchos otros, como parte de la lucha contra la barbarie.

Contra la barbarie, cultura y Estado de Derecho. DEP las víctimas, muera el terrorismo y viva el Estado del Derecho.

Este es un post que escribe, con profunda tristeza,

Verónica del Carpio Fiestas

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Programas electorales y cumplimiento

Ese post va de programas electorales, y se divide en cuatro partes: 1) carácter no jurídicamente exigible por vía judicial de los programas electorales; 2) una duda; 3) una constatación; 4) propuesta de modificación legislativa.

1.- Carácter no jurídicamente exigible por vía judicial de los programas electorales

El artículo 67 de la Constitución prohíbe el mandato representativo, aunque, como dijo una sentencia del Tribunal Constitucional en obiter dicta –algo que se dice al paso en una resolución judicial, sin valor jurídico-, y que además parece presuponer que hubiera un cambio constitucional para que ello fuera posible:

 “… no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediática o indirecta en la que los representantes están vinculados al mandato imperativo de los representados…” (STC 10/1983).

No es teóricamente inimaginable.  Y hay a quien, imaginando, se le ha ocurrido demandar.

Que sea un mandato no imperativo, se supone, priva de caracter contractual o cuasicontractual en sentido estricto a los programas electorales.  No son un contrato en sentido estricto; el concepto y los requisitos de un contrato son los que son y están expuestos de forma supletoria en el Código Civil para todo tipo de ámbitos, por mucho que se quiera estirar el concepto, como no sea echando abajo todo lo de contratos desde el Derecho Romano. Ni tampoco son incardinables en una promesa unilateral jurídicamente exigible por vía judicial,  ni para exigir responsabilidades ni para exigir indemnizaciones, ni para exigir que se haga algo a cambio de lo no hecho o lo hecho mal.

O eso han dicho los tribunales, cuando han tenido ocasion de pronunciarse.

Descartada la vía judicial penal (porque la descartamos, ¿no?) quedarían dos vías judiciales: la contencioso-administrativa y la civil. Vayamos por partes.

Para reclamación por la vía contencioso-administrativa, es decir, contra el Estado en sus múltiples variantes, es ilustrativo lo que en broma expone el magistrado JR Chaves, Sevach, en genial post de 2008 que parece escrito ayer, al enumerar diez razones para rechazar una hipotética demanda por incumplimiento de promesa electoral. Si hay resoluciones judiciales que hayan tenido ocasión de pronunciarse en vía contencioso-administrativa, no he dado con ellas; si alguien las conoce, encantada de que me las pase.

Y para la vía civil  los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse dos veces, que me conste. Un caso en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Provincial de Madrid.

Si el post de Sevach es en broma, muy en serio argumenta el auto de la Audiencia Provincial de Madrid 272/2011, de 1 de diciembre, al confirmar la previsible inadmisión de una demanda planteada por unas personas físicas contra un partido político, el PSOE, por cumplimiento electoral de su programa.

El texto del auto no permite deducir qué pedían exactamente las demandantes. Y solo se me ocurren dos posibilidades: el cumplimiento del programa o una indemnización, con carácter acumulativo o sustitutivo. Porque otras posibilidades aparte de reclamar que algo se haga o se indemnice por no hacerlo, o se haga algo en sustitución de lo que es imposible hacer (¿hacer qué a cambio en este caso?), que yo sepa, no hay, en vía civil.

Cómo pensaban acreditar las demandantes que su voto había sido en favor del partido demandado, si el voto es secreto, lo desconozco. ¿O demandaban como afiliadas al partido político demandado? Quién sabe; el auto nada dice. ¿O la idea es que pudiera demandar cualquiera, incluso si ha votado a otro partido, ha votado en blanco o nulo o se ha abstenido? Porque ¿es el vínculo, si hay tal, con la ciudadanía o con el votante concreto que demande que haya votado a favor, si puede acreditarlo? ¿Y cómo dictar una sentencia que imponga al partido demandado una obligación de dictar una norma con efectos frente a quienes no son parte, que son los millones de restantes ciudadanos, votantes y no votantes, y en cuyo nombre habla el demandante, y que quizá estarán  conformes con el incumplimiento, o entenderían que tal incumplimiento no existe? Cualquier cosa es de esperar si vamos por estos derroteros.

Aquí los argumentos del auto de la Audiencia Provincial de Madrid:

Quinto.-La conformidad o disconformidad con estas actuaciones y omisiones es la que determina en los ciudadanos, a la hora de ejercer su participación, mediante el ejercicio del derecho al sufragio, su voto favorable a una determinada formación política y su libertad de no votarlo si defrauda sus expectativas, entre otras por no cumplir sus promesas electorales.

Sexto.- La posibilidad de control jurisdiccional de estos márgenes de libertad que exige la acción política, supondría una grave politización de la justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes.

Séptimo.-No estando, en consecuencia, sujetos ni al Derecho civil, ni al Derecho administrativo, los actos consistentes en “promesas electorales”, (sin otra sanción que la responsabilidad política derivada del ejercicio del derecho a voto) no cabe sustanciar una pretensión destinada, desde el principio, al fracaso.

Y me encanta este inciso de ese auto:

Si a ello se suma ya que tal posible disconformidad en la actuación política y cumplimiento del programa electoral invocado, ha podido ser expresada mediante el sufragio electoral de las pasadas elecciones del 20 de Noviembre del presente año, como cauce ordinario y constitucional de participación política de los ciudadanos…

que me hace preguntarme qué habría sucedido de no haberse dado la circunstancia de que hubo esas elecciones. Ejemplo de cómo argumentar de más debilita los argumentos.

Ese auto de la Audiencia Provincial menciona otro auto,  del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 de octubre de 2005, es decir, también de jurisdicción civil, en un procedimiento en el que al parecer se demandó por responsabilidad civil al secretario general del partido en el poder, es decir, quien era  presidente del Gobierno. La demanda tambien se inadmitió, sin entrar en el fondo. Así lo cita el Auto de la Audiencia Provincial:

Doctrina y jurisprudencia.-

El Tribunal Supremo Sala 1.ª, en Auto de 3-10-2005, rec. 5/2005, en caso similar al aquí enjuiciado, en donde rechaza “in límine” la demanda planteada contra el Secretario General del mismo partido por los mismos motivos, esto es el supuesto incumplimiento electoral en relación con determinado compromiso político, pone de manifiesto que:

….PRIMERO.- No obstante, el criterio manifestado por el Ministerio Fiscal, en los puntos a) y c) de su dictamen, no puede desconocerse que la demanda, aún resaltada la condición de Secretario General del P.S.O.E. del Sr. Faustino, se dirige contra quien desempeña el cargo de Presidente del Gobierno.

Segundo.-Solo en referida condición de Presidente de Gobierno y como responsable del mismo, podría responder de la ejecución o inejecución de las señaladas “promesas electorales “, a cuya exigibilidad se refiere la demanda, por lo que, en puridad, se relaciona con “hechos derivados del ejercicio de su cargo“.

Y aquí está el texto completo de este auto del Tribunal Supremo.  Muy interesante leerlo.

Curioso; las dos únicas demandas, que consten, por incumplimiento de promesa electoral son en relación con el PSOE.

Resumiendo: muy difícil exigir responsabilidades ni cumplimientos con las herramientas jurisdiccionales de la normativa vigente. No digo que imposible porque solo constan dos casos, y el auto del Tribunal Supremo en realidad no es idéntico al de la Audiencia Provincial, y nada de ello tampoco constituye jurisprudencia en sentido estricto; en sentido jurídico estricto esto por tanto no se puede considerar zanjado, aparte de que yo, personalmente, no tenga ninguna duda. En los dos caso hay inadmisión, no desestimación; o sea, que ni se tramitó el pleito. En la jurisdicción civil la inadmisión – salvo casos especiales-, es infrecuente y significa, en términos vulgares, poco menos que la demanda no hay por donde cogerla.

Y nos quedan las herramientas políticas, como ya dice la Audiencia Provincial de Madrid en el auto citado.

Y la responsabilidad política sea eso lo que sea, presupone, lo mismo que las resposabilidades juridicas, que haya en efecto un programa al que pueda remitirse y que pueda servir de base a quien reclame, ¿no?

2.- Pero exactamente ¿qué es un programa electoral según la ley? ¿Y es de verdad exigible presentarse a las elecciones teniendo un programa, aunque sea siquiera de un par de folios?

Este es un apartado de este post con preguntas sin respuestas. Porque lo que aquí digo me parece tan preocupante que espero y deseo estar equivocada.

Mi duda es en qué norma de rango de ley se regulan los programas electorales, si es exigible que se disponga de ellos en el momento de presentar la candidatura, en qué organismo público hay que depositarlos para constancia de certeza de su existencia, presentación y contenido, qué mecanismos oficiales de difusión  obligatorios para general conocimiento de su contenido completo se establecen, en qué web oficial están accesibles todos de forma clasificada y ordenada, qué sucede si no se dispone de programa y cuáles son los requisitos formales mínimos del programa.

Porque por más que busco, no doy con ello; me refiero a normas, no a elaboraciones doctrinales ni a usos políticos. El infinito ordenamiento jurídico, modelo de inseguridad jurídica, no me permite asegurar que sea correcta mi preocupante conclusión, es decir, que no existe siquiera obligación legal de tener un programa electoral, o sea, que no es ya que no pase nada si se incumpla; es que no hace falta ni tenerlo.  Y me da igual que pueda ser o no así en otros países.

Los únicos programas que veo que regula la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normativa conexa son los de los medios de comunicación, es decir, los de televisión y radio para campaña electoral; y mención en esa ley orgánica a programas electorales, la de la Exposición de Motivos, en términos así expuestos por la Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

La finalidad de estas modificaciones es, según la exposición de motivos de la ley, «la reducción del peso de la publicidad y propaganda» en el período electoral y correlativamente «una mayor incidencia» durante el mismo de «la exposición y debate de los programas y propuestas» de las formaciones políticas que participan en las elecciones”

y la propia instrucción regula el alcance permitido a la difusión del programa electoral en tales o cuales circunstancias.

Pero qué sea un programa electoral, o si es obligatorio aportarlo junto con la candidatura, o después, o cuando sea, y qué requisitos mínimos ha de tener, no lo veo en la Ley Electoral, ni tampoco en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; porque un programa no es lo mismo que los fines estatutarios de un partido.

Sumida en perplejidad, y rebuscando por la web del BOE, el programa electoral que veo que se mencione como de exigible presentación para ser candidato es para rector de la Universidad Complutense. Para las elecciones generales y locales no veo nada.

Tampoco la jurisprudencia constitucional aclara. El Tribunal Constitucional no resuelve más que cuestiones colaterales sobre programas; e insisto, me gustaría equivocarme. Por ejemplo la bonita sentencia 60/1986 que resolvió, simplificando a estos efectos, sobre si el mero hecho de que algo figurara en un programa electoral sería suficiente como presupuesto habilitante para dictar un real decreto-ley. Y también el TC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una agrupación de electores que se presentó sin más programa político que la denuncia de que no pudieran presentarse a las elecciones partidos disueltos (STC 68/2005, de 31 de marzo de 2005), o aparecen otros temas como la defensa de programa electorales de un candidato ya en un parlamento autonómico, y cosas así.

Pero no veo que haya una imposición normativa de que exista un programa, que se presente, que sea público, que se deposite oficialmente y oficialmente se divulgue y que tenga un contenido mínimo, y que por tanto haya podido generar controversias en su aplicación.  Si la hay estoy deseando saberlo.

Porque si se sostiene el difícilmente sostenible carácter contractual, cuasicontractual o vinculante, de un programa electoral, ¿qué contrato es ese que no es obligado documentar, ni requiere una forma mínima ni se difunde por cauces oficiales ni es indispensable que conste en una web pública única que permita comparativas, y que, en realidad, si nos vamos al fondo de la normativa vigente, no hace falta ni redactar ni tener?

Y si se sostiene el exclusivo carácter de responsabilidad política por incumplirlo, ¿cómo es que no se obliga a que exista, disponga de un contenido mínimo y a difundirlo siquiera en un organismo público en tiempo y forma?

Y ante estas circunstancia legal, ¿de verdad importa cómo se elaboren los programas, internamente  en cada partido, si en definitiva ninguna norma con rango de ley exige que  haya programa?

3.- La realidad y conclusión

Voy a referirme a las inmediatas elecciones, pero este post no se limite a ese caso ni al Partido Popular. Es solo un ejemplo, y se ha escogido a ese partido solo porque es el que está en el Gobierno.

Las elecciones generales fueron convocadas para el día 20 de diciembre de 2015 por real decreto de 26 de octubre de 2015, BOE de 27 de octubre.

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Se sabía, hace meses, más o menos, en qué fecha se iban a celebrar.  Y a día de hoy  hay partidos políticos que no tienen programa electoral, con una improvisación que es la regla, y explicable por el dato de que el programa da igual. El propio partido en el poder no tenía programa cuando el Sr. Rajoy convocó las elecciones; el programa electoral que a día de hoy figura en la web del Partido Popular es el de las elecciones de 2011, que subo en pdf no sea que desaparezca programa PP 2011, y de hecho la web propone participar, a día de hoy en la elaboración.

Y hoy mismo en los medios de comunicación, se recogen otras promesas más del Sr Rajoy en relación con la futura legislatura que no sabemos si quedarán reflejadas en el programa; es decir, que no sabemos siquiera si serán exigibles moralmente, porque jurídicamente aquí no hay nada exigible, y políticamente poco.

Y los medios de comunicación se hacen eco de tales y cuales contenidos de programa, “a falta de su presentación oficial”. ¿Qué presentación “oficial” y ante quién?

La conclusión es: no se preocupe si los programas no se cumplen, no se incluye en ellos lo recogido en promesas previas o su elaboración es cosa de última hora, o si, sencillamente, como dicen muchos, incluyendo políticos, nadie los lee, ni tampoco dedique tiempo al tema de hasta que punto pueden ser exigibles los programas en una Constitucion que establece que el mandato de los parlamentarios no sea imperativo. No se preocupe por los programas.  A día de hoy ni siquiera es obligatorio tener programas.

Por tanto, da igual que el partido en el Gobierno se invente porcentajes de cumplimiento de programa. Que, por cierto, son muy divertidos si hablamos de Justicia, porque lo más importante de lo hecho en Justicia esta legislatura no estaba contemplado en el programa, y en cosas que sí estaban contempladas se ha hecho lo contrario; y no es cuestión de crisis porque no costaban dinero, como el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en el que el programa decía una cosa y se ha hecho lo opuesto.

Porque con unos programas que ni siquiera es obligatorio que existan da todo igual. Estamos hablando de marketing, no de Derecho y quizá ni siquiera de Política. Y el marketing es marketing.

4.- La propuesta

O mejor dicho dos propuestas alternativas.

Propuesta 1. Propongo que se sustituya por ley el inútil programa por un vídeo donde todos los candidatos o las candidatas, o al menos quienes sean cabezas de lista o candidatos/as a la presidencia del Gobierno, o a la alcaldía, o a lo que sea, bailen, canten o toquen un instrumento musical. Así la ciudadanía podrá valorar si sería o no un buen gobernante con la imprescindible capacidad de hacer el ridículo sin sonrojarse y la necesaria cintura política (esto se apreciará especialmente en el baile)  y quedaría eliminada toda posible duda del carácter de espectáculo de la política. El vídeo podría quedar depositado en una web oficial, por ejemplo, la de Telecinco o La Sexta. En el caso de que se prefiera el instrumento musical, mejor tocando el instrumento musical más popular entre políticos: el autobombo.

Propuesta 2. La otra propuesta, alternativa, es que se modifique la Ley Electoral, o la Ley de Partidos, y se imponga a los partidos, de forma simultánea a la presentación oficial de candidaturas, la presentación de un programa electoral con un contenido mínimo que abarque cuanto menos los puntos esenciales de un futuro Gobierno, y que se difunda en la web oficial de la Junta Electoral Central, a disposición permanente del electorado, de forma fácilmente accesible y en formato fácilmente comparable con otros programas.

La primera propuesta es más fácil. De hecho, sin necesidad de reforma legal ya se está aplicando, creo.

Verónica del Carpio Fiestas

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Son españoles los que no pueden ser otra cosa

Lo de “Son españoles los que no pueden ser otra cosa” se atribuye al político conservador Antonio Cánovas del Castillo (ese que da nombre a una fundación vinculada al Partido Popular), en diversos contextos. Esta frase, útil para arrimar el ascua a todo tipo de sardinas, suele decirse que la dijo en comentario de pasillo en el Congreso con ocasión de definir el concepto de nacionalidad española un texto legal. Según unos, en relación con el Código Civil de 1889, según otros con la Constitución de 1876, u otra norma cualquiera.

Pérez Galdós, en libro de 1912, cita frase y contexto. Si alguien dispone de fuente más antigua y/o fiable, encantada.

Libro: “Cánovas“, sexta novela de la quinta serie de los Episodios Nacionales, capítulo XI. Contexto: entrada de Alfonso XII en Madrid, para la Restauración, y sus festejos. Contexto más concreto: elaboración parlamentaria de la Constitución de 1876. Texto, este:

Y ahora, lector mío, a mi modo continuaré la Historia de España, como decía Cánovas. En cuanto terminaron los desaboridos festejos, las Cortes enredáronse en el arduo trajín de fabricar la nueva Constitución, la cual si no me sale mal la cuenta, era la sexta que los españoles del siglo XIX habíamos estatuido para pasar el rato. Naturalmente, se nombró una Comisión cuyos individuos trabajaban como fieras para pergeñar el documento, y a este propósito os diré que la última nota del regocijo público, en los jolgorios de la paz, la dio don Antonio Cánovas con una frase graciosísima que vais a conocer. Hallábase una tarde en el banco azul el Presidente del Consejo, fatigado de un largo y enojoso debate, cuando se le acercaron dos señores de la Comisión para preguntarle cómo redactarían el artículo del Código fundamental que dice: son españoles los tales y tales… Don Antonio, quitándose y poniéndose los lentes, con aquel guiño característico que expresaba su mal humor ante toda impertinencia, contestó ceceoso: «Pongan ustedes que son españoles… los que no pueden ser otra cosa».”

Y ahora, lo que se aprobó sobre nacionalidad en la Constitución de 1876. Porque su Titulo Preliminar en efecto recoge una definición de los españoles. Aquí enlace al texto oficial original de la Constitución de 1876.

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c4O sea, así:

Artículo 1º. Son españoles:

Primero. Las personas nacidas en territorio español.

Segundo. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

Cuarto. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde: por adquirir naturaleza en país extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Así quedaron definidos los españoles cuando el entonces presidente del Gobierno, harto o ingenioso, dijo “pongan que son españoles los que no pueden ser otra cosa“.

Y quizá quiera usted saber qué dice la Constitución vigente de 1978 sobre quiénes son españoles, ¿no? Pero resulta que la Constitución de 1978 no dice sobre nacionalidad más que lo que figura en un artículo, el 11:

    1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
    2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
    3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Así que quiénes son españoles, ya no viene definido por la Constitución, ni siquiera a grandes rasgos, por primera vez en nuestra Historia constitucional, y de forma infrecuente en el Derecho Comparado, como puede comprobarse en la web del Congreso. Desde 1978 la condición jurídica de nacionalidad española se define por una ley ordinaria, “de acuerdo con la ley”, que en la práctica es el Código Civil, y podría ser en cualquier ley ordinaria que el legislador considerara oportuno, y en los términos que se quiera, con los solos límites de privación de nacionalidad y doble nacionalidad que marca la Constitución. Y no menciono lo que dice hoy el Código Civil porque son tantas las redacciones que ha tenido en este punto, desde 1978 cinco si he contado bien, que  cuando lea usted esto quizá el texto será distinto; ahora mismo se está tramitando otra reforma, y ya serían dos esta legislatura.

Así que ahora son españoles quienes decida la mayoría parlamentaria en cada momento, y por ley ordinaria. O sea, por mayoría simple de las Cortes se decide quién es y quién deja de ser persona de nacionalidad española.

No lo decide un poder constituyente. Y ni siquiera se exige una mayoría parlamentaria como para ley orgánica.

La normativa electoral, la de asociaciones, la de derecho al honor o la penal, por poner unos ejemplos entre muchos, sí requieren mayoría absoluta para aprobarse en las Cortes; el concepto de quién es español (o española) y cómo adquiere la nacionalidad y se le priva de ella, basta que se defina por las Cortes por mayoría simple. Paradójico, pero es así. Se rebajó la decisión de quién es y quién deja de ser español a decisión del legislador ordinario, es decir, a mera decisión política del partido mayoritario, sin necesidad siquiera de consenso.  El (breve) debate y la votación parlamentaria de las Cortes constituyentes, en concreto en el Congreso, pueden consultarse en este enlace.

Cómo es posible dejar definición conceptual de tan inmensa importancia en manos de un partido mayoritario, y que pueda cambiarla cuando quiera, y en solitario, es curioso, curiosísimo. Pero así es, y así lo lleva siendo desde 1978, y se considera normal que eso puede decidirse por mayoría simple en las Cortes, y así se viene haciendo, al albur de los vaivenes políticos.

Y no solo eso. Además,  la nacionalidad también se otorga a mera voluntad del Gobierno de turno, sin necesidad de justificación alguna y a la persona, personas o grupos de personas a las que Gobierno le parezca oportuno concedérsela, de forma incontrolable y sin requisitos de ningún tipo, ni siquiera de residencia ni de parentesco ni de vínculos con España ni conocimientos de su realidad española fáctica y jurídica, sin tener que someterse a esos curiosos exámenes de españolidad que se exigen a cualquier otra persona que quiera acceder a la nacionalidad española. Esta concesión por el Gobierno se efectúa  a través de la llamada “carta de naturaleza”, recogida en el Código Civil; en evidente paralelismo teórico con otra institución de origen preconstitucional, el indulto, también arbitrario.

Así que desde 1978 la nacionalidad española se da y se quita, sin más, con lo que decida un Gobierno directamente (para darla, y sin control judicial) y un partido mayoritario en las Cortes (para establecer los requisitos de darla y quitarla, y con control judicial en vía contencioso-administrativa respecto de su aplicacion concreta a solicitante concreto en cuanto a concurrencia de los requisitos que en cada momento establece el cambiante Código Civil si se deniega por la Administración la concesión y el solicitante cree que esa denegación no es acomodada a Derecho). Es decir, que no establece la nacionalidad española un poder constituyente. Ni siquiera se necesitan mayorías parlamentarias especiales. Y todo ello con los únicos límites de ese artículo 11; verdaderamente muy elásticos, porque apenas dice nada.

Ni siquiera se define constitucionalmente qué es en sentido jurídico un español “de origen” a quien según el artículo 11 de la Constitución nunca se le podría privar de nacionalidad.

Esa “nacionalidad de origen” es concepto no definido constitucionalmente, sino por ley; por mera ley ordinaria, cambiante pues a mera decisión de un partido mayoritario en las Cortes. Y puesto que depende del legislador ordinario, puede cambiar, y en efecto, ha cambiado, y más de una vez. Y a día de hoy ese concepto de nacionalidad de origen, legalmente, o sea, según el Código Civil, no es equivalente en absoluto ni a haber nacido en España ni tener padres españoles ni a haber ostentado la nacionalidad española desde el nacimiento. A día de hoy el concepto de nacionalidad de origen está regulado en el artículo 17 del Código Civil, artículo que si he contado bien, ha tenido cuatro redacciones desde la original de 1889, y tres desde la Constitución, y también en otros preceptos, hoy el 19, para casos de adopción, y hasta por ejemplo la Ley de Memoria Histórica permitió acceder a la nacionalidad de origen a determinadas personas que antes habían ostentado otras.

Es decir, que ser “español de origen” no solo no equivale necesariamente a nacer en España o ser hijo de españoles -nacer en España ni siquiera otorga per se la nacionalidad española- sino que puede crearse legislativamente hasta una curiosa “nacionalidad de origen” que no se tenga desde el nacimiento, sino que se adquiere cuando el legislador considera oportuno en personas hasta mayores de edad.

Esto lleva siendo desde la Constitución de 1978: que las vías concretas de adquisición de nacionalidad, incluso el concepto de nacionalidad de origen que constitucionalmente impide privar de nacionalidad a quien la ostenta, sea, ni más ni menos, lo que en cada momento decidan las Cortes y por mera ley ordinaria.

[-Disculpe. ¿Todo este rollo viene a cuento del tema de Cataluña?

-No. O quizá sí, la verdad. Me sorprenden un poco las extrañas discusiones sobre el artículo 11 de la Constitución que veo de un tiempo a esta parte. Me pregunto cuántos de quienes hablan de este artículo 11 sabían antes que existía y cuántos son capaces de captar que la condición jurídica de español no está en realidad perfilada constitucionalmente en detalle, y que por tanto basta para que quede perfilada hasta la simple decisión de un partido mayoritario en las Cortes; y cuántos son además capaces de distinguir lo que en materia de definición de la condición jurídica de español es de rango constitucional, solo modificable vía reforma constitucional, poquísimo, y qué es mera ley ordinaria que hoy está de una forma y mañana lo estará de otra, tranquilamente, solo con que lo quiera un partido mayoritario, y tanto es así que de hecho ya ha cambiado cinco o seis veces desde 1978; y cuántos que entiendan que la prohibición de privar de nacionalidad de origen depende de lo que el propio legislador ordinario, no un poder constituyente, defina como nacionalidad de origen, y que este concepto de nacionalidad de origen, no definido en la Constitución, es  variable, se modifica por mera mayoría simple en las Cortes, y en efecto varía, y que legalmente, a día de hoy, ni equivale haber nacido en España ni a haber sido español desde siempre, y mañana podría ser otra cosa, como ya ha sido  más de una desde 1978, y sin necesidad de ningún cambio constitucional; y que la doble nacionalidad solo existe en sentido estricto en los casos constitucionalmente tasados -sí, ya sé que en la práctica existe la doble nacionalidad de hecho o la no reconocida por las leyes, y ahí está el artículo 9 del Código Civil, pero eso es otro tema- y además existe solo si el Estado español quiere concederla y por tanto no puede ser impuesta por ningún otro Estado.

Pero es que este artículo 11 de la Constitución de 1978 se ve que solo sirve para arrimar el ascua a la respectiva sardina de unos y otros, como unos y otros hacen también uso también de la curiosa frase de Cánovas respecto de la Constitución de 1876 en relación con muchas variadas sardinas.

Por mi parte, lo tengo claro: tengo claro que cada vez comprendo menos.]

Verónica del Carpio Fiestas

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Rajoy inaugura nada contra la corrupción

En este post explicaré al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia la diferencia entre verdad y mentira, la diferencia entre lo vigente y lo jurídicamente inexistente, con un ejemplo concreto relativo a corrupción. Lo que aquí se explicará lo sabe el alumnado de primero de Derecho. En el post veamos primero la propaganda, después la realidad jurídica.

1.- La propaganda

Esto es lo que ha dicho Rajoy, desde su cuenta oficial en Twitter, y en la cuenta oficial de La Moncloa, en una serie de tuits del viernes 23 de octubre de 2015, con información profusamente recogida en medios de comunicación. Viernes, día de Consejo de Ministros, #CMin en jerga Twitter.

La noticia se ha completado por otros tuits, todos ellos del viernes 23 de octubre de 2015:

2.- La realidad jurídica

Esta es la propaganda, masiva como puede comprobarse.

Y ahora vayamos a la realidad jurídica.

Y voy a prescindir hasta del dato de que este MISMO Presidente del Gobierno dijera lo de “Luis sé fuerte” al Sr. Bárcenas tesorero de su partido,

Luis sé fuerte

e incluso del dato sangrante, burla sangrante, de que con los solos votos del Partido11 Popular se haya aprobado una ley que TODAS las asociaciones de jueces y fiscales, en comunicados sin precedentes que constan en anterior post, dicen que es de imposible aplicación y que tendrá como consecuencia la impunidad, la Ley de Punto Final.

Voy a centrarme SOLO en la diferencia entre propaganda y Derecho, entre verdad y mentira, en el caso concreto de la Oficina contra la Corrupción que ha inaugurado Rajoy a bombo y platillo y que dicen medios de comunicación que es su “medida estrella” contra la corrupción.

1

Ya sorprende que una medida estrella contra la corrupción se apruebe a un mes de fin de legislatura, habiendo tenido cuatro años, o sea, que mucho no urgiría; pero esto, con ser importante, es lo de menos.

Lo importante es que es además FALSO que se haya creado la Oficina contra la Corrupción que se ha inaugurado.

Y falso por dos motivos:

  1. Porque cuando se inauguró, la tal Oficina contra la Corrupción NO HABÍA NACIDO SIQUIERA para el ordenamiento jurídico
  2. Y porque cuando esa Oficina ha nacido para el ordenamiento jurídico, DESPUÉS de haber sido inaugurada, resulta que además el propio real decreto que lo regula dice que NO ENTRA EN FUNCIONAMIENTO hasta que se dicte otra norma posterior que no se ha dictado ni tiene fecha para que se dicte.

Veamos separadamente los motivos.

2.1. Cuando Rajoy inauguró la tal Oficina contra la Corrupción, esta Oficina NO HABÍA NACIDO SIQUIERA para el ordenamiento jurídico

Rajoy y el Ministro de Justicia han inaugurado una Oficina contra la corrupción creada por Consejo de Ministros ese mismo día. Así lo dicen los tuits anteriores: “sin más dilación” va Rajoy a inaugurar el mismo día en que el Consejo de Ministros lo aprueba.

El artículo 9 de la Constitución garantiza el importantísimo principio de publicidad de las normas, 1

conforme al cual ninguna norma surge al mundo del Derecho, es decir, existe, mientras que no sea publicada.

  • Cómo se efectúa la publicación se regula en un artículo básico, el abecé del Derecho, que estudia el alumnado de Derecho en primero de carrera, el artículo 2.1 del Código Civil: “Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa”.

Sin publicación en el Boletín Oficial del Estado no EXISTE norma. Sin publicación lo aprobado no surte efectos. Sin publicación no hay nada de nada en el ordenamiento jurídico. Está constitucionalmente PROHIBIDO que surta efectos una norma que no se ha publicado.

Y resulta que se inaugura una oficina contra la corrupción ANTES de que su existencia y regulación hayan surgido al mundo del Derecho por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ninguna duda había cuando la propaganda arriba transcrita ya decía que el Sr. Rajoy iba corriendo un viernes a inaugurar lo que ese mismo viernes, media hora  antes, había aprobado el Consejo de Ministros y era evidente que NO se había podido publicar aún en BOE.

Y efectivamente, por si alguien lo dudaba (¿pero quién va a dudar, si nadie dedica medio segundo a pensar en esto y vivimos en la Jauja jurídica donde solo vale la propaganda y el Derecho es también propaganda?): el real decreto aprobado por el Gobierno un viernes, y que ha dado lugar ese mismo viernes a que se inaugure una oficina, ha salido publicado EL SÁBADO en el BOE.

Rajoy ha inaugurado, no ya una autopista no terminada, caso clásico, sino algo inaudito: una oficina que carecía de sustento jurídico, inexistente en el mundo del Derecho.

Aquí está en real decreto publicado el BOE el sábado 24 de octubre de 2015, es decir, un día DESPUÉS de inaugurada por Rajoy la oficina que es creada por tal decreto.

1Aquí enlace al texto completo en el BOE al

Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, publicado en «BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015, páginas 100169 a 100183 (15 págs.)

2.2. Y además, esta Oficina contra la Corrupción, según el propio real decreto que la regula, no tiene contenido alguno hasta que se dicte una normativa de desarrollo que no se ha dictado y para la cual no hay fecha

Veamos el real decreto.

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.

O sea:

  • el real decreto de creación de la Oficina resulta que no da lugar a la “entrada en funcionamiento operativo (sic) de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  • se pospone esa entrada en funcionamiento
  • el 6 de diciembre de 2015 entra en vigor esa Ley 41/2015 que menciona el decreto
  • a  partir de 6 de diciembre de 2015, en fecha indeterminada, se dictará la normativa de desarrollo para dar lugar a “La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”
  • es decir, que cuando se ha inaugurado la Oficina contra la Corrupción, no había nada de nada, la inexistencia jurídica doblemente
  • es decir, que desde ahora hasta el 6 de diciembre de 2015 tampoco habrá nada
  • es decir, que la normativa de desarrollo se dictará en plena campaña electoral, o incluso perfectamente puede darse el caso de que no se dicte.

Conclusión: que, una vez más, nos toman por idiotas con la colaboración de medios de comunicación acríticos.

O eso, o el Sr. Presidente del Gobierno y su Ministro de Justicia, juristas ambos, conviene que se pongan a estudiar otra vez Derecho Civil I, asignatura de primero de carrera.

Ah, y que alguien me explique algo a lo que no paro de dar vueltas: cómo puede salir Rajoy en fotos estrechando la mano a funcionarios de una Oficina que, cuando se toma la foto, no existe.

Verónica del Carpio Fiestas

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Ley de punto final, silencio mediático y qué hacer

La ley más importante de esta legislatura, la que dará lugar a la impunidad de los corruptos, y de muchos otros delincuentes, la ley de punto final, fue denunciada públicamente una y otra vez, cuando aún era proyecto, por los juristas,  cuando aún era evitable su aprobación por la presión social, entre un estruendoso silencio mediático. No voy a recurrir a autocita; está feo y además solo resaltaría lo que ya sé, la irrelevancia de lo que escribo. Sí voy a citar tres fuentes de verdad importantes que sí deberían ser leídas por los medios de comunicación, entre muchas, y por escoger tres ámbitos distintos, el universitario, el judicial y el del Ministerio Fiscal, y tres casos, entre los muchos que llevan denunciando esto muchos meses.

Lo denunciado lo simplifico: se imponen plazos tasados de instrucción sin dar medios en juzgados sobrecargados y con gravísimas carencias de medios, “olvidando” que hay numerosas diligencias que requieren tiempo, e imponiendo a los fiscales la posibilidad de pedir que se prolongue ese plazo, pero -incluso sin tener  cuenta su dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, que haría depender la decisión final de este si interesara-, encima sin darles ningún tipo de medios para ello.  Se pide lo imposible por ley, por una ley de nombre engañoso, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (sic), y no se dan medios a los profesionales y se les echará la culpa a ellos cuando no se consiga.

Bonito sistema de impunidad.

Tres fuentes de denuncia desde hace meses, entre muchas:

  • El ilustre catedrático de Derecho Procesal D. Andrés de la Oliva, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En su blog, de referencia en Derecho Procesal, numerosos posts en lenguaje comprensible explican que  la reforma de las leyes procesales penales en el sentido planteado daría lugar a impunidad. Han sido difundidos masivamente en redes sociales por juristas y no juristas, durante meses.
  • La asociación judicial Foro Judicial Independiente, cuyas constantes denuncias resumo copiando un tuit de 13 de marzo de 2015: “Repetimos: Fijar plazos tasados de instrucción sin dar+medios a la Justicia es sencillamente crear autopistas hacia la impunidad

1

  • La asociación de fiscales Unión Progresista de Fiscales ya lo denunciaba en un comunicado de diciembre de 2014. 1

Ahora, con la ley ya en BOE, TODAS las asociaciones y jueces y fiscales han denunciado  públicamente que la reforma es inviable, si no se quiere causar impunidad.

TODAS.

  • Aquí comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales excepto una (JUECES PARA LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE FISCALES, ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES, UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES,

1

en términos inequívocos. Una “auténtica ley de punto final”:

Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello como dice la propia ley sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna.

Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes, solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma“.

1

  • Aquí, comunicado de la restante asociación judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria,

1  generalmente calificada como “conservadora” o “próxima al Gobierno”, también en términos inequívocos:

la empírica dificultad –casi imposibilidad- de que las investigaciones complejas culminen en el plazo inicial de 18 meses y la imposibilidad legal de que los Jueces puedan prorrogar por sí mismos el tiempo de investigación inicial, muestra claramente que los órganos a los que se encomienda la investigación (los juzgados de instrucción) no podrán asegurar el éxito de lo que se les confía”

Una objeción de la reforma que para nosotros es esencial y profunda, más aún si observamos su casi inmediata entrada en vigor y constatando que las infraestructuras personales, materiales e informáticas de la Justicia, dificultarán en muchos casos la terminación de la investigación en el plazo inicialmente concedido por la ley

1

  • Aquí tuit que se hace eco de que en cuatro días se han recogido 1.000 firmas de fiscales

1Unos piden la reforma de la ley, otros al menos la posposición de su entrada en vigor.

Y con la ley ya aprobada y publicada en el BOE y que solo están pendiente de que llegue el día 5 de diciembre de 2015, el plazo señalado para su entrada en vigor, AHORA, cuando ya hay que luchar contra una ley, no contra un proyecto, AHORA, es portada en un periódico nacional.1

Lo mismo pasó con las tasas judiciales. Inexistentes mediáticamente cuando se aprobaban, empezaron a salir en medios cuando ya sus efectos empezaron a ser letales e inocultables y hubo que luchar contra una ley con muertos jurídicos por el camino.

A estas alturas, no me puedo creer que los medios de comunicación sean inocentes. Que tuvieran tan escaso olfato periodístico para no detectar lo que juristas no paraban de decir: que se estaba siguiendo el “sistema Berlusconi” de conseguir el carpetazo en procesos incómodos mediante el sistema de sacar leyes procesales que darían lugar a ello. No me puedo creer que no tengan ojos para ver y oídos para oír a los muchos que decíamos que es una repugnante hipocresía la del partido en el poder que por una parte dice que lucha contra la corrupción y por otra aprueba una ley que dejaría sin posibilidad de perseguir las macrocausas de corrupción.

Toda democracia es imperfecta. La democracia perfecta no existe; todas tienen defectos. Pero muy imperfecta es una democracia

  • en la que no solo se aprueban leyes de impunidad
  • sino que además los medios de comunicación no avisan a la opinión pública para que la presión pública pueda evitar que se aprueben.

Ahora tenemos una ley que aún tiene un plazo por delante, corto, para su entrada en vigor. Aún se puede arreglar.

Pero solo puede decidirlo el Sr. Rajoy, y solo lo hará si hay masiva presión social y mediática.

El Sr. Rajoy -y digo el Sr. Rajoy porque el ministro de Justicia no pinta nada aquí ni es suya la responsabilidad- tiene cuatro posibilidades:

  • No hacer nada. En este caso, cuando la ley ya publicada entre en vigor, empezará el goteo de impunidad, sin vuelta atrás para los casos en que se vaya aplicando, incluso si hay posteriores reformas legislativas cuando gobiernen otros en la siguiente legislatura.
  • Instar INMEDIATAMENTE una reforma -esto es suscepible de real decreto-ley – para hacer una de tres cosas:
    • derogar la ley en lo que a esto se refiere
    • reformarla
    • posponer su vigencia

Porque la otra solución, que es dar inmediatamente más medios a los juzgados y a los fiscales, esa no se la cree nadie. ¿O usted sí?

Porque ya venía en el proyecto, allá por marzo de 2015, este mismo interesante artículo que al final recogió la ley aprobada, pese a las denuncias de los juristas:

Disposición adicional única. Previsión de costes.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.1

O, sea, que ni un un euro de inversión. Ni un solo euro.

Y salió aprobado EXACTAMENTE igual, pese a las denuncias de los juristas. Sabían lo que aprobaban. Cómo no iban a saberlo si estamos en la única legislatura en la que no se ha creado ni un solo juzgado nuevo, y así lo dice por enésima vez este tuit de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de 28 de septiembre de 2015:

1

y en la que los jueces han tenido que desmentir una y otra vez la afirmación del Gobierno de que se estén dedicando medios contra la corrupción, falsedad flagrante hasta el punto de calificarlo de “patraña” una asociación judicial, como se ha recogido en este post.

Y con lo que la Unión Europea ha dicho de que en los Presupuestos Generales del Estado hay que controlar más el déficit, ¿de verdad que van a soltar aquí los ingentes recursos económicos indispensables? Venga ya.

Por cierto: espero con ansia comprobar el esfuerzo masivo de la oposición parlamentaria y no parlamentaria para presionar en relación con este disparate de ley.

Y tengo voto.

Verónica del Carpio Fiestas

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El conde Lucanor en Twitter

Un día de mercado dijo el padre que irían los dos allí para comprar algunas cosas que necesitaban, y acordaron llevar una bestia para traer la carga. Y camino del mercado, yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna, se encontraron con unos hombres que ya volvían. Cuando, después de los saludos habituales, se separaron unos de otros, los que volvían empezaron a decir entre ellos que no les parecían muy juiciosos ni el padre ni el hijo, pues los dos caminaban a pie mientras la bestia iba sin peso alguno. El buen hombre, al oírlo, preguntó a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos hombres, contestándole el hijo que era verdad, porque, al ir el animal sin carga, no era muy sensato que ellos dos fueran a pie. Entonces el padre mandó a su hijo que subiese en la cabalgadura.

Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres, los cuales, cuando se hubieron alejado un poco, empezaron a comentar la equivocación del padre, que, siendo anciano y viejo, iba a pie, mientras el mozo, que podría caminar sin fatigarse, iba a lomos del animal. De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo qué pensaba sobre lo que habían dicho, y este le contestó que parecían tener razón. Entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal.

Al poco rato se encontraron con otros que criticaron la dureza del padre, pues él, que estaba acostumbrado a los más duros trabajos, iba cabalgando, mientras que el joven, que aún no estaba acostumbrado a las fatigas, iba a pie. Entonces preguntó aquel buen hombre a su hijo qué le parecía lo que decían estos otros, replicándole el hijo que, en su opinión, decían la verdad. Inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura para que ninguno caminase a pie.

Y yendo así los dos, se encontraron con otros hombres, que comenzaron a decir que la bestia que montaban era tan flaca y tan débil que apenas podía soportar su peso, y que estaba muy mal que los dos fueran montados en ella. El buen hombre preguntó otra vez a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos, contestándole el joven que, a su juicio, decían la verdad. Entonces el padre se dirigió al hijo con estas palabras.

“Hijo mío, como recordarás, cuando salimos de nuestra casa, íbamos los dos a pie y la bestia sin carga, y tú decías que te parecía bien hacer así el camino. Pero después nos encontramos con unos hombres que nos dijeron que aquello no tenía sentido, y te mandé subir al animal, mientras que yo iba a pie. Y tú dijiste que eso sí estaba bien. Después encontramos otro grupo de personas, que dijeron que esto último no estaba bien, y por ello te mandé bajar y yo subí, y tú también pensaste que esto era lo mejor. Como nos encontramos con otros que dijeron que aquello estaba mal, yo te mandé subir conmigo en la bestia, y a ti te pareció que era mejor ir los dos montados. Pero ahora estos últimos dicen que no está bien que los dos vayamos montados en esta única bestia, y a ti también te parece verdad lo que dicen. Y como todo ha sucedido así, quiero que me digas cómo podemos hacerlo para no ser criticados de las gentes: pues íbamos los dos a pie, y nos criticaron; luego también nos criticaron, cuando tú ibas a caballo y yo a pie; volvieron a censurarnos por ir yo a caballo y tú a pie, y ahora que vamos los dos montados también nos lo critican.”

El Conde Lucanor, Cuento II, de Don Juan Manuel. Siglo XIV (1335)

[Y por la elección del texto, el título del post y la intención al escoger ambos,

Verónica del Carpio Fiestas]

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Carrera ciega hacia la nada jurídica

Hay que decirlo claro: el legislador ha decidido que desaparezca de facto el Estado de Derecho. Sencillamente es eso.

En este impresionante fin de legislatura salimos a varias leyes nuevas POR SEMANA, se modifica de todo a la vez en innumerables leyes distintas publicadas incluso el mismo día, (ejemplos entre muchos aquí aquí), hay incluso VARIAS modificaciones de una MISMA ley tramitándose A LA VEZ y separadamente en leyes distintas, generando todo ello una confusión jurídica sin precedentes, no solo entre quienes no saben Derecho, sino entre juristas. Los juristas, horrorizados ante la avalancha legislativa sin precedentes que llevamos viendo toda la legislatura pero que se acelera a lo bestia y es ya de dejar sin palabras (publicables) al fin de esta legislatura, desesperamos sin poder saber siquiera qué está vigente y qué no, por muchas horas que echemos, con leyes masivas, mal redactadas, con técnica legislativa que solo puedo calificar de inaudita -se me ocurren otros muchos calificativos, pero no quiero insultar-, leyes sin ton ni son de centenares de páginas semanales, y encima de vigencia inmediata. En un panorama jurídico horroroso, como no recordamos muchos haber vivido nunca.

Y esto es un problema de ESTADO DE DERECHO. No es un problema de juristas.

La Constitución establece un principio de seguridad jurídica. La Constitución establece un principio de publicidad de las normas. La Constitución y el sentido común, si es que cosa tan rara encaja en la Constitución, exigen que las normas han de ser conocidas antes de ser aplicadas, o al menos tenerse siquiera la POSIBILIDAD de ser conocidas. Y para ser conocidas o tener siquiera posibilidad de ser conocidas han de publicarse y dejar transcurrir un tiempo razonable antes de su aplicación. Ahora tenemos centenares de páginas nuevas de leyes SEMANALES de vigencia inmediata -sin contar normas de rango inferior, que ya vamos entonces a las MILES de páginas semanales, y a las normas autonómicas, que entonces vamos a las decenas de miles-.

Leyes además confusas, horriblemente redactadas, larguísimas, farragosas, incomprensibles, contradictorias, que cuelan de todo en otras normas de otro tipo. Normas civiles dentro de leyes que dicen ser procesales, normas fiscales en leyes que dicen tratar de temas laborales, sin que sea posible saberlo ni por los títulos de las leyes ni siquiera por las exposiciones de motivos. Sin que sea posible verlo ni preverlo, ni localizarlo, ni por los especialistas. Leyes además plagadas de erratas y errores.

Leyes técnicamente insufribles incluso cuando son leyes de buena fe, que muchas distan de serlo, y que es ciento por ciento IMPOSIBLE leer, conocer, interpretar, cotejar, entender y aprender ANTES de su vigencia. Muchas veces es imposible incluso siquiera LEERLAS antes de su vigencia, que ya es cotidiano que sea inmediata. ¿Hay mucha gente con tiempo y capacidad de leerse e interpretar trescientas páginas jurídicas en una tarde, incluso estando pendiente del BOE de ese día y poniéndose a ello corriendo? Lo sería INCLUSO de tratarse de leyes de técnica legislativa acertada y resulta encima que son leyes técnicamente horripilantes e incomprensibles.

Repito: LEYES QUE NADIE PUEDE CONOCER NI EXISTE SIQUIERA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN SER CONOCIDAS. Ni por los más avezados juristas.

Y, como esto lo puede comprender cualquiera, son leyes por tanto que se dictan SABIENDO que no pueden ser aplicables, pero que pese a ello son obligatorias. Leyes por tanto que se dictan sabiendo que son DAÑINAS, porque siempre son dañinas las leyes que es imposible conocer, pero que sin embargo darán lugar a responsabilidades y consecuencias desfavorables si no se aplican, porque siguen siendo obligatorias.

El legislador necesita urgentemente un valium jurídico para calmar su desesperada carrera legislativa hacia la nada jurídica. Porque la nada jurídica es un Estado de Derecho en el que las leyes han dejado de importar y que da igual que se apliquen mal porque nadie pueda conocerlas; salvo, naturalmente, para aplicarse al enemigo cuando interese, o al amigo cuando conviene.

Qué inmensa responsabilidad tiene este Gobierno y qué inmensa responsabilidad quienes desde la oposición y los medios de comunicación no denuncian lo que pasa.

Estado de Derecho, que la tierra te sea leve. Estás moribundo.

Verónica del Carpio Fiestas

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De cómo se suprimió la Inquisición

Tras una maraña prolongada de aboliciones, paripés jurídicos y reinstauraciones mucho más confusa y extensa de lo que ya confuso y largo es este post, la Inquisición se suprimió definitivamente por Real Orden de 1 de julio de 1835, publicada en la Gaceta de Madrid -precedente del Boletín Oficial del Estado-, de fecha 4 de julio de 1835. Enlace a la web del Boletín Oficial del Estado, aquí, a continuacion la imagen completa de la Gaceta  de Madrid de 4 de julio de 1835

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aquí detalle de la parte de la cabecera con la fecha

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y aquí el texto de la Real Orden

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Como la publicidad institucional, o propaganda política, no solo está en el BOE de ahora, sino que viene de antiguo, porque muy antiguo es que los que mandan intenten manipular o hacer olvidar la Historia cuando les conviene, muy oportunamente omite la firmante Reina Gobernadora, viuda del rey Fernando VII, que ese rey, su difunto marido, que afirma ella en el texto de la Real Orden de 1835 que con mucho ahínco se opuso a la Inquisición desde la abolición por éste en 1820, inq5resulta que fue el mismo que la había reinstaurado unos años antes tras su previa abolición por las Cortes de Cádiz, y casi tan pronto como ese rey, tras la Guerra de la Independencia, pudo tomar el mando efectivo.

Y aquí está el real decreto de 21 de julio de 1814, de Fernando VII, publicado en la Gaceta de Madrid de 23 de julio de 1814, enlace a la web oficial del BOE aquí, por el que restaura la Inquisición, y que es algo digno de leerse; no tiene desperdicio. Vaya elemento el tal Fernando VII. Vaya elemento.

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inq9Y aquí la abolición por el mismo Fernando VII, por decreto de 9 de marzo de 1820, Gaceta de 10 de marzo de 1820.inq16

Y mucha supresión quizá tampoco habría sido en 1820 por el premuerto Fernando VII si resulta que la propia reina viuda tuvo que abolir la Inquisición (¿de nuevo?) en 1834, mediante una norma que ella también oportunamente omite mencionar en su propia posterior norma de 1835. Vaya técnica legislativa; es tan mala que parece de hoy. La Real Orden de 15 de julio de 1834, publicada en la Gaceta de Madrid de 17 de julio de 1834, enlace a la web del BOE aquí.

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Por qué la normativa de 1835 no menciona la de 1834, que es de verdad la de la abolición, vaya usted a saber. Como no fuera que se quería dar la impresión de que había sido Fernando VII quien la había efectuado, abundando en la misma manipulación por la que se soslayaba que él mismo la había restaurado años atrás. Vamos, propaganda pura.

En fin, veamos lo que dice la Real Orden de 1835, la última de esta larga serie de aboliciones que no empieza en las Cortes de Cádiz, sino antes, y que parte de que, suprimida la Inquisición en 1820 por Fernando VII (¿cómo, si la había “abolido definitivamente” su viuda la reina en 1834, la misma que firma esta norma en 1835 omitiendo mencionar su propia actividad legislativa?), seguía funcionando de facto con algunos obispos “abusivamente” inq6

mediante el hábil sistema de no usar el nombre de “inquisición” sino el de “juntas de fe”, pero con los mismos métodos.

Así que sorda y abusivamente se fue dando nueva vida al método de sustanciar causas de fe que había seguido la extinguida inquisición; método que teniendo por base un misterioso sigilo, privaba a los acusados de la natural defensa, ocultándoles los nombres de los testigos, contra lo que previenen los cánones y leyes del reino...”

Lo de cambiar el nombre y que sigan las cosas, todo un clásico. Tan clásico que ya las Cortes de Cádiz han quedado estupendamente como las que abolieron la Inquisición cuando en realidad por lo visto, vaya usted a saber, la mantuvieron cambiando el nombre.

Así que la técnica legislativa defectuosa y/o manipuladora, cosa desde siempre. Qué modernos estos antiguos, como decía aquella viñeta de Mafalda. Y yo quejándome cada vez que abro el BOE, en vez de pensar que se trata de una tradición.

Lo que la Reina Gobernadora dispone sobre esos abusivos tribunales eclesiásticos inquisitoriales en 1835:

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inq7Y en concreto tiene especial interés el detalle sobre publicidad de los juicios: “Que aquellas causas [juicios] de cuya publicidad pueda resultar escándalo u ofensa a las buenas costumbres, se observe una prudente cautela para que no se divulguen, verificándose siempre su vista a puerta cerrada, con asistencia del acusado y su defensor, para quienes en ningún caso habrá cosa alguna secreta o reservada, como en las de igual clase se practica en los tribunales civiles”.

En definitiva, que esto de suprimir del todo la Inquisición, tuviera o no ese nombre, fue allá por 1835.

O sea, veintisiete años después de que figurara en la propia Gaceta de Madrid algo que fue de lo primero que hizo el invasor Napoleón, en 1808, en sus decretos de Chamartín: decir que abolía la Inquisición. Así consta en la Gaceta de Madrid de 15 de diciembre de 1808, enlace aquí:

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lo que se reitera en la Gaceta del día siguiente, 16 de diciembre de 1808, enlace a web BOE aquí, que la Gaceta  publica en curioso texto bilingüe, francés y castellano:

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“Los sacerdores deben guiar las conciencias; pero no deben ejercer jurisdicción alguna exterior y corporal sobre los ciudadanos“, dice Napoleón en 1808.

En 1808.

Y en nuestros días, más de doscientos años después, sigue habiendo países en los que oficialmente matan y torturan funcionarios religiosos por delitos religiosos, en procesos judiciales sin ningún tipo de garantía jurídica, ante la indiferencia del Estado español que abolió la Inquisición del todo en 1835 y que mantiene con esos países cordiales relaciones diplomáticas y comerciales, y cuyos gobernantes son cordiales amigos de nuestros sucesivos reyes actuales.

En fin.

Verónica del Carpio Fiestas

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Poderoso caballero es el Don Dinero de Arabia Saudí

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Cuando usted lea esto, quizá esta sea ya la foto de un muerto. Quizá este joven puede estar ya muerto, decapitado y crucificado en su país. Su país, Arabia Saudí, esa espantosa dictadura, lo ha condenado a eso. Fue detenido con 17 años por participar en protestas en las que se pedía democracia. De Arabia Saudí unas veces oímos hablar de lapidaciones, otras de decapitaciones, crucifixiones, flagelaciones, y a veces hasta podemos ver las grabaciones de todo ello; y no incluyo los enlaces a las grabaciones por respeto a las víctimas, y si usted está en el caso de que no es capaz de entender hasta qué punto es todo esto una barbarie y necesita la imagen para entenderlo, no seré yo quien se la muestre y, la verdad, me da usted pena.

Y no es un grupo terrorista el que comete esas horribles barbaridades que se llame Estado porque usurpa el nombre de Estado, sino un Estado en sentido jurídico, un Estado con el cual nuestro Estado mantiene cordiales acuerdos.

Un Estado donde las mujeres no tienen independencia jurídica o fáctica ni siquiera para tratamientos médicos o educación. Donde es delito ser homosexual. Donde es delito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Donde esos delitos se pueden castigar con la muerte. Donde no hay un Código Penal escrito. Donde abogados son condenados a años de cárcel por criticar en Twitter el sistema judicial de su país. Donde se convocan plazas de funcionario verdugo para decapitar y amputar. Donde se mutila a ladrones. Un Estado donde a trabajadores extranjeros se les tiene en condiciones lamentables.

Un Estado, en fin, extraordinariamente rico.

Cuando falleció el mandamás anterior de esa horrible dictadura los periódicos españoles se llenaron de necrológicas laudatorias y nuestro rey fue al entierro. Nuestro país hace negocios con Arabia Saudí, y nuestro rey emérito tiene sus amigos saudíes. También nuestros ministros van por allí, a ayudar a hacer negocios.

Porque da todo igual. La barbarie da igual a nuestros gobernantes cuando a gritos tendría que gritar la conciencia de nuestros gobernantes. Y el rey nuestro, el actual y el anterior, no son gobernantes porque no gobiernan, sino que reinan; y cuando su única justificación posible como reyes es la ejemplaridad pública, esta consiste al parecer, en ser amigos de gente así.

Poderoso caballero es Don Dinero. Ya lo decía Quevedo en el siglo XVII.

El mismo siglo en el que viven los derechos humanos en Arabia Saudí. Y en otros países donde la más inhumana barbarie da igual si se trata de la pasta.

Verónica del Carpio Fiestas

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Hechos y tolerancia

Bertrand Russell, uno de los grandes pensadores del siglo XX, dijo esto en una entrevista en 1959, como mensaje a la gente del futuro. Las extraordinarias palabras de este sabio en un concreto contexto están vigentes hoy, y en muchos otros contextos: hay que intentar valorar siempre los hechos objetivamente y la tolerancia es indispensable para la vida. Y es aplicable también a algo que él, en 1959, cuando ya habla de mayor interconexión, ya entreveía: a las redes sociales.

“-Una última pregunta. Supongamos, Lord Russell, que esta grabación la vieran nuestros descendientes, como los Manuscritos del Mar Muerto, dentro de mil años. ¿Qué piensa usted que valdría la pena decirle a esa generación sobre la vida que usted vivió y las lecciones que usted de ella aprendió?

-Me gustaría decir dos cosas: una de carácter intelectual y una de carácter moral.

La de carácter intelectual que me gustaría decirles es esta: cuando estés estudiando cualquier tema o examinando cualquier filosofía, pregúntate a ti mismo solamente: ¿cuáles son los hechos? ¿Y cuál es la verdad que los hechos sostienen? Nunca te dejes desviar ni por lo que tú deseas creer ni por lo que piensas que sería beneficioso para la sociedad si fuese creído. Observa únicamente cuáles son los hechos y nada más. Esto es lo que quisiera decir de carácter intelectual.

Lo de carácter moral que quisiera decirles es muy sencillo. Debo decir: el amor es sabio, el odio es estúpido. En este mundo, cada vez más estrechamente interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros, tenemos que aprender a aceptar el hecho de que siempre habrá gente que diga cosas que no nos gusten. Solamente así podemos vivir juntos. Si vamos a vivir juntos, y no a morir juntos, debemos aprender un tipo de caridad y un tipo de tolerancia que es absolutamente vital para la continuación de la vida humana en este planeta.”

…de la vida fuera y dentro de las redes sociales.

Verónica del Carpio Fiestas

Transcripción en inglés y otra posible traducción al castellano, aquí.

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Esa Europa que se suicida

La terrible foto del niño sirio refugiado ahogado (¿se acuerda aún usted del nombre?) ha conmovido el corazón de muchos; de quienes tienen corazón. Y mire usted esta otra foto:

Hungría

¿Cree usted por la escenografía que es la foto de un peligroso delincuente esposado entre dos policías, un delincuente que además de peligroso tiene una grave enfermedad contagiosa?

No. Está usted viendo la foto de un refugiado que ha sido condenado por un tribunal de Hungría, país de la Unión Europea, por el delito ya tipificado en la normativa penal húngara de haber pasado la frontera ilegalmente, y a quien consideran un virus, no una persona con derechos. Aquí tiene usted la noticia:

Hungría2

Es decir, está viendo usted la foto  de una persona que es víctima de un Estado, de un Estado que pertenece a la Europa de los derechos, de un Estado que ha decidido saltarse la legalidad internacional de asilo hasta tal punto que no solo no lo respeta sino que considera huir de la guerra un delito en sentido penal del término, y de un Estado que pertenece a una Unión Europea que ha decidido mirar para otro lado ante una práctica manifiestamente contraria a la legalidad internacional, los valores democráticos, la mínima humanidad y a la propia esencia de la Unión Europea.

Si la Unión Europea es algo, es la Europa de los derechos que incluye el derecho de asilo. O eso dicen que es. Pero si en la Unión Europea vamos a ser como una dictadura cualquiera en la que los tratados internacionales no se respetan ni en los derechos más básicos, Europa fracasa. Ha fracasado ya. Esa gravísima foto lo demuestra. Porque un país de la Unión Europea ha decidido saltarse la propia normativa europea, flagrantemente, en materia esencial, gravísima, despreciar los valores mínimos de un Estado de Derecho, y los demás países miran para otro lado.

La expulsión automática de los migrantes y las penas de prisión por cruzar ilegalmente la frontera son castigos injustos que van en contra de los tratados europeos de derechos humanos y los valores democráticos fundamentales de la Unión Europea.

No digo que la foto me da vergüenza, que también, porque lo que me da es muchísimo miedo. El miedo de pensar que quizá es la foto de contenido más grave que he visto en muchos años. El miedo de pensar que un Estado de la Unión Europea ha decidido comportarse como una dictadura, saltándose la legalidad internacional y de forma contraria a la mínima humanidad, y que la Unión Europea no hace nada al respecto. El miedo de pensar que cuando los derechos no se respetan en Hungría, si mañana le pasara eso a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mí, también la Unión Europea, una Unión Europea que ha decidido suicidarse, miraría para otro lado.

Porque la Unión Europea ha decidido suicidarse, y a usted, que lee esto, no le ponen esta foto en portada ni le explican los grandes medios de comunicación lo que significa.

Y un tuit como este de Amnistía Internacional lleva 66 retuits. Solo. El estornudo de un futbolista consigue centenares.

1Y si a usted le conmovió el corazón la foto del niño ahogado, quizá la foto de ese señor a quien han impuesto una condena en un tribunal penal de un país de la Unión Europea por el delito de huir de la guerra, le conmueva el cerebro. Porque estamos en la cuesta abajo, cayendo en picado en el respeto mínimo de los derechos y los valores democráticos de Europa, está en juego la propia esencia de la Unión Europea, y o paramos, o esto pinta mal. Muy mal.

Y no para los refugiados, que también: para los ciudadanos de la Unión Europea.

Verónica del Carpio Fiestas

Llamamiento. La ONG Rights International Spain, en colaboración con otras ONGs, promueve una campaña internacional de cartas al presidente de Hungría. Se puede firmar por internet aquí. Yo ya he firmado y la he hecho mía: el párrafo en negrita es transcripción de un párrafo de la carta.

 Y hago además otra cosa, lo poco que está en mi mano: este post, que se puede difundir con tu ayuda. La gente tiene que saber que lo que está en juego no es solo la vida y los derechos de los refugiados, con ser eso muchísimo, sino la propia esencia democrática de la Unión Europea.

#RefugeesWelcome

La ONG Amnistía Internacional recomienda hacer y difundir fotos con el cartel #RefugeesWelcome, y hacerlas llegar con copia a Sr. Presidente del Gobierno, vía redes sociales. Aquí la mía.

P.S. El Consejo General de la Abogacía Española acaba de difundir un contundente comunicado en defensa de los derechos de los refugiados, oponiéndose al trato inhumano que están recibiendo, y diciendo en términos clarísimos que es inconcebible y contrario a la normativa internacional y a los derechos humanos que se considere delito el mero cruce de la frontera, y manifiestando que la UE deberá imponer sanciones a Hungría si persiste en su actitud contraria a los pilares esenciales de la UE. Enlace a comunicado, aquí.

2º P.S. El organismo internacional de refugiados de la ONU ha publicado un comunicado contra la criminalización del cruce de fronteras. Enlace aquí.

13er. P.S. La protección de los refugiados, dice la asociación judicial Jueces para la Democracia, no tiene carácter de caridad opcional sino de deber legal. Comunicado aquí.

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Derecho de defensa en delitos execrables

Defender los derechos de inocentes es lo fácil. Lo difícil, y en ello consisten la grandeza y la esencia de un Estado de Derecho, es defender los derechos de los culpables y los malvados, y entender que los tienen y se les han de respetar, siempre; y no digamos ya cuando no se sabe seguro que son culpables y malvados porque ni siquiera se les ha juzgado aún.

Y voy a referirme en concreto al caso de los delitos execrables, de aquellos que son lo peor, lo más odioso, lo que da lugar a más repugnancia social.

Y voy a hacerlo con un ejemplo del siglo XIX: el intento de regicidio de la reina Isabel II cometido por el conocido como “cura Merino”, Martín Merino y Gómez, en el año 1852. Los datos están en Wikipedia y hay un documento de la época disponible en la web, absolutamente histórico, que refleja cómo fueron el atentado y el juicio, con los textos completos del alegato de la defensa y del fiscal, “Apuntes jurídicos con todos los detalles referentes al delito y a la persona del regicida D. Martin Merino y Gomez”.merino 1

El regicida frustrado fue ejecutado conforme a lo previsto en el Código Penal de entonces, que imponía la pena de muerte para regicidio frustrado -la reina sufrió heridas leves-, a garrote vil. Entre el atentado y la ejecución pública transcurrieron cinco días.

El alegato de la defensa es una pieza realmente memorable. Un abogado de oficio defiende a quien había intentado a asesinar con un arma blanca en el propio Palacio Real a una reina que muchos aún consideraban de Derecho divino, a una reina además joven, de 22 años, que acababa de dar a luz a su hija y que con esta se disponía a acudir a su misa de parida.  El atentado fue cometido delante de numerosos testigos -el rey consorte incluido-, y el regicida frustrado fue detenido en el acto, con el arma en la mano, y confesó. O sea, que se trata de un delito in fraganti, de inconmensurable gravedad en esa época, execrado por amplia mayoría de la sociedad, y sobre cuyo autor no había duda. Galdós describe muy gráficamente la conmoción general en el Episodio Nacional “La Revolución de julio” y las grandes líneas del juicio y de la ejecución.

Y en ese contexto aparece la figura olvidada por la Historia de un concienzudo abogado de oficio, Julián Urquiola, que defiende al reo, a un reo en tan terribles circunstancias, con palabras inolvidables, intentando que sea declarado loco. Porque loco, dice, ha de estar quien comete el crimen que por todos se considera execrable, horrible, sin precedentes, de intentar matar a una reina, una reina además joven y querida, y que lo hace además delante de numerosos testigos y sabiendo que va a ser inmediatamente preso y que lo condenarán a muerte seguro, si no lo asesina la multitud que es testigo del hecho inmediatamente como venganza.

Inolvidables palabras, que hay que leer para recordar lo que el derecho de  defensa significaba ya en 1852, y que lo tenía incluso quien cometía el peor delito entonces posible, lo más execrable, lo que provocaba repugnancia a todos, incluso al propio abogado:

“Al presentarme, Excmo. Sr., en este honroso puesto, no se me oculta la difícil posición en que me encuentro y que conocen todos. Yo vengo a defender un cadáver; porque un cadáver será dentro de poco el acusado D. Martín Merino; pero la suerte me ha designado para defenderle, y en cumplimiento del imperioso deber que me impone, vengo a hacer presentes algunas consideraciones que en mi humilde opinión no carecen de importancia, y bien merecen ocupar la alta atención de V.E.
Inútil es, como he dicho en mis escritos, detenerme en reflexiones sobre el hecho y su completa prueba. De la causa resulta plenamente justificado. En ella encontramos todos los antecedentes para deducir que en el regio alcázar se ha cometido un crimen horrendo, crimen contra el cual se sublevan la razón y la conciencia pública, crimen que rechazan la imaginación y el sentimiento de todos los españoles. Probado el hecho y comprendida su enormidad, no queda otra averiguación que hacer que la de apreciar el estado moral del acusado para deducir si el hecho puede serle imputable o si ha obrado en un estravío (sic) de su razón, impulsado por móviles más poderosos, que le hayan impedido el libre ejercicio de su voluntad.merino2Así empieza la memorable defensa oral del abogado, que intenta de nuevo lo que le deniegan: un examen del acusado por quienes hoy llamaríamos expertos psiquiatras.

Hasta el delincuente confeso, pillado in fraganti, y hace más de 160 años, con el delito considerado más odioso en esa época y ante numerosos testigos, tiene derecho a un juicio y a una defensa digna, tan digna como la de este abogado de oficio de 1852 que la Historia ha olvidado, pero que merece recuerdo.

Como merece recuerdo que en aquella época, 1852, no existían ni el artículo 24 de la Constitución hoy vigente ni los tratados internacionales sobre derecho de defensa, presunción de inocencia y juicio justo. Ese artículo y esos tratados que se olvidan cada vez que interesa por quienes creen que si hay un delito execrable que en efecto con toda razón merece reproche general y condena de los culpables deben desaparecer la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el juicio justo, porque lo único que importa es el juicio mediático paralelo, la sentencia pública sin juicio y sin defensa y, si llega al caso, el linchamiento. Linchamiento mediático en medios de comunicación y redes social solo, porque, a día de hoy, en nuestro país, no es tan fácil linchar a alguien físicamente, aunque haya quien tuitee no ya insultos al detenido aún no juzgado y por tanto con presunción de inocencia, sino pidiendo su muerte.

Pero al parecer sigue siendo fácil pensar que si el delito es execrable y los indicios fuertes, el detenido no ha de tener ya derechos, ni siquiera la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el juicio justo, por no hablar del derecho a la propia imagen. En 2015.

Verónica del Carpio Fiestas

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Refugiados

El artículo 25 de la Constitución española dispone que todo extranjero podrá establecerse libremente en el territorio español, ejercer en él su industria o dedicarse a cualquier profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas. En definitiva, esta libertad de migrar, básica por la dignidad humana y con origen en el llamado Derecho de Gentes, está recogida en la Constitución.

Lástima para las personas que huyen de la guerra, del hambre y de la persecución, y para  la dignidad humana, que este sea en efecto el artículo 25 de la Constitución, pero de la efímera Constitución de 1869.  De cuando no había tratados internacionales sobre asilo. De cuando los derechos estaban teórica y prácticamente menos protegidos que ahora. Pero de cuando, en definitiva, y paradójicamente, no había cuotas para refugiados y se consideraba que la Constitución debía reconocer la libertad de migrar, quizá porque en el siglo XIX, como en el XX, fueron constantes las migraciones al extranjero de españoles que huían de la guerra, del hambre y de la persecución y eran acogidos fuera en su exilio político o económico, y se era muy consciente de ello.

1869 1

1869 2

Verónica del Carpio Fiestas,

nieta de un refugiado del siglo XX cuya historia cuento en este enlace de Facebook y cuyo retrato es este

abuelo

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Feliz año nuevo (o minimanual de uso de redes sociales)

El año empieza en septiembre. La división convencional en años de lo que en realidad es un continuum permite la división al gusto. Y tan convencional es el año que empieza un 1 de enero como el que empieza un 1 de septiembre. Y puesto que el año judicial, el académico y el político empiezan en septiembre, voy a felicitar ahora el año nuevo y a hacer ahora los propósitos de año nuevo para las redes sociales.

Propósito 1. No contribuiré a la crispación que tan fácilmente se detecta con la mente limpia tras estar unos días sin entrar en redes sociales. Informar, formar, transmitir, sí; insultar y contribuir a la crispación, no.

Propósito 2. No manipularé ni dejaré que me manipulen, fuera o dentro de redes sociales.

Propósito 3. No dejaré que los temas del día artificialmente creados por quienes están interesados en crear temas artificialmente que distraigan de lo esencial cumplan conmigo su objetivo, o sea, distraerme de lo esencial, de lo que para mí sea esencial.

Propósito 4. Me formaré opinión con varias fuentes.

Propósito 5.  No opinaré de lo que no sé.

Propósito 6. No divulgaré datos que no parezcan razonablemente contrastados o de fuente generalmente fiable.

Propósito 7. Nunca escribiré en caliente ni dejándome llevar del impulso.

Propósito 8. Do not feed the trolls, no alimentar a los trolls.

Propósito 9. Reír y sonreír es sano. Hay que sonreír y reír todo lo posible.

Propósito 10. Conforme a la teoría de los tres grados, nunca olvidaré que la comunicación escrita a distancia siempre distorsiona y por la ausencia de contexto, de voz y de gestualidad cada mensaje se percibe por quien lee con un grado menos de amabilidad a  como se planteaba por quien escribía el mensaje. Lo amable se percibe como neutro, lo neutro se percibe como agresivo y lo agresivo se percibe como muy agresivo; por tanto, para salvar ese gravísimo inconveniente connatural a la comunicación escrita y en redes, hay que procurar extremar siempre la amabilidad.

O sea, voy a intentar estar siempre en redes sociales con los tres sentidos:

  • con sentido crítico,
  • con sentido común
  • y con sentido del humor.

Y estos propósitos son los míos de todos los años. He intentado cumplirlos siempre, durante todo el año, y seguiré intentándolo este año nuevo.

Y conforme a un criterio más o menos kantiano de universalización de regla de comportamiento, me gustaría no ser solo yo la que intentara cumplir propósitos análogos. Por decirlo de otra forma: es lo que me gustaría ver que hiciera la generalidad de participantes en redes sociales. Soy ingenua, lo sé.

Lector, lectora, feliz año nuevo.

Verónica del Carpio Fiestas

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Comparecencia del Sr. Ministro del Interior en el Congreso para explicar su reunión con el Sr. Rato

Sras. y Sres. diputados:

Es para mí un honor comparecer ante el Congreso como ministro del Interior para explicar que no dimito porque no me da la gana y no explico nada por el mismo motivo. La responsabilidad política es inexigible en España y, Sras. y Sres. diputados, ustedes no son quiénes para exigírmela, ni yo voy a responder por ella voluntariamente.

Las cosas claras: me reuní en el Ministerio del Interior con el Sr. Rato, ex vicepresidente del Gobierno de mi partido e imputado por el más grave escándalo bancario en décadas, porque me dio la gana y para hablar de lo que me pareció bien hablar, y punto.

Por ahora no pienso sacar a relucir las grabaciones que por supuesto tengo de la reunión, y el Sr. Rato, por la cuenta que le trae, tampoco. Y como es la palabra del uno frente a la del otro, y el Sr. Rato es una persona de palabra cuestionable solo para lo que nos interesa, es decir, para que no den crédito ustedes a su palabra frente a la palabra mía como ministro, que tengo presunción iuris et de iure de veracidad, podría contarles a ustedes el cuento de caperucita.

Y decirles, por ejemplo, que me he reunido con el Sr. Rato porque el Sr. Rato, que no dispone de cuenta en Twitter, está preocupado por unos tuits en Twitter en los que se dicen cosas desagradables y amenazas. Por igual motivo podría decirles a ustedes que el Sr. Rato está preocupado por desagradables comentarios de bar que no ha oído, porque él no va a bares, que prefiere yates. Podría decirles eso a ustedes, e incluso añadir que eso significa que con esa reunión cumplo con mi deber y que yo estoy preocupado por la seguridad de los ex altos cargos; porque, claro, la seguridad de quienes no son altos cargos ni ex altos cargos me trae al pairo, dentro y fuera de redes sociales, y no recibo a nadie de los muchos que es público y notorio que reciben cotidianamente graves amenazas en Twitter, gente a quienes sí les llegan directamente las amenazas porque sí tienen cuenta en Twitter, y tampoco se me ha ocurrido recibir a ninguna de las mujeres amenazadas por violencia de género, si lo que cuenta son las amenazas fuera de Twitter.

Podría también decirles a ustedes una cosa y la contraria; podría por ejemplo, hablar de transparencia y de agendas públicas oficiales públicas y privadas.

Podría incluso decir todo eso y añadir encima que todo eso, o sea, hablar de seguridad de un ciudadano, es algo “exclusivamente personal”, como ya dije en comunicado de prensa donde también dije lo que me dio la gana.

Sí, podría hacer todo eso, y lo habría hecho sin duda si me hubiera dado la gana.

Para eso soy ministro, y los ministros carecemos de responsabilidad y tenemos licencia para bobadas y mentiras flagrantes incluso en el Congreso, sin que pase nada.

Pero acabemos antes. Recibí al Sr. Rato porque me dio la gana, y no tengo que dar cuentas a nadie, que para eso soy ministro, y no tengo la intención de contarles de qué hablamos, ni qué decidimos, ni qué actuaciones he efectuado después, que no me apetece inventarme historias.

Y a mi jefe y responsable político, el Sr. Rajoy, presidente del Gobierno, le importa un pimiento con quién me reúna y le da igual qué historias me invente, o que no me invente ninguna. En este Gobierno nadie dimite por responsabilidad política, y quienes se van, se van porque a ellos les da la gana,  porque todo lo que hacemos y decimos les parece muy bien a nuestro jefe y a nuestro  partido, que para eso les pareció normal aquello de “Luis, sé fuerte” al Sr. Bárcenas y tampoco dimitió nadie.

Así que de dimitir, ni hablamos, como tampoco hablamos cuando lo de Tarajal.

Hala, a otra cosa, mariposa, que ya cansa. Circulen, que  aquí no hay nada que mirar.

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior

[y por la transcripción literal de la comparecencia en el Congreso,

Verónica del Carpio Fiestas. Y por un comentario: comentar que lo que dice el Sr. Fernández Díaz o son historias o es un trato de favor.

Y por insertar en el post el vídeo de la escena “Nothing to see” -“No hay nada que ver aquí“-, de la película cómica “Naked gun” -“Agárralo como puedas”, y por la intención al escoger e insertar ese vídeo]

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Reunión del Ministro del Interior con el Sr. Rato

nota prensa M Interior - Rato 10-8-2015Cuelgo para perpetua memoria el texto de este asombroso comunicado de prensa del Ministerio del Interior de 10 de agosto de 2015, no sea que el enlace oficial en el Ministerio del Interior al mismo texto desaparezca y no quede memoria gráfica de este disparate, que producirá en el futuro incredulidad. El enlace oficial es este y el texto el mismo que a continuación transcribo literalmente:

Comunicado del Ministerio del Interior sobre el encuentro de Jorge Fernández Díaz con el señor Rato

Ministerio del Interior

Madrid, 10/08/2015

En relación con las informaciones publicadas sobre el encuentro del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el señor Rato, el Ministerio del Interior precisa:

1. El señor Rato solicitó ser recibido por el ministro del Interior invocando en la petición tratar de una cuestión de carácter “exclusivamente personal” y “completamente al margen de la situación procesal” en la que se encuentra. Este punto fue absolutamente clarificado como condición previa a la realización del encuentro.

2. Dado el carácter “exclusivamente personal” de la petición, el ministro del Interior accedió a recibir al señor Rato y lo hizo el pasado miércoles, 29 de julio, a las 12:00 horas, y concluyendo antes de las 13:00 horas. El encuentro no fue el pasado día 22 de julio ni duró dos horas como erróneamente se ha publicado.

3. Establecidas las premisas anteriores para el encuentro, el ministro del Interior consideró que lo correcto era recibirle en la sede del Ministerio del Interior porque garantizaba absoluta transparencia y no había nada que ocultar. Sin duda era más adecuado hacerlo en la sede del Ministerio que en el reservado de un restaurante o en un lugar similar. 

4. Las investigaciones a las que está sometido el señor Rato las están dirigiendo la autoridad judicial, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Agencia Tributaria.

Cualquier otra actuación que sea requerida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo será en su condición de policía judicial y, por tanto, actuarán en todo momento bajo la dirección de las autoridades judiciales y en ningún momento bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

5. Tras este encuentro, el ministro del Interior no ha realizado ningún tipo de gestión ni ninguna iniciativa que tenga que ver absolutamente nada ni directa ni indirectamente con la situación procesal del señor Rato.

Afirmar que esto es de antología del disparate es quedarse muy corto. Afirmar que nos  toman por idiotas hasta niveles inauditos, y que algunos nunca pensamos que veríamos tales barbaridades, se parece más a la realidad.

Sr. Ministro, no explique nada; puede usted ahorrarse cualquier explicación en el Congreso. Está clarísimamente en la nota de prensa y da igual que haya o no discrepancias con lo que diga el Sr. Rato. Esto está ya clarísimo. Está clarísimo que usted tiene que dimitir y el Sr. Rajoy también.

Los hechos son simples, e inadmisibles: el ministro del Interior de un país donde la corrupción es preocupación ciudadana de primer nivel y probable concausa de la crisis, reconoce expresamente haberse reunido en la sede del Ministerio del Interior, y en horas de trabajo, en términos que se dicen de amistad, con un señor imputado en un asunto gravísimo y de alcance económico que afecta a innumerables personas y al propio Estado, el mayor escándalo bancario de las últimas décadas, con un señor que fue vicepresidente segundo del Gobierno por el mismo partido ahora en el poder y al que pertenecen el Sr. Ministro y el Sr. Rajoy. Y nos dicen que para hablar de cosas “exclusivamente personales”.

Es triste tener que decir lo básico: que ni dentro ni fuera de la sede del Ministerio es ético ni estético ni políticamente admisible que un Ministro del Interior se reúna con imputados, de ningún tipo, ni como amigos ni como ministro y administrado. Ni es creíble que reunión de tal índole fuera sin conocimiento y consentimiento del Sr. Presidente del Gobierno; y, si lo fue, este debe dimitir, por desconocer lo que sucede con su Ministro del Interior en asunto de tan enorme gravedad.

Y ahora, Sr. Ministro, siga usted mintiendo. O diciendo la verdad, que da igual. Porque no interesa ni su versión de los hechos ni la versión del Sr. Rato, ya discrepantes. Absolutamente NINGÚN contenido es admisible como conversación entre un Ministro del Interior y el Sr Rato, ni dentro ni fuera del Ministerio del Interior, porque absolutamente NINGUNA reunión es admisible, sean cuales sean su enfoque, el lugar y el contenido. E insulta a la inteligencia, y es ya meter el dedo en el ojo, la mención a la “transparencia”.

Y hablando de transparencia, difundan ya las grabaciones, usted y el Sr. Rato. Esas ilegales que imagino que habrán efectuado. Porque no me harán creer que un señor tan listo como el Sr. Rato que acude nada menos que al Ministerio del Interior en busca de apoyo moral de amigo, apoyo moral de ministro o actuaciones efectivas del amigo o del ministro no ha grabado la conversación para poder hacer uso de ella cuando interese.

Y, por favor, Sr. Ministro, no nos harán pensar que usted, el jefe de los espías, no ha grabado una conversación tan enormemente delicada, quedando en manos del Sr. Rato. O que no lo ha grabado nadie del CNI por cuenta propia o ajena.

Porque entonces, Sr. Fernández Díaz, pensaré que es usted tonto.

Bastante más tonto, todavía, que lo que considera usted a quien lea el comunicado de prensa. Que ya es decir.

Verónica del Carpio Fiestas

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Agosto antiquísimo: el déjà vu de Gibraltar

Hace hoy exactamente dos años publiqué en este blog un post titulado “Agosto antiguo”. Con estricta seriedad jurídica de fondo y coña marinera externa, y mención hasta de arte medieval, hacía referencia, aparte de a la precariedad laboral y la pobreza,

  • al constante abuso flagrante del real decreto-ley por parte de este Gobierno;
  • a la infame técnica legislativa y la chapuza normativa cotidiana;
  • al sistemático ataque contra el principio constitucional de seguridad jurídica, incluyendo publicar normas en agosto y sábado, normas además que no corresponden con el título, que incluyen de todo, farragosas y técnicamente deficientes;
  • a cómo unos medios de comunicación que no cumplen su función de Cuarto Poder se dejan manipular y/o manipulan a la opinión pública insistendo en el detalle y prescindiendo de lo esencial  por el detalle;
  • a la inadmisible pasividad del Tribunal Constitucional en resolver cuando no interesa que resuelva;
  • y a cómo usar las normas y el BOE para manipular y como publicidad gubernamental.

Y trataba, además, de Gibraltar, un clásico de verano para distraer la atención de lo que interese -en ese momento, la reforma laboral  y la compra por el Estado de 877 millones de euros en armamento-, por real decreto-ley en sábado, con agosticidad y alevosía.

O sea, que hace justo dos años escribí el mismo post que llevo años escribiendo una y otra vez. De hecho mi último post, de esta semana pasada, va de eso, uno muy serio sobre cosas gravísimas, de enorme alcance, que están ahora mismo sucediendo, mientras a usted lo distraen con lo que sea; incluyendo, otra vez, Gibraltar.

Porque es que tendría que volver a repetir post con lo de Gibraltar, porque, oh, sorpresa, ya está aquí de nuevo Gibraltar.

Así que hago corta y pega del viejo post de 9 de agosto de 2013, y acabamos antes. O mejor, copio aquí un par de imágenes de las que puse en aquel post como alegórico adorno jurídico, y ya imagine usted el resto de contenido, pues vivimos en permanente déjà vu.

Añada solo un par, o un par de cientos, de barbaridades gordísimas más de corrupción, manipulación y desvergüenza, incluyendo las denunciadas en el post de la semana pasada, y ya.

Imagen

Agosto. Separando el grano de la paja. Mesario de San Isidoro de León

el-mal-gobierno

“Alegoría del mal gobierno”, fresco del siglo XIV de Ambrogio Lorenzetti

Y, por favor, de verdad, en su propio beneficio, no deje de leer mi último post, si lo no ha leído, porque le están ocultando a usted, con variados gibraltares de despiste, cuestiones de enorme alcance. Porque no se equivoque: están pasando ahora mismo cosas de enorme alcance. Aunque los medios no se lo cuenten.

 Verónica del Carpio Fiestas

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El dedo de Wert

Estos días están sucediendo cinco cosas de enorme alcance:

  • los Presupuestos Generales del Estado se van a aprobar en lo que un catedrático de Derecho Constitucional califica nada menos que de “fraude constitucional”
  • el caso Bárcenas ha correspondido para ser juzgado a los mismos jueces inequívocamente próximos al PP a quienes ya había correspondido juzgar el caso Gürtel, y que no se habían abstenido, y estando pendiente de resolver la recusación.
  • el caso Púnica con numerosos altos cargos del PP de Madrid implicados -no ex altos cargos, pues cuando sucedieron los hechos eran altos cargos, incluyendo consejeros de Justicia del PP y altos cargos de ese partido-, presenta cada día novedades repugnantes, mientras, la Sra. Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma a la sazón, y presidenta regional, consigue extrañamente seguir impoluta en el fango
  • el legislador, que aquí no queda más remedio que equiparar al PP, ha puesto la directa legislativa y con absoluto desprecio del principio constitucional de seguridad jurídica y del sentido común está tramitando a toda prisa masas de normas, inasumibles. La penúltima semana, del 20 de julio de 2015, se  publicaron en BOE siete normas con rango de ley, sin contar reglamentos, y la siguiente semana, finales de julio, cuatro leyes ¡en un mismo día! Centenares de páginas de leyes, con textos que no corresponden con títulos, a batiburrillo, con técnica legislativa infame, no sé cuántas reformas de una misma ley en una misma legislatura, leyes al tuntún por un legislador doloso o culposo que se salta sistemáticamente informes preceptivos,  tramita reformas de una misma ley paralelamente en leyes distintas, cuela de todo en la tramitación parlamentaria (y quien no sepa para qué sirve el Senado, yo se lo digo: para colar enmiendas) y hasta utiliza el BOE para propaganda, con unos preámbulos de leyes que son de llorar. Y se esperan DECENAS de leyes más próximamente, mientras el legislador se ríe de nosotros repitiendo dentro y fuera del BOE lo importante que es la seguridad jurídica. Ni siendo buena es asumible esa carga normativa para el principio de seguridad jurídica; no digamos ya siendo mala.
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El BOE como propaganda: la economía va bien y somos todos estupendos; ah, y nos preocupa mucho, y buscamos, la seguridad jurídica. Esa misma semana, con absoluto desprecio por la seguridad jurídica, se publicaron en BOE otras seis normas más con rango de ley, y la siguiente cuatro en un mismo día.

  • la Ley  de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, está dando ya los resultados previsibles con una ley preocupante, confusa, mal redactada, ambigua e innecesaria. O sea, resultados sancionadores preocupantes e innecesarios. Leyes Mordaza, manifestación 30-6-2015 el pájaro de Twitter

Y en estas circunstancias cuando se ponen en duda los propios Presupuestos Generales del Estado, que se aprobarán CONDICIONANDO al Gobierno siguiente, sea del signo que sea, y cuando no sabemos si jueces inequívocamente próximos al PP juzgarán los casos más graves de corrupción del partido en el Poder, incluyendo casos en lo que se juzgarán a tesoreros  del PP -no extesoreros, porque eran tesoreros cuando sucedieron los hechos-, cuando el caso Púnica nos revuelve el estómago día a día, el ordenamiento jurídico está en situación de maraña inasumible, y lo estará más, y sabemos que el Tribunal Constitucional dejará sine die sin resolver los recursos sobre la Ley Mordaza y las decenas de leyes que tiene recurridas, héteme aquí que el Gobierno nombra embajador en la OCDE al exministro Sr. Wert.

Y se monta el revuelo para denunciar el grave caso.

Por favor.

Ni una sola de las decisiones del ministro Wert, cuando era ministro y como ministro, es suya. La responsabilidad de su gestión es de quien lo nombró, de quien aprobó las normas y proyectos en Consejo de Ministros y de quien las votó, o sea, el Partido Popular, y el Sr. Rajoy como responsable del Gobierno y del partido. ¿Ya estamos de nuevo con la táctica de echar la culpa a un ministro cuando no gusta su gestión, como con el Sr. Gallardón, de lo que legal, constitucional y moralmente es responsabilidad de otros: del Sr. Rajoy y de su partido? ¿Y ya estamos otra vez con que se hace creer a la ciudadanía que un ministro puede actuar por cuenta propia y que es suya la responsabilidad sobre normas que han de aprobarse en Consejo de Ministros y que se votan en las Cortes?

Y, claro, las redes sociales arden con el “regalo de boda a Wert pagado de nuestro bolsillo”, algo “casualmente” difundido el mismo día se presentaban los Presupuestos Generales del Estado.

El cese del ministro Wert salió en el BOE con fecha 26 de junio de 2015. “Casualmente” se pospuso el nombramiento como embajador a fecha 31 de julio, BOE 1 de agosto. El mismo día 31 de julio se presentaban los Presupuestos Generales del Estado; los presentó el Sr. Rajoy en una rueda de prensa. Leo por ahí que hay quien dice que se ha sacado el nombramiento de Wert embajador a la  vez que los Presupuestos para ocultar lo de Wert y que menos mal que hemos estado atentos para sacar a relucir lo de verdad importante, lo de Wert. ¿En serio alguien cree que son comparables unos Presupuestos Generales del Estado que además tienen el reproche de estar en fraude constitucional? ¿Con un nombramiento, incluso si fuera inaceptable, que no cuesta un euro de más al erario público y cuando no parece que se plantee el FONDO del asunto, que es 1º si de verdad es necesaria una embajada ya preexistente y que ahora nos enteramos cuánto nos cuesta, y que de repente por lo visto es un chollo, sin que nadie lo dijera antes cuando había otros ocupantes del cargo, y 2º si es aconsejable que los nombramientos de embajadores sean ad libitum del Gobierno, pese a que no solo aquí son ad libitum?

¿Nos ponen un dedo delante del ojo, el dedo de un nombramiento a dedo que la ley permite, y ya creemos que es más grande que el sol que está detrás? O sea, que se puede tapar el sol con un dedo, con el dedo que elige el Gobierno de cada vez para ocultarnos el sol. Una y otra vez. En fin.

Verónica del Carpio Fiestas

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Independencia judicial: Púnica y jueces

Titulares en periódico nacional: “Compadreo de los jueces que conocían sus casos. Granados pactó con una instructora fuera del juzgado no grabar en vídeo su testimonio. El exconsejero tuvo que pedir a la jueza “que se cortase con los elogios” en público“. Enlace, aquí.

Escojo este texto periodístico, al azar entre muchos análogos, para efectuar al hilo de ello, unas observaciones sobre periodismo, Estado de Derecho y Consejo General del Poder Judicial y, en definitiva sobre independencia judicial.

  1. Sobre periodismo y desinformación. El texto no se corresponde con los titulares. El texto de las grabaciones del asunto Púnica transcritas no recoge tal “compadreo”. Recoge algo muy diferente: un imputado -actualmente en prisión preventiva, por cierto, y por el mismo tema-, habla con otros sobre la existencia de tal compadreo. Muy mal vamos si se considera periodísticamente que lo que se “dice” es como si “existiese”, incluso en titulares. Y con esos titulares que no corresponden con el texto pasa la información a Twitter y circula, y da lugar al descrédito generalizado de jueces, no ya solo de los mencionados, sino de todos, como puede comprobar quien dedique tres minutos a leer Twitter. Porque Twitter es ese lugar donde prima la brocha gorda, donde el matiz no cuenta, donde pocos leen más allá del titular, donde muchos ni leen el enlace adjunto al tuit pero lo difunden; y periódicos que titulan así saben que es así como circula la información, o deberían saberlo.
  2. Sobre grabaciones como prueba. Ninguna grabación existe solo con que la Policía diga que existe, que su contenido es así y que la transcripción es completa y fidedigna, ni por el mero hecho de estar incorporada a un sumario. Sin que ello signifique insinuar manipulación, creo que ya está bien de dar crédito a ciegas a lo que se difunde sin más, como si no fuera necesario juicio ni sentencia, porque ya la mera difusión es sentencia, y como si esa sentencia dictada sin juicio ni proceso ni defensa fuera además inapelable. Estamos en un Estado de Derecho, se supone.
  3. Sobre la noticia y el Consejo General del Poder Judicial. La independencia judicial consiste en dos aspectos conexos: ser independiente y parecerlo. Porque esto no es como la mujer del César, que además de ser honrada ha de parecerlo; aquí hablamos de algo muchísimo más importante, de cómo es y cómo debe parecer quien ha de CONTROLAR al César. El Consejo General del Poder Judicial no puede ni debe permanecer impasible ante informaciones como esta difundida, las grabaciones de Púnica que implican a jueces. Urgen diligencias informativas o como se llame el expediente informativo en ese ámbito. Porque el expediente informativo dilucidará una de dos: que o en efecto hay tal compadreo y por tanto procederá tomar medidas de índole disciplinaria en su caso, o que no hay tal compadreo, y entonces hay que defender la independencia judicial atacada por  la via del desprestigio masivo de profesionales de la judicatura por el sistema perverso de atacar el prestigio individual de algunos. El Sr. Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, debe hacer algo; y no precisamente lo mismo que lleva haciendo desde que lo nombraron, que es seguir conviertiendo al Consejo General del Poder Judicial en una Dirección General del Ministerio de Justicia.

Están pasando cosas graves en España. Son cotidianos los ataques a la independencia judicial; y sin independencia judicial no hay Estado de Derecho. Esos ataques vienen por muchos lados, incluyendo medidas legislativas; desde nombramientos judiciales discutibles a la falta de medios en los juzgados que impide investigar, y presiones con declaraciones públicas de políticos y hasta de empresarios. No voy a poner ejemplos. Está de ello lleno el Twitter de las asociaciones judiciales Asociación Judicial Francisco de Vitoria @JuecesAJFV, Jueces para la Democracia @JpDemocracia y Foro Judicial Independiente @FJuecesIndepend y de la ONG de defensa de la tutela judicial efectiva Rights International Spain @ris_org; y en este mismo blog y mi Twitter @veronicadelcarp se han recogido numerosos ejemplos, y ya cansa repetirlo.

Y  también hay otras formas de ataque, más sutiles, más solapadas, quizá hasta más eficaces: la vía del desprestigio gratuito colectivo a quien ha de juzgar a corruptos y sinvergüenzas mediante la manipulación de la información, y la paralela vía de no defender la independencia judicial, o no hacer lo que corresponde contra los jueces que no merecen la confianza de la ciudadanía, o de permitirnos siquiera saber si merecen o no tal confianza haciendo oídos sordos a los intentos de manipulación o de denuncia.

Ya esta bien de bromas con el Estado de Derecho. Porque si son bromas, diría que no soy la única a la que no le hacen ninguna gracia.

Verónica del Carpio Fiestas

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Reflexiones insignificantes sobre Twitter

Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal… cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo” (G.F.Watts, pág. 88, 1904) [El idioma analítico de John Wilkins, Otras inquisiciones, Jorge Luis Borges]

Esta nada insignificante reflexión  de Borges del año 1952 dentro de una reflexión sobre un autor del siglo XVII, y citando a otro autor del siglo XX, puede quizá merecer, a su vez, una reflexión, aplicada a Twitter. El lenguaje ya de por sí intrínsecamente difícil para transmitir la riqueza del mundo y del alma humana, según comentario de Chesterton ¿cómo queda si se contiene en píldoras simplificadoras de 140 caracteres, los que caben en un tuit? ¿Cómo son los pensamientos, las ideas, las descripciones que caben en 140 caracteres incluso si son enriquecidos con la cita de tuit ajeno o las cuatro imágenes que permite ahora incluir Twitter? El mundo del aforismo, de tanta tradición literaria y filosófica, tanto prestigio intelectual y hasta  tanta utilidad práctica para echar mano de citas (¿qué haríamos algunos sin Georg Christoph Lichtenberg?) queda al alcance de cualquiera, con difusión inmediata, incontrolable e ilimitada, en un medio que es por una parte como un mar inmenso al que se lanza una botella y no se sabe donde llegará y a quién si acaso llega, y por otro un archivo donde todo queda, con memoria perpetua e ilimitada; desde las fotos con amigos hasta el comentario de nivel de barra de bar. El aforismo de Lichtenberg se difunde con ese inmenso o pequeño alcance y también la bobada, el exabrupto, lo insustancial, el insulto. La búsqueda del tuit perfecto, se dice; el tuit hasta como forma literaria. Ay. Comentarios inanes de futbolistas consiguen miles de retuits y una sentencia que puede ayudar a evitar una ejecución hipotecaria, y ayudar a que personas no caigan en exclusion social, veinte. Un mundo curioso, Twitter, y dificilísimo, y muy duro. Todo un mundo está ahí, pero no es exactamente el mundo.

Y no es el mundo, porque Twitter revela a las personas como son, pero también permite el artificio y la impostura más fácilmente que otros medios, y también el insulto y el ataque personal gratuitos. De quienes dirigen comentarios insultantes a personas desconocidas en Twitter, ¿cuántos les dirían eso mismo a la cara a esas personas desconocidas? ¿Cuántos son conscientes de que un avatar, incluso cuando consiste en una foto que no es gráficamente descriptiva del titular de la cuenta, tiene una persona detrás, con piel dura o fina, pero que ha de escoger entre no leer todas las interacciones o leerlas todas, -porque no hay término medio en esto en Twitter, salvo que se decida leer unas pocas interacciones, las últimas, y con eso perder información-, y por tanto arriesgarse a encontrarse y leer comentarios insultantes de personas desconocidas? Desconocidas desde dos puntos de vista: porque no se las conoce personalmente o porque no se identifiquen; y en ambos casos sin que haya habido ninguna comunicación previa. En el entendido, obvio, de que es imposible gustar a todo el mundo, e inútil intentarlo, ¿qué ventaja moral o emocional puede recibir quien emite comentarios así, de los que no diría a la cara, despectivos o insultantes? Twitter es el lugar del impulso, donde se puede conseguir lo que vende la publicidad -esa publicidad que por motivos mercantiles vende las virtudes del “ahora” y el “ya” y las ventajas de todo tipo que, al parecer, aporta satisfacer de forma inmediata necesidades con la adquisición inmediata de productos y servicios; y eso explica muchas cosas. Es gratis Twitter, y eso también explica mucho. Quien escribe un tuit habla al viento, sin saber que esas palabras no las lleva el viento, que las palabras quedan, que las palabras llegan, que las palabras hieren. Porque quiero pensar que nadie hace daño conscientemente; quiero pensar que es solo inconsciencia, la inconsciencia del niño pequeño que juega con algo que no necesariamente es dañino (¿es dañino un tenedor?) puede hacer daño a otros y hacérselo también a sí mismo. Quiero pensar en las palabras de Ulpiano para definir el Derecho o la Justicia: “honeste vivere, alterum non laedere et suum quique tribuere“, vivir honradamente, dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a nadie. En el “naeminem laedere“, el no hacer daño a nadie inmotivadamente, pudiendo evitarlo.

Pero entre las muchas cosas que es Twitter, hay dos que es, y de eso creo que puedo estar bastante segura de que mi interpretación resulta correcta.

  1. Twitter es un instrumento de activismo de potencia tal como jamás ha existido otro. Lo describe muy bien mi compañero de luchas jurídicas José Muelas, abogado, actualmente Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, en un post sobre la llamada “imprenta vietnamita”. En época franquista los opositores al régimen se jugaban ir a prisión por la mera tenencia de un rudimentario método de impresión conocido como “imprenta vietnamita”, que permitía imprimir unas pocas octavillas que luego se difundían repartiéndolas a mano, de una en una. Solo unas pocas octavillas podían imprimir, y lo hacían; incluso jugándose la libertad. Nosotros podemos escribir ilimitadas octavillas, que llegan a ilimitados destinatarios, a coste cero y sin riesgo personal; hasta sin salir de casa. No podemos quejarnos, porque si el Poder tiene medios, y utilizo esta palabra en su doble sentido de herramientas y medios de comunicación, la ciudadanía de a pie no está ya indefensa y tiene lo que nadie ha tenido nunca, en toda la Historia, la Historia con mayusculas: ilimitada capacidad de difusión. Me remito a mi post Reflexiones personales sobre cómo hacer activismo juridico sin un euro para financiación“, porque esas reflexiones, de hace unos meses, muy pensadas, tengo la convicción de que pueden ayudar a otros a luchar por lo que crean; aunque crean cosas distintas de aquellas en las que creo yo.
  2. Twitter proporciona la fuerza de una red para el activismo. Y no, no lo digo en el sentido habitual de la web como red, sino en el sentido de que permite crear vínculos para activismo que son muy fuertes: los de la fuerza de una red, no los de la fuerza de una cadena o de una cuerda. La fuerza de una cadena, de una cuerda, es la del punto más débil; la cuerda se rompe solo con que se rompa en un único punto, y la cadena se parte por el eslabon más débil, con un único eslabón. Pero una red son puntos donde confluyen líneas, muchos puntos y muchas cuerdas. Si la red es suficientemente grande, que falle un punto no significa absolutamente nada, porque los demás puntos resisten y por tanto resiste la red; y no hay puntos más importantes que otros, porque todos son importantes y ninguno es indispensable.

Detrás de los avatares hay personas, incluso de las cuentas colectivas o institucionales, que salen fuera de Twitter. Una persona a quien he tenido ocasión de conocer virtualmente como consecuencia de estar en Twitter me ha hecho llegar por medios no públicos -tras las relaciones en Twitter siguen fuera las relaciones personales- una foto maravillosa, la foto más bonita y más dulce que se puede mandar: la de su bebé recién nacido. Que me haya llegado esa foto me permite más reflexiones, seguramente tan insignificantes como todas las anteriores: que importan las personas, que importa el futuro y que hay futuro, y que Twitter puede ayudar a que sea mejor y que, siendo conscientes de ello, hay que intentarlo.

#TVerónica del Carpio Fiestas

en Twitter @veronicadelcarp,

tras 90.000 tuits

y habiendo llegado, sigo sin saber cómo, a 10.000 seguidores

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Sobre matrimonio entre personas del mismo sexo

Se van a recoger en este post datos normativos y jurisprudenciales a texto completo  sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, en España, USA y México. Mi opinión al respecto ya está expuesta y razonada, desde 2012, en este post, anterior a la sentencia de Tribunal Constitucional español que se pronunció sobre la normativa española, y a mi opinión ya expuesta me remito.

España. 

  • Ley vigente

LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Enlace a texto completo en Boletín Oficial del Estado, aquí. ley 13-2005

  • Jurisprudencia constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, de 13 de noviembre, dictada en relación cn el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la citada ley 13/2005. Enlace a texto completo en Boletín Oficial del Estado, aquí.

STC sobre Ley 13-2005

Estados Unidos.

  • Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2015. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. OBERGEFELL ET AL. v. HODGES, DIRECTOR, OHIO DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL. Enlace a texto completo en la web oficial del TS USA, en inglés, aquí.

TS USA sentencia matrimonio homosexual

México.

  • Suprema Corte de Justicia de la Nación. TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015 (10a.). Enlace a texto completo en la web oficial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aquí (ver concretamente página 94 del pdf). Según diversas informaciones, al parecer ha habido casos anteriores análogos a este de junio de 2015; véase noticia en El Comercio, 19-junio-2015, aquí, que menciona cinco casos.

mx

Desde la firme creencia en la tolerancia y el respeto, firma este post

Verónica del Carpio Fiestas

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Democracia y separación de poderes

Cuando un ordenamiento jurídico propicia o permite situaciones jurídicas diametralmente opuestas a la propia esencia de la democracia, o cuando no ofrece soluciones a situaciones, así, algo gravísimo sucede en ese ordenamiento jurídico y en esa democracia.

Quien esto lea puede entender que los magistrados Sr. López y Sra. Espejel no son inequívocamente próximos al Partido Popular.

Quien esto lea puede entender que es irrelevante que personas inequívocamente próximas al Partido Popular juzguen el caso Gürtel, el más importante caso de corrupción que ha afectado al Partido Popular, incluyendo en su conjunto la calificación penal de “organización criminal” para el Partido Popular y que afecta a dos tesoreros  del partido. No “extesoreros”, sino “tesoreros”, porque lo eran cuando sucedieron los hechos.

Quien esto lea puede argumentar que hay otros casos en los que personas próximas a otros partidos han intruido procedimiento penales que afectan a partidos o juzgado sobre ello.

Quien esto lea puede recordar que el presidente del Tribunal Constitucional, que si no resuelve  justicia ordinaria en sentido estricto sí resuelve justicia constitucional, o sea, justicia, tuvo carné del Partido Popular.

Quien esto lea puede pensar que no se puede prejuzgar que personas inequívocamente próximas a partidos vayan a prevaricar.

Quien esto lea puede pensar todo eso. Quien esto lea es libre de pensar que no hay tal proximidad y tendrá derecho a pensarlo porque el pensamiento y la opinión son libres aunque ello signifique, objetivamente, negar realidades. Quien esto lea puede consolarse pensando que ha habido otros casos que afectan a otros partidos; como si fuera consuelo que el gusano esté en la raíz. Quien esto lea puede pensar que la lista de causas de abstención y recusación está ahí, tasada, para evitar que se tenga que abstener o pueda ser recusado con éxito alguien que objetivamente no presente problemas de falta de imparcialidad objetiva.

Y también es libre mi pensamiento y tengo mi libertad de expresión. Y en uso de mi libertad de pensamiento y de mi libertad de expresión, como ciudadana y como jurista, digo, con profunda tristeza, porque no me consuela sino todo lo contrario que haya habido casos análogos, que si un ordenamiento jurídico propicia o permite que dos jueces inequívocamente próximos al Partido Popular juzguen el caso Gürtel, y si no ofrece solución juridica a que eso no suceda, esto no es una democracia. Y me da igual que ello proceda de que haya habido reparto de sillas en el Consejo General del Poder Judicial apoyado por muchos  partidos, no todos, y que sea posible que el Tribunal Constitucional esté presidido por una persona que tuvo carné del Partido Popular.

No, mejor dicho, no me da igual. Lo que me da es asco.

Y me daría exactamente igual el mismo asco si mañana el Sr. Benlloch, exministro de Justicia con el PSOE y actual alcalde de Zaragoza por ese partido, juzgara el caso ERE que afecta muy gravemente a su partido, algo que, con el mismo ordenamiento jurídico que propicia o permite lo de los dos jueces de Gürtel, sería posible.

Podría haber hecho un post estrictamente jurídico, con análisis de normativa y jurisprudencia. He preferido no hacerlo. Me da miedo llegar a una conclusión: a la conclusión de que no vivo en una democracia.

Y si usted, lector, lectora, lee este post y no sabe  a qué caso me estoy refiriendo y de qué estoy hablando en este post, tiene usted un grave problema. El mismo problema que sufrimos todos: la libertad de prensa.

Verónica del Carpio Fiestas

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Rayas

ilusión óptica

Los dos segmentos de las figuras de arriba tienen igual longitud. Sin embargo, lo percibimos de otra manera. Es ejemplo clásico de ilusión óptica en la psicología de la percepción.

Y al buen entendedor, pocas palabras.” [Don Quijote, Segunda parte, Capítulo XXXVII]

 Verónica del Carpio Fiestas

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La opinión de los expresidentes del Gobierno

Son innumerables los detalles aparentemente insignificantes que se dan por sentados en la política española actual y que habrá que reflexionar si, a estas alturas, o harturas, queremos que se sigan dando por sentados. Voy a escoger uno.

Detalle que se da por sentado: “la opinión jurídica de todos los expresidentes del Gobierno es jurídicamente valiosa, y por tanto hay que reconocerla, tenerla legalmente en cuenta incluso en la tramitación de las propias leyes y, como lógica consecuencia, pagarla, y bien“.

Explico cómo se plasma esto.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, o, mejor dicho, del Estado, como, como ha aclarado el Tribunal Constitucional pese a la dicción literal del artículo 107 de la Constitución que prevé su existencia. Está regulado en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, modificada por Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre. Son variadas sus funciones, todas de la máxima relevancia, e incluyen, entre otras, intervenir en fase prelegislativa, o sea, informar sobre las normas antes de ser aprobadas. En la tramitación de las leyes sus informes no son vinculantes, pero sí preceptivos.

La importancia jurídica de este organismo consultivo es tan incuestionable que si su informe es preceptivo en la tramitación prelegislativa de una norma de carácter reglamentario, y no se ha emitido, esa norma podrá ser anulada por los tribunales, y si la autoridad consultante es un miembro del Gobierno y desea apartarse del dictamen, la resolución debe ser adoptada por el Consejo de Ministros (art. 2.2 párrafo cuarto Ley Orgánica).

Para quien no conozca este organismo, debe dejarse muy claro, pues, que no es uno de tantos entes creados para mamandurria y que sus funciones son de verdad importantísimas, en la teoría y en la práctica, y el prestigio teórico y práctico de sus dictámenes, indiscutible. Se trata de un elemento básico de nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, aunque no exclusivamente, para la tramitación de normas.

Y veamos lo que su normativa reguladora dispone sobre expresidentes del Gobierno, como figura en la propia web del Consejo de Estado:

Componen el Pleno, además de los miembros que integran la Comisión Permanente, los Consejeros natos y los electivos. Son Consejeros natos, por razón de otro cargo que ostentan o hayan ostentado: Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno y hayan manifestado al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él. Su mandato es vitalicio (art. 8.1 Ley Orgánica).

¿En qué argumento exactamente se basa nuestro ordenamiento jurídico para considerar que es jurídicamente valiosa la opinión jurídica de expresidentes del Gobierno, y que lo es en todo caso y para siempre? No en la Constitución, puesto que se limita a decir en su artículo 107 que “El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.”

Tampoco dice nada el Preámbulo de la Ley de 1980 que reguló el Consejo de Estado, porque sencillamente no dice nada de nada sobre nada, más que esto:

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

El paso de los expresidentes al Consejo de Estado no estaba previsto en la versión de 1980 de la ley reguladora del Consejo de Estado; esto, que hasta entonces no se había planteado, se incluyó por reforma legal en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero. Con la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre se incorporó una modificación a la versión original del artículo 8 de la Ley reguladora:

1. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico, el cual incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.

Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.

O sea, que hasta 2004 la opinión jurídica de los expresidentes no era jurídicamente valiosa sí o sí y para siempre, de forma vitalicia; desde entonces, lo es.

Y se argumenta en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2004, que introdujo esa modificación, en los siguientes términos:

Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva se ha estimado conveniente incorporar al Consejo de Estado a los ex Presidentes del Gobierno. El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve.

Para la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de Estado se crea la categoría del Consejero nato con carácter vitalicio, por ser esta la que mejor se adecua a las funciones y cometidos que han de desempeñar, todo ello sin perjuicio de que en el futuro desarrollo reglamentario se determine más precisamente su estatuto jurídico personal.”

Nos encontramos pues con que un importantísimo organismo que informa sobre normas antes de que sean aprobadas, cuyos informes tienen enorme eco en la sociedad -sobre las leyes más relevantes en tramitación sus informes son citados hasta por los medios de comunicación- y que condiciona la tramitación de normas reglamentarias hasta el punto de que si no se emite su informe se pueden anular esas normas reglamentarias, tiene a los expresidentes emitiendo opiniones jurídicas de esa relevancia; si es que el expresidente quiere estar ahí, porque no es obligatorio. En estos momentos lo está Rodríguez Zapatero; lo estuvo Aznar. Lo podrían estar, si quisieran, González y, en el futuro, Rajoy.

¿Usted cree que es muy valiosa jurídicamente la opinión de Aznar, Zapatero, González y que lo es en cualquier caso y lo es para siempre?

¿Cree usted que

El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve

como dice el preámbulo de la ley como justificación de esto?

¿Cree usted que será jurídicamente valiosa en su día la opinión de Rajoy, por su caudal de experiencia política, su conocimiento de la realidad del Estado y su compromiso democrático, y que su opinión redundará en beneficio de la Administración y de los ciudadanos?

¿Cree usted que sería también jurídicamente valiosa la opinión de un expresidente que hubiera sido condenado por corrupción, o por cualquier otro delito? ¿Del que hubiera desarrollado una política nefasta como presidente del Gobierno, la política en opinión de usted nefasta? ¿De quien tuviera una conducta personal opuesta a lo intachable? ¿De quien, por ejemplo, estuviera en la cárcel, incluso?

¿Usted cree que todos los expresidentes, por serlo, saben mucho de Derecho? ¿Tanto como para que su opinión, emitida en un órgano colectivo consultivo, condicione normas?

¿Usted cree, en definitiva, que la opinión de CUALQUIER expresidente del Gobierno, hayan sido como hayan sido su trayectoria, su probidad, su formación, el resultado de las políticas que desarrolló como presidente y su actuación posterior y anterior como político y como ciudadano, DEBE tenerse en cuenta para condicionar normas?

¿Cree usted eso?

Y no estoy hablando de DINERO. Estoy hablando DE OPINIÓN. De si ES jurídicamente valiosa la OPINIÓN de un expresidente.

A usted le puede parecer que lo importante es que el expresidente del Gobierno COBRA por formar parte del Consejo de Estado, y además de cualquier otra cosa que pueda cobrar como expresidente. Los medios se hicieron eco de los 72.000 euros anuales que iba a cobrar Rodríguez Zapatero por ejercer esa función, compatibles con otros ingresos como expresidente.

Pero mí, personalmente, que un expresidente cobre por serlo, no solo no me parece mal sino muy bien. Las puertas giratorias son muchísimo más perjudiciales para la sociedad que un sueldo vitalicio digno, y no puede exigirse, siendo realistas, que alguien vuelva a su situación anterior a ganarse la vida desde cero o en el punto donde dejó perdida su vida profesional quizá muchos años atrás. Que no cobren tras dejar de ejercer el cargo no solo es demagogia, sino que significa, ni más ni menos, que solo pueden ser políticos los ricos o los funcionarios. Ciertamente no los autónomos o quienes honradamente no quieran hacer uso de su influencia para conseguir clientela, porque no es fácil volver a la vida profesional tras años de baja, como saben cualquiera que ha sufrido una baja prolongada por enfermedad y las mujeres que se reincorporan tras una excedencia por cuidado de hijos.

Lo que discuto, o someto a reflexión, es POR QUÉ debemos entender que la opinión de un expresidente es SIEMPRE valiosa, y por qué ha de presumirse que dispone de un caudal de conocimientos y experiencias y una calidad democrática que los hacen insustituibles ya para siempre en el encaje normativo del Estado. Por mucho que su opinión sea solo la de uno más en un órgano colectivo. Cobre o no cobre por emitir esa opinión.

A mí, personalmente, no me interesa la opinión jurídica del Sr Rajoy, ni me parece que deba tenerse en cuenta en algo tan grave como la tramitación de normas. No observo en él ese caudal de experiencias valiosas y esa elevada calidad democrática que, a tenor de la exposición de motivos citada, fundamentan el valor de su futura aportación jurídica en el Consejo de Estado, ni, como jurista que soy, aprecio en él especiales conocimientos jurídicos.

Tampoco me interesa la opinión de los otros expresidentes vivos, cuya actuación como presidentes dejó mucho que desear en su día, y/o cuya actuación posterior como ciudadanos particulares haciendo uso de puertas giratorias y de mecanismos de enriquecimiento personal con contactos establecidos cuando su vida política no me permiten deducir la mejor impresión de su forma de ser y sus conocimientos jurídicos.

Ofrezco esto como material para la reflexión. E insisto: no estoy hablando de dinero, de lo que cobran por ser consejeros de Estado. Estoy hablando de algo MUCHO más serio. De perpetuar en los mecanismos de poder a quienes habrá que discutir si de verdad es necesario que se perpetúen en los mecanismos del poder, como pequeño engranaje solo, sí, pero presumiendo que concurre lo que no tiene por qué necesaramente concurrir: la honradez, la calidad democrática y la experiencia valiosa.

Por mi parte, ya lo tengo muy reflexionado.

Y tenga en cuenta, por si no lo sabe, que en Comunidades Autónomas existe mecanismo análogo. En Madrid, el exministro de Justicia Sr. Gallardón, poco menos que unánimemente reconocido como el peor de la democracia, está formando parte del Consejo Consultivo equivalente a nivel autonómico del Consejo de Estado, en su calidad de expresidente de la Comunidad de Madrid, emitiendo opiniones jurídicas que nos afectan a todos los madrileños; y formará parte, si quiere, también, la Sra. Aguirre. Las opiniones jurídicas de estas dos personas cuyos conocimientos de Derecho son los que prefiero no comentar, y cuya trayectoria política y talante personal tampoco quiero ni mencionar, se consideran jurídicamente valiosas.

¿Usted cómo lo ve?

Verónica del Carpio Fiestas

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