Cotorras políticas

​Ansío penetrar con vosotros en la selva histórica que nos ofrecen los adalides políticos durante muchos meses del año 2016, año de sarampión agudísimo del que salimos por la intensa vitalidad de esta vejancona robusta que llamamos España. La historia de aquel año es selva o manigua tan enmarañada que es difícil abrir caminos en su densa vegetación. Es en parte luminosa, en parte siniestra y obscura, entretejida de malezas con las cuales lucha difícilmente el hacha del leñador. En lo alto, bandadas de cotorras y otras aves parleras aturden con su charla retórica; abajo, alimañas saltonas o reptantes, antropoides que suben y bajan por las ramas hostigándose unos a otros, sin que ninguno logre someter a los demás; millonadas de espléndidas mariposas, millonadas de zánganos zumbantes y molestos; rayos de sol que iluminan la fronda espesa, negros vapores que la sumergen en temerosa penumbra.

En los salones politicos, en las redes sociales y en los medios de comunicación había mucha gente agrupada en diferentes corrillos. En todos los grupos se respiraba el aire espeso y acre que arroja de sí la expresión “crisis política”. ¿Dónde estabas, Musa de la Historia; en qué pozo te habías caído que no fuiste de Ministerio en Ministerio, de sede de partido político en sede de partido político, de cadena de televisión en cadena de televisión, con la zapatilla en mano, azotando las posaderas de toda esta gente rencillosa y quimerista, sin conocimiento de la realidad ni estímulos de patriotismo? En aquel maremágnum de gente ociosa y postulante se perdía de vista a cualquier político sensato y los ciudadanos que miraban salían hastiados de la crisis política y de la turbulencia moral que indicaban los rostros de aquellos politicastros de baratillo.

En Twitter, esa barra de bar llena de papanatas y haraganes, había gente que parecía sentir ya vivos impulsos de enredarse a tuitazo limpio con cuantas personas se ponían por delante. Y cuando sin pensarlo, como huyendo de sí mismos, los ciudadanos encendían la televisión pensando que quizá allí en podrían encontrar algo que les hiciera pensar en otra cosa, resultaba, se mirara donde se mirara, que estaban todos los canales poblados de vagos y de parlanchines de esos que arreglan el mundo desde la tertulia. Al instante el espectador al que se le ha ocurrido encender la televisión se siente arrastrado al vértigo de una conversación febril, de política, por supuesto… Unos hablaban horrores del político tal, del político cual y de toda la chusma que llamaban con un mote ridiculizante; tipos locuaces, despotricando, rociaban al espectador con su saliva; señores que se las daban de serios y se creían depositarios del buen sentido y creadores de opinión eran unos solemnes plastas, de esos que se precian de poner los puntos sobre las íes y de quitar caretas a todo el género humano. Economistas de medio pelo desmenuzaban en los medios de comunicación los datos economicos y, acumulando cifras a su antojo, armaban un mazacote macroeconómico para uso de cuatro papanatas, y sus artículos ilegibles, semejantes a una pared de ladrillo, les daban fama de economistas serios. Otros decían que era acertadísimo lo de la libertad igual para todos, lo del derecho al trabajo y a la educación, lo del gobierno por el pueblo y para el pueblo, pero que todo eso no será eficaz mientras no tengamos un buen sistema fiscal y un rigor escrupuloso en las prácticas administrativas.

Por mucho que oficialmente se aseguraba en documentos oficiales que ni se daban enchufes ni cargos ni recomendaciones ni indemnizaciones ni colocaciones, los cesantes de los partidos viejos, el detritus de la política, los innumerables moscones aburridos y famélicos que hacen imposible la vida oficial vuelven, zumban y pican.

La media docena de hombres que simbolizaban la situación política lucían como faros luminosos en la esfera del ideal; mas en la acción se apagaban sus indecisas voluntades. 

Y en el Congreso, una teatral batalla. Veíamos una comedia lírico-parlamentaria, con un concertante final en que desafinaron todos los virtuosos. Los medios de comunicación eran un continuo ir y venir de nutridas comparsas, que disparaban vítores y exclamaciones de sorpresa o de júbilo.

Así no se pasa de un régimen político de mentiras, de arbitrariedades, de desprecio de la ley, de caciquismo y nepotismo a una democracia con verdadera regeneración democrática.

[Y en efecto, de esta selva de cotorras políticas no se pasó a una verdadera regeneración democrática, sino a un sistema corrupto y perverso de más caciquismo y de aparente alternancia de dos partidos que se diferenciaban en el nombre y coincidían en su afán de poder y su concepto del Estado como una ubre y como un cortijo. Porque esto que acaba usted de leer es un corta y pega, modificando unas cuantas cosillas, de diversos fragmentos de uno de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós, el que describe la situación de 1873, titulado “La Primera República”. Y supongo que recordará cómo acabó. Aviso a navegantes.

Por cierto, también en 1873 había solo varones entre los políticos que, en el Congreso, hablaban en nombre de las más importantes facciones políticas y con posibilidad de ser nombrados presidentes del Gobierno. Vamos bien.]

Verónica del Carpio Fiestas

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27J

Este es un post pensado para el 27J, el 28J, el 29J, el 30J y las fechas sucesivas. Cuando escribo esto aún no han abierto los colegios electorales del 26J, día de las segundas elecciones generales en unos meses. Las irrelevantes reflexiones de una ciudadana cualquiera son eso, las irrelevantes reflexiones de una ciudadana cualquiera. Pero cualquiera tiene derecho a alzar su voz y esta ciudadana hace mucho tiempo que decidió no callarse, si en conciencia creía que lo que decía debía ser dicho, aunque fueran rayas en el agua, que no por casualidad se llama así este blog.

Señores de los partidos y todólogos, la ciudadanía no es la causante de estas segundas elecciones ni lo sería de unas hipotéticas terceras si llegara el caso. Los electores no nos ponemos de acuerdo previamente a depositar nuestro respectivo voto con los otros millones de electores para decidir qué tenemos qué votar cada cual para conseguir un resultado. Es una decisión individual e incoercible, y secreta, no fruto de una decisión previa y coercible. No nos hemos puesto de acuerdo para votar en un sentido y con un resultado, ni ahora ni nunca, porque el voto es personal. Parece mentira que haya que recordar estas obviedades,  pero si, hay que recordarlas, porque no paro de oír que esto es una decisión colectiva en el sentido de que nos hemos concertado para que el resultado electoral sea ese. Pero no es así, señores de los partidos y todólogos. Así que dejen de decir, señores de los partidos y todólogos, que la ciudadanía ha votado ingobernabilidad, derechas o izquierdas. Yo no soy responsable del voto de otros. Soy responsable de mi propio voto, y solo de mi voto, o de mi abstención. Y mis conciudadanos igual.

Así que, sea cual sea el resultado de unas elecciones, dejen de una vez de reprocharnos ingobernabilidad, porque no hemos decidido que la haya, porque hemos votado individual y legítimamente lo que con decisión exclusivamente individual hemos considerado oportuno, cada cual decidiendo solo, y siendo solo responsable de, su propio voto, y punto.

Pero ustedes, señores de los partidos, sí son responsables de la gobernabilidad. Los únicos responsables. Los partidos tienen la obligación, sí, digo deliberadamente obligación, de formar gobierno. Con las cartas que tengan. Estén o no fragmentados, haya bipartidismo o pluripartidismo.

Y ustedes han fracasado, y encima se permiten echan la culpa puerilmente a otros partidos y a la ciudadanía que, según ustedes, ha votado ingobernabilidad. Sí, también digo de forma deliberada lo de “puerilmente”. Porque ustedes, señores de los partidos, han decidido comportarse como niños, en el sentido de que han rehuido responsabilidad de adulto, incluyendo la de dimitir cuando hay que dimitir.

Pero se acabaron las puerilidades, señores de los partidos. No podemos permitirnos más tonterías.

Es posible que en Bélgica, ejemplo que se pone siempre alegremente, fuera hasta bueno que durante una temporada larga no hubiera gobierno. Eso se dice, y no sé si en efecto fue bueno, como tampoco sé qué competencias tiene en Bélgica un gobierno en funciones, si más o menos que aquí, y si allí sería admisible que, como aquí, un gobierno en funciones se permitiera el lujo antidemocrático de no dar cuentas al parlamento so pretexto de estar en funciones porque cuenta con la pasividad cómplice de un Tribunal Constitucional en plena decadencia jurídica que no sirve ni para meter en vereda antes de que acabe una legislatura inútil a un gobierno en funciones que pretexta estar en funciones para considerarse a sí mismo irresponsable.

Pero España no puede permitirse más tiempo sin gobierno. No puede tampoco permitirse una terceras elecciones con el mismo gobierno en funciones que siga haciendo de su capa un sayo. No podría permitírselo en ningún caso, y menos aún ahora que Gran Bretaña ha votado en referéndum abandonar la Unión Europea. Se vaya al final o no se vaya Gran Bretaña, es evidente que nada será igual en la Unión Europea después de esto. Es evidente también que en los próximos meses y años, y además desde ya mismo,  habrá que tomar innumerables decisiones políticas y técnicas en relación con el huracán Brexit, decisiones importantísimas, gravísimas.

Y esas decisiones no puede tomarlas un gobierno en funciones, y no digamos ya un gobierno en funciones que no da cuentas a las Cortes.

Señores de los partidos, han sido ustedes muy irresponsables, en los dos sentidos del término. Pero hasta aquí hemos llegado. En los próximos meses y años nos jugamos el futuro de España y de Europa para muchas décadas, quizá siglos. Así que se lo voy a decir en palabras sencillas, ya que nos toman por tontos a los ciudadanos y debe de ser que tendremos que rebajar también nosotros nuestro nivel de expresión: dejen ustedes de hacer gilipolleces.

Verónica del Carpio Fiestas

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No me representan

Hipótesis. En el año 2016, a un “debate a cuatro” considerado decisivo para la campaña electoral de un país con 50% de población blanca y 50% de población negra, los cuatro principales partidos han enviado a sus respectivos jefes de filas, los cuatro blancos. En las anteriores elecciones sucedió lo mismo, con la diferencia de que en el entonces “debate decisivo” el presidente del Gobierno -blanco, como todos los presidentes del Gobierno hasta la fecha en 38 años desde la Constitución que estableció la igualdad entre blancos y negros como principio básico del ordenamiento jurídico-, muy ocupado, muy despreciativo o muy cobarde, mandó en su lugar a un negro; hasta un negro puede con mis contrincantes, quería decirnos. En estas últimas elecciones, además, ha habido un debate sectorial importante, sobre Economía; los cuatro partidos han mandado a sus respectivos responsables en el tema, los cuatro, blancos. En estas últimas elecciones, además, dos partidos, cuyos responsables respectivos son blancos, decidieron formar una coalición; es decir, que los cinco partidos tienen responsables blancos. En estas últimas elecciones, además, se ha organizado un debate electoral especial con cuatro negros, escogidos especialmente por ser negros, y hay quién lo ha considerado y aplaudido como un ejemplo de igualdad. Todos los partidos insisten en lo que creen en la igualdad entre blancos y negros y en lo que la apoyan; que no haya candidatos negros se considera casualidad, que son los mejores o algo que, de ser un problema -no se cree que lo sea-, se arreglará con el tiempo, pero no ciertamente racismo, eso jamás. En el mismo país, por cierto, hay un rey que lo es porque es blanco; porque de haber nacido negro la Constitución establece que reinaría otra persona blanca. Hay además un presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que es blanco, pese a que no solo la mitad de la población es negra, sino que son negros la mitad de los jueces. En el Tribunal Constitucional, presidido por un blanco, hay doce magistrados, de los cuales diez son blancos. El presidente de las Cortes y el del Senado son blancos. En el Congreso, en la legislatura recién acabada, todos los portavoces titulares de los partidos en la Junta de Portavoces del Congreso, incluyendo el presidente de la Junta, eran blancos, y eran también blancos los presidentes de 16 de las 17 comisiones del Congreso. En el Tribunal Supremo, la Sala 1ª, que resuelve Civil y Mercantil y, concretamente, los pleitos derivados de las relaciones interraciales, la componen magistrados todos blancos. Ah, y en el “debate decisivo” se dedicaron solo unos segundos a los asesinatos racistas y ataques racistas contra la integridad  física y moral de negros, pese a tratarse de un gravísimo problema.

Esto es una hipótesis. ¿Le parecería esta hipótesis un intolerable ejemplo de racismo? A mí también. Incluso el mero planteamiento repugna tan profundamente que hasta me cuesta escribirlo.

Ahora sustituya en todo el texto “negro” por “mujer” y “pleitos derivados de las relaciones interraciales” por “pleitos de Derecho de Familia”. Y tendrá no una hipótesis sino la situación exacta en la España del año 2016.

No, no, no me representan.

Verónica del Carpio Fiestas

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Sapere aude en campaña electoral

“Atrévete a saber”. El “sapere aude” es la expresión que, con origen en la Antigüedad clásica, utilizó Kant allá por 1784 para explicar qué es la Ilustración, en un texto muy conocido. El ser humano, con el pensamiento tantos siglos sojuzgado por quienes no quieren, a quienes no les interesa, que se piense por cuenta propia, y se autoerigen en gurús de variado tipo, se siente más cómodo en la pereza y en la seguridad de que razonen otros, porque pensar por cuenta propia cansa y exige sentido de la responsabilidad. ¡Es tan cómodo tener un director espiritual! Permaneciendo en una infancia intelectual, se evita uno pensar. Kant lo decía principalmente por la religión, y entonces el problema era la coacción jurídica y religiosa, incluso física, a quien se atrevía a pensar por sí mismo. ¿Y ahora?

Vayamos a la política y a la libertad; la libertad de voto. Y vayamos a las coacciones de hoy, porque hoy en España se supone que hay libertad de expresión y de pensamiento, pero las coacciones no han desaparecido; persisten, de otra forma. Ahora tenemos la coacción de los medios de comunicación. La del marketing político. La de la propaganda y la publicidad, conceptos ya indistinguibles.

¿Piensa usted por sí mismo cuando cada semana tuitea, con pensamiento teledirigido, en relación con el tema que proponen esa noche las tertulias políticas de cadenas que tienen como finalidad el lucro y que desconocemos por qué escogen un tema y un enfoque y por qué omiten otros? ¿Piensa usted por sí mismo cuando comenta con otras personas al día siguiente lo que el periodista estrella planteó en tal programa de televisión la noche anterior, pese a que usted desconoce por qué ha escogido ese tema y ese enfoque el periodista estrella, y por qué le paga su cadena de televisión, que tiene ánimo de lucro, para que trate ese tema, para que lo trate así y para que no trate otros? ¿Piensa usted por sí mismo cuando vota al que “da mejor” en un debate de televisión, el “debate decisivo” de candidatos, conforme al criterio que ya viene desde el famoso debate electoral de Kennedy vs. Nixon, tan citado cada vez que hay debates electorales como inicio del marketing político televisual? ¿Piensa usted por sí mismo cuando decide su voto pensando que un candidato sudó y eso significa que estaba nervioso o quizá algo peor, que el otro llevaba la camisa arrugada y eso significa que es un desastre o quizá algo peor, que otro se trabucó al decir una frase y eso significa que no aguanta la presión del directo o algo peor? ¿Piensa usted por sí mismo cuando hace caso de esos planteamientos de los llamados “moderadores” que exigen a los candidatos, al final de un debate, que “resuman en un minuto su programa de gobierno” o “digan lo que quieran en un minuto para convencer a los telespectadores”? ¿Razona usted por sí mismo cuando se deja convencer de que un programa de gobierno puede resumirse en un minuto y que lo que se diga en un minuto tiene que ser determinante? ¿Razona usted por sí mismo cuando considera que un candidato ha de ser un ser omnisciente en vez de un inspirador y un jefe y un coordinador de equipos? ¿Razona, pues, usted por sí mismo cuando se deja convencer por debates planteados como venta de candidatos como si fuera una venta de detergentes?

Si la respuesta de usted es “sí”, no siga leyendo. Si la respuesta es “no”, siga leyendo.

Le sugiero una campaña electoral distinta. Una que prescinda de las promesas, que ya se sabe que son falsas y en todo caso inexigibles, como inexigibles jurídicamente son los programas electorales, según ya he explicado en otro post. Que prescinda de los debates  electorales, que son espectáculo, y no por casualidad hay “pausas para la publicidad”. Que prescinda de los titulares en prensa, escogidos deliberadamente por equipos de campaña en colaboración o connivencia tácita con los medios de comunicación, porque los mítines hace ya mucho que ya no se orientan a los asistentes sino a los medios de comunicación. Que prescinda de cuántas manos estrecha cada candidato, de cuántos mercados visita, de cuántos niños besa; eso, como ya explique en otro post, ya era práctica en las campañas electorales británicas de las primeras décadas del siglo XIX y resultaba ya entonces motivo de risa para Dickens. Le sugiero otra cosa distinta a una campaña de palabrería e imágenes para la galería, de textos predigeridos, de frases falsas y ataques personales: una campaña de hechos. Una campaña de obras son amores y no buenas razones. Una campaña de sapere aude.

Y para ello, eche mano de su memoria. Sí, ya sé, nos obligan a tener memoria de pez. Pero haga un esfuerzo. Sapere aude, atrévase a pensar por sí mismo, atrévase a saber, atrévase a asumir su responsabilidad. No lea los resúmenes de hazañas confeccionados por los propios partidos. Fíese de su propia memoria, que la tiene; fíese de internet, donde está todo, si se busca con criterio. Y recuerde qué ha hecho cada cual. Y piense que lo que han hecho los partidos y los políticos, harán.

Ya imagino que nadie se dedicará a nada de esto. Si así fuera, los partidos se habrían puesto de acuerdo para reducir al mínimo los gastos electorales. Pero no han querido reducirlos; es evidente por qué. Cuando se vende un detergente que lava más blanco, se necesita decirlo muchas veces para convencer a quienes lo que ven con sus propios ojos son los trapos sucios.

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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El fracaso del Rey y del Tribunal Constitucional

Acaba una legislatura vergonzosa e inútil. Extenderse en que ha sido vergonzosa e inútil es inútil. No siga leyendo si lee esto y no considera que ha sido inútil y vergonzosa:

1) una legislatura que ha finalizado sin designar a un Presidente del Gobierno;

2) una legislatura que ha finalizado con cero normas aprobadas por las Cortes, salvo la convalidación de un real decreto-ley del Gobierno; el Gobierno en funciones que no da cuentas a las Cortes alegando estar en funciones ha aprobado la única norma de rango de ley de esta legislatura, una que además se presenta como “de extraordinaria y urgente necesidad”, cuando se podía haber evitado sencillamente con previsión durante la anterior legislatura, y el Congreso la ha convalidado;

3) y una legislatura que ha tenido como única eficacia práctica el aforamiento de D.ª Rita Barberá y su continuidad como aforada más allá de la finalización de la legislatura, porque se la nombró senadora y se la incluyó en la Diputación Permanente del Senado, y por tanto sigue, y seguirá, como senadora y como aforada, con lo que ello significa con la que está cayendo.

Pero si usted ha continuado leyendo este post porque cree que la legislatura que acaba de finalizar en efecto ha sido inútil y vergonzosa, quizá le interese leer una reflexión políticamente incorrecta en la que se ponen de manifiesto dos datos que pocos ponen de manifiesto: que esta legislatura sí ha sido muy útil, y no por por ello menos vergonzosa, para dejar en evidencia la inutilidad de dos instituciones que en teoría son garantes supremas de la Constitución, cada cual en su ámbito.

Me refiero al Rey y al Tribunal Constitucional. El fracaso es clamoroso.

  1. El Rey.

Mire usted las informaciones y notas de prensa distribuidas por la Casa Real: el Rey ha ido recibiendo sucesivamente a los representantes políticos de los partidos en diversas rondas de reuniones. SUCESIVAMENTE, atención. Es decir, que el Rey, en vez de reunir a los representantes de los partidos JUNTOS para, con la fuerza de su auctoritas, su autoridad moral, como Jefe del Estado,  exigirles un acuerdo por el bien de la ciudadanía, del Estado y del Estado de Derecho, viendo los problemas que ve cualquiera que lea el periódico, lo que ha hecho es lo que haría alguien que no tiene ni la menor idea de cómo facilitar la negociación entre terceros, o que se cree que estamos en situación de plena normalidad y es posible hacer lo que siempre se ha hecho.

Reuniones sucesivas. ¡Por favor! Cada vez entra y sale un líder político que le cuenta lo que sea al Rey, y luego el siguiente y el otro y el otro. Ni una vez en presencia del Rey se han reunido DOS O MÁS de esos líderes políticos JUNTOS, ni consta que el Rey haya planteado esa posibilidad. ¿Sabe alguien el abecé de una función mediadora o arbitral? ¿O en qué se diferencia de un paripé formal de reuniones o un correveidile? Porque usted, quien esto lea, si tuviera que intentar mediar para que personas que es indispensable que se pongan de acuerdo en efecto se pongan de acuerdo, ¿se limitaría a reunirse con cada uno de ellos UNO TRAS OTRO?

Y esto, que usted ve en cuanto reflexione medio minuto sobre el tema, ¿no lo ve Su Majestad? ¿No lo ven tampoco los políticos ni los medios de comunicación? ¿No lo ven, pese a que el artículo 56 de la Constitución atribuye al rey como función la de árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones? ¿De verdad modera y es árbitro, sea en sentido jurídico del tipo que sea, civil o constitucional, o en cualquier otro sentido incluso el del lenguaje de la calle, quien ni reúne a los que están en discordia para, en reunión colectiva, intentar coadyuvar para limar asperezas, o simplemente para animar a ello estando delante con la fuerza de su auctoritas, con su mera presencia silente? ¿Y tampoco los convoca a la vez y los mete en una habitación y les dice “me voy, os quedáis ahí, hablad y negociad en serio si tenéis vergüenza y sentido de Estado, que el país necesita que lleguéis a un acuerdo, urge, y hay mucho en juego”?

Pues no. Lo que hay son fotos sucesivas con sucesivas “reuniones”; mejor dicho, el Rey “recibe” a uno tras otro. Y a usted se lo venden como que el Rey ha ejercido su función constitucional.

Así que una de dos: o el Rey ha ejercido su función constitucional o no la ha ejercido.

Si la ha ejercido diligente y acertadamente mediante el sistema de reuniones sucesivas, y eso es lo que ha de esperarse de un Rey árbitro y moderador, es evidente que su función constitucional de árbitro y moderador de las instituciones es inútil tal y como está diseñada, y ahí está el resultado, que no requiere mayor argumentación; y por tanto o sobra la institución o hay que hacer una reflexión constitucional y normativa muy seria sobre ello. Y si esa función no la ha ejercido, o no la ha ejercido diligente y acertadamente, saque usted también sus propias conclusiones. Sin olvidar, claro, que es usted quien está sufragando a la Casa Real. Usted verá qué opina de carísimos floreros jurídicos.

2. El Tribunal Constitucional

Al Gobierno en funciones no le ha dado la gana, lo digo así deliberadamente, ir a dar cuentas al Congreso.

He tenido el dudoso honor de estar presente en la tribuna de invitados del Congreso el día 19 de abril de 2016, el día en que había sesión de control; una sesión de control con el banco azul  vacío, sin el Gobierno en funciones presente. No he pasado más vergüenza en toda mi vida profesional. He visto lo que no sé si es preferible ver, para saber que es así, o no ver, para poder dormir tranquila con el ojos que no ven corazón que no siente. He visto a un diputado del Partido Popular reírse, repito, reírse, de la pretensión de la oposición de que el Gobierno en funciones dé cuentas a las Cortes. Quisiera olvidar los gestos de esos diputados del PP que abucheaban a quienes desde la oposición pedían que el Gobierno en funciones, que ni siquiera estaba presente, se sometiera a control; y quisiera olvidar que he visto a los diputados del PP aplaudir en pie a quien, en nombre el PP, defendía que es lógico, normal y natural que un Gobierno en funciones no esté y no dé cuentas a las Cortes. Quisiera olvidar esos gestos contrarios al mínimo sentido común jurídico y, por si fuera poco, de mala educación y grosería inaceptables; me será difícil porque como ciudadana y como jurista me he sentido herida y ofendida en lo más vivo.

Y el Tribunal Constitucional no está ni se le espera en esto. La oposición unida planteó ir al Tribunal Constitucional para obligar al Gobierno en funciones a que dé cuentas al Congreso. Y acabó la legislatura.

A la semiextinta UPYD, que en 2013 buscó amparo en el Tribunal Constitucional por la negativa de la Asamblea de Madrid a debatir sobre temas importantes, el Tribunal Constitucional le dio la razón en 2015, año y medio después, cuando ya esa legistura autonómica había acabado, cuando la propia UPYD había prácticamente acabado; cuando todo era inútil. El Tribunal Constitucional no sirve, y si no que se lo digan a quienes reclamaron porque un juzgado les señaló su juicio para tres años después y el TC les dio la razón pero seis años después y sin el menor efecto práctico; y de esos hay varios casos, que se publican en el BOE. ¿Quiere usted enlace, o le da igual? Por si quiere uno, aquí tiene uno entre muchos: en 2009 un juzgado señaló un juicio para 2012, y en 2015 el TC, en respuesta a la petición de amparo del perjudicado por ese retraso, declaró que señalar un juicio para después de tres años es en efecto contrario al artículo 24 de la Constitución, dilaciones indebidas inconstitucionales. Pero, atención, eso lo dijo el TC en 2015, cuando ese juicio tardío ya se había celebrado, ya había sentencia de ese juicio tardío y había incluso ya hasta sentencia de apelación de ese juicio tardío, y además especificando el TC que no tenía efecto alguno esa declaración suya de que era inconstitucional señalar un juicio para después de tres años, y quedándose tan ancho el TC al decirlo seis años después y sin efecto real alguno. ¿Qué, usted cómo lo ve?

El TC no sirve, o peor aún solo sirve para usarlo como arma jurídica cuando interesa. ¿Hace falta que le recuerde la prisa asombrosa que se dio para suspender normativa catalana de todos conocida? Y también sirve, por ejemplo, para que un Gobierno en funciones pueda recurrir al TC, y en efecto recurra, leyes autonómicas, es decir, que estando en funciones sí puede recurrir y lo hace, y también puede invocar al recurrir el artículo 161.2 de la Constitución, y lo hace, y con ello da lugar a la suspensión automática temporal de las leyes autonómicas que recurre; y aquí un ejemplo entre varios. Es decir, que estando el Gobierno en funciones también tiene poder para paralizar leyes autonómicas usando para ello al TC, y en efecto lo hace. Pero el TC no puede o no quiere, o las cosas se regulan de tal forma que dé igual que pueda o quiera, obligar en plazo al Gobierno en funciones a dar cuentas a las Cortes; como no pudo o no quiso obligar a una Asamblea autonómica a investigar la corrupción en el Madrid de Gürtel y Púnica.

Y en este punto usted verá qué opina de floreros jurídicos que además cuando no son floreros son armas jurídicas cuando interesa.

Por cierto, que a día de hoy aún el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia en los recursos contra la normativa de tasas judiciales, que es del año 2012; y estamos en 2016. Y por cierto también, el Gobierno sigue sin decir dónde ha ido, y sigue yendo, el dinero de tasas judiciales, ese que reconoció no saber dónde estaba, y que se sigue recaudando; y van ya dos legislaturas que no lo dice, pese a que la propia ley de Tasas Judiciales disponía, y dispone, en su artículo 11, que se destinará lo recaudado a financiar la Justicia Gratuita, y ni un euro se ha destinado a ello.

Pero mejor hablemos de cosas de verdad importantes. Hablemos, por ejemplo, de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas

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No lo llamen “Derecho Europeo”

A partir de un momento, hace ya años, la Comunidad Económica Europea decidió llamarse Unión Europea y el Derecho Comunitario pasó a llamarse Derecho Europeo y hasta surgió una llamada “ciudadanía europea”; y sí, ya sé que estoy simplificando. Y todo ello, y sigo simplificando, respondió a dos planteamientos: el de intentar, o plantearse, o desear promover, o superar la fase de unión meramente económica para pasar a una Europa social y de ciudadanía, por una parte, y por otra al márketing de intentar equiparar “Europa” con los países que componen la Unión Europea. Algunos de entre quienes ya éramos adultos cuando España se incorporó al entonces Mercado Común, o Comunidad Económica Europea, o Comunidades,  recordamos el enfado que sentimos cuando los titulares, las portadas y los blablás políticos de entonces decían “hemos entrado en Europa” como si Europa fuera equivalente a ese número de países que habían decidido unirse parcialmente desde la semilla inicial de los seis hasta los que había a la sazón, como si España no fuera Europa antes y después, como si no fueran Europa los países que estuvieron después, como si no fueran Europa países que jamás se ha planteado que se incorporen y que pertenecen al espacio geográfico y cultural de Europa. Esa sonrojante sumisión lingüística de entonces no fue coyuntural y sigue a día de hoy, y mucho más aún desde que la Unión Europea empezó a llamarse así.

Un grupo de países europeos, entre los cuales se encuentra el nuestro, ha decidido suplantar a Europa empezando por el nombre y por el Derecho, que ya no se llama Derecho Comunitario sino Derecho Europeo o de la Unión Europea. A semejanza de los Estados Unidos de América, que tranquilamente se llama a sí mismo “América” y a sus ciudadanos “americanos”, como si no fueran americanos los brasileños, los peruanos, los canadienses o los haitianos, y no fuera América también Brasil, Perú, Canadá o Haití, quienes deciden por nosotros pero sin nosotros, como verdadero despotismo ilustrado, han decidido que Europa somos unos cuantos concretos y no otros y que Derecho Europeo es el que sale de los hornos jurídicos de las instituciones de la Unión Europea, como si no fuera Derecho Europeo, no ya el Derecho suizo o el de Macedonia, sino el propio Derecho español. La terminología nunca es inocente: hay un principio de primacía del Derecho Europeo respecto del nacional.

Y con esta equiparación falsa y abusiva de Europa con concretos países, y de un Derecho concreto con el Derecho Europeo, ha pasado lo que tenía que pasar: que la terminología define los límites. El Derecho de cada país que compone la Unión Europea se difumina, incluso cuando se acomoda al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos -y uso deliberadamente las mayúsculas- y es usurpado y eliminado por un falso Derecho que no procede siquiera de órganos de elección democrática, dejando vacío el Derecho estatal, dejando vacíos los Derechos Humanos y dejando vacía la responsabilidad política y jurídica de quienes toman esa decisiones por sí y ante sí saltándose la normativa internacional. Porque correlativamente a definir “Europa” como grupo concreto de países, lo que no sea eso queda fuera. Los de fuera no tienen Derecho Europeo, no tienen ciudadanía europea, no tienen en definitiva ni Derecho ni ciudadanía, ni derechos. Y siguiendo con ese razonamiento excluyente,  tampoco tienen Derecho ni derechos, ni ciudadanía, ni europea ni de ningún sitio, quienes vengan de fuera huyendo de la guerra.

Da igual que dos sentencias recientes del Tribunal Supremo español (texto 2015-12-18 Derecho Asilosentencia sirio) resuelvan que debe acogerse a los ciudadanos sirios que huyen de la guerra porque es notorio que quien huye de allí necesita asilo, y, por cierto, lo ha dicho porque a dos personas sirias, un hombre y una mujer, el Gobierno español les denegó el derecho de asilo, y no está de más recordarlo cuando el presidente del  Gobierno en funciones se llena la boca, causando estupefacción su desfachatez, con que a los sirios hay que protegerlos. Da igual, porque quienes manejan en la Unión  Europea han decidido que el principio de primacía del Derecho Europeo significa que decisiones irrecurribles de un grupo de gobernantes se aplican de inmediato sin consulta alguna ni siquiera a los parlamentarios del mal llamado Parlamento Europeo, ni control. Hay en Derecho español tres tipos de decisiones del Gobierno -y de nuevo simplifico, y mucho-: los reales decretos-leyes, que al menos en teoría sólo pueden dictarse en ciertos temas y circunstancias y que  requieren convalidación del Congreso y que además son recurribles ante el Tribunal Constitucional; las decisiones de tipo reglamentario o reglado, susceptibles de recursos ante los tribunales ordinarios y hasta de suspensión cuando se recurren, y actos de tipo político con responsabilidad, siquiera, política. Pero los acuerdos de la Unión Europea contrarios a normativa internacional e interna, a los Derechos Humanos y a la mínima humanidad, y que nos pasarán factura política y humana a nosotros y a nuestros descendientes, los relativos a los refugiados,  esos no tienen recurso de ningún tipo, y si lo hay no se aplica o no es eficaz. Los acuerdos más graves y más ilegales adoptados en la Unión Europea ahí quedan.

No llamemos al Derecho de la Unión Europea ni Derecho ni Derecho Europeo. Porque el Derecho parte del control y de la responsabilidad y de la jerarquía normativa, y nos han creado unas instituciones comunitarias -uso a propósito este adjetivo- en las que acuerdos gravísimos contrarios a normativa internacional y a normativa interna se adoptan y aplican sin tramitación prelegislativa, sin contar con los representantes parlamentarios estatales y en los propios organismos de la Unión,  y sin control judicial ni constitucional eficaz. Ha tenido que pasar ese ataque gravísimo a otros a quienes los que se autodenominan europeos consideran no personas para que muchos nos demos cuenta de que la Unión Europea es sencillamente la arbitrariedad máxima, un islote jurídico inmenso de No-Derecho que se impone al Derecho y a los derechos. Cuando los actos políticos del Gobierno, y por tanto incontrolables, están tan en retroceso aquí en teoría que hasta el indulto ahora ha de ser motivado, está paradójicamente en expansión el acto político supranacional. La denegación individual de asilo de unos pobres sirios que huyen de la guerra es recurrible aquí ante los tribunales ordinarios, y en efecto ha sido recurrida y ganada; en España una hipotética colectiva denegación de asilo por vía reglamentaria o por modificación legislativa del Derecho de asilo serían recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional. ¿Y una decisión de lo que en definitiva es un grupo de jefes de Estado o de Gobierno está exenta de control, o no vemos que se controle? ¿Es posible tal regresión  del Estado de Derecho?

La decisión ilegal de cerrar fronteras y el ilegal acuerdo con Turquía son un ejemplo terrible de adónde vamos. Vamos a la antidemocracia, a la vulneración impune e incontrolable de la normativa internacional y nacional, e incluso de la Unión Europea. Vamos, en definitiva, de vuelta  De vuelta también al acto político del Gobierno incontrolable por la mera circunstancia de haberse adoptado en comandita con otros Gobiernos también incontrolables.

Eso no es Derecho. Eso no es Europa. Europa, por cierto, según el mito del rapto de Europa, era una mujer fenicia. O sea, del territorio que hoy es Siria.

No lo llamemos Derecho Europeo. No es Derecho aquel que no garantiza mecanismos eficaces para el control de la arbitrariedad y de su propio incumplimiento, que permite que un grupo de gobernantes quede sin control incluso ante vulneraciones flagrantes de Derecho. Como ciudadana, quiero que recurramos lo que se adopta ilegalmente y que perjudica a otros y me perjudica a mí. ¿Y ni yo ni los representantes que he elegido puede recurrir nada ante nadie?

Quienes sepan más que yo de lo que deliberadamente vuelvo a denominar “Derecho Comunitario” que me digan si hay recurso y que estoy equivocada, y cuando digo recurso quiero decir un recurso rápido y eficaz, porque aquí también Justicia tardía no es Justicia. Porque si estoy equivocada, y ojalá lo esté, quiero que me contesten los políticos una cosa: por qué no han recurrido ya y por qué si se ha recurrido no se ha paralizado. Porque si el recurso es como ciudadanos, ellos lo son y tienen medios, obligación específica de conocer los mecanismos de recurso, y cobran, y si es como políticos también. ¿Qué es esto de que una onegé como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR tenga que estar analizando vías posibles de recurso y llegando a la conclusión de que no hay mecanismos eficaces de paralización, o que dependen de los propios políticos, o que no serían rápidos y por tanto eficaces?  ¿Cómo es posible que no estén ahora mismo y desde hace meses todas las asesorías jurídicas de todos los partidos de la oposición, en España, y en el resto de la Unión, echando humo y con las armas jurídicas preparadas y en marcha? Y cuando digo “todos” quiero decir “todos”. Porque si están a tope con esto todos no nos hemos enterado, y si han estado a tope para llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer tampoco leo que estén todos denunciando públicamente la insuficiencia jurídica de los mecanismos de defensa e iniciando lo pertinente para modificar ya una arquitectura jurídica que propicia la ilegalidad y la arbitrariedad en esto y en todo; porque si pasa en esto es que pasa en todo. ¿O es que estamos en los blablás políticos que no cuestan esfuerzo pero la lucha contra la arbitrariedad no es prioridad?

Ni quiero islotes de repugnante arbitrariedad. Quiero Derecho. Y no quiero esta minieuropa que usurpa el nombre de Europa.

Quiero en definitiva, Estado de Derecho.

No quiero refugiados sin refugio en el barro, expulsados esposados, atacados con gases lacrimógenos, devueltos a zona de guerra, que prefieren suicidarse a ser devueltos, que son devueltos sin que les atienda un abogado, por vías de hecho ilegales y por acuerdos ilegales que han denunciados públicamente por todo tipo de onegés, la ONU, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española. Quiero, en definitiva Derecho. No el Derecho de la Barbarie entronizado ante la mirada impotente y estupefacta no solo de  refugiados sin refugio sino de ciudadanos de la propia Unión Europea que ya sabemos, porque nos lo dejan muy claro, que si mañana necesitamos derecho de asilo, como tantas veces lo hemos necesitado en nuestra Historia, nos dejarán tirados los mismos que dejan tirados a otros, y que vulnerarán cualesquiera otros de nuestros derechos como vulneran los derechos de otros, incontrolablemente y sin recurso o sin recurso eficaz.

Si democracia es control eficaz frente a la arbitrariedad de los gobernantes y de las instituciones, ya lo sabemos: no tenemos democracia.

Y ahora, siga usted hablando de fútbol.

Verónica del Carpio Fiestas

 

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Democracia Ctrl+Alt+Del

Este es un blog jurídico, no informático. Y esto es la metáfora de que el Gobierno en funciones ha decidido que puede forzar el reinicio, ¿las elecciones?, mediante un atajo del teclado, el de modificar el control parlamentario hasta borrarlo mediante la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del  de negarse a ser controlado. Se ha colgado la máquina y tiene que salir apurado, y en vez de ir cerrando programa por programa de su responsabilidad ha decidido apagar el ordenador, por las bravas. Control+alternativa+borrar.

Puede usted, si lo prefiere, plantearse su propio razonamiento de si democracia es control o irresponsabilidad política, sobre cómo pueden usarse pretextos con rango de ley, la Ley del Gobierno de 1997, para interpretar ad libitum que el Gobierno queda exento de responsabilidad política todos los meses o años que considere oportuno, de modo que se crea una ínsula jurídica exenta ajena de la soberanía popular, que bueno es saber por fin sin tapujos que reside en un Poder Ejecutivo que como en tiempos pasados solo responde, al parecer, ante Dios y ante la Historia. Puede usted considerar o no aplicables en ámbito de Derecho Parlamentario los principios generales del Derecho y las reglas en principio comunes a todo el ordenamiento a tenor de los cuales no son admisibles ni el abuso de derecho ni el fraude de ley y que ninguna interpretación de una norma con rango de ley puede tener, conforme a las reglas generales de interpretación de las normas, la consecuencia de la irresponsabilidad política porque la responsabilidad política es un principio también de nuestro ordenamiento que ha de inspirar todas las interpretaciones de normas,  y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos están en el articulo 9.3 de la Constitución, como la monarquía parlamentaria en el 1.3. Puede usted asombrarse de que  un Gobierno que sigue publicando en el BOE órdenes ministeriales y condecoraciones estando en funciones, que da instrucciones a los fiscales estando en funciones y que estando en funciones negocia y vota acuerdos gravísimos en la Unión Europea que afectan a miles de personas indefensas -los sarcásticamente llamados refugiados, porque no tienen refugio alguno-, y que afectan a la propia esencia de la Unión, y que incluso vote lo que no se corresponde con lo que dijo que haría, alegue estar en funciones para dejar carente de contenido una de las dos funciones de las Cortes, que es la de control. O sencillamente,  puede usted a leer a gente que sí sabe, expertos en Derecho Constitucional, aquí y aquí, que dicen, en términos jurídicos muy elaborados, serios y educados que en una democracia parlamentaria es un cachondeo jurídico y una jurídica tomadura de pelo que un Gobierno en funciones no responda ante las Cortes.

O puede no hacer nada de eso y seguir votando al Partido Popular. Ese partido ya dos veces imputado, especializado en destruir discos duros y que entiende, o dice entender, al parecer en serio, que es cosa de partidos con ganas de fastidiar lo de exigir que se responda ante el Parlamento, y no un derecho de la propia ciudadanía de oír a quienes les gobiernan cómo responden preguntas incómodas y no preguntas pactadas o falsamente incisivas en entrevistas edulcoradas con siseñores periodísticos o más declaraciones en plasma.

Pero si a usted le da igual, vote PP. No será la única persona que lo hará. También votará PP la señora Rita Barberá, la misma que aún no ha dimitido como senadora, y a quien el PP, en un genuino alarde de postureo jurídico, ha abierto expediente informativo, o sea, la nada jurídica, a ver si alguien se cree que es un expediente disciplinario, como en efecto se lo han creído.

Claro que si hace eso, que usted verá, será usted un antisistema, si por tal entendemos a quien usa las teclas Ctrl+Alt+Del para que el sistema se reinicie por las bravas.

En cuanto a la otra tecla Ctrl, la tecla que ahora toca apretar. Crtl+TC, la del Tribunal Constitucional, ya se sabe que hace lento o rápido el sistema aleatoriamente. Con un poco de mala suerte, quién sabe, no nos jubilamos antes de que resuelva sobre el control parlamentario, en plan tasas judiciales, que tres años largos después ahí siguen sin resolver, o bien se resuelven en plan tecla catalana según entre por la puerta. Los arcanos de la informática política es lo que tienen. Y es que la combinación de teclas  Crtl+TC es también antisistema.

Vaya.

Verónica del Carpio Fiestas

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Maleta de refugiados y la Europa de los derechos

El móvil, por los contactos. ¿Y cómo cargaré la batería en mitad del campo, en una tienda de campaña? El título de licenciado universitario, los papeles de los estudios de los niños. ¿Pero me reconocerán el título? Pasaporte, DNI, carné de conducir, claro, sin eso imposible; como se extravíen estamos perdidos. ¿Ropa, comida, dinero, joyas? ¿Agua? ¿La escritura de la casa del pueblo, aunque esté destruida por las bombas, por si podemos volver? ¿Las medicinas de la familia? Uno tiene tensión alta; otra necesita insulina. ¿Más ropa para el bebé? Es invierno, hará frío, lloverá, quizá nieve. ¿Y los pañales? ¿Las otras gafas, que sin ellas no veo? Pero todo pesa. ¿Cómo cargar con todo en bolsas, para ir andando, en una maleta? Pero no importa, llegaré. Y cuando llegue, la Europa defensora de los derechos humanos cumplirá los tratados internacionales y nos acogerá a los refugiados.

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Enlace al vídeo del Papa aquí.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar a nuestras instituciones que la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad de carácter opcional, sino un asunto referente a la protección de los derechos que tiene contenido obligatorio. Los derechos humanos también deben respetarse en nuestras fronteras. Y, por supuesto, cuando cualquier persona solicita asilo dentro de nuestro país. Los deberes legales del Estado español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York, por lo que debe respetar el derecho de asilo de las personas que sufren persecución en su país.

La Historia nos juzgará.

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Y a continuación, unos enlaces a dibujos de niños:

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    • y aquí, 600 dibujos de niños refugiados, en 1938, con prólogo de Aldous Huxley

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  • y los dibujos que hacen ahora niños sirios que huyen de la guerra, unos dibujos que ya ve usted que son muy parecidos a los de los niños y las niñas españoles que huían de la guerra en nuestra guerra civil. Los mismos niños sirios que cuando huyan de la guerra, si no mueren ahogados, quizá serán atacados con gases lacrimógenos.

 

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Y si se ha citado al Papa, a Médicos sin Fronteras, a la entidad oficial de la ONU para los refugiados, a Misiones Salesianas, a una fundación dependiente del Consejo General de la Abogacía Española, esto también está en la web oficial del Consejo General de la Abogacía Española:

Refugiados: Solo 18…

Un dato puede resultarnos revelador. La Unión Europea se comprometió a acoger a 160.000 refugiados cuando, tras la aparición del cuerpo del pequeño Aylan en las costas griegas, la opinión pública obligó a las instituciones a adoptar decisiones que llevaban meses postergando. De estos, España, tras regatear apoyada en la delicada situación económica que atraviesa el país (solo para este tema por lo visto, porque en otros foros todo parece indicar que la recuperación es ya irreversible), acabó por aceptar una cuota de en torno a 18.000 personas. A la fecha en que se escribe esto, solo 18 han llegado a España. 300 menores más han muerto desde Aylan, 50 solo en los primeros meses de 2016, muchos habían muerto antes sin que nada se hiciera y más de 10.000 parecen haberse esfumado en manos de redes criminales dentro de territorio europeo. Pero solo son cifras…..

Y esto es una noticia que es posible que a usted se le haya olvidado ya, porque es de enero:

10.000 niños desaparecidos.

1.01.2016

La Oficina Europea de Policía (Europol) estima, según sus previsiones más conservadoras, que al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido nada más llegar a Europa. Algunos de ellos han acabado con familiares sin conocimiento de las autoridades, pero otros se encuentran en manos de organizaciones de tráfico de personas, según los oficiales europeos. 

Solo el año pasado llegaron a Europa cerca de 26.000 menores sin acompañamiento, según datos de Save the Children, para un total aproximado de 270.000 niños refugiados; un 27% del millón de personas que en 2015 atravesaron las fronteras huyendo de la guerra en Siria y otras zonas de conflicto. En medio del enorme descontrol sobre el flujo migratorio, la Europol no ha podido evaluar hasta ahora las terribles consecuencias de este desplazamiento en los niños.”

Y también quizá se le habrá olvidado a usted que el niño Aylan murió ahogado hace seis meses -este tuit es del mes pasado- y que muchos otros niños y niñas han muerto ahogados después.

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Y firma este post, con asco y miedo ante la Europa de los derechos que desaparece, o se pone al descubierto que  fue solo y siempre la Europa de los mercaderes,

y mientras se mira para otro lado,

hasta por nuestros políticos

que, con vista corta y mente estrecha, y ninguna perpectiva histórica ni de conjunto, por lo visto tienen cosas mejores que hacer que ser conscientes de la realidad.

Verónica del Carpio Fiestas

Dedico este post con respeto y admiración a Miguel A. Rodríguez @Marodriguez1971, cuya cuenta en Twitter es sencillamente imprescindible
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¿Tiene usted un blog? Lea esto.

¿Quién no tiene ahora un blog, sea personal o sea profesional? ¿Y cuántos saben a qué se exponen por tenerlo y cuáles son sus responsabilidades? Usted, que lee esto, y tiene un blog, o una web, ¿sabe por ejemplo a qué expone si entre los comentarios que usted publica, de otros, a un post suyo figura un contenido ilícito, por ejemplo, insultos a otros?  Y usted, que se ha visto afectado por un comentario en blog ajeno, ¿sabe qué hacer para que se elimine? Y usted, que no está en ninguno de esos casos, pero ve cada día en Internet comentarios que van subiendo de grado hasta un nivel injurioso, por ejemplo contra políticos, sabe qué responsabilidad hay? ¿Y si existen muchas condenas? Estas cuestiones y muchas otras las tiene usted en esta grabación de radio universitaria, en este enlace:

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47235

Porque tiene usted aquí algo quizá mejor que un post donde se lo expliquemos: un programa de radio en formato ágil, de nivel jurídico pero comprensible para juristas y para no juristas, con intervención de un jurista que es uno de los mayores expertos en el tema en España, y entrevistado por juristas docentes universitarios de Derecho. 28 minutos de programa de radio educativa universitaria, también emitido por Radio Nacional de España Radio 3, dentro del curso de postgrado Experto Universitario “Cuestiones prácticas sobre Responsabilidad Civil” organizado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), impartido bajo la dirección de la Profesora Dra. Patricia López Peláez y con mi colaboración como docente.

El ponente es Sergio Carrasco Mayans, presidente de la asociación Derecho en Red,  licenciado en Derecho e ingeniero de Telecomunicaciones, de indiscutible prestigio en el ámbito del Derecho de las nuevas tecnologías, y la grabación tiene formato de entrevista jurídica, conmigo como entrevistadora jurídica.

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No se lo pierda.

Verónica del Carpio Fiestas

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De tolerancia y convivencia

Este no es un post jurídico ni político. Voy a tratar de convivencia y tolerancia. Ya comprendo que no interesa, pero tenía que escribirlo.

Para cualquiera que observe la vida social y política española no creo que ofrezca duda que, al menos en la sobreactuación de los medios de comunicación y de las redes sociales, se está generando y propiciando, y abunda, una crispación innecesaria. Con demasiada frecuencia al adversario político se le califica de enemigo y se considera que quienes votan distinto son idiotas, malvados o desinformados. En las redes sociales el anonimato fácil, unido a la posibilidad de respuesta inmediata irreflexiva, saca lo peor de demasiados, sin responsabilidad salvo casos contados; teclado en mano, demasiada gente se convierte  en energúmeno social virtual.  Pero incluso cuando el mensaje no llega a agresión verbal, es detectable en redes sociales un excesivamente habitual desprecio hacia quien piensa distinto.

Una sociedad donde el desprecio hacia quien piensa distinto es cotidiano, y se considera normal y hasta inevitable, es una sociedad más pobre moralmente. Y una sociedad donde esto no se considera un problema que haya que solucionar con algo más que la represión en casos extremos es una sociedad que va a peor. Es un problema social y de responsabilidad y de educación. Y no creo que las redes sociales sean el problema; solo facilitan la expresión irreflexiva de lo que ya se piensa fuera de redes sociales, y lo ponen de manifiesto y magnifican.

Me pregunto si en los colegios se enseña que la responsabilidad consiste también en asumir los actos propios y no ocultarse en el anonimato para, como jaurías o lobos solitarios, atacar a quien piense distinto, o, como grupos de hooligans, enfrentarse a navajazos verbales; y lo que eso en definitiva significa también fuera de las redes sociales. Me pregunto cuántos progenitores son conscientes de que no se trata solo de controlar qué contenidos resultan accesibles por internet a sus hijos e hijas menores de edad, sino de  qué responsabilidad deben enseñarles a asumir como personas civilizadas en sus relaciones por redes sociales, para que lo aprendan y apliquen de menores y de mayores dentro y fuera de redes sociales. Claro que un progenitor que insulte a quienes piensan distinto en Twitter, y no es consciente de lo que eso revela de él mismo, y del daño social que su tuit, junto con el de muchos, causa a la convivencia, difícilmente enseñará ni con la palabra ni con el ejemplo a su prole  en qué consisten la educación, el respeto, la convivencia y la tolerancia, dentro y fuera de redes sociales.

Es urgente rebajar el nivel de crispación y para ello es urgente entender qué es la tolerancia. No pretendo dar lecciones a nadie, pero sí me gustaría explicar lo que entiendo por tolerancia, o por desiderátum de tolerancia, con un ejemplo. Y no cito a Voltaire, cuyo clásico “Tratado sobre la tolerancia” ha sido objeto de anterior post en este blog porque ese libro, del siglo XVIII, responde a un contexto muy concreto y que quiero pensar superado, salvo para terroristas y asesinos: el contexto social e ideológico malsano de que hay que matar a quien piensa distinto. Voy a dar por sentado que aquí ya hemos decidido no matarnos y ser más ambiciosa.

Las definiciones de conceptos no son casuales ni inocentes. Empecemos con el diccionario de la Real Academia.

tolerar.

(Del lat. tolerāre).

1. tr. Sufrir, llevar con paciencia.

2. tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente.

3. tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina.

4. tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.

¿Se da usted cuenta de que las acepciones 1 a 3 son negativas? Es decir, que se “tolera” aquello que no queda más remedio que aguantar, a regañadientes; lo moral o socialmente reprochable, aunque se acepte, lo que sería mejor que no existiera y que no queda más remedio que aceptar o soportar, porque no queda otra. No por casualidad se llamaba “casa de tolerancia” al burdel; admitido, pero considerado moralmente reprochable.

Pero en una democracia  quien piensa distinto no es alguien moral o socialmente reprochable a quien haya que “tolerar” a regañadientes, que se ha de sufrir con paciencia y que sería mejor que no existiera. Salvo los casos contados de opiniones inaceptables, y que para eso están en el Código Penal, y en el entendido de que hay un mínimo aceptable por todos, el pluralismo político es sencillamente la esencia de la democracia. En España, recogido nada menos que en el artículo 1 de la Constitución, entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico:

Artículo 1

    1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

No voy a entrar en las distintas definiciones de pluralismo político, ni tampoco en hasta que punto pueda estar condicionado por el  artículo 6 de la Constitución, que establece los partidos políticos como cauce para el pluralismo. Porque por cualquier vía que se siga, el pluralismo político difícilmente puede disociarse de la convivencia y de la coexistencia de opiniones, y de que es esencia constitucional que esa variedad no solo existe y exista, sino que es bueno que exista.

O sea, que no nos quedamos en la acepción 1ª ni en la 2ª ni en la 3ª de “tolerar”; ni siquiera en la 4ª. Se trata de ir más allá. Porque la desaparición de opiniones diversas es sencillamente que la democracia deje de existir; y quien no comprenda que quien piensa distinto no es idiota, malvado o desinformado, quien no comprenda que es deseable para la convivencia que haya quien piense distinto, me temo que no ha terminado de captar qué es la democracia.

Con un ejemplo quizá consiga explicar a qué me refiero. La deliciosa película “El hombre tranquilo” de John Ford, que figura en cualquier lista de las de mejores películas de la Historia del Cine, contiene una escena de lo más descriptivo que he visto nunca sobre lo que creo que ha de ser la verdadera tolerancia. En un pintoresco pueblo irlandés en los años 30 del siglo XX conviven dos facciones ideológicas, una mayoritaria, cada una con sede local y su jefe local de filas. Por los superiores del jefe de filas local de la facción minoritaria se plantea cerrar la delegación local, pues por la escasa implantación no merece la pena tenerla abierta, y se envía a una persona para que inspeccione y decida. Y los de la facción mayoritaria, encabezados por su propio jefe de filas local, para que los minoritarios no se queden sin sede ni jefe local, porque no son ni enemigos ni adversarios sino convecinos y amigos aunque piensen distinto, ofrecen una calurosísima bienvenida al enviado de la otra facción, vitoreando cuando pasa en coche por el pueblo, para que el visitante crea que su propia facción tenía más apoyo del que pensaba y decida no cerrar la sede local.

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Cómo el jefe de filas local de la facción mayoritaria, vitoreando como el pueblo entero y animando a que vitoreen, disfraza su propia vestimenta, para que el visitante no se dé cuenta de que pertenece a los otros, es de las más hermosas escenas de la Historia del Cine.

La mayoría ayudando a la minoría a mantener sus derechos; una facción ayudando a otra porque no son enemigos sino parte de una sociedad que es bueno que sea plural. Eso exactamente, creo, son la democracia y el pluralismo político, o lo que deberían ser.

Soy una idealista, ya, o algo peor. Salvo en pueblos idílicos de película antigua sería imposible imaginar que una facción ideológica entendiera que la tolerancia consiste, no en soportar a regañadientes a las otras facciones, y por supuesto en no insultarles, sino incluso en apoyarlas y ayudar a su supervivencia. son 3 o 4

Llámeme buenista.

Y, por favor, que le quede claro: este post no va en absoluto sobre pactos electorales. Va de algo bastante más importante.

Verónica del Carpio Fiestas

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¿Usted le compraría un coche usado al Sr. Rajoy?

Si usted oyera a un presidente del Gobierno afirmar nada menos que en un importantísimo debate a dos en campaña electoral en los días previos a las elecciones, el único en el que participó en la campaña electoral, que la medida contra la corrupción de la que está más orgulloso es tal cosa, si usted viera que lo mismo lo repite en medios de comunicación  y eso es difundido por el Partido Popular y en los medios oficiales de La Moncloa y del Ministerio de Justicia, si usted oyera y viera eso, y supiera que esa medida es solo sobre el papel, ¿usted le compraría un coche usado a ese presidente del Gobierno? ¿Y pactaría con él para que pudiera seguir gobernando? ¿O aplaudiría a quien así pactara?

Pues eso ha sucedido. La medida contra la corrupción de la que el mismo Sr. Rajoy dice que está más orgulloso no existe más que en el papel.

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Y este último tuit incluso tiene un vídeo:

Que también está en la web oficial de La Moncloa aquí y en la del Ministerio de Justicia aquí.

Cito literalmente lo que dijo el Sr. Rajoy en ese debate:

He aprobado todo este paquete [de lucha contra la corrupción] y por tanto no le acepto sus acusaciones“.

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“Y la medida de la que más orgulloso me siento, Sr. Sánchez, hemos creado, ya está aprobada, una Oficina para que los corruptos además de pagar sus delitos devuelvan lo robado, todo con el voto en contra” [del PSOE, se supone].

Vea el minuto 0,41 de este vídeo, que recoge parte de ese debate, difundido por el Partido Popular en Twitter.

Le queda a usted claro que la medida estrella contra la corrupción del Sr. Rajoy, aplaudida como tal por el Partido Popular,  es una oficina para recuperar los bienes del corrupto.

Bueno, pues ahora le explico por qué esa oficina no existe. La “medida contra la corrupción de la que se siente más orgulloso el Sr. Rajoy” es una Oficina contra la Corrupción que está vacía de normativa y de personal, y por tanto de actividad, es decir, que solo existe en el BOE y que no ha tenido normativa alguna de desarrollo, pero que no obstante fue inaugurada a bombo y platillo por Rajoy y la considera su medida estrella ante el electorado.

En este blog,  expliqué en un post de sábado 24 de octubre de 2015 titulado “Rajoy inaugura nada contra la corrupción” cómo el Sr. Rajoy había aprobado en Consejo de Ministros del día anterior, 23 de octubre de 2015, el Consejo de Ministros inmediatamente anterior a aquel en el que se aprobó convocar elecciones, un decreto vacío de contenido sobre una fantasmal Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y se fue a la salida de ese Consejo de Ministros de 23 de octubre a inaugurarla ante las cámaras de los medios de comunicación. No solo se fue a inaugurarla cuando la norma AÚN no estaba publicada en el BOE, y por tanto era jurídicamente inexistente, sino que ademas necesitaba normativa de desarrollo, que cuando fue inaugurada evidentemente no existía, porque la normativa base se dictó ese día y ni siquiera estaba vigente. Inauguró  una oficina contra la corrupción ANTES de que su existencia y su regulación hubieran surgido al mundo del Derecho por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por favor, lea ese post, porque mejor que lo expliqué ahí no sé hacerlo.

Y, como decía en ese post:

“Y además, esta Oficina contra la Corrupción, según el propio real decreto que la regula, no tiene contenido alguno hasta que se dicte una normativa de desarrollo que no se ha dictado y para la cual no hay fecha:

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.”

Y a día de hoy, por supuesto tras haber entrado en vigor esa ley 41/2015,  en vigor desde el día 6 de diciembre de 2015, a cuya vigencia se condicionaba la “entrada en funcionamiento operativo” (sic) de la Oficina y más de dos meses después de aprobada esa teórica oficina contra la corrupción, medida estrella de Rajoy contra la corrupción según sus propias palabras, sigue sin tener personal, sigue sin tener normativa de desarrollo y sigue sin tener actividad, es decir, que sigue sin existir.

Probar el hecho negativo de que algo no existe no es fácil, pero haré lo que pueda.

Aquí tiene enlace al buscador del BOE donde verá que buscando textos sobre “Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”, solo hay dos textos: el propio decreto, que no es nada sin su normativa de desarrollo, sin personal y sin adscripción de medios, y el nombramiento de director.

A día de hoy se ha nombrado el director general que preveía el decreto (artículo  5, se hizo por decreto del mismo día); mejor dicho, directora. Enlace a su biografía oficial en  web del Ministerio de Justicia aquí, pdf oficial aquí, descargado aquí Directora_General_de_la_Oficina_de_Recuperación_y_Gestión_de_Activos

Y hasta ahora no hay decreto alguno de desarrollo reglamentario ni nada de nada de nada.

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En esta otra web privada que recoge legislación, y que incluye la de desarrollo de cada norma cuando la hay, no figura tampoco ninguna normativa de desarrollo y acaba simplemente con la transcripción del decreto, porque no hay más.

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Y, en definitiva, tenemos una oficina creada tres días antes de que se convocaron elecciones, cuya “entrada en funcionamiento operativo” (sic) se posponía a fecha indefinida posterior a 6 de diciembre de 2015 y que además necesitaba normativa de desarrollo que no se ha dictado, y además adscripción de personal que no se ha hecho. Y todo ello, estando aprobada la norma inicial que prevía esa Oficina en marzo de 2015, reiterando otra de 2010, es decir, que ni en realidad es medida de Rajoy y, aunque lo fuera, tiempo de sobra han tenido para desarrollarla. Vea lo que dice el preámbulo del decreto:

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, añadió el artículo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya se contempló la creación de una Oficina de Recuperación de Activos. Transcurridos cinco años, esa previsión no ha sido aún desarrollada reglamentariamente.

Y de hecho esta Oficina que se crea con rango de Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia en el Ministerio de Justicia ni siquiera figura en la organigrama de la Secretaría de Estado de Justicia, en la web oficial del Ministerio de Justicia, enlace aquí

12Y en vano buscará usted una dirección o un teléfono en los directorios oficiales de la web del Ministerio de Justicia, o en una búsqueda general tipo Google.

Ya ve. Y eso, es la medida de la que Rajoy se siente más orgulloso en su lucha contra la corrupción.

Usted verá qué crédito da a este señor y a ese partido, y cómo piensa aplaudir a quien con su voto o su abstención permita que sigan gobernando este señor y ese partido.

Por lo demás, permítame que añada un detalle, por si esa Oficina que llevo dos meses buscando con ahínco, y no aparece, existiera.

Otra de las medidas contra la corrupción expuesta por el Sr. Rajoy en el debate, y reiterada también en los medios de comunicación es sencillamente falsa, y así lo han dicho tres asociaciones de jueces y ha dado lugar a risas e indignacion en medios jurídicos (lo de que se ha hecho la mayor convocatoria de jueces en 25 años, cuando en realidad ha sido la legislatura que MENOS jueces ha sacado). Y ahí está lo de vender el PP como “agilización de la Justicia” lo que asociaciones de jueces y fiscales denuncian como una autopista hacia la impunidad, y llevan denunciándolo desde antes de que se aprobara, hace casi un año, hasta tal punto que una asociación judicial tiene esto  como tuit fijado, es decir, para que cualquiera que entre a ver su Twitter sea lo primero que vea:

13

Y los fiscales piden hasta la dimisión de la Fiscal General del Estado, por exigirles la normativa imposibles, hay 600.000 causas por revisar y no hay medios, y hasta un fiscal del Tribunal Supremo dice que esto es intentar secar el campo de fútbol inundado con cubo y fregona, y toda la oposición, en varias Comunidades Autonómas, ha instado al Gobierno a que derogue o paralice esta ley, a instancia de Brigada Tuitera #T, como por ejemplo aquí. La situación general en Justicia es tan grave que las cuatro asociaciones judiciales han presentado un frente común inédito con propuestas en Justicia y exigiendo un Pacto de Estado.

Me va a perdonar quien esto lea que no ponga ya enlaces exhaustivos de todo esto último; que, por cierto, son innumerables. Decir mentiras es fácil si se es presidente del Gobierno y se dispone de los medios de comunicación; rebatirlas con datos requiere gran esfuerzo de acopio de datos, redacción y difusión para que, total, lo lean unos pocos, y ya cansa.

Puede usted comprar un coche usado al Sr. Rajoy, si usted cree que da igual que se lo venda averiado porque cree usted que lo hace muy bien en otros temas. Votar con la nariz tapada es un sistema de mucha gente. Pero piense que si en esto no le dice verdad, en qué más cosas que vende como logros y que usted cree que son logros porque los medios de comunicación dependientes, que son casi todos, le dicen que son logros, la fantasmal oficina, el falso nombramiento de jueces y la ley de impunidad vendida como agilización de la Justicia, le estarán  también diciendo lo que no es y serán también eso, medidas de papel o peor aún.

Medidas de papel que usted creerá si cree a estos señores que venden como un logro quitar las tasas judiciales, que, por cierto, no se han quitado para PYMEs y ONGs, habiendo sido ellos mismos quienes las pusieron.

Verónica del Carpio Fiestas

 

 

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El experto en el arador de la sarna

“Todo este equipo de pensadores está muy influido por las teorías del profesor Sylvester, cuya hegemonía intelectual nadie discute en Washington. El profesor Sylvester se dio a conocer a los setenta años de edad gracias al programa televisivo Usted sabe y nosotros le premiamos. Sylvester, funcionario de correos jubilado, que había hecho un curso de filosofía por correspondencia, participó con el tema Comportamiento sexual del arador de la sarna. Dos semanas después era famoso en todo el país y le imitaba Bob Hope en el show de Ed Sullivan.

Las opiniones de Sylvester empezaron a cotizarse en cualquier terreno del saber humano” .

De la novela Yo maté a Kennedy, de Manuel Vázquez Montalbán, publicada en 1972.

Esta novela de Vázquez Montalbán, de un tono socarrón y paródico que no deja títere con cabeza, contiene ese párrafo.

Volvamos a leer la cita. Un empleado de correos jubilado que se ha hecho famoso en un concurso de televisión por sus conocimientos sobre la vida sexual de un ácaro, y sin más conocimientos ni experiencias que consten, empieza a ver  cotizadas sus opiniones “en cualquier terreno del saber humano”, hasta el punto de influir en un equipo de pensadores.

Prescindiendo de la broma, queda lo esencial. Usted, pongamos, sabe un poquito de tal cosa, y por el motivo que sea ese conocimiento sectorial se hace público.

Y de repente, por ejemplo, le empiezan a preguntar, no ya sobre la vida sexual del arador de la sarna, sino sobre la vida sexual del cangrejo de río, sobre la vida a secas de cualquier animal, sobre topos en concreto que también hacen túneles, sobre topografía, sobre toponimia, sobre topología, sobre trajes con tela de topos y sobre el carnero que topa. Puede que incluso le reprochen duramente no pronunciarse sobre técnicas y precios de maquinaria excavadora,  siendo como es experto en el arador de la sarna, y resultando tan evidente la relación.

Claro que aparte están los tertulianos. Que cobran por hacer eso. Y sin que conste que sepan siquiera sobre el arador de la sarna. Y esos sí que influyen. Vaya.

Verónica del Carpio Fiestas

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Preguntas para los candidatos a presidentes del Gobierno sobre Justicia

Si su partido ganara las elecciones y pudiera usted formar Gobierno en solitario:

  • ¿a quién exactamente tiene previsto nombrar como ministro de Justicia?
  • ¿en qué sentido exacto piensa modificar, en su caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto al Consejo General del Poder Judicial y al nombramiento del vocales del Consejo General del Poder Judicial?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto de sillas del CGPJ si hubiera una vacante en el CGPJ antes de modificar la ley, en caso de que tuviera previsto cambiarla?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto del sillas del Tribunal Constitucional?
  • ¿cómo, cuándo y en qué importe exacto piensa aumentar los presupuestos de Justicia para 2015?
  • ¿qué piensa hacer para evitar el caos en los juzgados con lo de “papel 0”?
  • ¿qué piensa hacer con la limitación de los plazos de instrucción?
  • ¿cuánto va a tardar en suprimir las tasas judiciales para PYMES y ONGs?
  • ¿qué piensa hacer  con el dinero recaudado y que se sigue recaudando por tasas judiciales?
  • ¿piensa modificar la ley y encargar la instrucción al fiscal? En caso afirmativo, ¿modificando su estatuto para hacerlo independiente, o manteniendo el actual principio de jerarquía?
  • ¿cómo piensa coordinar las competencias en Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas?
  • ¿qué piensa hacer exactamente con el Registro Civil?
  • ¿cuál es el sentido exacto de la modificación legislativa en materia de indultos que, en su caso, piensa promover? ¿Va a seguir indultando con la normativa vigente y, en caso afirmativo, conforme a qué criterios?
  • ¿qué normativa exacta de protección de denunciantes de corrupción piensa aprobar?
  • ¿en qué grado exacto va a utilizar la vía del real decreto-ley?
  • ¿en qué grado exacto va a seguir una correcta técnica legislativa en la aprobación de normas?
  • ¿piensa establecer algún mecanismo legal para que la agenda del Tribunal Constitucional no esté al albur de decisiones políticas tácitas del propio Tribunal Constitucional?
  • ¿exige su programa en Justicia un cambio constitucional? En caso de ser afirmativa la anterior pregunta, y puesto que la decisión sobre cambio constitucional no solo depende de los partidos, ¿qué piensa hacer exactamente y qué programa alternativo tiene previsto si no es posible un cambio constitucional?

Si su partido perdiera las elecciones o no ganara las elecciones con mayoría suficiente para formar Gobierno en solitario:

  • ¿piensa su partido participar en un reparto de sillas del CGPJ si hubiera  una vacante en el CGPJ estando vigente la ley actual?
  • ¿piensa su partido participar en un reparto del sillas del Tribunal Constitucional?
  • ¿qué criterios exactos en Justicia está dispuesto su partido a aceptar para participar en un Gobierno en coalición o análogos?

Estas son algunas de las preguntas que yo haría a los candidatos a presidente de Gobierno en las próximas elecciones generales del día 20 de diciembre de 2015.

Con mucho gusto se las haría también a las candidatas a presidenta del Gobierno, pero, que yo sepa, en la lista de partidos principales no las hay.

Verónica del Carpio Fiestas

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13-N

En mi ingenuidad, creo que un pueblo culto es un pueblo menos manipulable, individual y colectivamente. Frente al fanatismo, cultura. El mejor pensamiento humano es superior a las armas, y ningún movimiento terrorista, por muy fuerte que sea, puede matar el pensamiento. Que los atentados en París hayan sido nada menos que en el bulevar Voltaire, el autor del “Tratado sobre la tolerancia” tiene un alcance simbólico que, haya sido o no deliberadamente buscado por los asesinos, no debemos dejar que prevalezca.

Y en cualquier caso, el Arte con mayúsculas es o puede ser un consuelo en momentos de dolor, miedo e incertidumbre. Dos obras literarias he pensado recomendar en estos momentos. Las dos sobre terroristas. Las dos, de genios de la Literatura, cuya obra, junto a la de muchas otras personas, constituye un acervo que nadie nos podrá quitar por la fuerza. Lean “El agente secreto” de Joseph Conrad y “Los demonios” de Fiódor Dostoyevski. Verán, por una parte, que hace más de un siglo ya había terrorismo, y por otra, que los valores inmarcesibles de la Literatura persisten más de un siglo después. Soy una ingenua, que se atreve a la estúpida ingenuidad de recomendar leer libros, estos y muchos otros, como parte de la lucha contra la barbarie.

Contra la barbarie, cultura y Estado de Derecho. DEP las víctimas, muera el terrorismo y viva el Estado del Derecho.

Este es un post que escribe, con profunda tristeza,

Verónica del Carpio Fiestas

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Programas electorales y cumplimiento

Ese post va de programas electorales, y se divide en cuatro partes: 1) carácter no jurídicamente exigible por vía judicial de los programas electorales; 2) una duda; 3) una constatación; 4) propuesta de modificación legislativa.

1.- Carácter no jurídicamente exigible por vía judicial de los programas electorales

El artículo 67 de la Constitución prohíbe el mandato representativo, aunque, como dijo una sentencia del Tribunal Constitucional en obiter dicta –algo que se dice al paso en una resolución judicial, sin valor jurídico-, y que además parece presuponer que hubiera un cambio constitucional para que ello fuera posible:

 “… no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediática o indirecta en la que los representantes están vinculados al mandato imperativo de los representados…” (STC 10/1983).

No es teóricamente inimaginable.  Y hay a quien, imaginando, se le ha ocurrido demandar.

Que sea un mandato no imperativo, se supone, priva de caracter contractual o cuasicontractual en sentido estricto a los programas electorales.  No son un contrato en sentido estricto; el concepto y los requisitos de un contrato son los que son y están expuestos de forma supletoria en el Código Civil para todo tipo de ámbitos, por mucho que se quiera estirar el concepto, como no sea echando abajo todo lo de contratos desde el Derecho Romano. Ni tampoco son incardinables en una promesa unilateral jurídicamente exigible por vía judicial,  ni para exigir responsabilidades ni para exigir indemnizaciones, ni para exigir que se haga algo a cambio de lo no hecho o lo hecho mal.

O eso han dicho los tribunales, cuando han tenido ocasion de pronunciarse.

Descartada la vía judicial penal (porque la descartamos, ¿no?) quedarían dos vías judiciales: la contencioso-administrativa y la civil. Vayamos por partes.

Para reclamación por la vía contencioso-administrativa, es decir, contra el Estado en sus múltiples variantes, es ilustrativo lo que en broma expone el magistrado JR Chaves, Sevach, en genial post de 2008 que parece escrito ayer, al enumerar diez razones para rechazar una hipotética demanda por incumplimiento de promesa electoral. Si hay resoluciones judiciales que hayan tenido ocasión de pronunciarse en vía contencioso-administrativa, no he dado con ellas; si alguien las conoce, encantada de que me las pase.

Y para la vía civil  los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse dos veces, que me conste. Un caso en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Provincial de Madrid.

Si el post de Sevach es en broma, muy en serio argumenta el auto de la Audiencia Provincial de Madrid 272/2011, de 1 de diciembre, al confirmar la previsible inadmisión de una demanda planteada por unas personas físicas contra un partido político, el PSOE, por cumplimiento electoral de su programa.

El texto del auto no permite deducir qué pedían exactamente las demandantes. Y solo se me ocurren dos posibilidades: el cumplimiento del programa o una indemnización, con carácter acumulativo o sustitutivo. Porque otras posibilidades aparte de reclamar que algo se haga o se indemnice por no hacerlo, o se haga algo en sustitución de lo que es imposible hacer (¿hacer qué a cambio en este caso?), que yo sepa, no hay, en vía civil.

Cómo pensaban acreditar las demandantes que su voto había sido en favor del partido demandado, si el voto es secreto, lo desconozco. ¿O demandaban como afiliadas al partido político demandado? Quién sabe; el auto nada dice. ¿O la idea es que pudiera demandar cualquiera, incluso si ha votado a otro partido, ha votado en blanco o nulo o se ha abstenido? Porque ¿es el vínculo, si hay tal, con la ciudadanía o con el votante concreto que demande que haya votado a favor, si puede acreditarlo? ¿Y cómo dictar una sentencia que imponga al partido demandado una obligación de dictar una norma con efectos frente a quienes no son parte, que son los millones de restantes ciudadanos, votantes y no votantes, y en cuyo nombre habla el demandante, y que quizá estarán  conformes con el incumplimiento, o entenderían que tal incumplimiento no existe? Cualquier cosa es de esperar si vamos por estos derroteros.

Aquí los argumentos del auto de la Audiencia Provincial de Madrid:

Quinto.-La conformidad o disconformidad con estas actuaciones y omisiones es la que determina en los ciudadanos, a la hora de ejercer su participación, mediante el ejercicio del derecho al sufragio, su voto favorable a una determinada formación política y su libertad de no votarlo si defrauda sus expectativas, entre otras por no cumplir sus promesas electorales.

Sexto.- La posibilidad de control jurisdiccional de estos márgenes de libertad que exige la acción política, supondría una grave politización de la justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes.

Séptimo.-No estando, en consecuencia, sujetos ni al Derecho civil, ni al Derecho administrativo, los actos consistentes en “promesas electorales”, (sin otra sanción que la responsabilidad política derivada del ejercicio del derecho a voto) no cabe sustanciar una pretensión destinada, desde el principio, al fracaso.

Y me encanta este inciso de ese auto:

Si a ello se suma ya que tal posible disconformidad en la actuación política y cumplimiento del programa electoral invocado, ha podido ser expresada mediante el sufragio electoral de las pasadas elecciones del 20 de Noviembre del presente año, como cauce ordinario y constitucional de participación política de los ciudadanos…

que me hace preguntarme qué habría sucedido de no haberse dado la circunstancia de que hubo esas elecciones. Ejemplo de cómo argumentar de más debilita los argumentos.

Ese auto de la Audiencia Provincial menciona otro auto,  del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 de octubre de 2005, es decir, también de jurisdicción civil, en un procedimiento en el que al parecer se demandó por responsabilidad civil al secretario general del partido en el poder, es decir, quien era  presidente del Gobierno. La demanda tambien se inadmitió, sin entrar en el fondo. Así lo cita el Auto de la Audiencia Provincial:

Doctrina y jurisprudencia.-

El Tribunal Supremo Sala 1.ª, en Auto de 3-10-2005, rec. 5/2005, en caso similar al aquí enjuiciado, en donde rechaza “in límine” la demanda planteada contra el Secretario General del mismo partido por los mismos motivos, esto es el supuesto incumplimiento electoral en relación con determinado compromiso político, pone de manifiesto que:

….PRIMERO.- No obstante, el criterio manifestado por el Ministerio Fiscal, en los puntos a) y c) de su dictamen, no puede desconocerse que la demanda, aún resaltada la condición de Secretario General del P.S.O.E. del Sr. Faustino, se dirige contra quien desempeña el cargo de Presidente del Gobierno.

Segundo.-Solo en referida condición de Presidente de Gobierno y como responsable del mismo, podría responder de la ejecución o inejecución de las señaladas “promesas electorales “, a cuya exigibilidad se refiere la demanda, por lo que, en puridad, se relaciona con “hechos derivados del ejercicio de su cargo“.

Y aquí está el texto completo de este auto del Tribunal Supremo.  Muy interesante leerlo.

Curioso; las dos únicas demandas, que consten, por incumplimiento de promesa electoral son en relación con el PSOE.

Resumiendo: muy difícil exigir responsabilidades ni cumplimientos con las herramientas jurisdiccionales de la normativa vigente. No digo que imposible porque solo constan dos casos, y el auto del Tribunal Supremo en realidad no es idéntico al de la Audiencia Provincial, y nada de ello tampoco constituye jurisprudencia en sentido estricto; en sentido jurídico estricto esto por tanto no se puede considerar zanjado, aparte de que yo, personalmente, no tenga ninguna duda. En los dos caso hay inadmisión, no desestimación; o sea, que ni se tramitó el pleito. En la jurisdicción civil la inadmisión – salvo casos especiales-, es infrecuente y significa, en términos vulgares, poco menos que la demanda no hay por donde cogerla.

Y nos quedan las herramientas políticas, como ya dice la Audiencia Provincial de Madrid en el auto citado.

Y la responsabilidad política sea eso lo que sea, presupone, lo mismo que las resposabilidades juridicas, que haya en efecto un programa al que pueda remitirse y que pueda servir de base a quien reclame, ¿no?

2.- Pero exactamente ¿qué es un programa electoral según la ley? ¿Y es de verdad exigible presentarse a las elecciones teniendo un programa, aunque sea siquiera de un par de folios?

Este es un apartado de este post con preguntas sin respuestas. Porque lo que aquí digo me parece tan preocupante que espero y deseo estar equivocada.

Mi duda es en qué norma de rango de ley se regulan los programas electorales, si es exigible que se disponga de ellos en el momento de presentar la candidatura, en qué organismo público hay que depositarlos para constancia de certeza de su existencia, presentación y contenido, qué mecanismos oficiales de difusión  obligatorios para general conocimiento de su contenido completo se establecen, en qué web oficial están accesibles todos de forma clasificada y ordenada, qué sucede si no se dispone de programa y cuáles son los requisitos formales mínimos del programa.

Porque por más que busco, no doy con ello; me refiero a normas, no a elaboraciones doctrinales ni a usos políticos. El infinito ordenamiento jurídico, modelo de inseguridad jurídica, no me permite asegurar que sea correcta mi preocupante conclusión, es decir, que no existe siquiera obligación legal de tener un programa electoral, o sea, que no es ya que no pase nada si se incumpla; es que no hace falta ni tenerlo.  Y me da igual que pueda ser o no así en otros países.

Los únicos programas que veo que regula la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normativa conexa son los de los medios de comunicación, es decir, los de televisión y radio para campaña electoral; y mención en esa ley orgánica a programas electorales, la de la Exposición de Motivos, en términos así expuestos por la Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

La finalidad de estas modificaciones es, según la exposición de motivos de la ley, «la reducción del peso de la publicidad y propaganda» en el período electoral y correlativamente «una mayor incidencia» durante el mismo de «la exposición y debate de los programas y propuestas» de las formaciones políticas que participan en las elecciones”

y la propia instrucción regula el alcance permitido a la difusión del programa electoral en tales o cuales circunstancias.

Pero qué sea un programa electoral, o si es obligatorio aportarlo junto con la candidatura, o después, o cuando sea, y qué requisitos mínimos ha de tener, no lo veo en la Ley Electoral, ni tampoco en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; porque un programa no es lo mismo que los fines estatutarios de un partido.

Sumida en perplejidad, y rebuscando por la web del BOE, el programa electoral que veo que se mencione como de exigible presentación para ser candidato es para rector de la Universidad Complutense. Para las elecciones generales y locales no veo nada.

Tampoco la jurisprudencia constitucional aclara. El Tribunal Constitucional no resuelve más que cuestiones colaterales sobre programas; e insisto, me gustaría equivocarme. Por ejemplo la bonita sentencia 60/1986 que resolvió, simplificando a estos efectos, sobre si el mero hecho de que algo figurara en un programa electoral sería suficiente como presupuesto habilitante para dictar un real decreto-ley. Y también el TC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una agrupación de electores que se presentó sin más programa político que la denuncia de que no pudieran presentarse a las elecciones partidos disueltos (STC 68/2005, de 31 de marzo de 2005), o aparecen otros temas como la defensa de programa electorales de un candidato ya en un parlamento autonómico, y cosas así.

Pero no veo que haya una imposición normativa de que exista un programa, que se presente, que sea público, que se deposite oficialmente y oficialmente se divulgue y que tenga un contenido mínimo, y que por tanto haya podido generar controversias en su aplicación.  Si la hay estoy deseando saberlo.

Porque si se sostiene el difícilmente sostenible carácter contractual, cuasicontractual o vinculante, de un programa electoral, ¿qué contrato es ese que no es obligado documentar, ni requiere una forma mínima ni se difunde por cauces oficiales ni es indispensable que conste en una web pública única que permita comparativas, y que, en realidad, si nos vamos al fondo de la normativa vigente, no hace falta ni redactar ni tener?

Y si se sostiene el exclusivo carácter de responsabilidad política por incumplirlo, ¿cómo es que no se obliga a que exista, disponga de un contenido mínimo y a difundirlo siquiera en un organismo público en tiempo y forma?

Y ante estas circunstancia legal, ¿de verdad importa cómo se elaboren los programas, internamente  en cada partido, si en definitiva ninguna norma con rango de ley exige que  haya programa?

3.- La realidad y conclusión

Voy a referirme a las inmediatas elecciones, pero este post no se limite a ese caso ni al Partido Popular. Es solo un ejemplo, y se ha escogido a ese partido solo porque es el que está en el Gobierno.

Las elecciones generales fueron convocadas para el día 20 de diciembre de 2015 por real decreto de 26 de octubre de 2015, BOE de 27 de octubre.

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Se sabía, hace meses, más o menos, en qué fecha se iban a celebrar.  Y a día de hoy  hay partidos políticos que no tienen programa electoral, con una improvisación que es la regla, y explicable por el dato de que el programa da igual. El propio partido en el poder no tenía programa cuando el Sr. Rajoy convocó las elecciones; el programa electoral que a día de hoy figura en la web del Partido Popular es el de las elecciones de 2011, que subo en pdf no sea que desaparezca programa PP 2011, y de hecho la web propone participar, a día de hoy en la elaboración.

Y hoy mismo en los medios de comunicación, se recogen otras promesas más del Sr Rajoy en relación con la futura legislatura que no sabemos si quedarán reflejadas en el programa; es decir, que no sabemos siquiera si serán exigibles moralmente, porque jurídicamente aquí no hay nada exigible, y políticamente poco.

Y los medios de comunicación se hacen eco de tales y cuales contenidos de programa, “a falta de su presentación oficial”. ¿Qué presentación “oficial” y ante quién?

La conclusión es: no se preocupe si los programas no se cumplen, no se incluye en ellos lo recogido en promesas previas o su elaboración es cosa de última hora, o si, sencillamente, como dicen muchos, incluyendo políticos, nadie los lee, ni tampoco dedique tiempo al tema de hasta que punto pueden ser exigibles los programas en una Constitucion que establece que el mandato de los parlamentarios no sea imperativo. No se preocupe por los programas.  A día de hoy ni siquiera es obligatorio tener programas.

Por tanto, da igual que el partido en el Gobierno se invente porcentajes de cumplimiento de programa. Que, por cierto, son muy divertidos si hablamos de Justicia, porque lo más importante de lo hecho en Justicia esta legislatura no estaba contemplado en el programa, y en cosas que sí estaban contempladas se ha hecho lo contrario; y no es cuestión de crisis porque no costaban dinero, como el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en el que el programa decía una cosa y se ha hecho lo opuesto.

Porque con unos programas que ni siquiera es obligatorio que existan da todo igual. Estamos hablando de marketing, no de Derecho y quizá ni siquiera de Polìtica. Y el marketing es marketing.

4.- La propuesta

O mejor dicho dos propuestas alternativas.

Propuesta 1. Propongo que se sustituya por ley el inútil programa por un vídeo donde todos los candidatos o las candidatas, o al menos quienes sean cabezas de lista o candidatos/as a la presidencia del Gobierno, o a la alcaldía, o a lo que sea, bailen, canten o toquen un instrumento musical. Así la ciudadanía podrá valorar si sería o no un buen gobernante con la imprescindible capacidad de hacer el ridículo sin sonrojarse y la necesaria cintura política (esto se apreciará especialmente en el baile)  y quedaría eliminada toda posible duda del carácter de espectáculo de la política. El vídeo podría quedar depositado en una web oficial, por ejemplo, la de Telecinco o La Sexta. En el caso de que se prefiera el instrumento musical, mejor tocando el instrumento musical más popular entre políticos: el autobombo.

Propuesta 2. La otra propuesta, alternativa, es que se modifique la Ley Electoral, o la Ley de Partidos, y se imponga a los partidos, de forma simultánea a la presentación oficial de candidaturas, la presentación de un programa electoral con un contenido mínimo que abarque cuanto menos los puntos esenciales de un futuro Gobierno, y que se difunda en la web oficial de la Junta Electoral Central, a disposición permanente del electorado, de forma fácilmente accesible y en formato fácilmente comparable con otros programas.

La primera propuesta es más fácil. De hecho, sin necesidad de reforma legal ya se está aplicando, creo.

Verónica del Carpio Fiestas

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Son españoles los que no pueden ser otra cosa

Lo de “Son españoles los que no pueden ser otra cosa” se atribuye al político conservador Antonio Cánovas del Castillo (ese que da nombre a una fundación vinculada al Partido Popular), en diversos contextos. Esta frase, útil para arrimar el ascua a todo tipo de sardinas, suele decirse que la dijo en comentario de pasillo en el Congreso con ocasión de definir el concepto de nacionalidad española un texto legal. Según unos, en relación con el Código Civil de 1889, según otros con la Constitución de 1876, u otra norma cualquiera.

Pérez Galdós, en libro de 1912, cita frase y contexto. Si alguien dispone de fuente más antigua y/o fiable, encantada.

Libro: “Cánovas“, sexta novela de la quinta serie de los Episodios Nacionales, capítulo XI. Contexto: entrada de Alfonso XII en Madrid, para la Restauración, y sus festejos. Contexto más concreto: elaboración parlamentaria de la Constitución de 1876. Texto, este:

Y ahora, lector mío, a mi modo continuaré la Historia de España, como decía Cánovas. En cuanto terminaron los desaboridos festejos, las Cortes enredáronse en el arduo trajín de fabricar la nueva Constitución, la cual si no me sale mal la cuenta, era la sexta que los españoles del siglo XIX habíamos estatuido para pasar el rato. Naturalmente, se nombró una Comisión cuyos individuos trabajaban como fieras para pergeñar el documento, y a este propósito os diré que la última nota del regocijo público, en los jolgorios de la paz, la dio don Antonio Cánovas con una frase graciosísima que vais a conocer. Hallábase una tarde en el banco azul el Presidente del Consejo, fatigado de un largo y enojoso debate, cuando se le acercaron dos señores de la Comisión para preguntarle cómo redactarían el artículo del Código fundamental que dice: son españoles los tales y tales… Don Antonio, quitándose y poniéndose los lentes, con aquel guiño característico que expresaba su mal humor ante toda impertinencia, contestó ceceoso: «Pongan ustedes que son españoles… los que no pueden ser otra cosa».”

Y ahora, lo que se aprobó sobre nacionalidad en la Constitución de 1876. Porque su Titulo Preliminar en efecto recoge una definición de los españoles. Aquí enlace al texto oficial original de la Constitución de 1876.

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c4O sea, así:

Artículo 1º. Son españoles:

Primero. Las personas nacidas en territorio español.

Segundo. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

Cuarto. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde: por adquirir naturaleza en país extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Así quedaron definidos los españoles cuando el entonces presidente del Gobierno, harto o ingenioso, dijo “pongan que son españoles los que no pueden ser otra cosa“.

Y quizá quiera usted saber qué dice la Constitución vigente de 1978 sobre quiénes son españoles, ¿no? Pero resulta que la Constitución de 1978 no dice sobre nacionalidad más que lo que figura en un artículo, el 11:

    1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
    2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
    3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Así que quiénes son españoles, ya no viene definido por la Constitución, ni siquiera a grandes rasgos, por primera vez en nuestra Historia constitucional, y de forma infrecuente en el Derecho Comparado, como puede comprobarse en la web del Congreso. Desde 1978 la condición jurídica de nacionalidad española se define por una ley ordinaria, “de acuerdo con la ley”, que en la práctica es el Código Civil, y podría ser en cualquier ley ordinaria que el legislador considerara oportuno, y en los términos que se quiera, con los solos límites de privación de nacionalidad y doble nacionalidad que marca la Constitución. Y no menciono lo que dice hoy el Código Civil porque son tantas las redacciones que ha tenido en este punto, desde 1978 cinco si he contado bien, que  cuando lea usted esto quizá el texto será distinto; ahora mismo se está tramitando otra reforma, y ya serían dos esta legislatura.

Así que ahora son españoles quienes decida la mayoría parlamentaria en cada momento, y por ley ordinaria. O sea, por mayoría simple de las Cortes se decide quién es y quién deja de ser persona de nacionalidad española.

No lo decide un poder constituyente. Y ni siquiera se exige una mayoría parlamentaria como para ley orgánica.

La normativa electoral, la de asociaciones, la de derecho al honor o la penal, por poner unos ejemplos entre muchos, sí requieren mayoría absoluta para aprobarse en las Cortes; el concepto de quién es español (o española) y cómo adquiere la nacionalidad y se le priva de ella, basta que se defina por las Cortes por mayoría simple. Paradójico, pero es así. Se rebajó la decisión de quién es y quién deja de ser español a decisión del legislador ordinario, es decir, a mera decisión política del partido mayoritario, sin necesidad siquiera de consenso.  El (breve) debate y la votación parlamentaria de las Cortes constituyentes, en concreto en el Congreso, pueden consultarse en este enlace.

Cómo es posible dejar definición conceptual de tan inmensa importancia en manos de un partido mayoritario, y que pueda cambiarla cuando quiera, y en solitario, es curioso, curiosísimo. Pero así es, y así lo lleva siendo desde 1978, y se considera normal que eso puede decidirse por mayoría simple en las Cortes, y así se viene haciendo, al albur de los vaivenes políticos.

Y no solo eso. Además,  la nacionalidad también se otorga a mera voluntad del Gobierno de turno, sin necesidad de justificación alguna y a la persona, personas o grupos de personas a las que Gobierno le parezca oportuno concedérsela, de forma incontrolable y sin requisitos de ningún tipo, ni siquiera de residencia ni de parentesco ni de vínculos con España ni conocimientos de su realidad española fáctica y jurídica, sin tener que someterse a esos curiosos exámenes de españolidad que se exigen a cualquier otra persona que quiera acceder a la nacionalidad española. Esta concesión por el Gobierno se efectúa  a través de la llamada “carta de naturaleza”, recogida en el Código Civil; en evidente paralelismo teórico con otra institución de origen preconstitucional, el indulto, también arbitrario.

Así que desde 1978 la nacionalidad española se da y se quita, sin más, con lo que decida un Gobierno directamente (para darla, y sin control judicial) y un partido mayoritario en las Cortes (para establecer los requisitos de darla y quitarla, y con control judicial en vía contencioso-administrativa respecto de su aplicacion concreta a solicitante concreto en cuanto a concurrencia de los requisitos que en cada momento establece el cambiante Código Civil si se deniega por la Administración la concesión y el solicitante cree que esa denegación no es acomodada a Derecho). Es decir, que no establece la nacionalidad española un poder constituyente. Ni siquiera se necesitan mayorías parlamentarias especiales. Y todo ello con los únicos límites de ese artículo 11; verdaderamente muy elásticos, porque apenas dice nada.

Ni siquiera se define constitucionalmente qué es en sentido jurídico un español “de origen” a quien según el artículo 11 de la Constitución nunca se le podría privar de nacionalidad.

Esa “nacionalidad de origen” es concepto no definido constitucionalmente, sino por ley; por mera ley ordinaria, cambiante pues a mera decisión de un partido mayoritario en las Cortes. Y puesto que depende del legislador ordinario, puede cambiar, y en efecto, ha cambiado, y más de una vez. Y a día de hoy ese concepto de nacionalidad de origen, legalmente, o sea, según el Código Civil, no es equivalente en absoluto ni a haber nacido en España ni tener padres españoles ni a haber ostentado la nacionalidad española desde el nacimiento. A día de hoy el concepto de nacionalidad de origen está regulado en el artículo 17 del Código Civil, artículo que si he contado bien, ha tenido cuatro redacciones desde la original de 1889, y tres desde la Constitución, y también en otros preceptos, hoy el 19, para casos de adopción, y hasta por ejemplo la Ley de Memoria Histórica permitió acceder a la nacionalidad de origen a determinadas personas que antes habían ostentado otras.

Es decir, que ser “español de origen” no solo no equivale necesariamente a nacer en España o ser hijo de españoles -nacer en España ni siquiera otorga per se la nacionalidad española- sino que puede crearse legislativamente hasta una curiosa “nacionalidad de origen” que no se tenga desde el nacimiento, sino que se adquiere cuando el legislador considera oportuno en personas hasta mayores de edad.

Esto lleva siendo desde la Constitución de 1978: que las vías concretas de adquisición de nacionalidad, incluso el concepto de nacionalidad de origen que constitucionalmente impide privar de nacionalidad a quien la ostenta, sea, ni más ni menos, lo que en cada momento decidan las Cortes y por mera ley ordinaria.

[-Disculpe. ¿Todo este rollo viene a cuento del tema de Cataluña?

-No. O quizá sí, la verdad. Me sorprenden un poco las extrañas discusiones sobre el artículo 11 de la Constitución que veo de un tiempo a esta parte. Me pregunto cuántos de quienes hablan de este artículo 11 sabían antes que existía y cuántos son capaces de captar que la condición jurídica de español no está en realidad perfilada constitucionalmente en detalle, y que por tanto basta para que quede perfilada hasta la simple decisión de un partido mayoritario en las Cortes; y cuántos son además capaces de distinguir lo que en materia de definición de la condición jurídica de español es de rango constitucional, solo modificable vía reforma constitucional, poquísimo, y qué es mera ley ordinaria que hoy está de una forma y mañana lo estará de otra, tranquilamente, solo con que lo quiera un partido mayoritario, y tanto es así que de hecho ya ha cambiado cinco o seis veces desde 1978; y cuántos que entiendan que la prohibición de privar de nacionalidad de origen depende de lo que el propio legislador ordinario, no un poder constituyente, defina como nacionalidad de origen, y que este concepto de nacionalidad de origen, no definido en la Constitución, es  variable, se modifica por mera mayoría simple en las Cortes, y en efecto varía, y que legalmente, a día de hoy, ni equivale haber nacido en España ni a haber sido español desde siempre, y mañana podría ser otra cosa, como ya ha sido  más de una desde 1978, y sin necesidad de ningún cambio constitucional; y que la doble nacionalidad solo existe en sentido estricto en los casos constitucionalmente tasados -sí, ya sé que en la práctica existe la doble nacionalidad de hecho o la no reconocida por las leyes, y ahí está el artículo 9 del Código Civil, pero eso es otro tema- y además existe solo si el Estado español quiere concederla y por tanto no puede ser impuesta por ningún otro Estado.

Pero es que este artículo 11 de la Constitución de 1978 se ve que solo sirve para arrimar el ascua a la respectiva sardina de unos y otros, como unos y otros hacen también uso también de la curiosa frase de Cánovas respecto de la Constitución de 1876 en relación con muchas variadas sardinas.

Por mi parte, lo tengo claro: tengo claro que cada vez comprendo menos.]

Verónica del Carpio Fiestas

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Rajoy inaugura nada contra la corrupción

En este post explicaré al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia la diferencia entre verdad y mentira, la diferencia entre lo vigente y lo jurídicamente inexistente, con un ejemplo concreto relativo a corrupción. Lo que aquí se explicará lo sabe el alumnado de primero de Derecho. En el post veamos primero la propaganda, después la realidad jurídica.

1.- La propaganda

Esto es lo que ha dicho Rajoy, desde su cuenta oficial en Twitter, y en la cuenta oficial de La Moncloa, en una serie de tuits del viernes 23 de octubre de 2015, con información profusamente recogida en medios de comunicación. Viernes, día de Consejo de Ministros, #CMin en jerga Twitter.

La noticia se ha completado por otros tuits, todos ellos del viernes 23 de octubre de 2015:

2.- La realidad jurídica

Esta es la propaganda, masiva como puede comprobarse.

Y ahora vayamos a la realidad jurídica.

Y voy a prescindir hasta del dato de que este MISMO Presidente del Gobierno dijera lo de “Luis sé fuerte” al Sr. Bárcenas tesorero de su partido,

Luis sé fuerte

e incluso del dato sangrante, burla sangrante, de que con los solos votos del Partido11 Popular se haya aprobado una ley que TODAS las asociaciones de jueces y fiscales, en comunicados sin precedentes que constan en anterior post, dicen que es de imposible aplicación y que tendrá como consecuencia la impunidad, la Ley de Punto Final.

Voy a centrarme SOLO en la diferencia entre propaganda y Derecho, entre verdad y mentira, en el caso concreto de la Oficina contra la Corrupción que ha inaugurado Rajoy a bombo y platillo y que dicen medios de comunicación que es su “medida estrella” contra la corrupción.

1

Ya sorprende que una medida estrella contra la corrupción se apruebe a un mes de fin de legislatura, habiendo tenido cuatro años, o sea, que mucho no urgiría; pero esto, con ser importante, es lo de menos.

Lo importante es que es además FALSO que se haya creado la Oficina contra la Corrupción que se ha inaugurado.

Y falso por dos motivos:

  1. Porque cuando se inauguró, la tal Oficina contra la Corrupción NO HABÍA NACIDO SIQUIERA para el ordenamiento jurídico
  2. Y porque cuando esa Oficina ha nacido para el ordenamiento jurídico, DESPUÉS de haber sido inaugurada, resulta que además el propio real decreto que lo regula dice que NO ENTRA EN FUNCIONAMIENTO hasta que se dicte otra norma posterior que no se ha dictado ni tiene fecha para que se dicte.

Veamos separadamente los motivos.

2.1. Cuando Rajoy inauguró la tal Oficina contra la Corrupción, esta Oficina NO HABÍA NACIDO SIQUIERA para el ordenamiento jurídico

Rajoy y el Ministro de Justicia han inaugurado una Oficina contra la corrupción creada por Consejo de Ministros ese mismo día. Así lo dicen los tuits anteriores: “sin más dilación” va Rajoy a inaugurar el mismo día en que el Consejo de Ministros lo aprueba.

El artículo 9 de la Constitución garantiza el importantísimo principio de publicidad de las normas, 1

conforme al cual ninguna norma surge al mundo del Derecho, es decir, existe, mientras que no sea publicada.

  • Cómo se efectúa la publicación se regula en un artículo básico, el abecé del Derecho, que estudia el alumnado de Derecho en primero de carrera, el artículo 2.1 del Código Civil: “Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa”.

Sin publicación en el Boletín Oficial del Estado no EXISTE norma. Sin publicación lo aprobado no surte efectos. Sin publicación no hay nada de nada en el ordenamiento jurídico. Está constitucionalmente PROHIBIDO que surta efectos una norma que no se ha publicado.

Y resulta que se inaugura una oficina contra la corrupción ANTES de que su existencia y regulación hayan surgido al mundo del Derecho por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ninguna duda había cuando la propaganda arriba transcrita ya decía que el Sr. Rajoy iba corriendo un viernes a inaugurar lo que ese mismo viernes, media hora  antes, había aprobado el Consejo de Ministros y era evidente que NO se había podido publicar aún en BOE.

Y efectivamente, por si alguien lo dudaba (¿pero quién va a dudar, si nadie dedica medio segundo a pensar en esto y vivimos en la Jauja jurídica donde solo vale la propaganda y el Derecho es también propaganda?): el real decreto aprobado por el Gobierno un viernes, y que ha dado lugar ese mismo viernes a que se inaugure una oficina, ha salido publicado EL SÁBADO en el BOE.

Rajoy ha inaugurado, no ya una autopista no terminada, caso clásico, sino algo inaudito: una oficina que carecía de sustento jurídico, inexistente en el mundo del Derecho.

Aquí está en real decreto publicado el BOE el sábado 24 de octubre de 2015, es decir, un día DESPUÉS de inaugurada por Rajoy la oficina que es creada por tal decreto.

1Aquí enlace al texto completo en el BOE al

Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, publicado en «BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015, páginas 100169 a 100183 (15 págs.)

2.2. Y además, esta Oficina contra la Corrupción, según el propio real decreto que la regula, no tiene contenido alguno hasta que se dicte una normativa de desarrollo que no se ha dictado y para la cual no hay fecha

Veamos el real decreto.

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.

O sea:

  • el real decreto de creación de la Oficina resulta que no da lugar a la “entrada en funcionamiento operativo (sic) de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  • se pospone esa entrada en funcionamiento
  • el 6 de diciembre de 2015 entra en vigor esa Ley 41/2015 que menciona el decreto
  • a  partir de 6 de diciembre de 2015, en fecha indeterminada, se dictará la normativa de desarrollo para dar lugar a “La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”
  • es decir, que cuando se ha inaugurado la Oficina contra la Corrupción, no había nada de nada, la inexistencia jurídica doblemente
  • es decir, que desde ahora hasta el 6 de diciembre de 2015 tampoco habrá nada
  • es decir, que la normativa de desarrollo se dictará en plena campaña electoral, o incluso perfectamente puede darse el caso de que no se dicte.

Conclusión: que, una vez más, nos toman por idiotas con la colaboración de medios de comunicación acríticos.

O eso, o el Sr. Presidente del Gobierno y su Ministro de Justicia, juristas ambos, conviene que se pongan a estudiar otra vez Derecho Civil I, asignatura de primero de carrera.

Ah, y que alguien me explique algo a lo que no paro de dar vueltas: cómo puede salir Rajoy en fotos estrechando la mano a funcionarios de una Oficina que, cuando se toma la foto, no existe.

Verónica del Carpio Fiestas

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Ley de punto final, silencio mediático y qué hacer

La ley más importante de esta legislatura, la que dará lugar a la impunidad de los corruptos, y de muchos otros delincuentes, la ley de punto final, fue denunciada públicamente una y otra vez, cuando aún era proyecto, por los juristas,  cuando aún era evitable su aprobación por la presión social, entre un estruendoso silencio mediático. No voy a recurrir a autocita; está feo y además solo resaltaría lo que ya sé, la irrelevancia de lo que escribo. Sí voy a citar tres fuentes de verdad importantes que sí deberían ser leídas por los medios de comunicación, entre muchas, y por escoger tres ámbitos distintos, el universitario, el judicial y el del Ministerio Fiscal, y tres casos, entre los muchos que llevan denunciando esto muchos meses.

Lo denunciado lo simplifico: se imponen plazos tasados de instrucción sin dar medios en juzgados sobrecargados y con gravísimas carencias de medios, “olvidando” que hay numerosas diligencias que requieren tiempo, e imponiendo a los fiscales la posibilidad de pedir que se prolongue ese plazo, pero -incluso sin tener  cuenta su dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, que haría depender la decisión final de este si interesara-, encima sin darles ningún tipo de medios para ello.  Se pide lo imposible por ley, por una ley de nombre engañoso, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (sic), y no se dan medios a los profesionales y se les echará la culpa a ellos cuando no se consiga.

Bonito sistema de impunidad.

Tres fuentes de denuncia desde hace meses, entre muchas:

  • El ilustre catedrático de Derecho Procesal D. Andrés de la Oliva, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En su blog, de referencia en Derecho Procesal, numerosos posts en lenguaje comprensible explican que  la reforma de las leyes procesales penales en el sentido planteado daría lugar a impunidad. Han sido difundidos masivamente en redes sociales por juristas y no juristas, durante meses.
  • La asociación judicial Foro Judicial Independiente, cuyas constantes denuncias resumo copiando un tuit de 13 de marzo de 2015: “Repetimos: Fijar plazos tasados de instrucción sin dar+medios a la Justicia es sencillamente crear autopistas hacia la impunidad

1

  • La asociación de fiscales Unión Progresista de Fiscales ya lo denunciaba en un comunicado de diciembre de 2014. 1

Ahora, con la ley ya en BOE, TODAS las asociaciones y jueces y fiscales han denunciado  públicamente que la reforma es inviable, si no se quiere causar impunidad.

TODAS.

  • Aquí comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales excepto una (JUECES PARA LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE FISCALES, ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES, UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES,

1

en términos inequívocos. Una “auténtica ley de punto final”:

Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello como dice la propia ley sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna.

Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes, solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma“.

1

  • Aquí, comunicado de la restante asociación judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria,

1  generalmente calificada como “conservadora” o “próxima al Gobierno”, también en términos inequívocos:

la empírica dificultad –casi imposibilidad- de que las investigaciones complejas culminen en el plazo inicial de 18 meses y la imposibilidad legal de que los Jueces puedan prorrogar por sí mismos el tiempo de investigación inicial, muestra claramente que los órganos a los que se encomienda la investigación (los juzgados de instrucción) no podrán asegurar el éxito de lo que se les confía”

Una objeción de la reforma que para nosotros es esencial y profunda, más aún si observamos su casi inmediata entrada en vigor y constatando que las infraestructuras personales, materiales e informáticas de la Justicia, dificultarán en muchos casos la terminación de la investigación en el plazo inicialmente concedido por la ley

1

  • Aquí tuit que se hace eco de que en cuatro días se han recogido 1.000 firmas de fiscales

1Unos piden la reforma de la ley, otros al menos la posposición de su entrada en vigor.

Y con la ley ya aprobada y publicada en el BOE y que solo están pendiente de que llegue el día 5 de diciembre de 2015, el plazo señalado para su entrada en vigor, AHORA, cuando ya hay que luchar contra una ley, no contra un proyecto, AHORA, es portada en un periódico nacional.1

Lo mismo pasó con las tasas judiciales. Inexistentes mediáticamente cuando se aprobaban, empezaron a salir en medios cuando ya sus efectos empezaron a ser letales e inocultables y hubo que luchar contra una ley con muertos jurídicos por el camino.

A estas alturas, no me puedo creer que los medios de comunicación sean inocentes. Que tuvieran tan escaso olfato periodístico para no detectar lo que juristas no paraban de decir: que se estaba siguiendo el “sistema Berlusconi” de conseguir el carpetazo en procesos incómodos mediante el sistema de sacar leyes procesales que darían lugar a ello. No me puedo creer que no tengan ojos para ver y oídos para oír a los muchos que decíamos que es una repugnante hipocresía la del partido en el poder que por una parte dice que lucha contra la corrupción y por otra aprueba una ley que dejaría sin posibilidad de perseguir las macrocausas de corrupción.

Toda democracia es imperfecta. La democracia perfecta no existe; todas tienen defectos. Pero muy imperfecta es una democracia

  • en la que no solo se aprueban leyes de impunidad
  • sino que además los medios de comunicación no avisan a la opinión pública para que la presión pública pueda evitar que se aprueben.

Ahora tenemos una ley que aún tiene un plazo por delante, corto, para su entrada en vigor. Aún se puede arreglar.

Pero solo puede decidirlo el Sr. Rajoy, y solo lo hará si hay masiva presión social y mediática.

El Sr. Rajoy -y digo el Sr. Rajoy porque el ministro de Justicia no pinta nada aquí ni es suya la responsabilidad- tiene cuatro posibilidades:

  • No hacer nada. En este caso, cuando la ley ya publicada entre en vigor, empezará el goteo de impunidad, sin vuelta atrás para los casos en que se vaya aplicando, incluso si hay posteriores reformas legislativas cuando gobiernen otros en la siguiente legislatura.
  • Instar INMEDIATAMENTE una reforma -esto es suscepible de real decreto-ley – para hacer una de tres cosas:
    • derogar la ley en lo que a esto se refiere
    • reformarla
    • posponer su vigencia

Porque la otra solución, que es dar inmediatamente más medios a los juzgados y a los fiscales, esa no se la cree nadie. ¿O usted sí?

Porque ya venía en el proyecto, allá por marzo de 2015, este mismo interesante artículo que al final recogió la ley aprobada, pese a las denuncias de los juristas:

Disposición adicional única. Previsión de costes.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.1

O, sea, que ni un un euro de inversión. Ni un solo euro.

Y salió aprobado EXACTAMENTE igual, pese a las denuncias de los juristas. Sabían lo que aprobaban. Cómo no iban a saberlo si estamos en la única legislatura en la que no se ha creado ni un solo juzgado nuevo, y así lo dice por enésima vez este tuit de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de 28 de septiembre de 2015:

1

y en la que los jueces han tenido que desmentir una y otra vez la afirmación del Gobierno de que se estén dedicando medios contra la corrupción, falsedad flagrante hasta el punto de calificarlo de “patraña” una asociación judicial, como se ha recogido en este post.

Y con lo que la Unión Europea ha dicho de que en los Presupuestos Generales del Estado hay que controlar más el déficit, ¿de verdad que van a soltar aquí los ingentes recursos económicos indispensables? Venga ya.

Por cierto: espero con ansia comprobar el esfuerzo masivo de la oposición parlamentaria y no parlamentaria para presionar en relación con este disparate de ley.

Y tengo voto.

Verónica del Carpio Fiestas

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El conde Lucanor en Twitter

Un día de mercado dijo el padre que irían los dos allí para comprar algunas cosas que necesitaban, y acordaron llevar una bestia para traer la carga. Y camino del mercado, yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna, se encontraron con unos hombres que ya volvían. Cuando, después de los saludos habituales, se separaron unos de otros, los que volvían empezaron a decir entre ellos que no les parecían muy juiciosos ni el padre ni el hijo, pues los dos caminaban a pie mientras la bestia iba sin peso alguno. El buen hombre, al oírlo, preguntó a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos hombres, contestándole el hijo que era verdad, porque, al ir el animal sin carga, no era muy sensato que ellos dos fueran a pie. Entonces el padre mandó a su hijo que subiese en la cabalgadura.

Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres, los cuales, cuando se hubieron alejado un poco, empezaron a comentar la equivocación del padre, que, siendo anciano y viejo, iba a pie, mientras el mozo, que podría caminar sin fatigarse, iba a lomos del animal. De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo qué pensaba sobre lo que habían dicho, y este le contestó que parecían tener razón. Entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal.

Al poco rato se encontraron con otros que criticaron la dureza del padre, pues él, que estaba acostumbrado a los más duros trabajos, iba cabalgando, mientras que el joven, que aún no estaba acostumbrado a las fatigas, iba a pie. Entonces preguntó aquel buen hombre a su hijo qué le parecía lo que decían estos otros, replicándole el hijo que, en su opinión, decían la verdad. Inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura para que ninguno caminase a pie.

Y yendo así los dos, se encontraron con otros hombres, que comenzaron a decir que la bestia que montaban era tan flaca y tan débil que apenas podía soportar su peso, y que estaba muy mal que los dos fueran montados en ella. El buen hombre preguntó otra vez a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos, contestándole el joven que, a su juicio, decían la verdad. Entonces el padre se dirigió al hijo con estas palabras.

“Hijo mío, como recordarás, cuando salimos de nuestra casa, íbamos los dos a pie y la bestia sin carga, y tú decías que te parecía bien hacer así el camino. Pero después nos encontramos con unos hombres que nos dijeron que aquello no tenía sentido, y te mandé subir al animal, mientras que yo iba a pie. Y tú dijiste que eso sí estaba bien. Después encontramos otro grupo de personas, que dijeron que esto último no estaba bien, y por ello te mandé bajar y yo subí, y tú también pensaste que esto era lo mejor. Como nos encontramos con otros que dijeron que aquello estaba mal, yo te mandé subir conmigo en la bestia, y a ti te pareció que era mejor ir los dos montados. Pero ahora estos últimos dicen que no está bien que los dos vayamos montados en esta única bestia, y a ti también te parece verdad lo que dicen. Y como todo ha sucedido así, quiero que me digas cómo podemos hacerlo para no ser criticados de las gentes: pues íbamos los dos a pie, y nos criticaron; luego también nos criticaron, cuando tú ibas a caballo y yo a pie; volvieron a censurarnos por ir yo a caballo y tú a pie, y ahora que vamos los dos montados también nos lo critican.”

El Conde Lucanor, Cuento II, de Don Juan Manuel. Siglo XIV (1335)

[Y por la elección del texto, el título del post y la intención al escoger ambos,

Verónica del Carpio Fiestas]

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Carrera ciega hacia la nada jurídica

Hay que decirlo claro: el legislador ha decidido que desaparezca de facto el Estado de Derecho. Sencillamente es eso.

En este impresionante fin de legislatura salimos a varias leyes nuevas POR SEMANA, se modifica de todo a la vez en innumerables leyes distintas publicadas incluso el mismo día, (ejemplos entre muchos aquí aquí), hay incluso VARIAS modificaciones de una MISMA ley tramitándose A LA VEZ y separadamente en leyes distintas, generando todo ello una confusión jurídica sin precedentes, no solo entre quienes no saben Derecho, sino entre juristas. Los juristas, horrorizados ante la avalancha legislativa sin precedentes que llevamos viendo toda la legislatura pero que se acelera a lo bestia y es ya de dejar sin palabras (publicables) al fin de esta legislatura, desesperamos sin poder saber siquiera qué está vigente y qué no, por muchas horas que echemos, con leyes masivas, mal redactadas, con técnica legislativa que solo puedo calificar de inaudita -se me ocurren otros muchos calificativos, pero no quiero insultar-, leyes sin ton ni son de centenares de páginas semanales, y encima de vigencia inmediata. En un panorama jurídico horroroso, como no recordamos muchos haber vivido nunca.

Y esto es un problema de ESTADO DE DERECHO. No es un problema de juristas.

La Constitución establece un principio de seguridad jurídica. La Constitución establece un principio de publicidad de las normas. La Constitución y el sentido común, si es que cosa tan rara encaja en la Constitución, exigen que las normas han de ser conocidas antes de ser aplicadas, o al menos tenerse siquiera la POSIBILIDAD de ser conocidas. Y para ser conocidas o tener siquiera posibilidad de ser conocidas han de publicarse y dejar transcurrir un tiempo razonable antes de su aplicación. Ahora tenemos centenares de páginas nuevas de leyes SEMANALES de vigencia inmediata -sin contar normas de rango inferior, que ya vamos entonces a las MILES de páginas semanales, y a las normas autonómicas, que entonces vamos a las decenas de miles-.

Leyes además confusas, horriblemente redactadas, larguísimas, farragosas, incomprensibles, contradictorias, que cuelan de todo en otras normas de otro tipo. Normas civiles dentro de leyes que dicen ser procesales, normas fiscales en leyes que dicen tratar de temas laborales, sin que sea posible saberlo ni por los títulos de las leyes ni siquiera por las exposiciones de motivos. Sin que sea posible verlo ni preverlo, ni localizarlo, ni por los especialistas. Leyes además plagadas de erratas y errores.

Leyes técnicamente insufribles incluso cuando son leyes de buena fe, que muchas distan de serlo, y que es ciento por ciento IMPOSIBLE leer, conocer, interpretar, cotejar, entender y aprender ANTES de su vigencia. Muchas veces es imposible incluso siquiera LEERLAS antes de su vigencia, que ya es cotidiano que sea inmediata. ¿Hay mucha gente con tiempo y capacidad de leerse e interpretar trescientas páginas jurídicas en una tarde, incluso estando pendiente del BOE de ese día y poniéndose a ello corriendo? Lo sería INCLUSO de tratarse de leyes de técnica legislativa acertada y resulta encima que son leyes técnicamente horripilantes e incomprensibles.

Repito: LEYES QUE NADIE PUEDE CONOCER NI EXISTE SIQUIERA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN SER CONOCIDAS. Ni por los más avezados juristas.

Y, como esto lo puede comprender cualquiera, son leyes por tanto que se dictan SABIENDO que no pueden ser aplicables, pero que pese a ello son obligatorias. Leyes por tanto que se dictan sabiendo que son DAÑINAS, porque siempre son dañinas las leyes que es imposible conocer, pero que sin embargo darán lugar a responsabilidades y consecuencias desfavorables si no se aplican, porque siguen siendo obligatorias.

El legislador necesita urgentemente un valium jurídico para calmar su desesperada carrera legislativa hacia la nada jurídica. Porque la nada jurídica es un Estado de Derecho en el que las leyes han dejado de importar y que da igual que se apliquen mal porque nadie pueda conocerlas; salvo, naturalmente, para aplicarse al enemigo cuando interese, o al amigo cuando conviene.

Qué inmensa responsabilidad tiene este Gobierno y qué inmensa responsabilidad quienes desde la oposición y los medios de comunicación no denuncian lo que pasa.

Estado de Derecho, que la tierra te sea leve. Estás moribundo.

Verónica del Carpio Fiestas

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De cómo se suprimió la Inquisición

Tras una maraña prolongada de aboliciones, paripés jurídicos y reinstauraciones mucho más confusa y extensa de lo que ya confuso y largo es este post, la Inquisición se suprimió definitivamente por Real Orden de 1 de julio de 1835, publicada en la Gaceta de Madrid -precedente del Boletín Oficial del Estado-, de fecha 4 de julio de 1835. Enlace a la web del Boletín Oficial del Estado, aquí, a continuacion la imagen completa de la Gaceta  de Madrid de 4 de julio de 1835

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aquí detalle de la parte de la cabecera con la fecha

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y aquí el texto de la Real Orden

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inq4

Como la publicidad institucional, o propaganda política, no solo está en el BOE de ahora, sino que viene de antiguo, porque muy antiguo es que los que mandan intenten manipular o hacer olvidar la Historia cuando les conviene, muy oportunamente omite la firmante Reina Gobernadora, viuda del rey Fernando VII, que ese rey, su difunto marido, que afirma ella en el texto de la Real Orden de 1835 que con mucho ahínco se opuso a la Inquisición desde la abolición por éste en 1820, inq5resulta que fue el mismo que la había reinstaurado unos años antes tras su previa abolición por las Cortes de Cádiz, y casi tan pronto como ese rey, tras la Guerra de la Independencia, pudo tomar el mando efectivo.

Y aquí está el real decreto de 21 de julio de 1814, de Fernando VII, publicado en la Gaceta de Madrid de 23 de julio de 1814, enlace a la web oficial del BOE aquí, por el que restaura la Inquisición, y que es algo digno de leerse; no tiene desperdicio. Vaya elemento el tal Fernando VII. Vaya elemento.

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inq9Y aquí la abolición por el mismo Fernando VII, por decreto de 9 de marzo de 1820, Gaceta de 10 de marzo de 1820.inq16

Y mucha supresión quizá tampoco habría sido en 1820 por el premuerto Fernando VII si resulta que la propia reina viuda tuvo que abolir la Inquisición (¿de nuevo?) en 1834, mediante una norma que ella también oportunamente omite mencionar en su propia posterior norma de 1835. Vaya técnica legislativa; es tan mala que parece de hoy. La Real Orden de 15 de julio de 1834, publicada en la Gaceta de Madrid de 17 de julio de 1834, enlace a la web del BOE aquí.

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Por qué la normativa de 1835 no menciona la de 1834, que es de verdad la de la abolición, vaya usted a saber. Como no fuera que se quería dar la impresión de que había sido Fernando VII quien la había efectuado, abundando en la misma manipulación por la que se soslayaba que él mismo la había restaurado años atrás. Vamos, propaganda pura.

En fin, veamos lo que dice la Real Orden de 1835, la última de esta larga serie de aboliciones que no empieza en las Cortes de Cádiz, sino antes, y que parte de que, suprimida la Inquisición en 1820 por Fernando VII (¿cómo, si la había “abolido definitivamente” su viuda la reina en 1834, la misma que firma esta norma en 1835 omitiendo mencionar su propia actividad legislativa?), seguía funcionando de facto con algunos obispos “abusivamente” inq6

mediante el hábil sistema de no usar el nombre de “inquisición” sino el de “juntas de fe”, pero con los mismos métodos.

Así que sorda y abusivamente se fue dando nueva vida al método de sustanciar causas de fe que había seguido la extinguida inquisición; método que teniendo por base un misterioso sigilo, privaba a los acusados de la natural defensa, ocultándoles los nombres de los testigos, contra lo que previenen los cánones y leyes del reino...”

Lo de cambiar el nombre y que sigan las cosas, todo un clásico. Tan clásico que ya las Cortes de Cádiz han quedado estupendamente como las que abolieron la Inquisición cuando en realidad por lo visto, vaya usted a saber, la mantuvieron cambiando el nombre.

Así que la técnica legislativa defectuosa y/o manipuladora, cosa desde siempre. Qué modernos estos antiguos, como decía aquella viñeta de Mafalda. Y yo quejándome cada vez que abro el BOE, en vez de pensar que se trata de una tradición.

Lo que la Reina Gobernadora dispone sobre esos abusivos tribunales eclesiásticos inquisitoriales en 1835:

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inq7Y en concreto tiene especial interés el detalle sobre publicidad de los juicios: “Que aquellas causas [juicios] de cuya publicidad pueda resultar escándalo u ofensa a las buenas costumbres, se observe una prudente cautela para que no se divulguen, verificándose siempre su vista a puerta cerrada, con asistencia del acusado y su defensor, para quienes en ningún caso habrá cosa alguna secreta o reservada, como en las de igual clase se practica en los tribunales civiles”.

En definitiva, que esto de suprimir del todo la Inquisición, tuviera o no ese nombre, fue allá por 1835.

O sea, veintisiete años después de que figurara en la propia Gaceta de Madrid algo que fue de lo primero que hizo el invasor Napoleón, en 1808, en sus decretos de Chamartín: decir que abolía la Inquisición. Así consta en la Gaceta de Madrid de 15 de diciembre de 1808, enlace aquí:

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lo que se reitera en la Gaceta del día siguiente, 16 de diciembre de 1808, enlace a web BOE aquí, que la Gaceta  publica en curioso texto bilingüe, francés y castellano:

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“Los sacerdores deben guiar las conciencias; pero no deben ejercer jurisdicción alguna exterior y corporal sobre los ciudadanos“, dice Napoleón en 1808.

En 1808.

Y en nuestros días, más de doscientos años después, sigue habiendo países en los que oficialmente matan y torturan funcionarios religiosos por delitos religiosos, en procesos judiciales sin ningún tipo de garantía jurídica, ante la indiferencia del Estado español que abolió la Inquisición del todo en 1835 y que mantiene con esos países cordiales relaciones diplomáticas y comerciales, y cuyos gobernantes son cordiales amigos de nuestros sucesivos reyes actuales.

En fin.

Verónica del Carpio Fiestas

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Poderoso caballero es el Don Dinero de Arabia Saudí

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Cuando usted lea esto, quizá esta sea ya la foto de un muerto. Quizá este joven puede estar ya muerto, decapitado y crucificado en su país. Su país, Arabia Saudí, esa espantosa dictadura, lo ha condenado a eso. Fue detenido con 17 años por participar en protestas en las que se pedía democracia. De Arabia Saudí unas veces oímos hablar de lapidaciones, otras de decapitaciones, crucifixiones, flagelaciones, y a veces hasta podemos ver las grabaciones de todo ello; y no incluyo los enlaces a las grabaciones por respeto a las víctimas, y si usted está en el caso de que no es capaz de entender hasta qué punto es todo esto una barbarie y necesita la imagen para entenderlo, no seré yo quien se la muestre y, la verdad, me da usted pena.

Y no es un grupo terrorista el que comete esas horribles barbaridades que se llame Estado porque usurpa el nombre de Estado, sino un Estado en sentido jurídico, un Estado con el cual nuestro Estado mantiene cordiales acuerdos.

Un Estado donde las mujeres no tienen independencia jurídica o fáctica ni siquiera para tratamientos médicos o educación. Donde es delito ser homosexual. Donde es delito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Donde esos delitos se pueden castigar con la muerte. Donde no hay un Código Penal escrito. Donde abogados son condenados a años de cárcel por criticar en Twitter el sistema judicial de su país. Donde se convocan plazas de funcionario verdugo para decapitar y amputar. Donde se mutila a ladrones. Un Estado donde a trabajadores extranjeros se les tiene en condiciones lamentables.

Un Estado, en fin, extraordinariamente rico.

Cuando falleció el mandamás anterior de esa horrible dictadura los periódicos españoles se llenaron de necrológicas laudatorias y nuestro rey fue al entierro. Nuestro país hace negocios con Arabia Saudí, y nuestro rey emérito tiene sus amigos saudíes. También nuestros ministros van por allí, a ayudar a hacer negocios.

Porque da todo igual. La barbarie da igual a nuestros gobernantes cuando a gritos tendría que gritar la conciencia de nuestros gobernantes. Y el rey nuestro, el actual y el anterior, no son gobernantes porque no gobiernan, sino que reinan; y cuando su única justificación posible como reyes es la ejemplaridad pública, esta consiste al parecer, en ser amigos de gente así.

Poderoso caballero es Don Dinero. Ya lo decía Quevedo en el siglo XVII.

El mismo siglo en el que viven los derechos humanos en Arabia Saudí. Y en otros países donde la más inhumana barbarie da igual si se trata de la pasta.

Verónica del Carpio Fiestas

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Hechos y tolerancia

Bertrand Russell, uno de los grandes pensadores del siglo XX, dijo esto en una entrevista en 1959, como mensaje a la gente del futuro. Las extraordinarias palabras de este sabio en un concreto contexto están vigentes hoy, y en muchos otros contextos: hay que intentar valorar siempre los hechos objetivamente y la tolerancia es indispensable para la vida. Y es aplicable también a algo que él, en 1959, cuando ya habla de mayor interconexión, ya entreveía: a las redes sociales.

“-Una última pregunta. Supongamos, Lord Russell, que esta grabación la vieran nuestros descendientes, como los Manuscritos del Mar Muerto, dentro de mil años. ¿Qué piensa usted que valdría la pena decirle a esa generación sobre la vida que usted vivió y las lecciones que usted de ella aprendió?

-Me gustaría decir dos cosas: una de carácter intelectual y una de carácter moral.

La de carácter intelectual que me gustaría decirles es esta: cuando estés estudiando cualquier tema o examinando cualquier filosofía, pregúntate a ti mismo solamente: ¿cuáles son los hechos? ¿Y cuál es la verdad que los hechos sostienen? Nunca te dejes desviar ni por lo que tú deseas creer ni por lo que piensas que sería beneficioso para la sociedad si fuese creído. Observa únicamente cuáles son los hechos y nada más. Esto es lo que quisiera decir de carácter intelectual.

Lo de carácter moral que quisiera decirles es muy sencillo. Debo decir: el amor es sabio, el odio es estúpido. En este mundo, cada vez más estrechamente interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros, tenemos que aprender a aceptar el hecho de que siempre habrá gente que diga cosas que no nos gusten. Solamente así podemos vivir juntos. Si vamos a vivir juntos, y no a morir juntos, debemos aprender un tipo de caridad y un tipo de tolerancia que es absolutamente vital para la continuación de la vida humana en este planeta.”

…de la vida fuera y dentro de las redes sociales.

Verónica del Carpio Fiestas

Transcripción en inglés y otra posible traducción al castellano, aquí.

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Esa Europa que se suicida

La terrible foto del niño sirio refugiado ahogado (¿se acuerda aún usted del nombre?) ha conmovido el corazón de muchos; de quienes tienen corazón. Y mire usted esta otra foto:

Hungría

¿Cree usted por la escenografía que es la foto de un peligroso delincuente esposado entre dos policías, un delincuente que además de peligroso tiene una grave enfermedad contagiosa?

No. Está usted viendo la foto de un refugiado que ha sido condenado por un tribunal de Hungría, país de la Unión Europea, por el delito ya tipificado en la normativa penal húngara de haber pasado la frontera ilegalmente, y a quien consideran un virus, no una persona con derechos. Aquí tiene usted la noticia:

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Es decir, está viendo usted la foto  de una persona que es víctima de un Estado, de un Estado que pertenece a la Europa de los derechos, de un Estado que ha decidido saltarse la legalidad internacional de asilo hasta tal punto que no solo no lo respeta sino que considera huir de la guerra un delito en sentido penal del término, y de un Estado que pertenece a una Unión Europea que ha decidido mirar para otro lado ante una práctica manifiestamente contraria a la legalidad internacional, los valores democráticos, la mínima humanidad y a la propia esencia de la Unión Europea.

Si la Unión Europea es algo, es la Europa de los derechos que incluye el derecho de asilo. O eso dicen que es. Pero si en la Unión Europea vamos a ser como una dictadura cualquiera en la que los tratados internacionales no se respetan ni en los derechos más básicos, Europa fracasa. Ha fracasado ya. Esa gravísima foto lo demuestra. Porque un país de la Unión Europea ha decidido saltarse la propia normativa europea, flagrantemente, en materia esencial, gravísima, despreciar los valores mínimos de un Estado de Derecho, y los demás países miran para otro lado.

La expulsión automática de los migrantes y las penas de prisión por cruzar ilegalmente la frontera son castigos injustos que van en contra de los tratados europeos de derechos humanos y los valores democráticos fundamentales de la Unión Europea.

No digo que la foto me da vergüenza, que también, porque lo que me da es muchísimo miedo. El miedo de pensar que quizá es la foto de contenido más grave que he visto en muchos años. El miedo de pensar que un Estado de la Unión Europea ha decidido comportarse como una dictadura, saltándose la legalidad internacional y de forma contraria a la mínima humanidad, y que la Unión Europea no hace nada al respecto. El miedo de pensar que cuando los derechos no se respetan en Hungría, si mañana le pasara eso a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mí, también la Unión Europea, una Unión Europea que ha decidido suicidarse, miraría para otro lado.

Porque la Unión Europea ha decidido suicidarse, y a usted, que lee esto, no le ponen esta foto en portada ni le explican los grandes medios de comunicación lo que significa.

Y un tuit como este de Amnistía Internacional lleva 66 retuits. Solo. El estornudo de un futbolista consigue centenares.

1Y si a usted le conmovió el corazón la foto del niño ahogado, quizá la foto de ese señor a quien han impuesto una condena en un tribunal penal de un país de la Unión Europea por el delito de huir de la guerra, le conmueva el cerebro. Porque estamos en la cuesta abajo, cayendo en picado en el respeto mínimo de los derechos y los valores democráticos de Europa, está en juego la propia esencia de la Unión Europea, y o paramos, o esto pinta mal. Muy mal.

Y no para los refugiados, que también: para los ciudadanos de la Unión Europea.

Verónica del Carpio Fiestas

Llamamiento. La ONG Rights International Spain, en colaboración con otras ONGs, promueve una campaña internacional de cartas al presidente de Hungría. Se puede firmar por internet aquí. Yo ya he firmado y la he hecho mía: el párrafo en negrita es transcripción de un párrafo de la carta.

 Y hago además otra cosa, lo poco que está en mi mano: este post, que se puede difundir con tu ayuda. La gente tiene que saber que lo que está en juego no es solo la vida y los derechos de los refugiados, con ser eso muchísimo, sino la propia esencia democrática de la Unión Europea.

#RefugeesWelcome

La ONG Amnistía Internacional recomienda hacer y difundir fotos con el cartel #RefugeesWelcome, y hacerlas llegar con copia a Sr. Presidente del Gobierno, vía redes sociales. Aquí la mía.

P.S. El Consejo General de la Abogacía Española acaba de difundir un contundente comunicado en defensa de los derechos de los refugiados, oponiéndose al trato inhumano que están recibiendo, y diciendo en términos clarísimos que es inconcebible y contrario a la normativa internacional y a los derechos humanos que se considere delito el mero cruce de la frontera, y manifiestando que la UE deberá imponer sanciones a Hungría si persiste en su actitud contraria a los pilares esenciales de la UE. Enlace a comunicado, aquí.

2º P.S. El organismo internacional de refugiados de la ONU ha publicado un comunicado contra la criminalización del cruce de fronteras. Enlace aquí.

13er. P.S. La protección de los refugiados, dice la asociación judicial Jueces para la Democracia, no tiene carácter de caridad opcional sino de deber legal. Comunicado aquí.

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Derecho de defensa en delitos execrables

Defender los derechos de inocentes es lo fácil. Lo difícil, y en ello consisten la grandeza y la esencia de un Estado de Derecho, es defender los derechos de los culpables y los malvados, y entender que los tienen y se les han de respetar, siempre; y no digamos ya cuando no se sabe seguro que son culpables y malvados porque ni siquiera se les ha juzgado aún.

Y voy a referirme en concreto al caso de los delitos execrables, de aquellos que son lo peor, lo más odioso, lo que da lugar a más repugnancia social.

Y voy a hacerlo con un ejemplo del siglo XIX: el intento de regicidio de la reina Isabel II cometido por el conocido como “cura Merino”, Martín Merino y Gómez, en el año 1852. Los datos están en Wikipedia y hay un documento de la época disponible en la web, absolutamente histórico, que refleja cómo fueron el atentado y el juicio, con los textos completos del alegato de la defensa y del fiscal, “Apuntes jurídicos con todos los detalles referentes al delito y a la persona del regicida D. Martin Merino y Gomez”.merino 1

El regicida frustrado fue ejecutado conforme a lo previsto en el Código Penal de entonces, que imponía la pena de muerte para regicidio frustrado -la reina sufrió heridas leves-, a garrote vil. Entre el atentado y la ejecución pública transcurrieron cinco días.

El alegato de la defensa es una pieza realmente memorable. Un abogado de oficio defiende a quien había intentado a asesinar con un arma blanca en el propio Palacio Real a una reina que muchos aún consideraban de Derecho divino, a una reina además joven, de 22 años, que acababa de dar a luz a su hija y que con esta se disponía a acudir a su misa de parida.  El atentado fue cometido delante de numerosos testigos -el rey consorte incluido-, y el regicida frustrado fue detenido en el acto, con el arma en la mano, y confesó. O sea, que se trata de un delito in fraganti, de inconmensurable gravedad en esa época, execrado por amplia mayoría de la sociedad, y sobre cuyo autor no había duda. Galdós describe muy gráficamente la conmoción general en el Episodio Nacional “La Revolución de julio” y las grandes líneas del juicio y de la ejecución.

Y en ese contexto aparece la figura olvidada por la Historia de un concienzudo abogado de oficio, Julián Urquiola, que defiende al reo, a un reo en tan terribles circunstancias, con palabras inolvidables, intentando que sea declarado loco. Porque loco, dice, ha de estar quien comete el crimen que por todos se considera execrable, horrible, sin precedentes, de intentar matar a una reina, una reina además joven y querida, y que lo hace además delante de numerosos testigos y sabiendo que va a ser inmediatamente preso y que lo condenarán a muerte seguro, si no lo asesina la multitud que es testigo del hecho inmediatamente como venganza.

Inolvidables palabras, que hay que leer para recordar lo que el derecho de  defensa significaba ya en 1852, y que lo tenía incluso quien cometía el peor delito entonces posible, lo más execrable, lo que provocaba repugnancia a todos, incluso al propio abogado:

“Al presentarme, Excmo. Sr., en este honroso puesto, no se me oculta la difícil posición en que me encuentro y que conocen todos. Yo vengo a defender un cadáver; porque un cadáver será dentro de poco el acusado D. Martín Merino; pero la suerte me ha designado para defenderle, y en cumplimiento del imperioso deber que me impone, vengo a hacer presentes algunas consideraciones que en mi humilde opinión no carecen de importancia, y bien merecen ocupar la alta atención de V.E.
Inútil es, como he dicho en mis escritos, detenerme en reflexiones sobre el hecho y su completa prueba. De la causa resulta plenamente justificado. En ella encontramos todos los antecedentes para deducir que en el regio alcázar se ha cometido un crimen horrendo, crimen contra el cual se sublevan la razón y la conciencia pública, crimen que rechazan la imaginación y el sentimiento de todos los españoles. Probado el hecho y comprendida su enormidad, no queda otra averiguación que hacer que la de apreciar el estado moral del acusado para deducir si el hecho puede serle imputable o si ha obrado en un estravío (sic) de su razón, impulsado por móviles más poderosos, que le hayan impedido el libre ejercicio de su voluntad.merino2Así empieza la memorable defensa oral del abogado, que intenta de nuevo lo que le deniegan: un examen del acusado por quienes hoy llamaríamos expertos psiquiatras.

Hasta el delincuente confeso, pillado in fraganti, y hace más de 160 años, con el delito considerado más odioso en esa época y ante numerosos testigos, tiene derecho a un juicio y a una defensa digna, tan digna como la de este abogado de oficio de 1852 que la Historia ha olvidado, pero que merece recuerdo.

Como merece recuerdo que en aquella época, 1852, no existían ni el artículo 24 de la Constitución hoy vigente ni los tratados internacionales sobre derecho de defensa, presunción de inocencia y juicio justo. Ese artículo y esos tratados que se olvidan cada vez que interesa por quienes creen que si hay un delito execrable que en efecto con toda razón merece reproche general y condena de los culpables deben desaparecer la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el juicio justo, porque lo único que importa es el juicio mediático paralelo, la sentencia pública sin juicio y sin defensa y, si llega al caso, el linchamiento. Linchamiento mediático en medios de comunicación y redes social solo, porque, a día de hoy, en nuestro país, no es tan fácil linchar a alguien físicamente, aunque haya quien tuitee no ya insultos al detenido aún no juzgado y por tanto con presunción de inocencia, sino pidiendo su muerte.

Pero al parecer sigue siendo fácil pensar que si el delito es execrable y los indicios fuertes, el detenido no ha de tener ya derechos, ni siquiera la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el juicio justo, por no hablar del derecho a la propia imagen. En 2015.

Verónica del Carpio Fiestas

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Refugiados

El artículo 25 de la Constitución española dispone que todo extranjero podrá establecerse libremente en el territorio español, ejercer en él su industria o dedicarse a cualquier profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas. En definitiva, esta libertad de migrar, básica por la dignidad humana y con origen en el llamado Derecho de Gentes, está recogida en la Constitución.

Lástima para las personas que huyen de la guerra, del hambre y de la persecución, y para  la dignidad humana, que este sea en efecto el artículo 25 de la Constitución, pero de la efímera Constitución de 1869.  De cuando no había tratados internacionales sobre asilo. De cuando los derechos estaban teórica y prácticamente menos protegidos que ahora. Pero de cuando, en definitiva, y paradójicamente, no había cuotas para refugiados y se consideraba que la Constitución debía reconocer la libertad de migrar, quizá porque en el siglo XIX, como en el XX, fueron constantes las migraciones al extranjero de españoles que huían de la guerra, del hambre y de la persecución y eran acogidos fuera en su exilio político o económico, y se era muy consciente de ello.

1869 1

1869 2

Verónica del Carpio Fiestas,

nieta de un refugiado del siglo XX cuya historia cuento en este enlace de Facebook y cuyo retrato es este

abuelo

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Feliz año nuevo (o minimanual de uso de redes sociales)

El año empieza en septiembre. La división convencional en años de lo que en realidad es un continuum permite la división al gusto. Y tan convencional es el año que empieza un 1 de enero como el que empieza un 1 de septiembre. Y puesto que el año judicial, el académico y el político empiezan en septiembre, voy a felicitar ahora el año nuevo y a hacer ahora los propósitos de año nuevo para las redes sociales.

Propósito 1. No contribuiré a la crispación que tan fácilmente se detecta con la mente limpia tras estar unos días sin entrar en redes sociales. Informar, formar, transmitir, sí; insultar y contribuir a la crispación, no.

Propósito 2. No manipularé ni dejaré que me manipulen, fuera o dentro de redes sociales.

Propósito 3. No dejaré que los temas del día artificialmente creados por quienes están interesados en crear temas artificialmente que distraigan de lo esencial cumplan conmigo su objetivo, o sea, distraerme de lo esencial, de lo que para mí sea esencial.

Propósito 4. Me formaré opinión con varias fuentes.

Propósito 5.  No opinaré de lo que no sé.

Propósito 6. No divulgaré datos que no parezcan razonablemente contrastados o de fuente generalmente fiable.

Propósito 7. Nunca escribiré en caliente ni dejándome llevar del impulso.

Propósito 8. Do not feed the trolls, no alimentar a los trolls.

Propósito 9. Reír y sonreír es sano. Hay que sonreír y reír todo lo posible.

Propósito 10. Conforme a la teoría de los tres grados, nunca olvidaré que la comunicación escrita a distancia siempre distorsiona y por la ausencia de contexto, de voz y de gestualidad cada mensaje se percibe por quien lee con un grado menos de amabilidad a  como se planteaba por quien escribía el mensaje. Lo amable se percibe como neutro, lo neutro se percibe como agresivo y lo agresivo se percibe como muy agresivo; por tanto, para salvar ese gravísimo inconveniente connatural a la comunicación escrita y en redes, hay que procurar extremar siempre la amabilidad.

O sea, voy a intentar estar siempre en redes sociales con los tres sentidos:

  • con sentido crítico,
  • con sentido común
  • y con sentido del humor.

Y estos propósitos son los míos de todos los años. He intentado cumplirlos siempre, durante todo el año, y seguiré intentándolo este año nuevo.

Y conforme a un criterio más o menos kantiano de universalización de regla de comportamiento, me gustaría no ser solo yo la que intentara cumplir propósitos análogos. Por decirlo de otra forma: es lo que me gustaría ver que hiciera la generalidad de participantes en redes sociales. Soy ingenua, lo sé.

Lector, lectora, feliz año nuevo.

Verónica del Carpio Fiestas

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Comparecencia del Sr. Ministro del Interior en el Congreso para explicar su reunión con el Sr. Rato

Sras. y Sres. diputados:

Es para mí un honor comparecer ante el Congreso como ministro del Interior para explicar que no dimito porque no me da la gana y no explico nada por el mismo motivo. La responsabilidad política es inexigible en España y, Sras. y Sres. diputados, ustedes no son quiénes para exigírmela, ni yo voy a responder por ella voluntariamente.

Las cosas claras: me reuní en el Ministerio del Interior con el Sr. Rato, ex vicepresidente del Gobierno de mi partido e imputado por el más grave escándalo bancario en décadas, porque me dio la gana y para hablar de lo que me pareció bien hablar, y punto.

Por ahora no pienso sacar a relucir las grabaciones que por supuesto tengo de la reunión, y el Sr. Rato, por la cuenta que le trae, tampoco. Y como es la palabra del uno frente a la del otro, y el Sr. Rato es una persona de palabra cuestionable solo para lo que nos interesa, es decir, para que no den crédito ustedes a su palabra frente a la palabra mía como ministro, que tengo presunción iuris et de iure de veracidad, podría contarles a ustedes el cuento de caperucita.

Y decirles, por ejemplo, que me he reunido con el Sr. Rato porque el Sr. Rato, que no dispone de cuenta en Twitter, está preocupado por unos tuits en Twitter en los que se dicen cosas desagradables y amenazas. Por igual motivo podría decirles a ustedes que el Sr. Rato está preocupado por desagradables comentarios de bar que no ha oído, porque él no va a bares, que prefiere yates. Podría decirles eso a ustedes, e incluso añadir que eso significa que con esa reunión cumplo con mi deber y que yo estoy preocupado por la seguridad de los ex altos cargos; porque, claro, la seguridad de quienes no son altos cargos ni ex altos cargos me trae al pairo, dentro y fuera de redes sociales, y no recibo a nadie de los muchos que es público y notorio que reciben cotidianamente graves amenazas en Twitter, gente a quienes sí les llegan directamente las amenazas porque sí tienen cuenta en Twitter, y tampoco se me ha ocurrido recibir a ninguna de las mujeres amenazadas por violencia de género, si lo que cuenta son las amenazas fuera de Twitter.

Podría también decirles a ustedes una cosa y la contraria; podría por ejemplo, hablar de transparencia y de agendas públicas oficiales públicas y privadas.

Podría incluso decir todo eso y añadir encima que todo eso, o sea, hablar de seguridad de un ciudadano, es algo “exclusivamente personal”, como ya dije en comunicado de prensa donde también dije lo que me dio la gana.

Sí, podría hacer todo eso, y lo habría hecho sin duda si me hubiera dado la gana.

Para eso soy ministro, y los ministros carecemos de responsabilidad y tenemos licencia para bobadas y mentiras flagrantes incluso en el Congreso, sin que pase nada.

Pero acabemos antes. Recibí al Sr. Rato porque me dio la gana, y no tengo que dar cuentas a nadie, que para eso soy ministro, y no tengo la intención de contarles de qué hablamos, ni qué decidimos, ni qué actuaciones he efectuado después, que no me apetece inventarme historias.

Y a mi jefe y responsable político, el Sr. Rajoy, presidente del Gobierno, le importa un pimiento con quién me reúna y le da igual qué historias me invente, o que no me invente ninguna. En este Gobierno nadie dimite por responsabilidad política, y quienes se van, se van porque a ellos les da la gana,  porque todo lo que hacemos y decimos les parece muy bien a nuestro jefe y a nuestro  partido, que para eso les pareció normal aquello de “Luis, sé fuerte” al Sr. Bárcenas y tampoco dimitió nadie.

Así que de dimitir, ni hablamos, como tampoco hablamos cuando lo de Tarajal.

Hala, a otra cosa, mariposa, que ya cansa. Circulen, que  aquí no hay nada que mirar.

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior

[y por la transcripción literal de la comparecencia en el Congreso,

Verónica del Carpio Fiestas. Y por un comentario: comentar que lo que dice el Sr. Fernández Díaz o son historias o es un trato de favor.

Y por insertar en el post el vídeo de la escena “Nothing to see” -“No hay nada que ver aquí“-, de la película cómica “Naked gun” -“Agárralo como puedas”, y por la intención al escoger e insertar ese vídeo]

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Reunión del Ministro del Interior con el Sr. Rato

nota prensa M Interior - Rato 10-8-2015Cuelgo para perpetua memoria el texto de este asombroso comunicado de prensa del Ministerio del Interior de 10 de agosto de 2015, no sea que el enlace oficial en el Ministerio del Interior al mismo texto desaparezca y no quede memoria gráfica de este disparate, que producirá en el futuro incredulidad. El enlace oficial es este y el texto el mismo que a continuación transcribo literalmente:

Comunicado del Ministerio del Interior sobre el encuentro de Jorge Fernández Díaz con el señor Rato

Ministerio del Interior

Madrid, 10/08/2015

En relación con las informaciones publicadas sobre el encuentro del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el señor Rato, el Ministerio del Interior precisa:

1. El señor Rato solicitó ser recibido por el ministro del Interior invocando en la petición tratar de una cuestión de carácter “exclusivamente personal” y “completamente al margen de la situación procesal” en la que se encuentra. Este punto fue absolutamente clarificado como condición previa a la realización del encuentro.

2. Dado el carácter “exclusivamente personal” de la petición, el ministro del Interior accedió a recibir al señor Rato y lo hizo el pasado miércoles, 29 de julio, a las 12:00 horas, y concluyendo antes de las 13:00 horas. El encuentro no fue el pasado día 22 de julio ni duró dos horas como erróneamente se ha publicado.

3. Establecidas las premisas anteriores para el encuentro, el ministro del Interior consideró que lo correcto era recibirle en la sede del Ministerio del Interior porque garantizaba absoluta transparencia y no había nada que ocultar. Sin duda era más adecuado hacerlo en la sede del Ministerio que en el reservado de un restaurante o en un lugar similar. 

4. Las investigaciones a las que está sometido el señor Rato las están dirigiendo la autoridad judicial, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Agencia Tributaria.

Cualquier otra actuación que sea requerida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo será en su condición de policía judicial y, por tanto, actuarán en todo momento bajo la dirección de las autoridades judiciales y en ningún momento bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

5. Tras este encuentro, el ministro del Interior no ha realizado ningún tipo de gestión ni ninguna iniciativa que tenga que ver absolutamente nada ni directa ni indirectamente con la situación procesal del señor Rato.

Afirmar que esto es de antología del disparate es quedarse muy corto. Afirmar que nos  toman por idiotas hasta niveles inauditos, y que algunos nunca pensamos que veríamos tales barbaridades, se parece más a la realidad.

Sr. Ministro, no explique nada; puede usted ahorrarse cualquier explicación en el Congreso. Está clarísimamente en la nota de prensa y da igual que haya o no discrepancias con lo que diga el Sr. Rato. Esto está ya clarísimo. Está clarísimo que usted tiene que dimitir y el Sr. Rajoy también.

Los hechos son simples, e inadmisibles: el ministro del Interior de un país donde la corrupción es preocupación ciudadana de primer nivel y probable concausa de la crisis, reconoce expresamente haberse reunido en la sede del Ministerio del Interior, y en horas de trabajo, en términos que se dicen de amistad, con un señor imputado en un asunto gravísimo y de alcance económico que afecta a innumerables personas y al propio Estado, el mayor escándalo bancario de las últimas décadas, con un señor que fue vicepresidente segundo del Gobierno por el mismo partido ahora en el poder y al que pertenecen el Sr. Ministro y el Sr. Rajoy. Y nos dicen que para hablar de cosas “exclusivamente personales”.

Es triste tener que decir lo básico: que ni dentro ni fuera de la sede del Ministerio es ético ni estético ni políticamente admisible que un Ministro del Interior se reúna con imputados, de ningún tipo, ni como amigos ni como ministro y administrado. Ni es creíble que reunión de tal índole fuera sin conocimiento y consentimiento del Sr. Presidente del Gobierno; y, si lo fue, este debe dimitir, por desconocer lo que sucede con su Ministro del Interior en asunto de tan enorme gravedad.

Y ahora, Sr. Ministro, siga usted mintiendo. O diciendo la verdad, que da igual. Porque no interesa ni su versión de los hechos ni la versión del Sr. Rato, ya discrepantes. Absolutamente NINGÚN contenido es admisible como conversación entre un Ministro del Interior y el Sr Rato, ni dentro ni fuera del Ministerio del Interior, porque absolutamente NINGUNA reunión es admisible, sean cuales sean su enfoque, el lugar y el contenido. E insulta a la inteligencia, y es ya meter el dedo en el ojo, la mención a la “transparencia”.

Y hablando de transparencia, difundan ya las grabaciones, usted y el Sr. Rato. Esas ilegales que imagino que habrán efectuado. Porque no me harán creer que un señor tan listo como el Sr. Rato que acude nada menos que al Ministerio del Interior en busca de apoyo moral de amigo, apoyo moral de ministro o actuaciones efectivas del amigo o del ministro no ha grabado la conversación para poder hacer uso de ella cuando interese.

Y, por favor, Sr. Ministro, no nos harán pensar que usted, el jefe de los espías, no ha grabado una conversación tan enormemente delicada, quedando en manos del Sr. Rato. O que no lo ha grabado nadie del CNI por cuenta propia o ajena.

Porque entonces, Sr. Fernández Díaz, pensaré que es usted tonto.

Bastante más tonto, todavía, que lo que considera usted a quien lea el comunicado de prensa. Que ya es decir.

Verónica del Carpio Fiestas

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Agosto antiquísimo: el déjà vu de Gibraltar

Hace hoy exactamente dos años publiqué en este blog un post titulado “Agosto antiguo”. Con estricta seriedad jurídica de fondo y coña marinera externa, y mención hasta de arte medieval, hacía referencia, aparte de a la precariedad laboral y la pobreza,

  • al constante abuso flagrante del real decreto-ley por parte de este Gobierno;
  • a la infame técnica legislativa y la chapuza normativa cotidiana;
  • al sistemático ataque contra el principio constitucional de seguridad jurídica, incluyendo publicar normas en agosto y sábado, normas además que no corresponden con el título, que incluyen de todo, farragosas y técnicamente deficientes;
  • a cómo unos medios de comunicación que no cumplen su función de Cuarto Poder se dejan manipular y/o manipulan a la opinión pública insistendo en el detalle y prescindiendo de lo esencial  por el detalle;
  • a la inadmisible pasividad del Tribunal Constitucional en resolver cuando no interesa que resuelva;
  • y a cómo usar las normas y el BOE para manipular y como publicidad gubernamental.

Y trataba, además, de Gibraltar, un clásico de verano para distraer la atención de lo que interese -en ese momento, la reforma laboral  y la compra por el Estado de 877 millones de euros en armamento-, por real decreto-ley en sábado, con agosticidad y alevosía.

O sea, que hace justo dos años escribí el mismo post que llevo años escribiendo una y otra vez. De hecho mi último post, de esta semana pasada, va de eso, uno muy serio sobre cosas gravísimas, de enorme alcance, que están ahora mismo sucediendo, mientras a usted lo distraen con lo que sea; incluyendo, otra vez, Gibraltar.

Porque es que tendría que volver a repetir post con lo de Gibraltar, porque, oh, sorpresa, ya está aquí de nuevo Gibraltar.

Así que hago corta y pega del viejo post de 9 de agosto de 2013, y acabamos antes. O mejor, copio aquí un par de imágenes de las que puse en aquel post como alegórico adorno jurídico, y ya imagine usted el resto de contenido, pues vivimos en permanente déjà vu.

Añada solo un par, o un par de cientos, de barbaridades gordísimas más de corrupción, manipulación y desvergüenza, incluyendo las denunciadas en el post de la semana pasada, y ya.

Imagen

Agosto. Separando el grano de la paja. Mesario de San Isidoro de León

el-mal-gobierno

“Alegoría del mal gobierno”, fresco del siglo XIV de Ambrogio Lorenzetti

Y, por favor, de verdad, en su propio beneficio, no deje de leer mi último post, si lo no ha leído, porque le están ocultando a usted, con variados gibraltares de despiste, cuestiones de enorme alcance. Porque no se equivoque: están pasando ahora mismo cosas de enorme alcance. Aunque los medios no se lo cuenten.

 Verónica del Carpio Fiestas

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El dedo de Wert

Estos días están sucediendo cinco cosas de enorme alcance:

  • los Presupuestos Generales del Estado se van a aprobar en lo que un catedrático de Derecho Constitucional califica nada menos que de “fraude constitucional”
  • el caso Bárcenas ha correspondido para ser juzgado a los mismos jueces inequívocamente próximos al PP a quienes ya había correspondido juzgar el caso Gürtel, y que no se habían abstenido, y estando pendiente de resolver la recusación.
  • el caso Púnica con numerosos altos cargos del PP de Madrid implicados -no ex altos cargos, pues cuando sucedieron los hechos eran altos cargos, incluyendo consejeros de Justicia del PP y altos cargos de ese partido-, presenta cada día novedades repugnantes, mientras, la Sra. Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma a la sazón, y presidenta regional, consigue extrañamente seguir impoluta en el fango
  • el legislador, que aquí no queda más remedio que equiparar al PP, ha puesto la directa legislativa y con absoluto desprecio del principio constitucional de seguridad jurídica y del sentido común está tramitando a toda prisa masas de normas, inasumibles. La penúltima semana, del 20 de julio de 2015, se  publicaron en BOE siete normas con rango de ley, sin contar reglamentos, y la siguiente semana, finales de julio, cuatro leyes ¡en un mismo día! Centenares de páginas de leyes, con textos que no corresponden con títulos, a batiburrillo, con técnica legislativa infame, no sé cuántas reformas de una misma ley en una misma legislatura, leyes al tuntún por un legislador doloso o culposo que se salta sistemáticamente informes preceptivos,  tramita reformas de una misma ley paralelamente en leyes distintas, cuela de todo en la tramitación parlamentaria (y quien no sepa para qué sirve el Senado, yo se lo digo: para colar enmiendas) y hasta utiliza el BOE para propaganda, con unos preámbulos de leyes que son de llorar. Y se esperan DECENAS de leyes más próximamente, mientras el legislador se ríe de nosotros repitiendo dentro y fuera del BOE lo importante que es la seguridad jurídica. Ni siendo buena es asumible esa carga normativa para el principio de seguridad jurídica; no digamos ya siendo mala.
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El BOE como propaganda: la economía va bien y somos todos estupendos; ah, y nos preocupa mucho, y buscamos, la seguridad jurídica. Esa misma semana, con absoluto desprecio por la seguridad jurídica, se publicaron en BOE otras seis normas más con rango de ley, y la siguiente cuatro en un mismo día.

  • la Ley  de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, está dando ya los resultados previsibles con una ley preocupante, confusa, mal redactada, ambigua e innecesaria. O sea, resultados sancionadores preocupantes e innecesarios. Leyes Mordaza, manifestación 30-6-2015 el pájaro de Twitter

Y en estas circunstancias cuando se ponen en duda los propios Presupuestos Generales del Estado, que se aprobarán CONDICIONANDO al Gobierno siguiente, sea del signo que sea, y cuando no sabemos si jueces inequívocamente próximos al PP juzgarán los casos más graves de corrupción del partido en el Poder, incluyendo casos en lo que se juzgarán a tesoreros  del PP -no extesoreros, porque eran tesoreros cuando sucedieron los hechos-, cuando el caso Púnica nos revuelve el estómago día a día, el ordenamiento jurídico está en situación de maraña inasumible, y lo estará más, y sabemos que el Tribunal Constitucional dejará sine die sin resolver los recursos sobre la Ley Mordaza y las decenas de leyes que tiene recurridas, héteme aquí que el Gobierno nombra embajador en la OCDE al exministro Sr. Wert.

Y se monta el revuelo para denunciar el grave caso.

Por favor.

Ni una sola de las decisiones del ministro Wert, cuando era ministro y como ministro, es suya. La responsabilidad de su gestión es de quien lo nombró, de quien aprobó las normas y proyectos en Consejo de Ministros y de quien las votó, o sea, el Partido Popular, y el Sr. Rajoy como responsable del Gobierno y del partido. ¿Ya estamos de nuevo con la táctica de echar la culpa a un ministro cuando no gusta su gestión, como con el Sr. Gallardón, de lo que legal, constitucional y moralmente es responsabilidad de otros: del Sr. Rajoy y de su partido? ¿Y ya estamos otra vez con que se hace creer a la ciudadanía que un ministro puede actuar por cuenta propia y que es suya la responsabilidad sobre normas que han de aprobarse en Consejo de Ministros y que se votan en las Cortes?

Y, claro, las redes sociales arden con el “regalo de boda a Wert pagado de nuestro bolsillo”, algo “casualmente” difundido el mismo día se presentaban los Presupuestos Generales del Estado.

El cese del ministro Wert salió en el BOE con fecha 26 de junio de 2015. “Casualmente” se pospuso el nombramiento como embajador a fecha 31 de julio, BOE 1 de agosto. El mismo día 31 de julio se presentaban los Presupuestos Generales del Estado; los presentó el Sr. Rajoy en una rueda de prensa. Leo por ahí que hay quien dice que se ha sacado el nombramiento de Wert embajador a la  vez que los Presupuestos para ocultar lo de Wert y que menos mal que hemos estado atentos para sacar a relucir lo de verdad importante, lo de Wert. ¿En serio alguien cree que son comparables unos Presupuestos Generales del Estado que además tienen el reproche de estar en fraude constitucional? ¿Con un nombramiento, incluso si fuera inaceptable, que no cuesta un euro de más al erario público y cuando no parece que se plantee el FONDO del asunto, que es 1º si de verdad es necesaria una embajada ya preexistente y que ahora nos enteramos cuánto nos cuesta, y que de repente por lo visto es un chollo, sin que nadie lo dijera antes cuando había otros ocupantes del cargo, y 2º si es aconsejable que los nombramientos de embajadores sean ad libitum del Gobierno, pese a que no solo aquí son ad libitum?

¿Nos ponen un dedo delante del ojo, el dedo de un nombramiento a dedo que la ley permite, y ya creemos que es más grande que el sol que está detrás? O sea, que se puede tapar el sol con un dedo, con el dedo que elige el Gobierno de cada vez para ocultarnos el sol. Una y otra vez. En fin.

Verónica del Carpio Fiestas

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Independencia judicial: Púnica y jueces

Titulares en periódico nacional: “Compadreo de los jueces que conocían sus casos. Granados pactó con una instructora fuera del juzgado no grabar en vídeo su testimonio. El exconsejero tuvo que pedir a la jueza “que se cortase con los elogios” en público“. Enlace, aquí.

Escojo este texto periodístico, al azar entre muchos análogos, para efectuar al hilo de ello, unas observaciones sobre periodismo, Estado de Derecho y Consejo General del Poder Judicial y, en definitiva sobre independencia judicial.

  1. Sobre periodismo y desinformación. El texto no se corresponde con los titulares. El texto de las grabaciones del asunto Púnica transcritas no recoge tal “compadreo”. Recoge algo muy diferente: un imputado -actualmente en prisión preventiva, por cierto, y por el mismo tema-, habla con otros sobre la existencia de tal compadreo. Muy mal vamos si se considera periodísticamente que lo que se “dice” es como si “existiese”, incluso en titulares. Y con esos titulares que no corresponden con el texto pasa la información a Twitter y circula, y da lugar al descrédito generalizado de jueces, no ya solo de los mencionados, sino de todos, como puede comprobar quien dedique tres minutos a leer Twitter. Porque Twitter es ese lugar donde prima la brocha gorda, donde el matiz no cuenta, donde pocos leen más allá del titular, donde muchos ni leen el enlace adjunto al tuit pero lo difunden; y periódicos que titulan así saben que es así como circula la información, o deberían saberlo.
  2. Sobre grabaciones como prueba. Ninguna grabación existe solo con que la Policía diga que existe, que su contenido es así y que la transcripción es completa y fidedigna, ni por el mero hecho de estar incorporada a un sumario. Sin que ello signifique insinuar manipulación, creo que ya está bien de dar crédito a ciegas a lo que se difunde sin más, como si no fuera necesario juicio ni sentencia, porque ya la mera difusión es sentencia, y como si esa sentencia dictada sin juicio ni proceso ni defensa fuera además inapelable. Estamos en un Estado de Derecho, se supone.
  3. Sobre la noticia y el Consejo General del Poder Judicial. La independencia judicial consiste en dos aspectos conexos: ser independiente y parecerlo. Porque esto no es como la mujer del César, que además de ser honrada ha de parecerlo; aquí hablamos de algo muchísimo más importante, de cómo es y cómo debe parecer quien ha de CONTROLAR al César. El Consejo General del Poder Judicial no puede ni debe permanecer impasible ante informaciones como esta difundida, las grabaciones de Púnica que implican a jueces. Urgen diligencias informativas o como se llame el expediente informativo en ese ámbito. Porque el expediente informativo dilucidará una de dos: que o en efecto hay tal compadreo y por tanto procederá tomar medidas de índole disciplinaria en su caso, o que no hay tal compadreo, y entonces hay que defender la independencia judicial atacada por  la via del desprestigio masivo de profesionales de la judicatura por el sistema perverso de atacar el prestigio individual de algunos. El Sr. Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, debe hacer algo; y no precisamente lo mismo que lleva haciendo desde que lo nombraron, que es seguir conviertiendo al Consejo General del Poder Judicial en una Dirección General del Ministerio de Justicia.

Están pasando cosas graves en España. Son cotidianos los ataques a la independencia judicial; y sin independencia judicial no hay Estado de Derecho. Esos ataques vienen por muchos lados, incluyendo medidas legislativas; desde nombramientos judiciales discutibles a la falta de medios en los juzgados que impide investigar, y presiones con declaraciones públicas de políticos y hasta de empresarios. No voy a poner ejemplos. Está de ello lleno el Twitter de las asociaciones judiciales Asociación Judicial Francisco de Vitoria @JuecesAJFV, Jueces para la Democracia @JpDemocracia y Foro Judicial Independiente @FJuecesIndepend y de la ONG de defensa de la tutela judicial efectiva Rights International Spain @ris_org; y en este mismo blog y mi Twitter @veronicadelcarp se han recogido numerosos ejemplos, y ya cansa repetirlo.

Y  también hay otras formas de ataque, más sutiles, más solapadas, quizá hasta más eficaces: la vía del desprestigio gratuito colectivo a quien ha de juzgar a corruptos y sinvergüenzas mediante la manipulación de la información, y la paralela vía de no defender la independencia judicial, o no hacer lo que corresponde contra los jueces que no merecen la confianza de la ciudadanía, o de permitirnos siquiera saber si merecen o no tal confianza haciendo oídos sordos a los intentos de manipulación o de denuncia.

Ya esta bien de bromas con el Estado de Derecho. Porque si son bromas, diría que no soy la única a la que no le hacen ninguna gracia.

Verónica del Carpio Fiestas

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Reflexiones insignificantes sobre Twitter

Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal… cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo” (G.F.Watts, pág. 88, 1904) [El idioma analítico de John Wilkins, Otras inquisiciones, Jorge Luis Borges]

Esta nada insignificante reflexión  de Borges del año 1952 dentro de una reflexión sobre un autor del siglo XVII, y citando a otro autor del siglo XX, puede quizá merecer, a su vez, una reflexión, aplicada a Twitter. El lenguaje ya de por sí intrínsecamente difícil para transmitir la riqueza del mundo y del alma humana, según comentario de Chesterton ¿cómo queda si se contiene en píldoras simplificadoras de 140 caracteres, los que caben en un tuit? ¿Cómo son los pensamientos, las ideas, las descripciones que caben en 140 caracteres incluso si son enriquecidos con la cita de tuit ajeno o las cuatro imágenes que permite ahora incluir Twitter? El mundo del aforismo, de tanta tradición literaria y filosófica, tanto prestigio intelectual y hasta  tanta utilidad práctica para echar mano de citas (¿qué haríamos algunos sin Georg Christoph Lichtenberg?) queda al alcance de cualquiera, con difusión inmediata, incontrolable e ilimitada, en un medio que es por una parte como un mar inmenso al que se lanza una botella y no se sabe donde llegará y a quién si acaso llega, y por otro un archivo donde todo queda, con memoria perpetua e ilimitada; desde las fotos con amigos hasta el comentario de nivel de barra de bar. El aforismo de Lichtenberg se difunde con ese inmenso o pequeño alcance y también la bobada, el exabrupto, lo insustancial, el insulto. La búsqueda del tuit perfecto, se dice; el tuit hasta como forma literaria. Ay. Comentarios inanes de futbolistas consiguen miles de retuits y una sentencia que puede ayudar a evitar una ejecución hipotecaria, y ayudar a que personas no caigan en exclusion social, veinte. Un mundo curioso, Twitter, y dificilísimo, y muy duro. Todo un mundo está ahí, pero no es exactamente el mundo.

Y no es el mundo, porque Twitter revela a las personas como son, pero también permite el artificio y la impostura más fácilmente que otros medios, y también el insulto y el ataque personal gratuitos. De quienes dirigen comentarios insultantes a personas desconocidas en Twitter, ¿cuántos les dirían eso mismo a la cara a esas personas desconocidas? ¿Cuántos son conscientes de que un avatar, incluso cuando consiste en una foto que no es gráficamente descriptiva del titular de la cuenta, tiene una persona detrás, con piel dura o fina, pero que ha de escoger entre no leer todas las interacciones o leerlas todas, -porque no hay término medio en esto en Twitter, salvo que se decida leer unas pocas interacciones, las últimas, y con eso perder información-, y por tanto arriesgarse a encontrarse y leer comentarios insultantes de personas desconocidas? Desconocidas desde dos puntos de vista: porque no se las conoce personalmente o porque no se identifiquen; y en ambos casos sin que haya habido ninguna comunicación previa. En el entendido, obvio, de que es imposible gustar a todo el mundo, e inútil intentarlo, ¿qué ventaja moral o emocional puede recibir quien emite comentarios así, de los que no diría a la cara, despectivos o insultantes? Twitter es el lugar del impulso, donde se puede conseguir lo que vende la publicidad -esa publicidad que por motivos mercantiles vende las virtudes del “ahora” y el “ya” y las ventajas de todo tipo que, al parecer, aporta satisfacer de forma inmediata necesidades con la adquisición inmediata de productos y servicios; y eso explica muchas cosas. Es gratis Twitter, y eso también explica mucho. Quien escribe un tuit habla al viento, sin saber que esas palabras no las lleva el viento, que las palabras quedan, que las palabras llegan, que las palabras hieren. Porque quiero pensar que nadie hace daño conscientemente; quiero pensar que es solo inconsciencia, la inconsciencia del niño pequeño que juega con algo que no necesariamente es dañino (¿es dañino un tenedor?) puede hacer daño a otros y hacérselo también a sí mismo. Quiero pensar en las palabras de Ulpiano para definir el Derecho o la Justicia: “honeste vivere, alterum non laedere et suum quique tribuere“, vivir honradamente, dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a nadie. En el “naeminem laedere“, el no hacer daño a nadie inmotivadamente, pudiendo evitarlo.

Pero entre las muchas cosas que es Twitter, hay dos que es, y de eso creo que puedo estar bastante segura de que mi interpretación resulta correcta.

  1. Twitter es un instrumento de activismo de potencia tal como jamás ha existido otro. Lo describe muy bien mi compañero de luchas jurídicas José Muelas, abogado, actualmente Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, en un post sobre la llamada “imprenta vietnamita”. En época franquista los opositores al régimen se jugaban ir a prisión por la mera tenencia de un rudimentario método de impresión conocido como “imprenta vietnamita”, que permitía imprimir unas pocas octavillas que luego se difundían repartiéndolas a mano, de una en una. Solo unas pocas octavillas podían imprimir, y lo hacían; incluso jugándose la libertad. Nosotros podemos escribir ilimitadas octavillas, que llegan a ilimitados destinatarios, a coste cero y sin riesgo personal; hasta sin salir de casa. No podemos quejarnos, porque si el Poder tiene medios, y utilizo esta palabra en su doble sentido de herramientas y medios de comunicación, la ciudadanía de a pie no está ya indefensa y tiene lo que nadie ha tenido nunca, en toda la Historia, la Historia con mayusculas: ilimitada capacidad de difusión. Me remito a mi post Reflexiones personales sobre cómo hacer activismo juridico sin un euro para financiación“, porque esas reflexiones, de hace unos meses, muy pensadas, tengo la convicción de que pueden ayudar a otros a luchar por lo que crean; aunque crean cosas distintas de aquellas en las que creo yo.
  2. Twitter proporciona la fuerza de una red para el activismo. Y no, no lo digo en el sentido habitual de la web como red, sino en el sentido de que permite crear vínculos para activismo que son muy fuertes: los de la fuerza de una red, no los de la fuerza de una cadena o de una cuerda. La fuerza de una cadena, de una cuerda, es la del punto más débil; la cuerda se rompe solo con que se rompa en un único punto, y la cadena se parte por el eslabon más débil, con un único eslabón. Pero una red son puntos donde confluyen líneas, muchos puntos y muchas cuerdas. Si la red es suficientemente grande, que falle un punto no significa absolutamente nada, porque los demás puntos resisten y por tanto resiste la red; y no hay puntos más importantes que otros, porque todos son importantes y ninguno es indispensable.

Detrás de los avatares hay personas, incluso de las cuentas colectivas o institucionales, que salen fuera de Twitter. Una persona a quien he tenido ocasión de conocer virtualmente como consecuencia de estar en Twitter me ha hecho llegar por medios no públicos -tras las relaciones en Twitter siguen fuera las relaciones personales- una foto maravillosa, la foto más bonita y más dulce que se puede mandar: la de su bebé recién nacido. Que me haya llegado esa foto me permite más reflexiones, seguramente tan insignificantes como todas las anteriores: que importan las personas, que importa el futuro y que hay futuro, y que Twitter puede ayudar a que sea mejor y que, siendo conscientes de ello, hay que intentarlo.

#TVerónica del Carpio Fiestas

en Twitter @veronicadelcarp,

tras 90.000 tuits

y habiendo llegado, sigo sin saber cómo, a 10.000 seguidores

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Sobre matrimonio entre personas del mismo sexo

Se van a recoger en este post datos normativos y jurisprudenciales a texto completo  sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, en España, USA y México. Mi opinión al respecto ya está expuesta y razonada, desde 2012, en este post, anterior a la sentencia de Tribunal Constitucional español que se pronunció sobre la normativa española, y a mi opinión ya expuesta me remito.

España. 

  • Ley vigente

LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Enlace a texto completo en Boletín Oficial del Estado, aquí. ley 13-2005

  • Jurisprudencia constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, de 13 de noviembre, dictada en relación cn el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la citada ley 13/2005. Enlace a texto completo en Boletín Oficial del Estado, aquí.

STC sobre Ley 13-2005

Estados Unidos.

  • Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2015. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. OBERGEFELL ET AL. v. HODGES, DIRECTOR, OHIO DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL. Enlace a texto completo en la web oficial del TS USA, en inglés, aquí.

TS USA sentencia matrimonio homosexual

México.

  • Suprema Corte de Justicia de la Nación. TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015 (10a.). Enlace a texto completo en la web oficial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aquí (ver concretamente página 94 del pdf). Según diversas informaciones, al parecer ha habido casos anteriores análogos a este de junio de 2015; véase noticia en El Comercio, 19-junio-2015, aquí, que menciona cinco casos.

mx

Desde la firme creencia en la tolerancia y el respeto, firma este post

Verónica del Carpio Fiestas

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Democracia y separación de poderes

Cuando un ordenamiento jurídico propicia o permite situaciones jurídicas diametralmente opuestas a la propia esencia de la democracia, o cuando no ofrece soluciones a situaciones, así, algo gravísimo sucede en ese ordenamiento jurídico y en esa democracia.

Quien esto lea puede entender que los magistrados Sr. López y Sra. Espejel no son inequívocamente próximos al Partido Popular.

Quien esto lea puede entender que es irrelevante que personas inequívocamente próximas al Partido Popular juzguen el caso Gürtel, el más importante caso de corrupción que ha afectado al Partido Popular, incluyendo en su conjunto la calificación penal de “organización criminal” para el Partido Popular y que afecta a dos tesoreros  del partido. No “extesoreros”, sino “tesoreros”, porque lo eran cuando sucedieron los hechos.

Quien esto lea puede argumentar que hay otros casos en los que personas próximas a otros partidos han intruido procedimiento penales que afectan a partidos o juzgado sobre ello.

Quien esto lea puede recordar que el presidente del Tribunal Constitucional, que si no resuelve  justicia ordinaria en sentido estricto sí resuelve justicia constitucional, o sea, justicia, tuvo carné del Partido Popular.

Quien esto lea puede pensar que no se puede prejuzgar que personas inequívocamente próximas a partidos vayan a prevaricar.

Quien esto lea puede pensar todo eso. Quien esto lea es libre de pensar que no hay tal proximidad y tendrá derecho a pensarlo porque el pensamiento y la opinión son libres aunque ello signifique, objetivamente, negar realidades. Quien esto lea puede consolarse pensando que ha habido otros casos que afectan a otros partidos; como si fuera consuelo que el gusano esté en la raíz. Quien esto lea puede pensar que la lista de causas de abstención y recusación está ahí, tasada, para evitar que se tenga que abstener o pueda ser recusado con éxito alguien que objetivamente no presente problemas de falta de imparcialidad objetiva.

Y también es libre mi pensamiento y tengo mi libertad de expresión. Y en uso de mi libertad de pensamiento y de mi libertad de expresión, como ciudadana y como jurista, digo, con profunda tristeza, porque no me consuela sino todo lo contrario que haya habido casos análogos, que si un ordenamiento jurídico propicia o permite que dos jueces inequívocamente próximos al Partido Popular juzguen el caso Gürtel, y si no ofrece solución juridica a que eso no suceda, esto no es una democracia. Y me da igual que ello proceda de que haya habido reparto de sillas en el Consejo General del Poder Judicial apoyado por muchos  partidos, no todos, y que sea posible que el Tribunal Constitucional esté presidido por una persona que tuvo carné del Partido Popular.

No, mejor dicho, no me da igual. Lo que me da es asco.

Y me daría exactamente igual el mismo asco si mañana el Sr. Benlloch, exministro de Justicia con el PSOE y actual alcalde de Zaragoza por ese partido, juzgara el caso ERE que afecta muy gravemente a su partido, algo que, con el mismo ordenamiento jurídico que propicia o permite lo de los dos jueces de Gürtel, sería posible.

Podría haber hecho un post estrictamente jurídico, con análisis de normativa y jurisprudencia. He preferido no hacerlo. Me da miedo llegar a una conclusión: a la conclusión de que no vivo en una democracia.

Y si usted, lector, lectora, lee este post y no sabe  a qué caso me estoy refiriendo y de qué estoy hablando en este post, tiene usted un grave problema. El mismo problema que sufrimos todos: la libertad de prensa.

Verónica del Carpio Fiestas

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Rayas

ilusión óptica

Los dos segmentos de las figuras de arriba tienen igual longitud. Sin embargo, lo percibimos de otra manera. Es ejemplo clásico de ilusión óptica en la psicología de la percepción.

Y al buen entendedor, pocas palabras.” [Don Quijote, Segunda parte, Capítulo XXXVII]

 Verónica del Carpio Fiestas

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La opinión de los expresidentes del Gobierno

Son innumerables los detalles aparentemente insignificantes que se dan por sentados en la política española actual y que habrá que reflexionar si, a estas alturas, o harturas, queremos que se sigan dando por sentados. Voy a escoger uno.

Detalle que se da por sentado: “la opinión jurídica de todos los expresidentes del Gobierno es jurídicamente valiosa, y por tanto hay que reconocerla, tenerla legalmente en cuenta incluso en la tramitación de las propias leyes y, como lógica consecuencia, pagarla, y bien“.

Explico cómo se plasma esto.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, o, mejor dicho, del Estado, como, como ha aclarado el Tribunal Constitucional pese a la dicción literal del artículo 107 de la Constitución que prevé su existencia. Está regulado en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, modificada por Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre. Son variadas sus funciones, todas de la máxima relevancia, e incluyen, entre otras, intervenir en fase prelegislativa, o sea, informar sobre las normas antes de ser aprobadas. En la tramitación de las leyes sus informes no son vinculantes, pero sí preceptivos.

La importancia jurídica de este organismo consultivo es tan incuestionable que si su informe es preceptivo en la tramitación prelegislativa de una norma de carácter reglamentario, y no se ha emitido, esa norma podrá ser anulada por los tribunales, y si la autoridad consultante es un miembro del Gobierno y desea apartarse del dictamen, la resolución debe ser adoptada por el Consejo de Ministros (art. 2.2 párrafo cuarto Ley Orgánica).

Para quien no conozca este organismo, debe dejarse muy claro, pues, que no es uno de tantos entes creados para mamandurria y que sus funciones son de verdad importantísimas, en la teoría y en la práctica, y el prestigio teórico y práctico de sus dictámenes, indiscutible. Se trata de un elemento básico de nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, aunque no exclusivamente, para la tramitación de normas.

Y veamos lo que su normativa reguladora dispone sobre expresidentes del Gobierno, como figura en la propia web del Consejo de Estado:

Componen el Pleno, además de los miembros que integran la Comisión Permanente, los Consejeros natos y los electivos. Son Consejeros natos, por razón de otro cargo que ostentan o hayan ostentado: Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno y hayan manifestado al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él. Su mandato es vitalicio (art. 8.1 Ley Orgánica).

¿En qué argumento exactamente se basa nuestro ordenamiento jurídico para considerar que es jurídicamente valiosa la opinión jurídica de expresidentes del Gobierno, y que lo es en todo caso y para siempre? No en la Constitución, puesto que se limita a decir en su artículo 107 que “El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.”

Tampoco dice nada el Preámbulo de la Ley de 1980 que reguló el Consejo de Estado, porque sencillamente no dice nada de nada sobre nada, más que esto:

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

El paso de los expresidentes al Consejo de Estado no estaba previsto en la versión de 1980 de la ley reguladora del Consejo de Estado; esto, que hasta entonces no se había planteado, se incluyó por reforma legal en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero. Con la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre se incorporó una modificación a la versión original del artículo 8 de la Ley reguladora:

1. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico, el cual incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.

Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.

O sea, que hasta 2004 la opinión jurídica de los expresidentes no era jurídicamente valiosa sí o sí y para siempre, de forma vitalicia; desde entonces, lo es.

Y se argumenta en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2004, que introdujo esa modificación, en los siguientes términos:

Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva se ha estimado conveniente incorporar al Consejo de Estado a los ex Presidentes del Gobierno. El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve.

Para la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de Estado se crea la categoría del Consejero nato con carácter vitalicio, por ser esta la que mejor se adecua a las funciones y cometidos que han de desempeñar, todo ello sin perjuicio de que en el futuro desarrollo reglamentario se determine más precisamente su estatuto jurídico personal.”

Nos encontramos pues con que un importantísimo organismo que informa sobre normas antes de que sean aprobadas, cuyos informes tienen enorme eco en la sociedad -sobre las leyes más relevantes en tramitación sus informes son citados hasta por los medios de comunicación- y que condiciona la tramitación de normas reglamentarias hasta el punto de que si no se emite su informe se pueden anular esas normas reglamentarias, tiene a los expresidentes emitiendo opiniones jurídicas de esa relevancia; si es que el expresidente quiere estar ahí, porque no es obligatorio. En estos momentos lo está Rodríguez Zapatero; lo estuvo Aznar. Lo podrían estar, si quisieran, González y, en el futuro, Rajoy.

¿Usted cree que es muy valiosa jurídicamente la opinión de Aznar, Zapatero, González y que lo es en cualquier caso y lo es para siempre?

¿Cree usted que

El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve

como dice el preámbulo de la ley como justificación de esto?

¿Cree usted que será jurídicamente valiosa en su día la opinión de Rajoy, por su caudal de experiencia política, su conocimiento de la realidad del Estado y su compromiso democrático, y que su opinión redundará en beneficio de la Administración y de los ciudadanos?

¿Cree usted que sería también jurídicamente valiosa la opinión de un expresidente que hubiera sido condenado por corrupción, o por cualquier otro delito? ¿Del que hubiera desarrollado una política nefasta como presidente del Gobierno, la política en opinión de usted nefasta? ¿De quien tuviera una conducta personal opuesta a lo intachable? ¿De quien, por ejemplo, estuviera en la cárcel, incluso?

¿Usted cree que todos los expresidentes, por serlo, saben mucho de Derecho? ¿Tanto como para que su opinión, emitida en un órgano colectivo consultivo, condicione normas?

¿Usted cree, en definitiva, que la opinión de CUALQUIER expresidente del Gobierno, hayan sido como hayan sido su trayectoria, su probidad, su formación, el resultado de las políticas que desarrolló como presidente y su actuación posterior y anterior como político y como ciudadano, DEBE tenerse en cuenta para condicionar normas?

¿Cree usted eso?

Y no estoy hablando de DINERO. Estoy hablando DE OPINIÓN. De si ES jurídicamente valiosa la OPINIÓN de un expresidente.

A usted le puede parecer que lo importante es que el expresidente del Gobierno COBRA por formar parte del Consejo de Estado, y además de cualquier otra cosa que pueda cobrar como expresidente. Los medios se hicieron eco de los 72.000 euros anuales que iba a cobrar Rodríguez Zapatero por ejercer esa función, compatibles con otros ingresos como expresidente.

Pero mí, personalmente, que un expresidente cobre por serlo, no solo no me parece mal sino muy bien. Las puertas giratorias son muchísimo más perjudiciales para la sociedad que un sueldo vitalicio digno, y no puede exigirse, siendo realistas, que alguien vuelva a su situación anterior a ganarse la vida desde cero o en el punto donde dejó perdida su vida profesional quizá muchos años atrás. Que no cobren tras dejar de ejercer el cargo no solo es demagogia, sino que significa, ni más ni menos, que solo pueden ser políticos los ricos o los funcionarios. Ciertamente no los autónomos o quienes honradamente no quieran hacer uso de su influencia para conseguir clientela, porque no es fácil volver a la vida profesional tras años de baja, como saben cualquiera que ha sufrido una baja prolongada por enfermedad y las mujeres que se reincorporan tras una excedencia por cuidado de hijos.

Lo que discuto, o someto a reflexión, es POR QUÉ debemos entender que la opinión de un expresidente es SIEMPRE valiosa, y por qué ha de presumirse que dispone de un caudal de conocimientos y experiencias y una calidad democrática que los hacen insustituibles ya para siempre en el encaje normativo del Estado. Por mucho que su opinión sea solo la de uno más en un órgano colectivo. Cobre o no cobre por emitir esa opinión.

A mí, personalmente, no me interesa la opinión jurídica del Sr Rajoy, ni me parece que deba tenerse en cuenta en algo tan grave como la tramitación de normas. No observo en él ese caudal de experiencias valiosas y esa elevada calidad democrática que, a tenor de la exposición de motivos citada, fundamentan el valor de su futura aportación jurídica en el Consejo de Estado, ni, como jurista que soy, aprecio en él especiales conocimientos jurídicos.

Tampoco me interesa la opinión de los otros expresidentes vivos, cuya actuación como presidentes dejó mucho que desear en su día, y/o cuya actuación posterior como ciudadanos particulares haciendo uso de puertas giratorias y de mecanismos de enriquecimiento personal con contactos establecidos cuando su vida política no me permiten deducir la mejor impresión de su forma de ser y sus conocimientos jurídicos.

Ofrezco esto como material para la reflexión. E insisto: no estoy hablando de dinero, de lo que cobran por ser consejeros de Estado. Estoy hablando de algo MUCHO más serio. De perpetuar en los mecanismos de poder a quienes habrá que discutir si de verdad es necesario que se perpetúen en los mecanismos del poder, como pequeño engranaje solo, sí, pero presumiendo que concurre lo que no tiene por qué necesaramente concurrir: la honradez, la calidad democrática y la experiencia valiosa.

Por mi parte, ya lo tengo muy reflexionado.

Y tenga en cuenta, por si no lo sabe, que en Comunidades Autónomas existe mecanismo análogo. En Madrid, el exministro de Justicia Sr. Gallardón, poco menos que unánimemente reconocido como el peor de la democracia, está formando parte del Consejo Consultivo equivalente a nivel autonómico del Consejo de Estado, en su calidad de expresidente de la Comunidad de Madrid, emitiendo opiniones jurídicas que nos afectan a todos los madrileños; y formará parte, si quiere, también, la Sra. Aguirre. Las opiniones jurídicas de estas dos personas cuyos conocimientos de Derecho son los que prefiero no comentar, y cuya trayectoria política y talante personal tampoco quiero ni mencionar, se consideran jurídicamente valiosas.

¿Usted cómo lo ve?

Verónica del Carpio Fiestas

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Dª Esperanza Aguirre, testigo en caso Gürtel

Dª Esperanza Aguirre fue citada a declarar como testigo en el caso Gürtel, en diciembre de 2013. Aquí, el auto del juez Ruz por el que se la citó: auto_citacion_testigo_aguirre_gurtel Y testificó entonces haciendo uso del privilegio de declarar como testigo por escrito sobre los hechos de que hubiere tenido conocimiento por razón de su cargo.

El post “Interrogatorio por escrito de autoridades exentas de declarar presencialmente”, enlace aquí, del fiscal Juan Antonio Frago, describe de forma comprensible en qué consiste y cómo se lleva a la práctica ese privilegio previsto en los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un privilegio que este fiscal califica de “absolutamente medieval” y muchos juristas consideran inaceptable.

1.- El privilegio es renunciable. La Sra. Aguirre no renunció a él. Era a la sazón ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, una particular, y no ostentaba ningún cargo público. Ese “privilegio medieval” existe para quienes ninguna relación tienen ya con el Estado -sorprendente, pero es así-, y esta señora hizo uso de él en el caso en el que está implicado el partido al que pertenece, bajo cuyas siglas se presentó a presidenta de la Comunidad de Madrid y gobernó, partido del que es presidenta autonómica desde 2004 y partido bajo cuyas siglas se vuelve a presentar, esta vez para alcaldesa.

2.- ¿En qué consiste el privilegio, exactamente? No se trata SOLO de declarar por escrito en vez de hacerlo de palabra.

  • Se trata de que quien formula las preguntas -como los abogados de unos y otros- no tengan posibilidad de añadir sobre la marcha nuevas preguntas o variar las que pensaban formular en función de las respuestas del testigo o repreguntar. Es decir, que, a diferencia de los demás interrogatorios, no es en realidad un interrogatorio sino un simple cuestionario.
  • Se trata de no verse sometida a la presión psicológica de tener delante al juez y a los abogados y al fiscal, y tener que contestar rápido.
  • Y se trata de contestar en su propio despacho, sin trasladarse al juzgado.

¿Alguien ignora la enorme diferencia psicológica que existe entre estar físicamente en el propio entorno, en vez de en entorno ajeno y desconocido, como es un juzgado? Pues eso, que es evidente, es aquí hasta lo de menos.

Principio en procedimientos judiciales es el llamado “de inmediación”. El juez ve y escucha a un testigo y puede inferir su mayor o menos credibilidad en función de mucho más que de las palabras que pronuncie. El tono, las vacilaciones, la actitud corporal, los intentos de cruzar miradas con abogados, los silencios, las respuestas evasivas que hay que reconducir o en las que hay que insistir, todo ello aporta datos, datos que deben tomarse en cuenta. Y por eso no hay respuestas por escrito en vez de orales y son a presencia judicial salvo ciertos casos. Esto no es un post de Derecho Penal y no pretende ni reflejar ni valorar si el principio de inmediación existe siempre en sentido técnico o si se da o o no en igual grado en todas las fases del proceso, ni explicar las excepciones, sino transmitir una idea clara y de sentido común: viendo y oyendo es posible hacerse a una idea de la realidad, mucho más que por escrito y sin el contacto personal.

En cuanto a la diferencia entre interrogar con un verdadero interrogatorio flexible y adaptable a las respuestas o por un cuestionario previamente redactado e inmodificable, poco hay que añadir.  Haga la prueba y compare con el sistema de preguntas directas; verá lo difícil que resulta sacar algo en claro. Verá lo difícil para quien interroga que es redactar una lista de preguntas que prevea a ciegas todas las posibilidades de respuesta para en función de ello plantear un interrogatorio completo y lógico, y que cubra todo, y lo inútiles que resultan muchas preguntas. Verá lo difícil que resulta que sea un interrogatorio eficaz.

Un expresidente de comunidad autonóma conserva para siempre la posibilidad de saber que en relación con los hechos de que hubiere tenido conocimiento por razón de su cargo, es decir, los hechos de su propio gobierno y de sus propios colaboradores, no tendrá que estar delante del juez al contestar, que dispondrá de tiempo para hacerlo tranquilamente y meditando las respuestas, que no importará su actitud, que estará físícamente en su propio entorno, que evitará que el interrogatorio se vaya adaptando a las respuestas de forma que sea posible indagar en aquellos aspectos en las respuestas -imprevisibles para el interrogador- que por parte del testigo ofrezcan zonas de luz o de sombra y no quede como un listado invariable de preguntas.

Conserva ese privilegio, sí, pero SOLO si quiere. Porque, puede, llegado el caso, y para mejor colaborar con la Justicia renunciar a ese privilegio.

Es decir, que quien dispone de ese privilegio “absolutamente medieval” puede preferir que sea un interrogatorio eficaz.

No olvide esto, por favor, cuando oiga a la Sra. Aguirre que su colaboración en la lucha con la corrupción ha sido máxima.

Porque una vez se le ha pedido que colabore en la lucha con la corrupción, y su colaboración ha sido esa.

Y estamos hablando del caso Gürtel, el caso del dinero B del PP, el caso de extesoreros del PP procesados, el caso de la sede del partido remodelada con dinero B. Y de que la Sra. Aguirre dice repetidamente que desconocía la corrupción de su entorno de gobierno y partido, y que lucha contra la corrupción. Y que es la máxima interesada en explicar la situación.

Y estamos hablando de que declarar como testigo es un DEBER, porque cualquier ciudadano citado como testigo está obligado a comparecer ante el Juez que le cite y a prestar declaración. NO UN FAVOR.

Y estamos hablando de que la Sra. Aguirre es licenciada en Derecho y se presume que conoce la diferencia de eficacia entre declarar de una forma y de otra.

Verónica del Carpio Fiestas

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Gente malvada en elecciones

Este es un post breve y muy serio exclusivamente sobre política y campaña electoral española actuales. Y, por tanto, empiezo y acabo hablando de Literatura británica de humor de hace cien años.

Hablando del escritor Saki, pseudónimo de Hector Hugh Munro, cuyos cuentos son en su mayoría un prodigio de humor desasosegante y mala intención de la buena, o sea, gran Literatura, me temo que veteada a veces de misoginia. En la lista de grandes escritores británicos del siglo XX, está si no en primera fila, asomando la cabeza desde la segunda. Uno de sus cuentos, del libro “Los juguetes de la paz” (suele datarse en 1923, cuando Saki murió en 1916, en el frente, en la Primera Guerra Mundial) se titula “Prevenida“. Veamos.

Una ingenua solterona de pueblo sin formación ni experiencia de la vida sale de su aldea por primera vez, para visitar a un primo del que no sabe nada. Y se encuentra que su primo, encantador y educadísimo en apariencia, es un malvado; gentuza de lo peor. Ladrón, estafador, mentiroso.

Es, en definitiva, candidato a las elecciones.

Y que es un ladrón, un estafador  y un mentiroso es lo que dicen de él sus contrarios.

El candidato contrario es también un ladrón, un estafador y un mentiroso.

Y que es un ladrón, un estafador y un mentiroso lo dicen de él los partidarios del primo.

“-¿Robert Buldward? Un redomado sinvergüenza, eso es lo que es. Debería darle vergüenza mirar a la cara a cualquier hombre honrado. Enviarlo al Parlamento para que nos represente… ¡pues vaya! Si pudiera le robaría su último chelín a un pobre.

-Ah, eso seguro. Nos miente para que le votemos, eso es lo único que le interesa, maldito.

-Ayer lo abuchearon.

¿Abuchearlo! “¿Hasta ese extremo llegaban las cosas? Había algo dimensiones bíblicas en que sus propios convecinos lo abuchearan.

Tras una noche aterrorizada por estar hospedada en casa de semejante sabandija que incluso reconoce que pretende eliminar a su contrario, se le ocurre informarse leyendo la prensa, y vaya, descubre con espanto que el contrario es igual de gentuza. Esto dice la prensa sobre el otro candidato:

Era malvado, evasivo, cruelmente indiferente a los intereses de su país, un tramposo que solía faltar a su palabra y responsable, junto con sus amigos, de casi toda la pobreza, el sufrimiento y la degradación nacional que afligía al país“.

La señora se vuelve corriendo a su segura aldea; imposible continuar en una ciudad en la que todos los candidatos eran así. Huyó a tiempo; se salvó gracias a la franqueza de la prensa local y de los comentarios oídos por ahí. Porque, claro, ni la prensa exagera nunca maldades de unos u otros ni los comentarios oídos por ahí sobre cualquier persona que se presenta a unas elecciones son otra cosa también que la pura  y simple verdad. Todos malvados, todos gentuza, nada bueno en ninguno, salgamos corriendo. ¿No?

Por cierto, la señora habría hecho bien leyendo a Dickens, que describe unas elecciones locales a primeros del siglo XIX en los divertidísimos términos recogidos en este otro post de este blog.

Verónica del Carpio Fiestas

[meramente por la transcripción parcial de un cuento escrito hace cien años y por la intención al escogerlo]

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Leyes de papel, derechos de papel

Es constante que leyes que se refieren a Justicia incluyan una disposición adicional de este o análogo tenor:

Disposición adicional primera. Medios.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Esta en concreto, ejemplo entre innumerables, es de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, que afecta directamente a la tutela judicial efectiva y que incluye, por ejemplo, creación de un registro.

Y esto, constantemente. Veamos otro ejemplo, grave:

Se trata nada menos que del nuevo Código Penal, cuyo texto ni siquiera parece mencionar la necesidad de medios ni tener en cuenta el aumento de la carga de trabajo, pese a que “muchos de los asuntos que hasta ahora se consideraban faltas pasarán a ser delitos, lo que implica la realización de un fase de instrucción“, como dice esta noticia, entre muchas análogas.

En otras ocasiones, se habla vagamente en iniciativas legislativas de “dotar de medios”. Ejemplo grave, nada menos que el proyecto por el cual se pretende suprimir el papel en los juzgados para dentro de unos meses, los mismos juzgados que están señalando juicios para 2017, 2018, 2019 y en breve señalarán para 2020, que aún funcionan con fax, que trasladan los expedientes en carritos y que no están digitalizados (¿en qué mundo vive el Sr. Ministro de Justicia?),  la importantísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en marcha. En el preceptivo informe sobre impacto presupuestario figura esto:

impacto presupuestario

Afecta indirectamente, de manera positiva, a los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas, en cuanto que prevé que reduzca la litigiosidad” (¿?), es lo que figura en el cuadro resumen. El detalle viene en las páginas 26, 27 y 28 del documento adjunto 182449 PYL Ley de Enjuiciamiento Civil, expediente completo de esta norma en tramitación, incluyendo memoria de impacto normativo e informes preceptivos. Y el cálculo económico se lee con asombro. Elaborado a ojo de buen cubero, por decirlo de forma suave. Miedo da que se legisle así en temas de tan inmensa relevancia.

Hay varias formas de legislar. Por ejemplo, se puede legislar para la galería o para mejorar la situación jurídica existente. Nuestro legislador ha escogido la primera, reiteradamente. Y, atención, en juzgados colapsados, sin medios personales ni materiales, y con MÁS colapso como consecuencia de normas irreales que no tienen en cuenta que hay que aplicarlas ni establecen medios para ello, ENCIMA se quiere limitar la instrucción de delitos a seis meses. Pasamos ya de la imprevisión casual o de legislar por motivos publicitarios a la impunidad deliberada. Pero incluso aunque así no fuera, no es posible callar. Un Estado de Derecho donde la Justicia no es accesible, independiente y con medios no es un Estado de Derecho que funcione.

Aquí enlace a la campaña de la ONG Rights International Spain y la asociación judicial Jueces para la Democracia en la que, con el nombre #DíseloAEuropa, solicitan nuestra firma para denunciar a la Comisión Europea los ataques al Estado de Derecho en España, que incluyen la falta de medios de la Justicia, entre otras muchas cosas, como las tasas judiciales, recortes en Justicia Gratuita y una larga lista de normas y proyectos inadmisibles, como ataques a la independencia judicial y las llamadas Leyes Mordaza. Si está interesado puede usted firmar en este enlace. Yo ya he firmado:

La campaña ha sido apoyada en Twitter por tres asociaciones judiciales

¿Nos escucharán en la Comisión Europea? Porque aquí, el Gobierno, aparte de creer, o hacer como que cree, que el Derecho es magia y que basta con publicar una norma en el Boletín Oficial del Estado para que mágicamente se cumpla, sin necesidad de poner dinero, o sea, de sacar leyes de papel, encima resulta que no escucha.

Leyes de papel dan lugar a derechos de papel, de papel mojado.

Verónica del Carpio Fiestas

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Carta a mis amigos y amigas que se han metido en política

Esto no es un post jurídico, pero haré caso al corazón al escribirlo, aunque quizá me equivoque al hacerlo.

Tengo amigos y amigas que se presentan ahora, o se han presentado recientemente, a elecciones dentro de las candidaturas de muy diversos partidos de muy distinto tipo, con la coincidencia entre sí de su común ejercicio de la abogacía, de una seria preocupación por la situación actual y de un profunda convicción democrática y de la importancia de la Justicia, además de una trayectoria de lucha en temas de Justicia. Me entristece y preocupa la descalificación general de los políticos y de quienes quieren dedicarse a la política, igual que me preocupa la descalificación general del adversario político, como si en vez de adversario fuera enemigo. En mi ingenuidad, creo que solo con el esfuerzo de mucha gente que desde muy variadas perspectivas intenta buscar soluciones a problemas graves saldremos adelante. Desde mi conocimiento personal de gente muy distinta que coincide en ejercer la abogacía (es decir, que  sabe que el contrario en un pleito es un contrario, no un enemigo, y que la independencia de criterio es un valor irrenunciable, datos ambos que deberían ser los utilizables en la política), en ser buena gente, en ser buenos juristas y en dedicar su esfuerzo a intentar conseguir soluciones, ahora desde dentro de muy diversos partidos, quiero agradecer su esfuerzo, personalizando en ellos el respeto y el agradecimiento que siento hacia otras personas que no conozco y que están en análogo caso. Como no puedo admitir la descalificación global de quien no se limita a criticar sino que ha decidido dar un paso al frente, intentando hacer algo, te mando un abrazo, amigo, amiga, seas del partido que seas. Deseo para ti lo mejor, es decir, que sigas siendo una persona honrada, tolerante, trabajadora y preocupada por los demás y por el bien común, tanto si ganas como si no ganas, sea lo que sea ganar y perder. Mi respeto ya lo tienes; ojalá lo sigas teniendo siempre.

Y ahora, amigo, amiga, desde la confianza recíproca que nos tenemos, llámame cursi.

Verónica del Carpio Fiestas

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La Ley de Seguridad Ciudadana en el New York Times

El periódico New York Times ha publicado un editorial sobre España en el cual nos saca los colores, y con razón, nytademás de mencionar la “manifestación” de hologramas que NO ha sido portada en España y debería haberlo sido; al triste papel de la prensa española me he referido en post anterior. España, el país de la charanga y la pandereta, el del sol y la playa, el que es different, el de Franco, vuelve a ser el país de Franco en el editorial en uno de los 2periódicos más influyentes del mundo.  Me estoy refiriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Franco murió en 1975, hace cuarenta años. Me da vergüenza que cuarenta años después y con una Constitución desde 1978, todavía hayan de relacionarnos con Franco. Refleja, por una parte, la pervivencia de los estereotipos y la importancia exigua de España, vista desde fuera; tras cuarenta años, ni siquiera hay otra referencia mental que esa para analizar una ley inadmisible. Y demuestra, por otra parte, que no es manía de la oposición y las onegés e instituciones de todo tipo cuando insisten en que vamos en una línea muy equivocada, y no precisamente #EnLaBuenaDirección.

Que el New York Times hable de “ley ominosa” en el titular, ya es bastante explícito.

Que diga que la Comisión Europea debería condenar rapidamente la Ley de Seguridad Ciudadana permite suponer que el New York Times tiene la misma confianza en los controles de constitucionalidad del Tribunal Constitucional español que tenemos muchos. O sea, poca.

Que el New York Times haga referencia a cómo la ONU rechaza la ley quizá sea una sorpresa para usted; a usted nadie, o pocos, le han contado que la ONU ha dicho eso sobre esta ley (y no solo sobre ella).

Y que diga el New York Times de esta ley que “It has no place in a democratic nation”, es más que claro.

A continuación el texto completo del editorial del New York Times de 22 de abril de 2015, enlace aquí, que transcribo por su interés y para nuestra vergüenza.

Spain’s Ominous Gag Law

On April 10, a group called No Somos Delito or We Are Not a Crime, projected a hologram of protesting marchers filing in front of the Parliament building in Madrid. For the time being, virtual protests in the form of holograms are not illegal in Spain. Incredibly, however, almost every other kind of peaceful protest soon will be if a new law goes into effect as scheduled on July 1.

The law on public security — dubbed the “ley mordaza” or “gag law” — would define public protest by actual persons in front of Parliament and other government buildings as a “disturbance of public safety” punishable by a fine of 30,000 euros. People who join in spontaneous protests near utilities, transportation hubs, nuclear power plants or similar facilities would risk a jaw-dropping fine of €600,000. The “unauthorized use” of images of law enforcement authorities or police — presumably aimed at photojournalists or ordinary citizens with cameras taking pictures of cops or soldiers — would also draw a €30,000 fine, making it hard to document abuses.

The law was introduced in 2013 by the government of Prime Minister Mariano Rajoy, whose conservative party enjoys a majority in both houses of Parliament. The lower house approved the law in December, and, despite pleas from rights groups and the United Nations, the Senate approved it last month.

The law’s main purpose, it appears, is to help the ruling party maintain its hold on power by discouraging the anti-austerity protests that have snowballed into widespread support for the populist Podemos party. Podemos looks set to make major gains in elections this year.

The European Commission should act swiftly to condemn the new law. Maina Kiai, the special rapporteur at the United Nations on the rights to freedom of peaceful assembly, has urged Spanish lawmakers to reject the measure, arguing: “The rights to peaceful protest and to collectively express an opinion are fundamental to the existence of a free and democratic society.” Spain’s new gag law disturbingly harkens back to the dark days of the Franco regime. It has no place in a democratic nation, where Spaniards, as citizens of the European Union, have more than a virtual right to peaceful, collective protest.

Releo el editorial, y me estremezco. Señor Rajoy, si usted no sabe inglés y tampoco sabe Derecho, o le interesa actuar como si no supiera, hay bastante gente que se las apaña en uno o en ambos campos. Y tiene voto.

No quiero tener un legislador que dé lugar a que pervivan los estereotipos.

Quiero un sistema de control constitucional serio, es decir, eficaz, independiente y rápido. No es de recibo que tengamos masas de leyes inconstitucionales vigentes porque no existe ningún sistema preventivo de constitucionalidad ni la posibilidad de suspender leyes estatales ni un control de la agenda del Tribunal Constitucional, que lo mismo resuelve sobre leyes al día siguiente de un recurso que diez años después, a su gusto y conveniencia.

Quiero un país donde no suceda que el Gobierno SEPA que sus leyes inconstitucionales van a pervivir indefinidamente, por lo que DA IGUAL que las saque adelante, porque no pasa nada

Quiero un país donde las leyes inconstitucionales no se aprueben, o si se aprueban, sean anuladas rápido y no tener que pensar que solo podrán ser derogadas en las siguientes elecciones, si se consigue echar por los votos a un Gobierno que usa la Constitución a su gusto y no para respetarla él mismo, y que saca adelante leyes que le consta que son inconstitucionales, y las mantiene a pesar de ello.

Quiero, por lo visto, lo imposible: quiero una democracia que funcione bien.

Verónica del Carpio Fiestas

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La mirada perdida

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Se ha organizado un extraño circo con la detención de un expolítico del partido en el Gobierno y exbanquero, el Sr. Rato. Las noticias, si son fidedignas, indican que se avisó a la prensa. Da mucha vergüenza no solo que un señor como Rato haya ostentado responsabilidades de Gobierno y económicas de relevancia sino que el Gobierno lo utilice para dar imagen de seriedad y de lucha contra la corrupción, haciéndose, por un lado, los escandalizados y sorprendidos, y hasta dolidos, y por otro presentando esta actuación mediática promovida por la Fiscalía, que recordemos, no es independiente, como un ejemplo de una lucha sin cuartel contra la corrupción. Este es un blog jurídico, pero personal. Y en un blog personal puedo decir que ya me cansa tanta manipulación. La mirada perdida del señor Rato en esta foto, la foto de quien sabe que lo han dejado caer los suyos para limpiar la imagen pública en época preelectoral y utilizarlo de cortafuegos, es la misma mirada perdida de quienes cada día miramos los medios de comunicación esperando a ver quién va, hoy, a insultar nuestra inteligencia. Ya está bien.

Verónica del Carpio Fiestas

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Hologramas libres, derechos controlados y prensa atada: el Cuarto Poder de la mano del Primero

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Observe esta impresionante foto de una manifestación hologramas ante el Congreso el día 10 de abril de 2015. Unas personas en imágenes de holograma, “manifestándose” ante el Congreso, en “manifestación” organizada por la Plataforma No Somos Delito, que está haciendo una valiosísima labor de concienciación ciudadana y movilización contra las leyes represivas de derechos básicos: el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocidas como “Leyes Mordaza”.

Mire estos vídeos, del mismo tema:

del que aquí tiene una imagen:

vídeo hologramas 2

del que aquí tiene una imagen:

vídeo hologramas

Quizá es la primera vez que los ve. O quizá, si los ha visto, no ha quedado en su memoria, porque, a diferencia de innumerables temas insignificantes, los medios de comunicación no les dedican espacio, o el dedicado es el mínimo.

El País, por ejemplo, no solo no puso esto en portada sino que lo incluyó en su sección “Madrid”, o sea, sección de noticias de interés local, páginas interiores y que a veces ni se distribuyen fuera, al lado de una noticia sobre jazz:

El País 12-4-2015 hologramas

El País 12-4-2015. Sección “Madrid”.

En este post se va a tratar de por qué es la primera vez que ve usted esas fotos, o por qué no las recuerda, o por qué tanta gente -pregunte en su entorno-, es la primera vez que las ve o no las recuerda. Y ello pese a que se trata de la primera protesta que se hace en hologramas, algo sin precedentes, y que ha sido recogido por medios de comunicación de todo el mundo, como por ejemplo enlace, enlace  e incluyendo la BBC y nada menos que ha sido portada de Le Monde lemonde.

Surgen nuevas y creativas formas de protesta social ante las nuevas/viejas formas de opresion de derechos. Y el sistema que se está siguiendo ya no es prohibir esas nuevas formas de protesta social, sino ocultarlas. Lo que no se difunde no existe. Lo que no sale en los medios de comunicación no ha sucedido. Es más fácil no informar de una protesta que reprimirla, y no informar tampoco de que se han establecido mecanismos para controlar la protesta.

Para ello hace falta una única cosa: medios de comunicación sumisos, por dos vías:

  1. Los ingresos de la publicidad institucional. Como hay hasta sentencias del Tribunal Constitucional que recogen cómo se usan los politicos la publicidad institucional para perjudicar a medios incómodos, enlace aquí y aquí-, no digo nada nuevo.
  2. Sumisos también a los grandes poderes económicos. Quien esto lea que no olvide las siguientes portadas del día 28 de enero de 2015, cada vez que se sorprenda de no enterarse por la prensa tradicional de temas muy relevantes. El día 28 de enero de 2015 el Banco de Santander compró todas las portadas de los periódicos de mayor tirada.

1Es el mismo poderoso banco cuyo difunto presidente. Sr. Botín, dio lugar a la llamada “doctrina Botín” que se dictó por el Tribunal Supremo en un asunto penal, de forma que el Sr. Botín resultó beneficiado por una curiosa doctrina y pocos se enteraron porque salía publicado en pequeño y páginas interiores y sin mencionarlo en los panegíricos periodísticos tras su muerte. Ya comprenderá quien esto lea que la doctrina Botín, que servirá o no para beneficiar a la infanta Cristina, se llama así POR ALGO. Y quizá usted no lo sepa. Reflexione, si no lo sabía, en por qué y quién tiene interés en que no se sepa.

Y en esas circunstancias, cuando son innumerables las entidades que dicen que varias leyes recientemente aprobadas en materia penal y de Seguridad Ciudadana de recortes de derechos son inconstitucionales y gravemente atentatorias contra derechos, y lo dicen desde Amnistía Internacional hasta Greenpeace, Rights International Spain o el Consejo General de la Abogacía Española, que engloba a todos los abogados y nada sospechoso de sectarismo, y la oposición en pleno, ha surgido una nueva forma de protesta que resulta que NO es recogida por los medios de comunicación con la importancia que merece.

¿Le parece irrelevante que no se difunda una nueva forma de protesta, por mucho que no tenga precedentes y sea, además, de belleza formal indudable, además de espectral, porque la protesta no importa por muy novedosa que sea? Bien, quizá le interese completar la información con lo que a continuación se indica.

1.- Las propias leyes de control de la protesta han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado en Plena Semana Santa, en concreto el Martes Santo de 2015, de forma que pocos se enteran de ello.

Aparte del ataque frontal a la seguridad jurídica que significa publicar, y hasta que entren en todo o en parte en vigor, leyes en plena Semana Santa, es evidente la voluntad de ocultación, al igual que con el sistema habitual de publicar los sábados los reales decretos-leyes habitualmente aprobados por el Gobierno con manifiesto abuso de técnica legislativa.

El Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de 2015, Martes Santo -este dato, por cierto NO lo recoge el BOE, de forma que quien lea el BOE en el futuro NO podrá saber que se publican normas gravísimas en plenas vacaciones, salvo que se le ocurra comprobarlo-, contenía SEIS leyes, cuatro de ellas orgánicas, incluyendo las dos de Código Penal y la Seguridad Ciudadana, de gran contestación jurídica y social:

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Enlace aquí

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Enlace aquí

Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Enlace aquí

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Enlace aquí

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Enlace aquí

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Enlace aquí

Seis leyes se publican en plena Semana Santa, de forma que hasta los contratos de arrendamientos y la normativa de “devoluciones en caliente” resultan afectados inmediatamente, y usted no se entera, porque nadie se lo dice.

2.- La propia APROBACIÓN de los nuevos controles legales a las protestas NO es recogida en portada. Aquí tiene las portadas de los periodicos del día 27 de marzo de 2015, es decir, del día siguiente a aprobarse en definitivamente por las Cortes las llamadas Leyes Mordaza:

portadas 27-3-2015 Ya lo ve. El Cuarto Poder de la mano del Primero.

Con presidente de Gobierno de plasma y protestas en holograma, lo único que es de verdad son los recortes de derechos, como si los derechos constitucionales fueran susceptibles de recortes y no derechos inalienables, imprescriptibles y no susceptibles de desgaste por el uso.

Y la cosa llega a tal extremo que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado en una sentencia reciente, enlace a sentencia aquí, que no puede denegarse la posibilidad de manifestación por ser reiteradas las manifestaciones sobre el mismo tema. Una Subdelegación del Gobierno tuvo la desfachatez de argumentar lo contrario para prohibir una manifestación. Leerlo produce profunda estupefacción: alegó que “las nuevas manifestaciones carezcan de utilidad, pues –se dice– nada añaden al mensaje y a la reivindicación de los manifestantes, que ya habría tenido difusión y notoriedad debido a las anteriores marchas convocadas y celebradas con el mismo objeto“. Así, tranquilmente.

Se pretende pues que no nos manifestemos MUCHO. Igual que se pretende que no nos enteremos de que quieren que no nos manifestemos mucho, ni de que protestamos por ello.

No olvide que la libertad de prensa no es un derecho de los medios de comunicación, por mucho que formalmente se presente así. Es en definitiva un derecho de USTED, quien esto lea, a recibir información.

¿Usted ha visto en portadas de periódicos y telediarios la noticia de que se ha privatizado Registro Civil y NADA MENOS QUE POR REAL DECRETO-LEY del verano pasado? ¿No? Pues ya se enterará cuando los datos más íntimos y básicos sean creados y manejados por particulares y además tenga que pagar usted por ello.

Por cierto: si pudiéramos comprar escarapela #Tla portada de los periódicos como hace el Banco de Santander, no tendríamos que usar los trending topics como nueva forma de protesta, como hace Brigada Tuitera #T en Twitter.

¿Para cuándo prohibir las manifestaciones de hologramas o la concienciación social por trending topic? No, mejor no doy ideas.

Verónica del Carpio Fiestas

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El real decreto-ley y la barra libre

Por el real decreto-ley el Gobierno asume la facultad legislativa que corresponde a las Cortes. Por tanto, como dispone el artículo 86 de la Constitución, solo puede dictarse en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”. La interpretación correcta  que se debe dar a la “extraordinaria y urgente necesidad” es que concurre cuando al Gobierno le da la gana de considerar que hay “extraordinaria y urgente necesidad”. No es ya el abuso del real decreto-ley; es ya la técnica legislativa que podríamos denominar “barra libre”. Muy cómodo, porque no solo se salta el Gobierno toda la tramitación parlamentaria sino, lo que es MUCHO más importante cuando hay mayoría absoluta, toda la tramitación prelegislativa de informes preceptivos, es decir, el control de la opinión pública que se va soliviantando según van saliendo los informes de los distintos organismos públicos que van informando sobre lo inadmisible que es tal o cual pretensión normativa del Gobierno. Y como los ejemplos son muchos, vamos a uno del Boletín Oficial el Estado de 30 de marzo de 2015, Lunes Santo, en plena Semana Santa. O sea, que no ha leído nadie, o casi nadie.

En julio de 2012 se dictó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, BOE aquí. Lo urgentísimo que sería que, aprobado por Consejo de Ministros en viernes, salió en BOE publicado ese mismo sábado y entró en vigor ese domingo, sistema más que habitual.  El Real Decreto-ley 20/2012 es TAMBIÉN el que, entre muchas cosas, quitó la paga extra de Navidad a los empleados públicos.

Ha de tenerse en cuenta que CADA tema regulado en un real decreto-ley ha de tener extraordinaria y urgente necesidad; no es posible aprovechar para colar lo que le interese al Gobierno de turno con el pretexto de que alguna cosa sea de verdad urgente.

Y uno de los temas regulados fue el que el preámbulo del real decreto-ley presentaba en estos términos:

“Por otro lado, se adoptan una serie de medidas de racionalización de los gastos de personal de la Administración General del Estado. En esta línea se crea un Registro de órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, se habilita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a adoptar medidas dirigidas a garantizar una asignación eficiente de los recursos humanos.”

[La errata, por cierto, TAMBIÉN está en el real decreto-ley.]

Y el texto, que como se puede ver tiene que ver con los llamados “liberados sindicales”, contiene lo siguiente:

Artículo 13. Creación del Registro de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de las mismas y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación, al menos, los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral, la creación modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos órganos y delegados sindicales. Así mismo, serán objeto de anotación los créditos horarios, sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de dichos registros se ajustará la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

2. Se crea, en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes.

3. Serán objeto de inscripción o anotación en este Registro los actos adoptados en el ámbito de la Administración General del Estado que afecten a las materias siguientes:

a) Creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral: Juntas de personal, Delegados de Personal, Comités de Empresa y Comités de seguridad y salud.

b) Número e identidad de los miembros de los citados órganos, así como las variaciones que se produzcan respecto de los mismos.

c) Creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados.

d) Cesiones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total o parcial de asistencia al trabajo.

e) Liberaciones institucionales que deriven, en su caso, de lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier otra modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo que pueda traer causa de lo establecido en disposiciones legales y convencionales que resulten de aplicación.

4. Los órganos administrativos en cada caso competentes comunicarán al Registro las resoluciones que adopten en sus respectivos ámbitos, en relación con las materias indicadas en el apartado anterior, en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde el siguiente a su adopción.

En el caso de los delegados sindicales y de los representantes del personal funcionario o laboral se estará, respectivamente, a lo dispuesto Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado Público y demás normas que resulten de aplicación. En los restantes casos las resoluciones adoptadas no surtirán efectos hasta la inscripción en el Registro.

5. El órgano responsable del Registro podrá, motivadamente, rechazar la inscripción o anotación de una resolución cuando aprecie posibles vicios de legalidad en la misma, poniéndolo en conocimiento del órgano del que procedan a fin de que se adopten las medidas necesarias.

6. La gestión de dicho Registro se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

7. Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se podrán adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas órdenes, instrucciones o disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este precepto.

Es de suponer entonces que un Registro para control de representantes de personal TAN urgente que se hace por real decreto-ley en vez de esperar a tramitar una ley, que se aprueba un viernes en pleno verano, sale en BOE en sábado y entra en vigor ese domingo, es decir, que en dos días está vigente, y saltándose toda la tramitación prelegislativa y a las Cortes, será urgente, muy urgente, para poder hacer uso de un mecanismo legislativo que SOLO puede usarse cuando HAY “extraordinaria y urgente necesidad”. ¿No?

Pues no.

En el BOE de 30 de marzo de 2015, o sea, más dos años y medio más tarde, y también en plenas vacaciones, se publica la Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del personal en la Administración General del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la siguiente exposición de motivos:

El artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad crea en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes.

La creación de dicho Registro se realiza con objeto de que en el mismo se inscriban o anoten los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral: Juntas de personal, Delegados de personal, Comités de empresa y Comités de seguridad y salud; número e identidad de los miembros de los citados órganos, así como las variaciones que se produzcan respecto de los mismos; creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados; cesiones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total o parcial de asistencia al trabajo; y liberaciones institucionales que deriven, en su caso, de lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo que pueda traer causa de lo establecido en disposiciones legales y convencionales que resulten de aplicación.

Por otra parte, el apartado 7 del citado artículo 13 atribuye al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, la potestad de adoptar cuantas órdenes, instrucciones o disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el mencionado precepto.

De conformidad con lo expuesto, la presente Orden se dicta al objeto de establecer las normas de organización y funcionamiento del referido Registro de Órganos de Representación de Personal al servicio de la Administración General del Estado.

Es decir, que el Gobierno ha tardado MÁS DE DOS AÑOS Y MEDIO en poner en funcionamiento un registro de representantes del personal público que era URGENTÍSIMO poner en funcionamiento, tan urgentísimo que se usó para crearlo la técnica excepcional del real decreto-ley, y además en verano y con vigencia inmediata. O eso o el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no sabe qué desarrollo normativo ha tenido una norma que defendió en el Congreso el propio Ministro del ramo, Sr. Montoro, o miente en el BOE.

En este enlace a la web oficial del Congreso está disposible el texto íntegro de las intervenciones parlamentarias del Sr. Montoro, como Ministro, para defender la convalidación del real decreto-ley, y las de la oposición, para oponerse. El Sr. Montoro dice que quitar la paga extra no es bajar sueldos. Imagine lo que argumentaría para aprobar un registro de personal que, siendo urgentísimo, ha tardado MÁS DE DOS AÑOS Y MEDIO él mismo en desarrollar.

Y se permite el lujo de citar a Ortega y Gasset. Fascinante.

Si leo que alguien del Gobierno justifica la demora de dos años y medio en que se ha tramitado esta normativa de ínfimo rango normativo tras oír a  sindicatos, cuando NO se oyó, no ya a los sindicatos, sino ni al propio Consejo de Estado ni a ninguno  de los órganos de preceptiva intervención al CREAR el registro como exigía una norma con rango de ley, porque si no fuera exigible el rango de ley no lo habrían metido en un real decreto-ley, creo que me voy a enfadar.

Pero cuando de verdad me voy a enfadar -las rabietas jurídicas, como el pensamiento, son libres- es si leo que nadie recurrió el artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, y que por tanto quedó firme, pese a tratarse de abuso flagrante de técnica legislativa, o si, recurrido, el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional. El Estado de Derecho no permite, o no debe permitir, la barra libre legislativa.

Verónica del Carpio Fiestas

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¿Aún hay jueces en Berlín?

Este es un post sobre independencia judicial y se resume en una frase: un alcalde ha pasado de ser alcalde a ser magistrado de la misma Audiencia Provincial de su ciudad, en España la independencia judicial está en niveles preocupantes y no solo en este caso puesto que se desprende de DOS informes internacionales oficiales, y la independencia judicial sencillamente no es posible sin medios.

Y el título del post procede de la conocida anécdota, o leyenda, que en el mundillo jurídico equivale a independencia judicial: un poderoso rey, Federico II de Prusia, siglo XVIII, quiso perjudicar a un modesto molinero con un acto arbitrario -confiscar el molino que le molestaba las vistas, para derribarlo-, y el molinero consiguió amparo judicial eficaz que impidió esa arbitrariedad del propio rey, porque, como dijo el rey, satisfecho de cómo funcionaban unas instituciones independientes para controlar el Poder, “Aún hay jueces en Berlín”.

Empecemos con el ejemplo más gráfico imposible del alcalde que pasa a magistrado, y sigamos con dos informes internacionales sobre independencia judicial: informe GRECO 2014 del Consejo de Europa sobre independencia judicial y lucha contra la corrupción y el informe de la Unión Europea 2015 sobre el estado de la Justicia.  Enlace a informe GRECO 2014 aquí y enlace a informe de la UE aquí

1.-PASAR DE ALCALDE A MAGISTRADO

El actual alcalde de Zaragoza, Sr. Belloch, ha obtenido plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, pendiente de incorporarse, según parece que ha declarado, a que lleguen las elecciones municipales, a las que no se vuelve a presentar. Información en la web oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aquí, y aquí, y en BOE, de lo que se desprende, si es fidedigna la información, que irá a la Audiencia Provincial de Zaragoza, a una plaza en Penal, cuando le interese.

La normativa vigente permite, pues, que quien ha sido desde 2003 a 2015 alcalde de Zaragoza  pase a ser, sin solución de continuidad, magistrado de la Audiencia Provincia de la misma provincia de la que Zaragoza es capital, adscrito a la sección penal de la Audiencia. Es decir que intervendrá en los recursos de los asuntos penales tramitados en toda la provincia. La normativa permite que quien es por esencia jefe político y administrativo de la ciudad más importante de una provincia -aparte de significado miembro de un partido político, en concreto el PSOE-, pase a ser quien decida sobre los delitos cometidos en esa ciudad, incluyendo aquellos delitos de sus subordinados, sus votantes, sus colaboradores, sus contrarios políticos, los empresarios a quienes ayudó, los empresarios a quienes no ayudó, los casos en los que una propia normativa o decisión administrativa municipal previa sean decisivos sobre la existencia o no de delitos (delitos urbanísticos, intervención de policía municipal o no intervención cuando tenía que haberse intervenido, contratos administrativos, accidentes de tráfico en los que el dato de cómo estaban las calles o las señalizaciones sea decisivo, delitos por ruido excesivo en los que el Ayuntamiento haya sido pasivo o no lo haya sido, licencias, etc.), todo ello, por supuesto, incluso sin contar que TODA la población de Zaragoza capital tenía dependencia respecto de este señor, para todo lo que afecta a la vida de la ciudad, desde el asfaltado de su calle hasta la concesión de mayor edificabilidad a su parcela, las líneas de autobuses o la asistencia social, y sin contar con la inevitable red clientelar que genera un cargo político de esa naturaleza.

No conozco ejemplo más claro de cómo en España no existe de verdad independencia judicial y de cómo el gusano de la no independencia judicial está en la raíz, no solo de la normativa sobre jueces, que tal cosa permite, sino de la vida social, política y periodística.

Porque esto ha pasado desapercibido, o yo no veo que tal barbaridad haya salido en las portadas de los periódicos nacionales ni se haya montado el escándalo nacional que en efecto tal barbaridad jurídica concreta exige para cambiar una normativa GENERAL que tal cosa permite.

Porque no es ya la puerta giratoria de hoy soy ministro de Justicia y mañana alcalde -caso por cierto, también de este señor-, o de hoy soy ministro y mañana abogado con compatibilidad concedida extrañamente a los cuatro meses de dejar de ser ministro -caso del también exministro de Justicia Sr. Ruiz-Gallardón- sino que pasa a DECIDIR sobre los mismos delitos cuya intervención personal o administrativa previa ha sido decisiva, relaciones personales inevitables aparte.  Pues no va de magistrado de la Audiencia Provincial a Segovia, Tarragona o Lugo, algo que ya sería sorprendente y preocupante; va a la Audiencia de Zaragoza.

Y usted no sabe, ni nadie se lo cuenta, ni se monta un escándalo por esto.

¿Qué está pasando en España para que sea así? La independencia judicial es la base del Estado de Derecho. La Justicia tiene que ser accesible, INDEPENDIENTE y con medios para ser JUSTICIA, y sin Justicia no hay derechos ni Estado de Derecho. Quitemos la independencia de la Justicia y tendremos algo MUCHO PEOR que una Justicia ineficaz; tendremos una Justicia como instrumento.

Puede usted quizá decir ,si coge el rábano por las hojas y se centra en el ejemplo concreto, pese a que es solo eso, un ejemplo, que existen las figuras de la abstención y la recusación, es decir, que la ley ofrece mecanismos para que en los temas en los que haya tenido relación un juez, no intervenga en los asuntos. Si dice usted eso, quizá no ha tenido en cuenta dos datos:

1) En la práctica ni se abstiene ni es recusado prácticamente nadie. Primero, porque las causas de abstención y recusación son muy restrictivas. Segundo,  porque la abstención consiste en una apreciación PERSONAL del propio juez sobre la concurrencia de interés personal, amistad íntima y los demás casos muy restrictivos que prevé la ley, y ya comprenderá qué elástico es eso. Y tercero, en cuanto a la recusación, es decir, la peticion de que sea apartado de un asunto el juez, no es posible plantearla más que a las propias partes de un pleito, y, aparte de ser también muy restrictiva las causas,  puede rechazarse, y pocos se arriesgan a pedirlo ante el riesgo de que se rechace.

Póngase usted en el lugar de quien lleve la defensa o de la propia persona afectada. ¿Recusaría usted? ¿Sabiendo que las causas de recusación son muy restrictivas y que si la recusación no prospera, ese MISMO juez recusado por usted decidirá su pleito?

2) Y segundo, porque INCLUSO si en este caso concreto del alcalde-juez se produjeran las abstenciones y recusaciones masivas que en efecto exige la propia esencia del caso, ello significaría que la normativa está propiciando como la cosa más normal de mundo que un juez sea nombrado para un cargo que en la práctica no podría ejercer razonablemente, en detrimento de un mínimo criterio de eficacia.

Es lamentable tener que argumentar cosas tan básicas para fundamentar algo tan claro como que es inadmisible por independencia judicial que pase a ser magistrado el señor alcalde.

Pero muchísimo más lamentable sería que alguien considerara que esto es o un ejemplo malintencionadamente escogido o una mera excepción. No lo es, igual que no es un ejemplo de cómo el Gobierno actual actúa, porque aquí no se trata de normativa ni de actuación del Gobierno actual, solo. Esto viene de largo.

Y va a peor.

2.- DOS INFORMES INTERNACIONALES SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y JUSTICIA SIN MEDIOS

A continuación se enlazan DOS informes internacionales sobre independencia judicial.

1) Informe GRECO.

Este informe relaciona falta de independencia judicial con corrupción y la investigación de delitos con los MEDIOS de que dispone la Justicia.

Y para aclarar esto: unos ejemplos, entre muchos más disponibles, alguno ya incluso en este blog, que pueden ser escogidos al azar de todas partes:

  • Caso POKEMON. Galicia. La Xunta de Galicia no da medios personales para sacar adelante la investigación. Enlace a noticia, aquí
  • Caso “trama forestal”. Galicia. El juez denuncia la falta de medios personales y de colaboración. Enlace a noticia, aquí
  • Caso ERE. Andalucía. La jueza pide medios, incluyendo estanterías, porque el voluminoso sumario está por los suelos. Enlace a noticia, aquí

Es la propia Administración la que proporciona medios personales o materiales O NO LOS PROPORCIONA, o los proporciona tarde, o insuficientemente, incluso en casos de CORRUPCIÓN que afecta a personas RELACIONADAS con esas administraciones.

En Madrid, los jueces decanos, es decir, los portavoces de todos los juzgados de la Comunidad, han denunciado la alarmante situación falta de medios y dejación. Enlace a noticia aquí.

Una imagen vale más que mil palabras: juzgados con papeles, pero sin papel higiénico, en Madrid.

papel higiénico

En Girona, han colgado este cartel en un juzgado: la jueza informa al público de retrasos en tramitación contrarios a la Constitución, por falta de medios.

Jueza de Girona cartel informa causa retrasos

Y por resumir, recuerde que en juzgados ASÍ, y con medios de los juzgados que dependen de que los proporcione O NO el propio interesado en que la investigación siga o no adelante, el Gobierno tiene en trámite una ley para LIMITAR los plazos de instrucción, no solo causando IMPUNIDAD, sino, encima, vendiéndolo como algo DESEABLE.

La independencia judicial se ataca por la vía,

  • por un lado de no dar medios cuando no interese
  • y por otra, por si fuera poco, de limitar los plazos para investigación de delitos.

Vea fotos de juzgados en un país tercermundista, el nuestro:

archivo en Pza Castillavía Angel López expedientes en carritofuncionario de baja vía @JCaleroRomerojuzgado primerojustcia sin mediosfotos juzgados 1fotos juzgados 2

Y piense a quién beneficia esta situación.

2) El Informe 2015 de la Unión Europea sobre independencia judicial.

El informe es MUY preocupante. Lo primero que preocupa es que un informe MUY preocupante sobre la independencia judicial en España no tenga traducción oficial al castellano. En un país con notorias insuficiencias en conocimiento de idiomas, un documento importantísimo no está en castellano, o no se encuentra. Piense quien esto lea por qué será así y a quién interesa que sea así. Texto completo en inglés, aquí.

El estudio presenta detalles muy interesantes. Resalto los más llamativos, sin perjuicio de insistir en que requiere un análisis mucho más profundo, y recomendarle que NO se fíe de los resúmenes de prensa, que insisten en lo fácil: sobre la “percepción negativa de la independencia judicial” que refleja el informe, es decir, en que la ciudadanía percibe que hay poca independencia judicial, cuando lo importante NO es lo que se percibe, sino lo que HAY.

  • Fundamental que el Gobierno español no ha mandado datos actualizados a la Unión Europea para elaborar el informe, que engloba a toda la UE.
  • Específicamente no ha remitido el Gobierno datos que “casualmente” pondrían de manifiesto realidades incómodas para el Gobierno
  • Los datos de número de jueces faltan “casualmente” desde que despidieron a los jueces sustitutos, 1.500 jueces eventuales que se hacían cargo para suplencias y casos análogos, abrumando más aún la situación de colapso.
  • Los datos de inversión en Justicia “casualmente” tampoco están actualizados. Supongo que quien esto lea no se creerá la propaganda gubernamental sobre inversiones en Justicia.
  • Datos sobre duración de procedimientos que son francamente ideales, en el sentido de que parecen corresponder a una realidad paralela ideal. Dice el informe, con datos proporcionados por las autoridades españolas, que un acreedor de una empresa en concurso tarda en cobrar año y medio. Que me digan por favor dónde.

Imagine que el juez de Berlín hubiera sido antes ministro del mismo rey de Prusia. O imagine que el mismo rey de Prusia tuviera en su mano proporcionar o NO funcionarios de apoyo, crear o no mas juzgados o dar o no medios materiales.

Pues no imagine tanto, que así es.

Volvamos a la pregunta del título. ¿Aún hay jueces en Berlín?

Verónica del Carpio Fiestas

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El dibujo y el despotismo

Quizá usted haya leído a Stendhal, uno de los grandes novelistas el siglo XIX. Su obra La Cartuja de Parma, que con criterio general de fidelidad histórica describe los tiempos convulsos de las guerras napoleónicas, contiene los siguentes textos, en el contexto de una zona geográfica, Milán, gobernada a la sazón por un tirano:

“[…] al archiduque, que residía en Milán y gobernaba en nombre de su primo el emperador, se le había ocurrido la lucrativa idea de especular con el trigo. En consecuencia, se prohibió a los labradores vender sus granos hasta que su Alteza hubiera llenado sus depósitos.”

“En mayo de 1796, tres días después de la entrada de los franceses, un joven pintor miniaturista llamado Gros, que estaba un poco loco y que más tarde alcanzaría la fama, llegó con el ejército y oyó contar en el gran café de los Servi (que entonces estaba de moda) las hazañas del archiduque, que era un hombre de extremada corpulencia. Gros cogió la lista de los helados, impresa en una hoja de un feísimo papel amarillo y, dándole la vuelta, dibujó a un soldado francés dando un bayonetazo en la barriga del obeso archiduque, de la cual salía trigo en vez de sangre. Esa cosa llamada broma o caricatura era desconocida en esta tierra de cauteloso despotismo. El dibujo, que Gros dejó encima de la mesa del café de los Servi, fue como un milagro del cielo; aquella misma noche se grabó y al día siguiente se vendieron veinte mil ejemplares.”

El dato se completa con otro episodio, poco tiempo después. El Marqués del Dongo, aristócrata acérrimo partidario del bando totalitario, en un vaivén político, y en recompensa por sus servicios, accede a un puesto de poder, del que es destituido por su propia incompetencia. Despechado, el noble hace algo en contra de sus más íntimas convicciones, pues es radicalmente opuesto a la libertad de prensa, en una época en que a quien pillaran ejerciendo esa libertad podía sufrir consecuencias graves:

Un buen día se enteró de que Su Majestad se había dignado aceptar graciosamente la dimisión de su cargo en el gobierno y al mismo tiempo le otorgaba el nombramiento de `segundo mayordomo mayor´ del reino lombardo-veneciano. El marqués se indignó ante la atroz injusticia de que se le hacía víctima, y él, que tanto execraba la libertad de prensa, hizo a un amigo imprimir una carta“.

Esto, en la época napoleónica.

En el mundo actual, parece que hay quien no entiende que la libertad de prensa y la libertad de expresión consisten precisamente en la posibilidad de decir lo que moleste, incluyendo al poderoso en el Poder político o económico constituido, al poderoso que lo es porque puede coger un arma, a la mayoría y a la minoría, con o sin buen gusto, porque el mal gusto NO esta prohibido ni debe estarlo. Y si en Españajistán, no lo olvidemos, la revista satírica El Jueves se ¿censuró? ¿autocensuró? en el año 2014 en una portada sobre la abdicación del rey, aquí lo más que ha pasado es que haya habido dimisiones de dibujantes. No, vayamos más allá, aquí TAMBIÉN pasó en lo que en términos históricos es apenas un suspiro, en 1977, que se atentó con bomba contra una revista satírica, El Papus, y mataron a una persona. Aquí también se ha matado por dibujos.

Matar por un dibujo.

Volvamos a decirlo, y esta vez en las mayúsculas que en internet representan subir la voz. MATAR POR UN DIBUJO.

En el año 2015 los nuevos/viejos déspotas también se ofenden y hasta matan por dibujos; también la broma y la caricatura son desconocidas en algunas mentes de despotismo. Matar es fácil, decía el título de una novela de Agatha Christie, y la civilización hoy se basa en el presupuesto, falso, de que nadie va a coger hasta un arma, un simple cuchillo de cocina, arma asesina que no cuesta trabajo encontrar, y clavarlo en el pecho de cualquier transeúnte por el motivo más fútil o porque le parezca que merece morir por lo que sea, incluyendo unos dibujos. Y cuando cosas parecidas suceden luego aparecen los “explicadores“: quienes sin justificar los asesinatos “explican” que, claro, hay gente dolida con dibujos, y que eso de los dibujos también es agresión y también es terrorismo, y que, bueno, en fin, no tendrían que haber matado a los que hacen dibujos, claro, pero que, en fin, ellos mismos al fin y al cabo en cierto sentido se lo han buscado provocando, y que debían haber dejado de dibujar. Y luego estan los “generalizadores”: unas personas han matado en nombre de su dios, cuando por cierto también lo hacen contra gente de su propia religión, y eso significa que todos los que tienen ese dios pueden matar y lo harán. Y luego están los “vengativos”: bien que hayan muerto los asesinos, porque se lo merecían, y así nos evitamos la pena de muerte que, bueno, está feo pedirla, sí, y no la pido, pero así se soluciona. Todos estos razonamientos y más por el estilo, si es que son razonamientos, los encontrará usted en redes sociales, y fuera de ellas, con ocasión del asesinato de periodistas y dibujantes de la revista satírica Charlie Hebdo, y demas barbaridades terroristas incluyendo asesinatos antisemitas de estos días en Francia, y en casos anteriores análogos.

Qué pena.

Ahora queda la respuesta del Estado de Derecho, que solo debe plantearse desde el mantenimiento de las garantías. Los terroristas ganan cuando apenas nadie se atreve a reproducir las viñetas que han dado pretexto a los asesinatos en las portadas de los periódicos. Los terroristas ganan también cuando la reacción del Estado de Derecho es rebajar las garantías.

Porque luego pueden aparecer los “torturadores oficiales”, y no hace falta irse muy lejos en el tiempo, que ahí sigue Guantánamo: torturaré a quien me parezca terrorista, y lo mantendré indefinidamente en prisión sin juicio si así puedo conseguir evitar una sola muerte de los míos. Y se entra en el debate de si la tortura es eficaz o no, como si ese debate fuera siquiera moralmente admisible.

Quiero vivir en un mundo donde nadie mate por un dibujo y donde el Estado de Derecho dé respuestas  al terror como Estado de Derecho. Matar es fácil; soñar, también.

Se incluye un enlace, a una música. La nana que compuso una madre judía en un campo de exterminio nazi, a su hijo. Ambos murieron asesinados.

Wiegala, por Ilse Weber, música contra la barbarie.

Wiegala 

Verónica del Carpio Fiestas

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Voltaire y la tolerancia

 voltaire

Cuando un espantoso fanatismo religioso asesina, quizá sea bueno recordar a quienes iniciaron la senda de los derechos que ahora nos parece obvia y lógica, y que hasta hace bien poco, en términos históricos, no lo era en la llamada civilización occidental. El Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, en 1763, es un hito en la reivindicación de la libertad de pensar frente a dogmatismos e intolerancia religiosa, en contexto y circunstancias concretos, y extrapolable a otros, como de hecho, en efecto extrapoló el autor en otras obras.

Ahí queda esta frase del Tratado sobre la tolerancia:

“¡Ojalá todos los hombres recuerden que son hermanos!”

Y esta, de su Diccionario filosófico, de 1754, artículo sobre “fanatismo”:

“Entendemos hoy en día por fanatismo una locura religiosa, oscura y cruel. Es una enfermedad que se adquiere como la viruela”.

1

Cita de Bernardo de Chartres, por Juan de Salisbury (Matalogicon, año 1159)

También en derechos y tolerancia vamos a hombros de gigantes; gigantes como Voltaire.

Que nunca volvamos atrás en esa senda de los derechos quienes, gracias al esfuerzo de siglos de mucha gente, ya hemos conseguido dejar atrás esa mortal viruela; y no hay que olvidar nunca que lo que disfrutamos ahora como cosa consabida ni ha existido siempre ni se ha conseguido sin esfuerzo ni se mantiene solo.

Y que, en beneficio de todos, para ese fanatismo asesino se encuentre pronto, como se encontró para la viruela, el equivalente de una vacuna.

Verónica del Carpio Fiestas

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Esa sensación de cambio de ciclo, esa sensación

Este post no es un post jurídico plagado de datos normativos, como tantos de este blog. Este es un post  sobre una cosa muy rara: sobre sensaciones jurídicas personales.

Como lectora habitual de Historia y Literatura del siglo XIX, esta bloguera se ha preguntado con frecuencia qué hacía pensar a los hombres de ese siglo que había llegado el momento de un cambio constitucional. Perdone usted las mayúsculas, el dato personal y el uso de la tercera persona, pero sin las dos primeras circunstancias no se escribiría ese post, y en cuanto a la tercera persona está mal, sí, pero casi peor es usar la primera. Y se dice hombres como término descriptivo no inclusivo, porque las mujeres nada pintaban, aunque hubiera reinas; pintaban como reinas, por ser de una familia, no como mujeres.

Como usted recordará, en el siglo XIX hubo muchas constituciones, desde la primera de Cádiz que obligaba a los españoles a que fueran justos y benéficos. Y a esta bloguera, esa extraña sucesión le ha sugerido siempre la reflexión de si  aparte de los bien conocidos bandazos de poder, o de ser una muestra de la también bien conocida inestabilidad de un siglo terrible de espantosas guerras exteriores y sobre todo civiles, habría quizá en cada ocasión una sensación general de cambio de ciclo que hiciera pensar, de forma consciente o inconsciente, que los cambios normativos debían ir más allá de las reformas legislativas ordinarias y abarcar también los principios y las estructuras jurídicas.

Esta bloguera nunca ha conseguido llegar a una conclusión sobre el siglo XIX. Lógico; una simple jurista de a pie no tiene capacidad para analizar la psicología histórica de los pueblos.

Y tampoco llega a ninguna conclusión sobre el siglo XXI.

Pero si no sabe lo que hay en un pueblo en su conjunto, ahora y antes, sí puede saber lo que siente personalmente y lo que percibe en su entorno.

Y percibe en estos momentos una curiosa sensación de necesidad de cambio histórico y de cierre de ciclo, como no ha vuelto  percibirla desde otro momento histórico del siglo XX que sí dio lugar a una modificación relevante: la Transición.

Siendo niña y adolescente tirando a empollona, esta bloguera percibía en la Transición lo que ahora identifica como una sensación general de la necesidad de cambio, una efervescencia general. Cada día el periódico traía noticias que se leían con fruición y se era muy consciente de que un error de planteamiento podría ser fatal y de la necesidad de tener sentido de la responsabilidad. En el siglo XX había habido una terrible guerra civil, y ya era una mejora, porque en el XIX había habido no una, sino varias. Estaba también la sombra permanente del Ejército, que no solo en el siglo XIX había tomado las riendas de la política.

Hoy también esta bloguera, que ya no es niña ni adolescente, percibe exactamente esa misma sensación general de cambio, esa misma curiosa efervescencia general. Un cambio y una efervescencia que poco tienen que ver con los que en 1982 trajeron al Partido Socialista Obrero Español al Poder -pese a que entonces se consideraba un cambio muy serio-, ni con ninguna de las posteriores elecciones.

La sensación personal es que aquí está pasando algo más.

Y lo interesante es que en esa efervescencia han desaparecido las dos sombras que en 1975-1978 pendían sobre la ciudadanía. Nadie -o muy pocos- piensan que exista el riesgo de que por un error de planteamiento vayamos a matarnos unos a otros de nuevo. Nadie piensa que el Ejército tenga nada que decir al respecto; el papel constitucional del Ejército, por fin, tras doscientos años, ha quedado encarrilado.

La oportunidad es única, y la cosa está como no puede decirse mejor que con las palabras de Lewis Carroll, el autor de Alicia:  walrus

Ha llegado el momento – dijo la Morsa-
de hablar de muchas cosas:
de zapatos y barcos y lacre.
De coles y reyes, y de por qué hierve el mar
y de si los cerdos tienen alas“.

Y ojalá esta vez de verdad seamos todos justos y benéficos.

Verónica del Carpio Fiestas

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Para educar a la futura reina

El caso de la Princesa de Asturias tiene la curiosa particularidad de que la ciudadanía sufraga su educación, y  si llega a reinar resultará directamente afectada por cómo sea educada, pero sin embargo no influye en las decisiones sobre cómo ha de ser educada. Esto último es cosa exclusiva de sus padres, mientras que lo primero y lo segundo es cosa de la ciudadanía. Y sus padres, influyen

  • con sus palabras, que desconocemos,
  • y por la educación que reciba en el colegio, que no hemos elegido, y en el que le proporcionan una educación, una formación y unos valores que también desconocemos y que no hemos elegido, y que por lo visto hemos de aceptar a ciegas por buenos, no, más aún, como los óptimos para un jefe del Estado
  • y también con el ejemplo y con las circunstancias de su familia, incluyendo las legales, y el ejemplo y las circunstancias sí los conocemos.

Y ahora, como con cualquier niño o niña, influye internet, porque naturalmente, una niña, o en el futuro una adolescente con una mínima curosidad intelectual, navega por internet para averiguar cosas que le afectan. Todo lo que a continuación se indica lo sabrá la niña Leonor de Borbón porque se lo enseñen cuando le enseñen Derecho Constitucional, como será lógico y previsible que le enseñen, porque lo viva personalmente y porque lo encontrará en cuanto navegue cinco minutos por internet. Y con esa educación y esos datos, reinará, si llega a reinar.

Veamos cómo se está educando la futura reina de Españajistán y que verá en Internet.

  • Sobre machismo e igualdad, sabrá que será reina, si llega a serlo, por la confluencia de dos curiosos elementos:
    • que se consideró constitucionalmente más valioso como persona a su padre por el mero hecho de ser varón que a las dos hermanas mayores de su padre por el mero hecho de ser mujeres,
    • y ella misma no solo es más valiosa como persona que su hermana por el mero dato de haber nacido antes que ella, o sea, que haber nacido antes concede derechos y gradúa a las personas, sino que habría dejado de ser más valiosa ella misma que cualquier bebé varón que hubieran tenido después sus padres.

Así lo establece el artículo 56 de la Constitución, enlace a texto y breve análisis de ese artículo y otros complementarios en la propia web del Congreso, aquí.

A partir de ahí, mejor no plantearse mucho qué podrá pensar y decir sobre igualdad una niña que ha vivido -y en en su día estudiará-, eso.

  • Sobre responsabilidad, aprenderá que en el mismo momento en que acceda al ¿cargo? de reina, dejará de ser responsable de cuantas tropelías se le ocurra hacer, si quiere hacerlas, y quién sabe también si de las que en su caso pudiera haber hecho antes.

El artículo 56 de la Constitución también dice eso; se llama “inviolabilidad“, y suele extenderse conceptualmente a cualquier posibilidad de ser no solo perseguido penalmente por delitos relacionados o no con su cargo, sino también a simples demandas civiles ordinarias por relaciones juridicas civiles ordinarias. Así lo ha sostenido el propio ministerio fiscal, en teoría en defensa de la legalidad, en dos demandas de paternidad interpuestas contra su abuelo.

Y esa situación de irresponsabilidad es justo la situación en esos momentos de su propio padre, de quien aprenderá que es posible, aconsejable y lógico hablar públicamente en discursos navideños de la responsabilidad de otros desde la posición personal de absoluta irresponsabilidad propia. Enlace a discurso navideño aquí y vídeo aquí.

Una irresponsabilidad no ya para la comisión  de delitos, sino incluso para pagar o no una simple deuda ordinaria o ser demandado por la madre de un hipotético hijo extramatrimonial menor de edad que quisiera solicitar judicialmente alimentos para ese niño.

Es decir, que para esa familia no existen dos principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico:

-el principio del superior interés del menor,

-ni tampoco el principio de libre investigación de la paternidad.

  • Sobre la coherencia, sabrá por el ejemplo de su padre que es posible, aconsejable y lógico decir cosas como “debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción” en un mensaje navideño, y ser jaleado públicamente por decirlo, pese a dos datos confluyentes, recíprocamente agravantes de la situación:

1) su propia irresponsabilidad personal penal y civil, que sin embargo no afecta a su posibilidad de demandar y denunciar, es decir, que el rey no puede ser denunciado ni demandado por nadie, aunque sí denunciar o demandar a quien quiera como cualquiera

y 2) a que su propio patrimonio personal y sus ingresos, y sus intereses económicos, son desconocidos, porque la Ley llamada de Transparencia se preocupa de que en efecto sean desconocidos, como se explica en tres posts de este blog, este, este y este, y a que los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo en que ni siquiera pueda difundirse qué bienes tenía cuando accedía al trono, para que siquiera puedan compararse con lo que tuviera cuando lo deje.enmienda PGE 2014

Sabrá por tanto que al Estado cuya Jefatura ostentará y cuyo padre la ostenta ahora y cuyo abuelo la ostentó antes, le resulta irrelevante que no sea posible conocer de dónde sale su patrimonio, qué intereses económicos tenga, quién pueda incluso pagarle comisiones, como tanto se rumorea del abuelo. Y, es más, que si por circunstancias ajenas a la explícita voluntad de ocultación llegara a saberse algo, y ese algo fuera inaceptable jurídicamente, sería también irrelevante.

Y sabrá que es bueno hablar de exigir a otros responsabilidad, no teniéndola quien habla.

  • Sobre violencia de género, aprenderá que hay una única mujer en Españajistán que no está protegida legalmente por la normativa contra la violencia de género que pudiera por hipótesis -ojo, hipótesis, no se está insinuando nada- cometer el marido, y que esa mujer es su propia madre, Dª Letizia.

Puesto que el rey es inviolable, e irresponsable penalmente según el criterio general, o lo que en la práctica es lo mismo no susceptible de ser perseguido penalmente, lo es en todos los casos, incluyendo por tanto la hipótesis de violencia de género.

  • Y mirando un poquito más, sabrá que hay dos únicas niñas en Españajistán que no están protegidas por la normativa penal contra cualquier hipotética violencia -se insiste, hipótesis- que pudiera cometer su propio padre, y esas niñas son ella y su hermana. Y que esa violencia contra la que no están protegidas incluiría, no ya un bofetón, sino matar.

Claro que, llegado el caso, sabrá también que cuando su padre deje de ser rey, por defunción u otros motivos de los que dan lugar a la continuación de la dinastía con cambio de personas, ella misma podría maltratar a su cónyuge y sus hijos, si quisiera hacerlo llegado el caso, sin problemas.

El paterfamilias tradicional como dueño y señor de la vida y el patrimonio de su familia sigue existiendo en la Españajistán del siglo XXI, y lo es ahora su padre el rey, y lo será ella en su día, cuando sea reina.

    • Y mirando un poquito más, sabrá que ella misma tampoco está sometida a la normativa penal de menores, con su jurisdicción propia tanto para protegerla como para castigarla; puesto que se ha tenido la ocurrencia de aforarla -aforar a una niña, nada menos- para que todo lo relativo a ella se tramite, mientras sea Princesa de Asturias, ante el Tribunal Supremo, en vez de la jurisdicción ordinaria de menores. Y que en su familia, pasan cosas raras con los juzgados.

Así ha quedado la Ley Organica del Poder Judicial tras una modificación hecha a toda prisa, sin cumplir ningun trámite prelegislativo, dentro de una norma cuyo título, además, no permite remotamente saber de qué va, la

Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de  racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE de 12 de julio 2014 y en vigor el 13 de julio 2014, cuyo artículo 55 dispone lo siguiente

«Artículo 55 bis.

Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.»

Lo que, traducido al román paladino significa que se ha considerado legalmente que cualquier pleito civil o penal del rey padre D. Juan Carlos, de la reina Dª Sofía -pese a que no ostenta ni ha ostentado jamás responsabilidades institucionales-, de la reina DªLetizia -pese a que no ostenta ninguna responsabilidad institucional, y solo podría ostentar alguna como regente en la  hipótesis de fallecimiento de su marido y asumir ella la regencia de la Princesa de Asturias menor de edad, pero a quien sorprendentemente no se afora como regente, puesto que ni se menciona a los regentes, que, es curioso, no están aforados, sino como cónyuge-, de la propia Princesa Leonor sea mayor o menor de edad, y del cónyuge que pueda esta tener aunque no ostente responsabilidad institucional alguna ni pueda ostentarla, quede en manos del Tribunal Supremo, privando a esas mismas personas, y por supuesto a quienes quieran demandarlos o denunciarlos, de la posibilidad de segunda instancia.

O sea, que NO se afora por ostentar o haber ostentado o tener la posibilidad de ostentar responsabilidades institucionales, ni hay relación alguna con ello, porque se afora a personas que ni ostentan ni han ostentado ni pueden ostentar responsabilidades institucionales, y en cambio no se ha aforado a los regentes. Se afora sencillamente por ser de la familia De Borbón, por consaguinidad -parentesco de sangre- o afinidad -parentesco procedente de matrimonio-.

Y en el caso concreto de la niña Leonor, mientras sea menor de edad, privándola de la jurisdicción específica de menores, para bien y para mal.

Ah, y en el caso del rey D. Juan Carlos, en aplicación de la Disposición Transitoria Única de esa Ley, dictada ad hoc para los dos únicos procedimientos judiciales existentes, privando retroactivamente a los dos que los tenían ya demandas de paternidad en los juzgados de dos cosas: del juez natural -es decir, del que por principio básico corresponde por asignación previa al pleito, no posterior a su inicio- y de la posibilidad de recurso que inicialmente tenían al presentar la demanda, puesto que no parece que se haya establecido ningún sistema, en este caso ni en ninguno, para que las resoluciones del Tribunal Supremo sean recurribles.

  • Sobre Derecho de Familia, aprenderá que su madre no puede divorciarse, y que el cónyuge que ella misma tenga en su día tampoco podrá divorciarse cuando sea reina salvo que sea de mutuo acuerdo.

O sea, que si por hipótesis hay cosas que aguantar, tendrá que aguantarlas, exactamente igual como aguantó su abuela Dª Sofía, la cual solo ahora puede divorciarse si quiere, tras la abdicación. No solo porque lo limiten las conveniencias sociales, ni por razón de Estado, sino porque se lo prohíba la propia Constitución. Puesto que la posibilidad de divorciarse lleva  implícita la de poder demandar al otro cónyuge, un cónyuge constitucionalmente inviolable significa un cónyuge no susceptible de ser demandado por divorcio.

Por tanto, su madre solo tendrá la posibilidad, si llega el caso, de firmar un divorcio de mutuo acuerdo -¿mutuo acuerdo, cuando una de las partes no tiene posibilidad de otra cosa?- o ser demandada por el marido.

Lo mismo que su abuela, hasta que pasó su marido a ser rey jubilado, y por tanto ya no inviolable y ya sí susceptible de ser demandado.

Y ella misma, la Princesa, sabrá que cuando sea reina, su propio cónyuge cuando se case, no podrá divorciarse de ella, porque pasará a estar en el mismo caso.

  • Y ello nos lleva a otro caso de Derecho de Familia, las capitulaciones matrimoniales manifiestamente ilegales firmadas por sus padres. En las que, como se explica en este otro post, se ha convenido, al parecer -y se dice “al parecer” porque no es posible saber con certeza ese dato, dado que, a diferencia de cualquier pareja, está inscrito en un Registro Civil especial y secreto, se ha convenido, se dice, que ella y su hermana se quedarán con el padre en caso de divorcio, aunque sea ilegal.

Es decir, que la niña Leonor tiene que leer que también en su caso, y en el de su hermana, su Familia ha prescindido del principio del interés superior del menor que rige nuestro ordenamiento, y que a su madre le han hecho pasar por ello.

  • Y verá también la importancia del márketing, y la innecesariedad de ser constitucionalmente irresponsable para que el Estado desee que se sea irresponsable y haga todo lo posible para que lo sea.

Verá que a su tía Cristina la procesan por unos delitos de notorio carácter público, es decir que no se trata de que se plantee que haya o no presuntamente  atropellado con un coche a alguien y en su condición de particular, sino que hayan presuntamente cometido o no ella o su esposo  delitos contra el erario público y en relación con patrimonio presuntamente adquirido como consecuencia precisamente de la relación con la Familia Real, y que en los medios de comunicación -y por su propio padre el mensaje de Navidad de 2014- se vende ese procesamiento como una victoria del Estado del Derecho y de la igualdad, cuando ese procesamiento lo ha sido A PESAR de la oposición continuada del Fiscal y de la Abogacía del Estado,  y cuando cualquiera es imputado en dos párrafos o un par de folios y el fiscal nunca recurre imputaciones -novedad absoluta esto de que el fiscal recurra imputaciones, algo ahora extensible a algunos políticos-, y aquí han sido precisos centenares de folios y el fiscal recurre todo.

En un Estado ha de haber una jefatura del Estado, y eso genera unos costes. Un país no es más o menos democrático por el dato de que esa jefatura del Estado sea constitucionalmente encomendada a un rey o a un presidente democráticamente elegido, siempre que se trate de una monarquía constitucional, en la que el rey carece de poderes efectivos, aunque sí ostenta lo que se llama la auctoritas, el poder moral, ni sale más o menos barato que haya rey o presidente.

Pero para ostentar el poder moral, se ha de TENER ese poder moral. La ejemplaridad no se tiene por el hecho de ser rey; se gana y se merece,  o no se gana y no se merece.

Y para saber si sale más o menos barato, ha de disponerse de los datos de si en efecto sale más o menos barato, es decir, disponer de la seguridad de que se conocen el patrimonio, los ingresos y los intereses económicos del rey y de su Familia, los procedentes de los presupuestos generales del Estado y los que puedan tener por otras vías, y que sea posible perseguirlos en caso de incumplir sus obligaciones.

Y aquí eso no sucede.

Y aquí, habiendo transcurrido ya tiempo desde que el actual rey es rey, hemos visto, y verá su hija, cuando tenga edad de entenderlo, y condicionará su forma de ser y de actuar, lo siguiente:

  • se han aprobado extraños aforamientos en los términos arriba indicados. Aunque naturalmente es una decisión de las Cortes, no del rey, que no legisla, nadie pensará que ello ha podido ser así sin consultarlo con el rey o sin su aquiescencia
  • el rey no puede renunciar a su inviolabilidad, o no parece lógico que pueda, puesto que está en la Constitución, pero sí puede sugerir  que se modifique. Ni en el mensaje de Navidad, ni en ningún otro se ha oído nada al respecto, que se sepa,
  • se ha planteado la posibilidad en las Cortes de que el rey diga qué patrimonio e intereses tiene, en términos similares a los altos cargos, y las Cortes lo han rechazado. Nadie pensará que ello ha podido ser así sin consultarlo con el rey, o sin su aquiescencia
  • el rey no ha difundido voluntariamente ni su patrimonio personal, ni sus ingresos procedentes de fuente distinta de los presupuestos generales del Estado, ni sus intereses económicos; ni de él, ni de su Familia. Porque el rey puede no estar obligado por ley a hacerlo, pero nada impide que lo haga voluntariamente. Y no lo ha hecho, ni se plantea que lo haga, pese a que lleva ya seis meses como rey.

Esta es la situación, a día de hoy jurídica y práctica.

Y con estos ejemplos personales y esta situación constitucional y legal, se está educando una niña que llegará a ser reina.

Qué difícil ponen las cosas a los monárquicos para defender las ventajas y los valores de la monarquía.

Y qué difícil se lo ponen a quien esto firma, que era hasta hace poco una convencida de las ventajas circunstanciales -por supuesto, nunca esenciales- de la monarquía en la actual Españajistán.

Qué difícil, cuando Dª Cristina de Borbón no renuncia a sus derechos dinásticos, porque a nadie se le ha ocurrido desde que en 1978 se aprobó la Constitución aprobar una Ley de la Corona que regule cómo desposeer de esos “derechos” a alguien; cuando esos “derechos dinásticos” se llaman DERECHOS, no DEBERES, y pretenden convencernos de que esa responsabilidad es un deber y no un privilegio, como si no fuera privilegio todo lo arriba expuesto. Cuando si renuncia, y sus hijos no resultan afectados por la renuncia, el Sr. Urdangarín SEGUIRÍA con la posibilidad teórica de ser regente de algún hijo menor de edad que llegara a ser rey.

Y no se ilustra este post con una foto de la Princesa Leonor, porque quien esto firma no quiere contribuir a difundir la imagen de una niña que no tiene culpa de nada.

Verónica del Carpio Fiestas

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Año electoral

-¿Está todo preparado?

-Todo. Hay veinte hombres muy bien lavados a quienes estrecharás  las manos en la puerta y seis niños en los brazos de sus madres, a los que acariciarás en la cabeza, preguntando qué edad tienen. Sobre todo, no olvides lo de los niños. Estas cosas producen muy buen efecto.

-No se me olvidará -dijo El Candidado.

-Y mejor aún, amigo mío -dijo El Asesor Electoral- mejor aún, si puedes, no digo que sea indispensable, pero si quisieras tomarte la molestia de besar a uno de los niños, en fin, eso produciría una gran impresión en la multitud.

-¿No será de igual efecto que te encargues tú de eso? -preguntó El Candidato.

-Me temo que no; pero si lo haces tú, creo que esto te dará gran popularidad.

-Muy bien -dijo El Candidato con aire de resignación; no queda otra que hacerlo.

Sale El Candidato, entre aclamaciones de la multitud,  música sonando por los altavoces, policías, asesores de la campaña electoral, afiliados, personas honorables y demás personas, y se sientan en los vehículos, todos apretados como sardinas en lata, camino del auditorio donde se va a pronunciar el discurso de fin de campaña. Hubo un momento de silencio solemne cuando todos los de fila de vehículos esperaron a que El Candidato saliera de la sede del partido y subiera a su limusina.

De repente la multitud lanzó una exclamación.

-¡Ha salido! -exclamó un Simpatizante, tanto más conmovido cuanto que desde su sitio no podía ver nada.

Otra exclamación más fuerte.

-¡Ha estrechado las manos de los hombres! -dijo El Asesor Electoral.

Otra exclamación mucho más violenta.

-¡Ha acariciado las cabezas de los niños! -exclamó el mismo Simpatizante, temblando de ansiedad.

Un trueno de aplausos conmovió el aire.

-¡Ha besado a uno de los niños! -exclamó fascinado El Asesor Electoral.

Un segundo trueno.

-¡Ha besado a otro niño!

Un tercer trueno ensordeció el espacio.

-¡Los besa a todos! -vociferó entusiasmado El Asesor Electoral.

Y llega el momento en que los candidatos proceden a arengar a los votantes, en el discurso de fin de campaña de las elecciones municipales.

Los discursos de los dos candidatos, aunque diferentes en la forma, era iguales en lo de insistir en la nobleza y el mérito de los ciudadanos de ese pueblo. Cada cual expresó la íntima convicción de que jamás había existido sobre la tierra un grupo de personas más independientes, más inteligentes, más desinteresadas, más llenas de virtudes cívicas, que las que estaban presentes oyendo el respectivo discurso. Los  dos candidatos dijeron que la industria, el comercio y la prosperidad de ese pueblo serían siempre más queridos para su corazón que cualquier otra cosa en la tierra.

Y cada uno de los dos era muy feliz de poder afirmar que, considerando el buen juicio de todos los votantes, estaba convencido de que sería el ganador.

Verónica del Carpio Fiestas

Como mera transcriptora y adaptadora en detalles insignificantes del capítulo XIII de las “Aventuras de Pickwick”, también conocida como “Los papeles póstumos del Club Pickwick”, novela de Charles Dickens publicada en 1836, en la traducción de 1868 de Benito Pérez Galdós

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La infanta Cristina, la potestad doméstica y el Registro Civil de la Familia Real

La infanta Cristina de Borbón, hija de rey y hermana de rey, declaró ante un juez, en calidad de imputada, y ahí sigue coleando el tema. [22-12-2014. Actualización. Por su interés se añade a ese post un DOCUMENTO HISTÓRICO: TEXTO COMPLETO DEL AUTO DEL JUEZ CASTRO DE 22-DICIEMBRE-2014, DE APERTURA DEL JUICIO ORAL CONTRA LA INFANTA Y OTROS, AQUÍ Auto apertura juicio oral Nóos 22-12-2014]

1.- PERSPECTIVA DE ESTE POST

El post trata de la imputación de la infanta con un planteamiento infrecuente, y en cierto sentido intemporal y general. Usted puede leer esto y le puede interesar pase lo que pase con el tema penal. Aquí se va a exponer una perspectiva desde el Derecho Civil.

Y en concreto, desde un concepto del Derecho de Familia que se denomina “potestad doméstica”.

Con referencia también a una curiosa institución: el Registro Civil de la Familia Real.

Y a algunas cosas más que pueden interesarle personalmente, porque le afectan si está usted casado/a, INCLUSO si no le interesa el caso de la infanta.

2.- TRES DOCUMENTOS

Aquí tiene usted el inicio de la primera hoja de la declaración. El “sí, lo sé” de la Sra. De Borbón que aquí figura viene a ser, poco más o menos, el único “sí, lo sé” que figura en esas 115 páginas en las que pululan los “no lo sé“.

imagen 2Y aquí tiene el texto íntegro de las declaraciones de la Sra. De Borbón, en transcripción por El País: declaración infanta Noos transcripción por El País 20-2-2014,  fascinante documento histórico de 115 páginas, cuya lectura completa es altamente recomendable, y del que aquí se va a dar una perspectiva distinta al igual que a otros dos documentos, que se incluyen a texto completo:

3.- LAS DECLARACIONES DE LA INFANTA COMO IMPUTADA

Empecemos citando las páginas 41 y siguientes de la memorable declaración de la Sra. De Borbón, efectuadas ante el juez Castro con fecha 8 de febrero de 2014.

Resumiendo, había en su casa familiar, atendiendo el hogar familiar y a sus hijos, unas personas como empleadas domésticas de las cuales la Sra. De Borbón no sabe nada. No sabe, al parecer, ni quién las contrató ni quien les pagaba.

Aquí tiene en imagen las declaraciones, más fácilmente legibles en texto pdf de esas páginas indicadas 41 y siguientes de la declaración declaración infanta Noos transcripción por El País 20-2-2014

servicio1“Señoría, desconozco cómo se contrató [a la empleada de hogar], yo participé en la selección, después de una preselección, si quiere le comento un poco cómo lo solemos hacer, pero yo no participo en cómo se paga al servicio”.

servicio2La Sra. De Borbón no sabe si tuvo un contrato una concreta empleada doméstica contratada para atender a sus hijos, y en cuya selección intervino.

 

servicio3“-¿Quién le ha pagado a esta señora [una persona concreta del servicio doméstico]? Usted le pagaba porque era empleada doméstica, una persona próxima al hogar familiar?

-Sí, Señoría, pero ya le digo, yo no me encargaba de hacer los pagos, seguramente mi marido y la gestoría, no lo sé, yo no me he ocupado nunca”.

Respecto de una pareja contratada para ocuparse de sus hijos y de su casa, la Sra. De Borbón tampoco sabe nada.

servicio4

 “-Prestaba servicios para el hogar familiar, ¿verdad?

-Para el hogar y no sé.”

servicio5servicio6

“-¿La ha visto usted alguna vez en alguna función que no sea barrer, fregar, cuidar a los niños, quitar el polvo, ir a la compra?

-No, porque yo me marchaba por la mañana y volvía por la tarde-noche y a veces tenía que dormir fuera y no estoy las 24 h en casa”

 

servicio7“-Pero bueno, usted no le ha preguntado nunca a su marido, esta familia [se refiere a los empleados domesticos] por quién está contratada, quién le paga el sueldo?

-No, Señoría.

-¿No se lo ha preguntado?

-No.

-¿Ni incluso después de que esto ha saltado a los medios, tampoco, no?

-No.”

4.- ALGO QUE A PRIMERA VISTA PARECE DEDUCIRSE DE ESTO: ¿que a la infanta no le afectaría en su patrimonio personal que su marido contratara y pagara empleados de hogar?

La Sra. De Borbón sostiene repetidamente que unas personas que trabajaban en su casa para el servicio de su propio hogar y la atención de sus propios hijos y en cuya selección había intervenido desconocía no solo quién les pagaba sino incluso quién les contrataba.

A a vista de eso habrá usted quizá llegado a la conclusión de que si efectivamente fuera así como dice la Sra. De Borbón, que por qué se va a poner en duda la palabra de la Sra. de Borbón, pese a que como imputada tiene derecho a no decir verdad, eso significaría que desde el punto de vista de las DEUDAS ordinarias que podría generar eso en su día, es decir, de los gastos domésticos cotidianos como son los empleados domésticos, ella en su día no habría sido responsable en absoluto, y por tanto era irrelevante que se desentendiera, puesto que si el marido contrataba teniendo separación de bienes, ella no era responsable en ningún caso de ese gasto.

Habrá quizá llegado usted a la conclusión que en general si contrata el marido casado en separación de bienes a los empleados domésticos, o a una empresa que a su vez proporciona los empleados domésticos, o EN GENERAL, a cualquier gasto DE LA CASA, eso significa, creerá quizá usted, que SOLO responde de las deudas civiles, o sea, es responsable del pago, el que contrata, o sea, el marido.

Por tanto, para qué se iba a preocupar la Sra. De Borbón, ¿no? Encantada de que lo pague el marido, como él quiera, que ella no tiene nada que ver y para eso tienen separación de bienes

Pues mire, no.

No es así.

5.- LA REALIDAD: LA POTESTAD DOMÉSTICA Y SUS CONSECUENCIAS

Aquí se va a hacer un planteamiento desde el punto de vista CIVIL. No se va  entrar en las cuestiones de Derecho Laboral ni fiscales , tampoco en las penales. Se trata de que a quien esto lea le quede claro que EL CONCEPTO de gastos familiares NO significó en su día que la Sra. De Borbón pudiera en su patrimonio PERSONAL quedar AL MARGEN de la responsabilidad por esos gastos contraídos por el marido.

Lo cual hace PRECISAMENTE muy extraño que se desentendiera de ellos con tal facilidad.

Porque, ¿es lógico haberse desentendido por completo en su día de unos gastos de lo que se HABRÍA RESPONDIDO PERSONALMENTE EN CASO DE IMPAGO?

Y a usted le puede parecer que la Sra. De Borbón ha utilizado el sistema del “no sabía” y “me fío de mi marido” propio de mujeres de otras épocas e impropio de una licenciada universitaria de elevado nivel socioeconómico, culta y con completísimos estudios -pagados con nuestro dinero- y que además ejerce un alto cargo de responsabilidad muy bien remunerado en una entidad bancaria. Eso puede ser cierto en otros casos, como los relativos a las sociedades mercantiles familiares.

Sin embargo, en lo que respecta al caso de los empleados de servicio domestico, y demás gastos familiares en realidad, curiosamente es al revés.

Lo que según la Sra. De Borbón ha hecho su esposo es asumir el Sr. Urdangarín funciones económicas tradicionales propias de UNA ESPOSA tradicional, no de un MARIDO tradicional.

No se va a soltar el rollo histórico de qué eso de la “potestad domésticay en que se parece o se diferencia de otros conceptos como “cargas familiares”. En Derecho Común es algo básico de régimen económico matrimonial -es decir, simplificando, de la regulación económica que rige la relación entre los propios cónyuges y de estos con terceros- que estudian los alumnos de Derecho Civil-, y es algo que viene desde, digamos, siempre.

Cuando la mujer casada no tenía capacidad para contratar por sí sola, y era más o menos equivalente jurídico su estatus al de una menor de edad -o sea, como quien dice, históricamente anteayer-, había una cosa de carácter jurídico que constituía una excepción y sí podía hacer la esposa sin contar con el marido: la compra cotidiana de alimentos y pagar pequeños gastos cotidianos de la casa.

Y por tanto alguien que como mujer casada no podía contratar por sí sola ni siquiera respecto de su propio patrimonio, sí podía al menos contratar para adquirir la compra cotidiana de víveres, pequeños enseres y gastos análogos, y se establecía que la responsabilidad económica derivada de ello y gastos análogos del hogar pudiera recaer incluso sobre los bienes del marido. Simplificando de nuevo -ya comprenderá que la cosa tiene más enjundia y matices-, la potestad de las llaves del ama de casa -el manejo de las llaves de la despensa- alcanzaba a la capacidad de adquirir las cosas necesarias para atender la casa de acuerdo con el nivel social, incluyendo empleados domésticos.

O sea, que la idea clásica es más bien que los empleados domésticos los contrataba LA ESPOSA, no el marido.

Y cuando, prácticamente anteayer, con la Constitución, llegó la igualdad a la relación matrimonial, hubo que cambiar el concepto de potestad doméstica. Ahora es otro: la responsabilidad de los bienes conyugales y del otro cónyuge, sea varón o mujer, por cualquier adquisición cotidiana para el hogar doméstico efectuada por cualquiera de los cónyuges, sea varón o mujer.

Así está en el artículo 1.319 del Código Civil, en su redacción actual, ya vigente cuando se casó la Sra. De Borbón:

Artículo 1319

Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma.
De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.
El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial.

O sea, que con unas cortinas o una lavadora que se compren para el domicilio conyugal, o el gasto de la electricidad, o unos empleados de hogar que se contraten, da igual cuál de los dos cónyuges sea firmante del contrato, quién sea quien formalmente haya efectuado la contratación y quién sea aparentemente deudor único:

responden los bienes comunes -y solidariamente a los del cónyuge deudor y, si no los hay o no son suficientes, los del OTRO cónyuge.

Siempre que se trate de gastos acordes con la situación económica de la concreta familia, y gastos ordinarios, o sea, que no se salgan de lo corriente para el nivel socioeconómico. Evidentemente, para una familia de clase alta es gasto ordinario tener empleados de hogar.

6.- EN GENERAL, LA POTESTAD DOMESTICA EN EL CASO DE PAREJA CASADA EN SEPARACION DE BIENES

Y atención a un dato muy importante, y le afecta también a USTED, en su propio matrimonio, si lo tiene:

la potestad doméstica es aplicable sea cual sea el régimen económico matrimonial y no se permite que los cónyuges pacten otra cosa.

Esto es si su matrimonio está sometido al Código Civil; habrá matices y diferencias si su matrimonio está sometido algún Derecho autonómico/foral.

Puesto que está dentro del llamado régimen matrimonial primario” –o sea, lo que el Estado impone como innegociable por ser de orden público, sin que sea posible convenir algo diferente porque hay en juego intereses supraindividuales-, es aplicable incluso si se trata de un matrimonio que no está casado en gananciales.

Por ejemplo, por estar casada la pareja en otro de los régímenes habituales: el de separación de bienes.

O sea, que una pareja casada en separación de bienes tendrá su patrimonio separado en cuanto a bienes, ingresos y responsabilidades, como regla, pero en cuanto a los gastos, los concretos derivados de la potestad doméstica dan lugar a una responsabilidad de ambos. Quieran o no.

7.- LA INFANTA ESTÁ CASADA EN SEPARACIÓN DE BIENES

Veamos en primer lugar cuál es el régimen económico matrimonial de esta pareja, a tenor de las propias declaraciones de la Sra. De Borbón: imagen 3Casados pues en separación de bienes; con un régimen económico inicial que, se deduce, no ha cambiado después.

Y tenían empleados domésticos que contrató el Sr. Urdangarín de forma, digamos, irregular, sin que la Sra. De Borbón supiera nada -según ella-, pese a que SU PROPIO patrimonio personal, el de ELLA, resultaba afectado por esas contrataciones, quisiera o no, lo supiera o no. Si es que, como parece probable, estaban casados en separación de bienes de Derecho Común.

¿Usted comprende que pueda alguien desentenderse de lo que le afecta EN SU PROPIO PATRIMONIO?

8.- SÍ, LA INFANTA ESTÁ CASADA EN SEPARACIÓN DE BIENES, BIEN, PERO ¿QUÉ SEPARACIÓN DE BIENES EXACTAMENTE?

Bien, pero, ¿CUÁL separación de bienes?

Porque usted puede pensar que hay un ÚNICO sistema de separación de bienes, y que todos son iguales. Pero no.

Prescindiendo incluso del dato de que dentro de unos límites es legalmente posible configurar la separación de bienes como a cada pareja le interese, es decir, que el sistema legal es subsidiario para aquello que no se haya pactado especialmente, resulta que una pareja de ciudadanos de Españajistán pueden contraer matrimonio bajo el régimen económico de separación de bienes por varias vías, y con diversas consecuencias:

  • primero, por otorgar capitulaciones matrimoniales ante notario antes de casarse en las que acuerden voluntariamente someterse al régimen económico matrimonial de separación de bienes, que puede ser o bien el del Código Civil -el llamado de Derecho Común-, o bien el de la Comunidad Autónoma correspondiente que tenga Derecho Civil propio y regulación específica en la materia, como, por ejemplo, Cataluña
  • y segundo, por otros motivos que no impliquen que haya habido pacto expreso, y en ese caso, podría aplicarse, en las circunstancias de esta pareja concreta, el régimen de separación de bienes de Cataluña.

Porque por algunos de esos motivos, no sería aplicable ese articulo 1.319 del Código Civil que se ha transcrito, sino la normativa catalana correspondiente, que no es necesariamente coincidente, si bien no muy alejada. Y esto no solo en el caso de la infanta; en el de cualquiera.

Veamos las posibilidades en el caso de la infanta: porque hay TRES, y ello dando por sentado que tuvieran separación de bienes desde el inicio de su matrimonio, o sea, con carácter prematrimonial, y que no lo hubieran cambiado desde entonces..

  1. Pueden haber otorgado capitulaciones matrimoniales prematrimoniales acogiéndose al régimen de separacion de bienes del Codigo Civil, que parece lo más probable y de lo que se va a partir a efectos de argumentación. Pero no olvide que NO LO SABEMOS SEGURO.
  2. Pueden haber otorgado capitulaciones matrimoniales acogiéndose al régimen de separación de bienes de alguna Comunidad Autónoma, donde hubiera tal posibilidad en la época de contraer matrimonio
  3. O pueden estar casados en separación de bienes INCLUSO sin haber pactado nada por la concurrencia del artículo 9 y otros del Código Civil que, en definitiva, para simplificar y no alargar la explicación, sometería el régimen económico matrimonial a la primera residencia común tras casarse y lugar de matrimonio, o sea, Barcelona, como es notorio, o sea Cataluña. O sea, el Derecho Civil Catalán, que no es del Código Civil común. Se prescinde de este caso a efectos de argumentación, porque de la declaración de la infanta parece inferirse  que las capitulaciones fueron prematrimoniales.

¿Y el Sr. Urdangarín y la Sra. De Borbón han otorgado capitulaciones matrimoniales o no?

¿Proviene su régimen económico matrimonial de separación de bienes de pacto expreso, o de los otros motivos que darían lugar a ello aunque no lo hubieran pactado?

¿Está su matrimonio sometido al régimen económico matrimonial de Derecho común, del Código Civil aplicable a las zonas donde se aplica el Derecho Común en materia de Derecho de Familia, es decir, aquellas zonas donde NO hay Derecho de carácter foral/autonómico propio, como sería en este caso al de Cataluña?

9.- NO PODEMOS SABER QUÉ SEPARACIÓN DE BIENES, no solo porque no lo permite saber la Ley de Transparencia, sino porque hay un Registro Civil especial para la Familia Real, secreto.

No es posible saber qué régimen económico matrimonial tiene la Infanta.

No podemos saber ni siquiera qué régimen económico matrimonial tiene el rey actual, pese a ser dato de evidente interés público, como es de interés publico saber cuáles son sus ingresos y su patrimonio PERSONAL. NO está incluido en la ley de Transparencia como se explica en este otro post de este blog  y en este otro post, y por tanto no sabemos.

No se confunda, o, mejor dicho, NO DEJE QUE LE CONFUNDAN.

Lo único que hay en la Ley de Transparencia es que ahora nos pueden detallar a qué dedica la Casa Real EL PROPIO PRESUPUESTO QUE LE PAGAMOS de los Presupuestos Generales del Estado. No qué MÁS bienes propios tiene la Familia Real, ni qué negocios, ni siquiera su régimen económico matrimonial.enmienda PGE 2014

Y tampoco sabemos siquiera cuáles son los BIENES del rey, y recientemente se ha rechazado por el PSOE y el PP en el sentido de que, como los altos cargos, estuviera obligado a declarar su patrimonio.

Y el régimen económico matrimonial no lo sabemos no solo porque NO está en la Ley de Transparencia, como tampoco sabemos ingresos y patrimonio personales, sino porque resulta que, vaya,

legalmente no todos somos iguales.

Si se tratara de CUALQUIER ciudadano o ciudadana, lo podríamos saber, sí porque las capitulaciones matrimoniales se inscriben en el Registro Civil.

Pero héteme aquí que este señor y esta señora, y la Familia Real, no tienen su matrimonio inscrito en el Registro Civil donde inscriben el nacimiento del común de los mortales cuando nacemos, ni nuestro matrimonio, ni nuestras capitulaciones matrimoniales, ni nuestro divorcio, ni el nacimiento de nuestros hijos, ni nuestra defunción. Por tanto, no podemos saber su régimen económico. Más datos, en otro post de este blog, no por casualidad titulado “El nuevo Derecho: Derecho de Familia de la Familia Real“, con análisis de los datos disponibles sobre las asombrosas y claramente ilegales capitulaciones matrimoniales del rey D. Felipe y su esposa Dª Letizia.

10.- EL EXTRAÑO REGISTRO CIVIL DE LA FAMILIA REAL

En Españajistán NO todos somos iguales. Todos inscribimos obligatoriamente nuestros datos jurídicos básicos en el Registro Civil, y los datos ahi inscritos son públicos, con los límites que marca la ley.

Ese Registro Civil, por cierto, que ahora están privatizando en beneficio de los compañeros de profesión del Sr. Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, los Registradores de la Propiedad, esos señores que pese a la coincidencia de nombre que puede inducir a error a profanos, hasta ahora tenían que ver con el Registro Civil exactamente lo mismo que usted y yo, o sea, nada de nada de nada, más que estar inscritos allí como cualquiera.

Pero el matrimonio y las capitulaciones matrimoniales de la Sra. de Borbón, y todos sus demás datos registrales resulta que NO se inscriben en el Registro Civil ese, sino en OTRO REGISTRO CIVIL. Uno muy pintoresco, donde, puro residuo histórico revivido tras las reinstauración -o lo que fuere- de la Monarquía en 1975, solo se inscribe la Familia Real. Efectivamente, el Registro Civil de la Familia Real, a cargo por cierto directamente del propio Ministro de Justicia, un registro cuya privatización curiosamente no se plantea, y regulado por el

Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real.

RD1

Pinche AQUÍ para  enlace al texto completo del Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real. Es interesante leerlo.

11.- EXCURSO HISTÓRICO INNECESARIO SOBRE EL REGISTRO CIVIL DE LA FAMILIA REAL Y OTRAS COSAS QUE PASARON UN 20 DE NOVIEMBRE DE 1975

Esto puede usted saltárselo tranquilamente, aunque quizá le interese.

Aquí tiene lo que dice una pintoresca norma complementaria previa del Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real, el

Decreto-ley 17/1975, de 20 de noviembre, sobre restablecimiento del Registro del Estado Civil de la Familia Real de España

rd 17-1975Por cierto, en un BOE de 20 de noviembre de 1975 que desde el punto de vista gráfico-histórico resulta muy expresivo, y esto ya en un excurso innecesario que le apetece hacer a la abajo firmante.

  • Columna de la izquierda, Decreto-ley 17/1975, de restablecimiento del Registro Civil de la Familia Real, que fue creado por el “Real Decreto de veintidós de enero de mil ochocientos setenta y tres, completado por diversas disposiciones posteriores, estableció el Registro del Estado Civil de la Familia Real de España, el cual subsistió hasta el año mil novecientos treinta y uno
  • Columna de la derecha, Decreto ley 15/1975, los días de luto nacional por “el fallecimiento del Jefe del Estado, Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde, y se declara inhábil a todos los efectos el día de la proclamación como Rey de España de S. A. R. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón“.

Enlace a ese decreto de restablecimiento del Registro Civil, aquí.

 12.- EL ARTÍCULO 4 DEL REAL DECRETO 2917/1981 QUE REGULA EL REGISTRO CIVIL DE LA FAMILIA REAL

Sí, la Familia Real tiene su propio Registro Civil, algo que a la Familia Real le debe dar mucha satisfacción personal tener, porque otro sentido no se le ve.

¿No? Porque qué más dará que tengan un Registro Civil propio, salvo quizá eso del anacronismo, ¿no?

Bueno, pero es que HAY un detallito en el vigente

Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real

El artículo 4:

Artículo 4

Las certificaciones sólo podrán expedirse a petición del Rey o Regente, de los miembros de la Familia Real con interés legítimo, del Presidente del Gobierno o del Presidente del Congreso de los Diputados. Se extenderán de oficio y en papel especial.

Oh, sorpresa. Usted puede ir Registro Civil normal, donde estamos todos, y saber si los cónyuges tal y cual están casados y en qué régimen económico tienen, porque es dato público con los límites normales generales.

Pero héteme aquí que acceder legalmente a la información de si la Sra. De Borbón está casada y cuál es su régimen económico, no es posible. Salvo que sea usted rey o regente [¿sabe Vd. que el Sr. Urdangarín podría ser regente, en hipótesis remotísima pero no descartable jurídicamente?], miembro de la propia Familia Real “con interés legitimo” o presidente del Gobierno o del Congreso. El Senado, como de costumbre, aquí tampoco no pinta nada.

Puesto que si está está leyendo esto parece improbable que sea el rey, alguien de la Familia Real, el Ministro de Justicia -que está a cargo del Registro especial, como se ha dicho- o el Sr. Rajoy y el actual presidente del Congreso, resulta que usted no puede saber no ya si tienen capitulaciones matrimoniales o no tiene sino incluso si están casados o no.

Pese, por cierto, a que hemos PAGADO la boda.

Y no solo la Sra. De Borbón, sino sus hermanos y su padre, el Sr. De Borbón y Borbón, rey jubilado, o el actual rey, el Sr. De Borbón y Grecia; y alguno más.

No podemos acceder a datos PATRIMONIALES BÁSICOS DE LA FAMILIA REAL, PESE A QUE CONTRIBUIMOS A SU SOSTENIMIENTO ECONÓMICO.

13.- CONCLUSIONES Y ¿CONCLUSIONES?

Unas conclusiones claras y unas entre interrogantes.

Las claras:

  1. que la igualdad ante la Ley no existe, en cuestiones básicas
  2. que no sabemos nada ni de datos mínimos patrimoniales de la Familia Real, con opacidad que no puede por menos que considerarse deliberada, mezclada con anacronismo.
  3. que en el caso concreto de la infanta Cristina ni siquiera sabemos si su matrimonio se rige en lo económico por la normativa de Derecho Común o por la catalana
  4. que no parece razonable que una persona casada, si es que en efecto sus capitulaciones matrimoniales son prematrimoniales y con sometimiento al sistema del Código Civil, se desentienda total y absolutamente de lo que, quiera o no quiera, afecta a su propio patrimonio personal de forma evidente, como son los gastos derivados de la potestad doméstica.

Las conclusiones entre interrogantes:

  • cuáles puedan ser las consecuencias penales del punto 4 en el caso concreto de la infanta. Porque aquí solo se está diciendo que es extraordinariamente sorprendente que la Sra. De Borbón declare que desconoce algo que afecta a su propio patrimonio personal, no que eso tenga o no consecuencias penales.

Eso ya lo veremos. balanza1

O no lo veremos.

balanza2

Verónica del Carpio Fiestas

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La Justicia en unas pocas imágenes

Imagen 1. El carrito de supermercado.  expedientes en carrito de supermercado

Los expedientes son movidos en este juzgado con un carrito de supermercado. Como usted puede ver, además, los expedientes NO son archivos informáticos, sino decimonónicos papelotes.

Imagen 2. Dos años para que se emita un informe por la Policía Científica.

policía cientifica sin medios víaFJuecesIndependienteLos juzgados necesitan informes técnicos emitidos por la Policía Científica. En la imagen, la Policía Científica indica a un Juzgado que el informe que ha solicitado tardará dos años en poder empezar a ser atendido. Caso concreto referente a pedofilia, difundido en Twitter por la asociación judicial  Foro Judicial Independiente.

 

Imagen 3. Un año para conseguir un informe psicosocial en un tema de Familia con menores

1 año informe psicosocial en Familia vía Angel LópezEn asuntos de Derecho de Familia con menores es muy importante disponer del informe psicosocial sobre los menores para que el juez pueda resolver disponiendo de datos técnicos independientes sobre la situación de los menores y su entorno. En ese caso, el Juzgado comunica que tardan un año en dar ese informe.

Imagen 4. Se señalará fecha de juicio cuando tengamos fecha.

estése a la espera de que haya fecha vía @Licag85En un tema penal, el juzgado no señala fecha de juicio. Queda pendiente indefinidamente de que haya fecha disponible para hacerlo.

No olvide un dato, para este caso y todos los penales: la prescripción de delitos si no es resuelto un asunto penal en los plazos correspodientes. O sea, la posibilidad de impunidad.

Imagen 5. Se señala un juicio penal para el año 2018.

penal 2018 Toldeo vía @francoainhoaTema penal. Juicio oral señalado para el 8 de febrero de 2018, a las 10.00 horas.

Para completar el panorama penal y abarcar dos años, otro, de 2017. juicio penal para 2017

Imagen 6. Se señala un juicio laboral para 2018.

sevilla laboral fogasa para 2018 (2) Esta imagen, como todas, es un botón de muestra. Para completar el panorama laboral, se incluyen unas cuantas imágenes de las muchas noticias periodisticas, de otras zonas. A la izquierda Sevilla; el resto Palmajuzgados soial Palma jucios para dentro de dos años y medio,  Cartagena y Almería, con juicios para 2016 y 2017. En Almería, por ejemplo, juicios de despido para 2016.Cartagena juicios laborales 2016

 

 

colapso en juzgados de Almería

Imagen 7. Juzgado dos años sin escáner para documentación de caso de corrupción

2 años sin escaner para corrupciónSobran las palabras, pero algunas de explicación de quien esto firma van en la propia imagen.

Imagen 8.- Juzgado sin fotocopiadora.

juzgado sin fotocopiadora via @jjhiz_urbanismoY no disponiendo ni de ese medio mínimo, se puede hacer lo que tendría que hacerse.

Imagen 9. Cartel en un juzgado: demoras por falta de medios. cartel en Coslada  vía @ClementeAbogado  por falta de personal

Informa sobre demoras por falta de medios.

Imagen 10. Pida usted esto dentro de unos meses que ahora no podemos atenderle.

pida esto dentro de unos meses Vía @_CCarbonell

 Imagen 11. Señalamiento de audiencia previa para 2017 en un tema de cláusula suelo

cláusula suelo audiencia previa Málaga 2017

Es es un juzgado mercantil de Málaga. La audiencia previa es SOLO la primera parte de un juicio civil. O sea que el juicio propiamente dicho, en su caso, será quién sabe cuándo.

Imagen 12. Juicio civil señalado para 2017.recuadro en blanco

Este  es un tema profesional de quien esto firma, en Madrid, un juzgado civil. El juicio civil propiamente dicho,  fase posterior a la audiencia previa. Foto, recuadro en blanco, porque no hay notificación escrita sino que la fecha de 25 de abril de 2017, a las 10 horas, es indicada de palabra por el juez al final de la audiencia previa,  y todos tomamos nota, como es sistema habitual, aparte de que pueda figurar en el acta. Puede usted creer o o no lo que se dice.

Imagen 13. Un parado más.

Cartel en un juzgado de Madrid. un parado más en jdo social 10 de MadridUn parado más, una persona menos para atender.

Imagen 14. Juzgado sin medios personales.

Lo recoge esta resolución judicial, para explicar la demora en la tramitación.jugzgado de Arganda 1 sin funcionarios vía @angelLopez

Imagen 15. El chiste de Forges.

chiste forges JpD presentan demandaQue se completa con la información siguiente: la asociacion judicial Jueces para la Democracia presenta demanda por la sobrecarga en los juzgados, enlace aquí y admisión a trámite de la demanda aquí.

Imagen 16. El chiste de Mariano Rajoy, con su imagen

Esto es un chiste de D. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno, de 27 de noviembre de 2014, desde su cuenta oficial en Twitter. Recoge lo expuesto en un debate anticorrupción en el Congreso. A la derecha, foto resumen del debate. humo2

Se evitará que los procesos de gran repercusión social se eternicen. Habrá un plazo máximo para la instrucción

Observe usted el detalle, y ahí está la gracia. Un plazo máximo para la instrucción significa, en juzgados sin medios, prescripción de los delitos; o además, imponer sanciones a jueces o funcionarios de juzgados por no cumplir los plazos en plena situación de colapso cuando los medios materiales y personales de los juzgados los proporcionan o no LOS PROPIOS POLÍTICOS. Y no es posible alargar los plazos de prescripción en temas penales retroactivamente así de fácil, como tampoco es posible que los nuevos tipos penales y los agravamientos de las penas que llevan DOS años anunciando y no se aprueban, se apliquen retroactivamente.

Cada día de demora en aprobar las medidas legislativas significa pues más corruptos impunes o sin suficiente pena, según el propio criterio expuesto por el Sr. Presidente del Gobierno, que al parecer considera que la cosa consiste en agravar penas y establecer nuevos tipos penales, en fecha indeterminada.

Y el pretexto que se usa para no aprobarlas es que se busca el consenso, cuando SOLO este año van ya catorce reales decretos-leyes dictados por el Gobierno que han sustituido a decenas de leyes que deberían haber sido aprobadas con su lógica tramitación prelegislativa y parlamentaria; cuando leyes de primerísima importancia se han aprobado cotidianamente con rodillo parlamentario, como la LOMCE o las tasas judiciales, estas no solo contra la oposición en bloque, sino contra todos los operadores juridicos.

Y

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esto son botones de muestra. De dos cosas

  • del estado de la Justicia en Españajistán, la Justicia, uno de los poderes del Estado, la Justicia, la única garantía contra la arbitrariedad del Estado  y de los poderosos, la Justicia, que es la garantía del Estado de Derecho, la defensa del débil contra el fuerte
  • y de la desfachatez de algunos, que siendo ELLOS los que hacen las leyes procesales y penales O NO LAS HACEN y proporcionan los medios a los juzgados O NO SE LOS PROPORCIONAN, dicen lo que dicen.

Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Lea por favor esto, sobre tasas judiciales, también enlace más fácil de leer con más datos y casos aquí, que no tiene desperdicio. Esta es la última imagen. La imagen de la vergüenza de la indefensión, mientras se les llena la boca de grandes palabras a tantos políticos.caso Aaaron tasas judiciales

Verónica del Carpio Fiestas

NUEVA IMAGEN, POST SCRIPTUM 17-enero-2015. Ya hay juicios laborales para 2019. 2019 vía @tosky7575

Post desde la convicción de que lo que no se difunde no existe. Más datos en Twitter en los hashtags #JusticiaTardíaNoEsJusticia, #JusticiaSinMedios, #T, #JusticiaMarcaEspaña y más, y en diversos posts de este mismo blog.

Texto de la demanda mencionada en post presentada por Jueces la Democracia, obtenido vía el catedrático Eduardo Rojo @erojotorrecilla, pinche DEMANDA_JpD Justicia sin medios

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Reflexiones personales sobre cómo hacer activismo jurídico sin un euro para financiación

NOTA. Este post incluye el TEXTO COMPLETO de la ponencia que, con el contenido al que se refiere el título  de este post, expuse en el #Seminario20, con fecha 20-11-2014. Para acceder al VÍDEO que recoge mi exposición, con los más sustancial de la ponencia, y duración aproximada 15 min., enlace aquí. Incluye también diversos vídeos de ese seminario, de otros ponentes, todos interesantes. IMPRESCINDIBLE, el del Prof. de la Oliva, sobre tasas judiciales.

La ponencia fue expuesta en el seminario “Redes y participación folleto1ciudadana. Acciones micropolíticas en la red: conceptos, estrategias, herramientas”, que coordinado por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena José Muelas @josemuelas, compañero y amigo, conocido como “El decano de Twitter” [enlace a vídeo con su ponencia aquí] y yo misma, se celebró en Madrid el día 20 de noviembre de 2014, en el contexto de las intensas “celebraciones” del 2º aniversario de la Ley de Tasas Judiciales, que incluyen, por ejemplo, la intensa #NocheAntiTasas, imagen todos contra tasasvídeo aquí, de la que se incluye una de las muchas imágenes difundidas bajo ese hashtag en Twitter, y que incluye el propio hashtag utilizado para buscar, y conseguir, que fuera trending topic, y además en un día tan enormemente complicado para hacer llegar información como el día del fallecimiento de la Duquesa de Alba, que coincidió ese día.

Se incluye en este post el texto de mi ponencia, una de las doce de foto Fanetinque constaba el seminario, gratuito y en el que todos los ponentes, con enfoques y técnicas muy diversos de activismo ciudadano en RRSS, participaron de forma altruista. El formato de 14 minutos obligó a condensar lo más importante. Enlace al folleto del seminario: pinche Seminario 20. Hashtag utilizado para Twitter y que le puede servir para localizar información y comentarios: #Seminario20. Ponencias ya difundidas:

  • Stéphane M. Grueso @fanetin, bien conocido documentalista, y tuitstar, en la foto. Presentación de su ponencia sobre “Cinco cosas que puedes hacer con un teléfono móvil”: aquí.
  • foto Ángel LópezÁngel López, abogado de Brigada Tuitera, compañero y amigo, y en la primera línea de organización del esfuerzo colectivo de la #NocheAntitasas y también ponente en el Seminario20 sobre el uso de Whatsapp en el movimiento #T, ha elaborado un foto-resumen del seminario en este enlace aquí y aquí foto del momento de su ponencia.  Enlace al vídeo con su ponencia, aquí.

 Lista de ponentes, folleto 3de la que no puede dejar de mencionarse a una figura ilustre, el Profesor de la Oliva, Catedrático de Derecho Procesal, con una intervención que no puede por menos que calificarse de memorable, cuya presentación hice con el siguiente texto: Presentación de De la Oliva.

Y tras una foto del Prof. De la Oliva, cabeza de escuela de Derecho Procesal en España, maestro de generaciones de procesalistas, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y el único procesalista en esa Real Academia, explicando en el Seminario 20 como las tasas judiciales son, literalmente, “inicuas”, o sea, malvadas [puede acceder al VÍDEO de su extraordinaria ponencia, pinchando aquí, y, sinceramente, le recomiendo que no se la pierda]Andrés de la Oliva

texto de

mi ponencia.

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE CÓMO HACER ACTIVISMO JURÍDICO SIN NADA DE DINERO PARA FINANCIACIÓN

Lo primero que quiero decir es que no sé absolutamente nada de nada de redes sociales ni de activismo en redes sociales ni de cómo manejar Twitter ni de cómo hacer un blog bien y cómo conseguir que sea leído ni de cómo difundirlo ni de cómo conseguir movilizar a la gente. A un poeta del siglo XVIII perfectamente desconocido, un tal José Iglesias de la Casa, se le suele atribuir una letrilla con estos cuatro versos: Fabio

“¿Tú que no sabes/
Me das lecciones/
Déjalo, Fabio,/
No te incomodes”

O por decirlo de forma menos pedante que citando a un autor desconocido, y ya en plan refrán castizo: consejos vendo y para mí no tengo.

Y como no sé, no voy a a explicar lo que no sé. Lo que sí voy a explicar es una experiencia personal, mi forma de ver las cosas y unas impresiones y unas ideas tras dedicar muchas horas a esto durante dos años ya, 26 meses, por si a alguien le puede ser útil, y en el entendido de que soy MUY consciente de que es MUY posible que me esté equivocando en mi estrategia, mis planteamientos y mis métodos.

Me refiero, naturalmente, a cuando se quiere luchar por algo sin tener ni un euro para gastos. Porque aquí, como tantas veces, estamos hablando de dinero y de derechos. Del dinero que tienen otros y de los derechos de todos, incluyendo el derecho a recibir información fidedigna. Que les permita tomar decisiones de apoyo a causas, y decisiones DE VOTO.

Porque aquí estamos hablando de cómo conseguir que ciertos temas estén en la agenda política y en la conciencia ciudadana, y ser al menos incómodos para el Poder, y cómo conseguirlo sin tener ni un euro para financiación. La lucha de David contra Goliat es el ejemplo clásico de cómo el pequeño venció al grande, pero aquí las desproporción no es la de un joven de altura corriente contra un guerrero de tamaño mayor de lo corriente. Un gobierno no solo tiene los medios de comunicación oficiales. Es que tiene TODOS los medios de comunicación a su servicio. Absolutamente todos. Porque no solo los medios de comunicación vivan muchos de ellos de la publicidad institucional y que además no sepamos quiénes son sus accionistas, sus acreedores y sus financiadores y por qué sostienen una línea editorial. Es que la inmensa mayoría de los medios de comunicación se limitan a repetir como noticia y de forma acrítica cualquier nota de prensa que difunda el Gobierno.

La nota de prensa sustituye a la noticia.

Y eso sin contar lo que se aprecia de forma cotidiana: la cortina de humo.humo2

El caso Monago que está ahora en los medios es un ejemplo clarísimo de cortina de humo.. Probablemente pocos recordarán el en mi opinión insignificante caso Monago dentro de dos años. Pero todos sufriremos un recargo durante 30 años en la factura del gas porque Florentino, precisamente ahora, se ha llevado 1.350 millones de euros por el extraño contrato de Castor, único caso que conozco en el que una indemnización se ha blindado por norma con rango de ley de forma tal que no es posible recurrirla ante los tribunales ordinarios, y por real decreto ley para que no haya control prelegislativo de la opinión pública.

Cortina de humo, ese es el punto. El activista tiene que hacerse visible entre cortinas de humo y que muchos no saben que son cortinas de humo porque los medios no se lo dicen.

O sea, que esta es una charla sobre

marketing de ideas sin dinero.

Y para luchar contra gente muy poderosa, que sí tiene dinero.

Y mis experiencias, ideas y estrategias, las voy a sistematizar en varios puntos, y esto daría para muchísimo más que para los catorce minutos de la ponencia. Y dejando claro que hay muchas más estrategias que he intentado y sigo intentando, y que considero importantes, que no se incluyen aquí dada la limitación de tiempo.

Y quiero dejar claro con carácter previo CINCO cosas:

que la educación y el respeto al otro me parecen indispensables, SIEMPRE, y que hay que evitar tuits innecesariamente agresivos y no digamos insultantes, y otro tanto en cualquier vía por redes sociales o fuera de ellas,

que conviene leerse a fondo las reglas de Twitter para que no cierren la cuenta por ser calificado de spam –ojo por ejemplo con dirigir mensajes indiscriminados a tuiteros importantes, y más en términos idénticos repetidos-, y aquí hablo por experiencia.

que hay que ser conscientes de que muchos mensajes de Twitter se pierden en el limbo informático y que en cualquier caso nadie está conectado 24 horas, y que por tanto no hay que tener miedo a repetir contenidos. Siempre pongo de ejemplo un tuit que en términos idénticos había tuiteado varias veces sin pena ni gloria y que aún o sé por qué, Twitter es misterioso, de repente alcanzó 1000 retuitss.

que consignas sin datos no es mi estilo ni lo creo eficaz.

Y 5: ser heterodoxo. Personalmente hago en Twitter y redes sociales un montón de cosas que dicen por ahí que no hay que hacer.

Claro que nunca sabré qué habría pasado si hubiera seguido las reglas que dicen por ahí que hay que seguir para conseguir difundir información de forma eficaz en redes sociales, en vez de no cumplirlas primero porque no sabía que existían y después porque, una vez estudiadas, cosa que he hecho y recomiendo hacer, no les he hecho caso salvo en lo que según mi propio criterio me parecía aprovechable, que es lo que también recomiendo que se haga, incluso por supuesto respecto de mis propias indicaciones aquí expuestas. Quién sabe qué habría pasado si les hubiera hecho caso a esas recomendaciones que se ven por internet, en vez de seguir mi propio criterio. Quizá en vez de tener ahora unos 7.800 seguidores y un índice Klout de 65, ahora tendría un millón y un índice Klout de 70 como por lo visto tiene un señor que es hijo de una tonadillera y que se llama Kiko Rivera. Así que con aparte de que existe la práctica de éticamente inaceptable de comprar seguidores, y de que el índice Klout es solo relativamente fiable porque por muy diversos motivos es incompleto y susceptible de ser elevado por medios artificiales, cosa que por cierto no hago, lo cierto y verdad es que el rey de las reyes sociales es un señor que se llama Kiko Rivera, que no sabemos qué méritos del tipo que sea tiene para merecer estar ahí.

Pero así son las redes sociales. No lo olvidemos.

Y ahora paso al fondo. EN CINCO PUNTOS, EL ÚLTIMO DE LOS CUALES CONTIENE DIEZ TÉCNICAS

1. PUNTO UNO de cinco.

Estamos ante una situación jurídica en la que no es posible quedarse al margen, en coinciencia, y que se pueden hacer cosas y que se pueden CONSEGUIR cosas, pero que como cada cual tiene su conciencia, ni a nadie se le puede obligar a moverse, ni se le puede reprochar que no se mueva, ni en redes ni fuera de redes, ni a un esfuerzo sostenido que es insostenible. A los ÚNICOS a los que se les debe reprochar que no se muevan son a las instituciones, que SÍ deben moverse, porque para eso están, y si no están, es que hay que cambiarlas. Cuestión distinta es que me duela personalmente lo que recoge la frase que se ha atribuido a muchos, desde Lincoln a Gandhi y a Mandela: más o menos dice: me preocupa lo que hacen los malos, pero me preocupa más el silencio de los buenos.

2. PUNTO DOS de cinco.

El jurista que se limita a explicar “objetivamente” cómo es tal precepto legal, sea en Twitter, en redes sociales o donde sea, está colaborando consciente o inconscientemente a consolidar la situación jurídica de esa ley, sea justa o injusta. El profano no sabe si las leyes son buenas o malas, pero el jurista sí puede saberlo, y si no lo dice, la impresión que se transmite con la fuerza de su peso como jurista es que son buenas, porque no se dice que son malas. Es el equivalente en Derecho del sistema periodístico de poner como noticia lo que es una nota de prensa oficial del Gobierno que “dice” que ha hecho o va a hacer tal cosa o “explica” cómo es tal ley. El periodista no es ahí periodista sino vocero. Si un jurista no quiere implicarse en luchas, que no lo haga, que ya he dicho que nadie está obligado a ser activista en ningún grado ni se le puede reprochar que no lo sea. Pero me entristece y me preocupa que juristas transmitan lo que no es o que no debería ser, dando la impresión de que es, o de que es bueno.

Mis amigos me han oído más de una vez mi distinción entre “juristas descriptivistas” y “juristas críticos”, que no es posible desarrollar aquí. Desde mi convicción de que un jurista descriptivista desde la pretendida objetividad está ayudando a consolidar lo que hay tanto si es justo como si es injusto, hace mucho que decidí ser jurista crítica.

3. PUNTO TRES de cinco.

Mi implicación en estos temas empezó con las tasas judiciales. No habría hecho nada de eso con tanta fuerza si no pensara que estamos ante el más grave ataque contra el Estado de Derecho cometido en los últimos años, y una ejemplo paradigmático de cómo, por qué y para qué se legisla, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de muchos, y además desde la más absoluta chapuza técnica, usando constantemente datos falsos y mentiras flagrantes; no es solo en gravísimo en sí mismo, es que además es un ejemplo de libro de cómo no deben hacerse las cosas y un peligroso síntoma de hacia dónde vamos. Es una bandera, sí, porque la Justicia es la clave del sistema político, y por tanto se quiere controlar, manipular e impedir el acceso a quienes no interesa que accedan.

Estupefacta me quedé cuando leí el proyecto de ley de tasas judiciales, allá por septiembre de 2012. Porque los medios de comunicación no me habían puesto en guardia. Nadie me puso en guardia. No me enteré hasta que ya estaba encima. Me tuve que enterar de que existía ese proyecto ya en las Cortes porque una amiga de una asociación de consumidores me pasó el proyecto, cuando ya estaba en las Cortes, por un sistema tan antiguo como un simple mail. Y hubo por tanto que intentar lo más difícil: intentar parar una ley ya en fase final de tramitación y ahora intentar que se derogue.

Boquiabierta me quedó y estupefacta sigo, de que barbaridades de ese calibre se tramiten a espaldas de la ciudadanía, y, lo que es gravísimo, con la colaboración por omisión de los medios de comunicación tradicionales. No es casualidad que el seminario lo hayamos organizado José Muelas y yo para hoy, 20 de noviembre de 2014. Hoy es el segundo aniversario de la infame Ley de Tasas Judiciales, Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Es un hito de la lucha jurídica, algo que creo sinceramente que ha revolucionado el mundo del activismo jurídico dentro y fuera de las redes sociales y, que, desde otro punto de vista, también ha modificado mi propia vida y mi forma de ver las cosas. Tener Twitter, y me introduje en Twitter, donde antes nunca estuve antes, solo por intentar difundir información, puede no cambiar el mundo, pero cambia la forma de VER el mundo, solo con tener una cuenta y leerla, aunque nunca se haga un tuit.

4. PUNTO CUATRO de cinco.

Lo indispensable de actuar en redes sociales, pero NO SOLO en redes sociales. las redes sociales son indispensables, absolutamente indispensables, VITALES, pero NO son suficientes.

Quizá sean suficientes en un futuro, pero en estos momentos no creo que lo sean. Porque esto es exactamente lo que buscamos en un activismo jurídico: superar la barrera del mundo de internet. Twitter es un mundo ficticio. Recordemos que no todo el mundo tiene Twitter, incluso quien lo tiene no lo lee permanentemente, y la información desaparece de forma instantánea y más aún: directamente no llega.

Y por supuesto tengo la convicción que Twitter por sí solo, con ser vital, y con Twitter TODAS las redes sociales, que creo firmemente que son VITALES, NO es suficiente en ningún caso para activismos jurídicos.

Y casi todos los activismos SON jurídicos, porque en definitiva se trata de modificar leyes o conseguir derogarlas o conseguir que se aprueben o no se aprueben. Twitter es poco, pero es mucho, es mucho más, muchísimo más, de lo que ha tenido nunca ningún activista hasta ahora que se enfrenta con el Poder y con los medios de comunicación. Pero al final las cosas necesitan cambios legislativos, que pueden venir por varias vías.

O sea, que eso significa también presiones a políticos y actuaciones en los tribunales. Y los políticos empezarán a recibir si ven que se tiene fuerza en Twitter.

Porque esto es exactamente lo que hay que buscar en un activismo jurídico, y lo repito:

superar la barrera del mundo de internet.

Twitter es un mundo ficticio. Repito: no todo el mundo tiene Twitter, incluso quien lo tiene no lo lee permanentemente, y la información desaparece de forma instantánea. Más aún: directamente puede no llegar nunca; y mi experiencia personal me dice que seguir a más de, digamos, unas 120-130 cuentas significa que la información no se descarga, y el sistema de seguir las llamadas “listas” resulta de utilidad muy relativa, aparte de no usarlo mucha gente. Lo cual significa que hay que contar que nuestra información se perderá fácilmente, no ya que se difumine, sino que ni llegará, para tanta gente que sigue 200 cuentas o centenares.

Y cualquier activista jurídico creo que debería analizar no solo cómo, qué y cuándo tuitea, sino qué información efectivamente puede contar con que llegue a sus destinatarios, incluso si son seguidores e incluso colaboradores o compañeros.

Y desde otro punto de vista, las cuentas de Twitter para cualquiera, y por supuesto para activistas jurídicos, tiene otra segunda función: la de recabar información de otros y recibir feedback (igual que también sirve para controlarnos, evidentemente)

Ejemplo: Marea Blanca. Las cosas se ganan en la calle para después ganarlas en BOE. Pero en primer lugar, CALLE no es solo la calle física; entendamos por calles también las redes sociales. En segundo lugar, la interrelación es compleja. Veamos el ejemplo de la Marea Blanca: ¿por qué se paró la privatización de la Sanidad? Por dos motivos. Primero, porque hubo movilización en la calle, y segundo porque se interpuso una acción judicial y se consiguió la medida cautelar de paralizar una actuación. Las dos cosas unidas lo consiguieron, no una sola.

La experiencia como jurista, y no digamos ya como activista jurídica en redes sociales, me demuestra que la gente no sabe cuáles son los límites de los procedimientos judiciales, qué pueden y que no pueden hacer los jueces. Cotidianamente veo en Twitter cómo se reprocha a jueces hacer o no hacer cosas que no está en su mano hacer de otra manera. El activista jurídico TIENE que informarse y asesorarse. A veces es posible buscar las vueltas a las normas en los tribunales, y encontrar la solución; y a veces no. Pero no intentarlo, si una ley o una norma del rango que sea ya existe, es sencillamente obligar al legislador a cambiar una norma que él mismo ha puesto, algo dificilísimo, en vez de conseguir que la anule un tercero, que es el juez, cuando técnicamente es posible. No siempre será posible, pero hay que asesorarse y hay que intentarlo, y en concreto en tasas se intenta por varias vías.

Y PARA ESTO CONCRETAMENTE de acudir a los tribunales a defender los intereses generales NO HACE FALTA SER CONOCIDO, ni siquiera moverse en redes sociales.

Porque a diferencia de otras gestiones, como relaciones con políticos, CUALQUIERA puede dirigirse a un tribunal para defender un derecho, y solo tiene que tener medios y la legitimación y vía procesal correcta concreta para ello según el caso cuando la hay (mejor no hablo de tasas judiciales).

En cambio los políticos SOLO atenderán cuando se ve que se tiene cierta fuerza.

Por eso es TAN importante el acceso a la Justicia, por eso también son tan importantes las tasas judiciales. La Justicia NO debe preguntar si uno es grande o pequeño para defender un derecho. En cambio, los políticos será mucho más difícil que escuchen a cualquiera que no sea previamente conocido.

Ello genera además un efecto de feedback. Las redes sociales está vacías. Se llena con los contenidos que se van generando, y una noticia judicial ES un contenido.

Porque en muchas causas, no hay tales contenidos. Hay que generarlos.

Y ello nos lleva a otra cuestión BÁSICA, el quid de la cuestión, que es

CÓMO GENERAR CONTENIDOS.

Así que voy a hablar del punto

5.- PUNTO QUINTO de cinco.- Del blog al tuit y mucho más.

O sea,

CÓMO GENERAR CONTENIDOS PARA DIFUNDIR.

Y esto lo voy a resumir en DIEZ PUNTOS.

Porque no bastan LAS CONSIGNAS. Hay que difundir CONTENIDOS.

Y naturalmente todo esto exige colaboración.

El activismo INDIVIDUAL no tiene sentido, ni dentro ni fuera de redes sociales. Ningún activismo ni dentro ni fuera de Twitter puede ser individual. La red es también una metáfora de una actuación colectiva, muchos hilos que se cruzan, y que permite deducir esa simple metáfora una cuestión MUY importante: que en una red la fuerza es la del conjunto, y si falla un punto de la red temporal o definitivamente, no se rompe todo.

O sea, que ninguno somos indispensables, y todos somos importantes, cada esfuerzo suma y no hace falta que haya ninguna cabeza ni jefes, es el sistema enjambre y de foto José Muelasinteligencia colectiva que explica por ejemplo José Muelas en su ponencia de hoy. Y quiero expresar mi agradecimiento público a todos y todas los que forman la Brigada Tuitera, escarapela #Tjuristas y no juristas, que se está dejándo la piel en esta lucha por una Justicia accesible, independiente y con medios, y no solo dentro de redes sociales.

Hay pues que hacer cosas FUERA de Twitter y redes sociales, cosas como hablar con políticos, intentar dirigirse a los grupos parlamentarios para que introduzcan enmiendas o formulen preguntas o iniciativas legislativas, salir a la calle a manifestarse, hacer uso de los mecanismos jurídicos de recurso a los tribunales, generar contenidos jurídicos serios. Y eso hacemos.

Y hay que hacerlo por DOS motivos: porque es eficaz y porque genera contenidos.

Y ahora hablemos de cómo generar contenidos.

1. TÉCNICA UNO: GENERAR NOTICIAS EN LA CALLE. Las señoras que se quitan la camiseta con el sistema FEMEN, que por cierto no me gusta nada, lo saben bien. También lo saben los de Greenpeace, que no buscan parar un barco, sino que salga la foto de la protesta. Lo que cuenta es la foto. podemos generar noticias gráficas del tipo que sea: unas pocas personas detrás de una pancarta gritando cosas al ministro de turno foto pancarta recicladao haciendo gestos tales como ponerse de espaldas públicamente para reflejar un rechazo, son noticia. Y si no son noticia en los medios tradicionales, qué se le va a hacer –que habría también que intentar que lo sean-, al menos, SON FOTO, y en Twitter se puede difundir una foto, y el efecto es multiplicador y da lugar a una retroalimentación. Después se puede difundir la noticia del periódico. Y para eso hay que tener contacto con la prensa.

2. TÉCNICA DOS: GENERAR NOTICIAS POR LA VÍA DE HABLAR CON PERIODISTAS. Hay periodistas que sí recogen noticias. Quien tenga una persona amiga o conocida en cualquier medio de comunicación aunque sea pequeño, que recurra a ella, y con la famosa teoría de los seis grados de separación, se puede llegar a cualquiera, incluyendo cualquier periodista, solo con tirar un poco de contactos personales. Lo que dice un periódico de formato tradicional o digital visualmente pesa, y una foto de un afectado que cuente su caso y un url de enlace a un periódico digital cuenta. Y, naturalmente, siempre con seriedad en los contenidos.

#T en la cafetería del Congreso 21-10-14

Foto: #T en la cafetería del Congreso de los Diputados, 21-10-14, esperando para entrar a una de tantas reuniones de activistas #T en reuniones con políticos con todo el espectro político

3. TÉCNICA TRES. GENERAR NOTICIAS POR LA VÍA DE CONSEGUIR QUE POLÍTICOS HAGAN PREGUNTAS PARLAMENTARIAS EN LAS CORTES, EN EL PARLAMENTO EUROPEO O EN LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS, O QUE PLANTEEN MOCIONES EN AYUNTAMIENTOS. O que presenten iniciativas legislativas. Además de la propia eficacia política y jurídica, indudable, que por supuesto se busca,  genera noticias. Ello requiere contactar con políticos, y con un sistema de círculo vicioso, primero hay que ser conocidos.

4. TÉCNICA CUATRO. GENERAR NOTICIAS POR LA VÍA DE CONSEGUIR QUE ASOCIACIONES Y ENTIDADES EXPRESEN SU PREOCUPACIÓN POR EL TEMA. Unas simples declaraciones de cualquier portavoz de cualquier asociación, de cualquier entidad, que puedan ser recogidas en una nota de prensa que se envíe a medios, o que cuelguen en su web, puede dar lugar a un enlace de internet y por tantos ser difundido indefinidamente. Eso significa dirigirse por medios tradicionales a ellos, incluyendo el teléfono y el mail.
5. TÉCNICA CINCO. GENERAR NOTICIAS POR VÍA DE EFECTUAR PETICIONES ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, sea el estatal o los autonómicos donde los hay. La cosa puede ir más allá porque el Defensor del Pueblo es una institución que puede interponer recursos ante el Tribunal Constitucional contra normas con rango de ley, y es el único que puede hacerlo aparte de los propios políticos en sentido estricto que están en las Cortes y en el Gobierno, los parlamentos y los gobiernos autonómicos. No lo hace, ya, pero debería. Y como debería, hay que pedírselo, porque aunque en la práctica el Defensor del Pueblo sea una figura de adorno jurídico, no hay que olvidar que el Defensor del Pueblo es además un observatorio. Salen estadísticas anuales de quejas.

No es ya que el que no llora no mama. Es que el que no llora NO EXISTE. Esto es lo básico más básico que me ha quedado claro a estas alturas: LO QUE NO SE DIFUNDE NO EXISTE

6. TÉCNICA SEIS. LOS JUZGADOS, CON RESOLUCIONES QUE LLEGUEN A LAS REDES SOCIALES, Y QUE POR SUPUESTO ADEMÁS PUEDAN SERVIR PARA CONSEGUIR RESULTADOS. Ahí tenemos los ejemplo de las querellas contra Bárcenas y los asuntos de Bankia.

7. TÉCNICA SIETE. LOS ESTUDIOS SERIOS AUNQUE SEAN DE CONTENIDO DIVULGATIVO. Esto me parece absolutamente indispensable. Y aquí no queda más remedio que recurrir a a mi propia experiencia como para explicarlo. Tengo dos blogs, El bosque y los árboles y este donde figura este post Rayas en el agua, y escribo posts que me lleva a veces semanas y hasta meses preparar, recopilando información, insertando datos, documentos y enlaces y efectuando análisis jurídicos para que todo esté accesible para cualquier persona interesada. Twitter es efímero y los contenidos no se llegan siquiera a descargar si se sigue a mucha gente. Pero desde Twitter se puede redireccionar a un blog para difundir esos contenidos, y hacerlo varias veces, y además desde la propia red cualquiera que busque información documentada, dará con ello, aparte de que en su caso pueda servir a los propios compañeros de luchas para disponer de datos.

No bastan las consignas, ya lo he dicho. En Twitter se da mucho eso de las consignas, y yo misma lo hago, la consigna, equivalente al coreo de consignas en las manifestaciones. El coreo de consignas sirve para lo que sirve, y HAY que hacerlo, sin duda. Pero también hay que dar INFORMACIÓN y la información es facilitar datos Bentham portadacontrastables serios. Y que estén disponibles fácilmente. Y tuitearlos cuantas veces sea necesario, con mesura, pero con insistencia. LOS BLOGS SIEMPRE ESTÁN AHÍ. Y hay que encontrar desde el principio el idóneo, pensando un poco más. No es cuestión de coste, que los hay gratis. Se trata de escoger el adecuado a las circunstanciase en función de lo que se quiera hacer. Si no se ha acertado con el formato, luego es muy difícil cambiarlo.

Otro ejemplo de generar contenidos en el libro, como el editado por el Prof. D. Andrés de la Oliva, “Una protesta contra las tasas judiciales“, de Jeremy Bentham, filósofo del siglo XVIII, libro que es del que es posible extraer ideas y contenidos para difundir, y que permiten deducir lo triste que es que podamos usar esas misma ideas siglos más tarde.

8. TÉCNICA OCHO. LOS DESMENTIDOS. Los medios de comunicación , Twitter incluido, no solo omiten información relevante entre masas de informaciones insignificantes. A veces difunden información falsa, bien porque se limiten a hacer corta y pega de notas de prensa oficiales o bien por pura falta de rigor. Hay que DETECTAR esa información y RECTIFICARLA PÚBLICAMENTE. El desmentido nunca tiene tanta fuerza como el titular falso o interesado, pero hay que intentarlo. Que la última palabra no sea la falsa. Usemos las redes para DETECTAR información, y si es preciso mandar cartas al director, cartas a los blogs o web donde la información esté incorrecta, mandar mensajes a periódicos digitales que tengan foro para comentar una noticia; y usemos también las redes para denunciar que no nos dejan rectificar datos falsos si se diera el caso. Y eso significa DETECTAR la información que se difunde.

9. TÉCNICA NUEVE. LA DETECCIÓN DE INFORMACIÓN. Esto tiene dos facetas: la formación y la información. La persona activista del sector que sea tiene que estar perfectamente informada de la situación del tema que le preocupa. No podrá difundir la información correcta si no sabe cuál es, y a veces es compleja. Los estudios básicos mínimos sobre el tema son indispensables. Hay que buscar la formación externa, de los seguidores, y de los propios activistas. Por ejemplo, se pueden colgar los datos básicos en un drive, o tener un blog de referencia con información. Pero además hay que buscar en la propia web. Y no basta difundir cualquier cosa. Hay que difundir noticias contrastadas. UNA NOTICIA FALSA HUNDE. Twitter es cruel. Y cada tuit es para siempre, NO HAY VUELTA ATRÁS EN LO QUE SE MANDA. Por tanto cada tuit tiene que tener información comprobada, estar pensado y con cosas tan básicas como que el enlace a internet esté comprobado. Retuitear tuits que aparentemente vayan bien con nuestro tema y sin leer y de forma crítica el enlace, que incluya es algo nunca conviene hacer.

10. Y TÉCNICA DIEZ, FINALMENTE EL TRENDING TOPIC. Es una técnica de la que no se debe abusar, porque si fracasa, el fracaso es público, a la gente no se le puede pedir ese esfuerzo una y otra vez, y además perdería eficacia si se abusa, pero que puede y es aconsejable. Requiere preparación, además de esfuerzo en el mismo momento del TT. Hoy a las 22 h iremos por un TT [y fuimos, y en efecto, lo conseguimos]. Hay técnicas para que sea lo más eficaz posible, pero eso ya no da tiempo explicarlo.

Y voy a acabar con un consejo, que intento aplicarme a mí misma. Hay que funcionar en redes sociales con tres sentidos:

EL SENTIDO COMÚN
EL SENTIDO CRÍTICO
Y EL SENTIDO DEL HUMOR

Verónica del Carpio Fiestas

Conocida en la vida ficticia, incompleta y parcial pero indispensable de Twitter como @veronicadelcarp

y que cuando se pone intensa hablando de activismo jurídico y tasas judiciales, tiene esta cara:

Verónica

Publicado en #NocheAntiTasas, #T, activismo, activismo en redes sociales, activismo jurídico, Brigada Tuitera, tasas judiciales, Twitter | Etiquetado , , , , , , , | 2 comentarios

No perdono

El presidente del Gobierno Sr. Rajoy ha pedido perdón por la corrupción. Por motivos desconocidos dan por sentado algunos políticos

  • que la responsabilidad política se lava con el perdón, no con la dimisión, y que además el mero hecho de pedir perdón excluye ya cualquier otro tipo de responsabilidad
  • que el perdón es un acto unilateral, es decir, que es suficiente con que se PIDA, pero que DA IGUAL que se CONCEDA por los destinatarios de la petición de perdón, personas que, por cierto, NO están obligados a concederlo, porque el perdón es un acto VOLUNTARIO, no obligado
  • que por tanto da igual cualquier otra cosa que se haga o NO se haga, como por ejemplo, asumir como partido las responsabilidades económicas de la corrupción
  • que con las repetidas referencias a que personas desaprensivas han abusado de la buena fe del Sr. Rajoy, de la Sra. Aguirre y al parecer, de muchos otros gobernantes de otras comunidades autónomas de otros signos políticos, parece que da igual lo que en Derecho se llamaría la responsabilidad -económicamente exigible en otras ramas del Derecho-, por la culpa in eligendo y la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad por haber escogido mal a las personas a quienes se ha encomendado una labor, o por no haber supervisado suficientemente esa labor, cuando hay daños para terceros; aquí no solo no se plantea responsabilidad alguna por lo que tantísimos ámbitos jurídicos sería, no ya responsabilidad MORAL, sino ECONÓMICA
  • por no hablar, naturalmente, de que el PP es un partido cuya sede central ha sido registrada por orden judicial; de que está recogido en numerosos autos el manejo de ingentes cantidades de dinero B a cambio de extrañas “donaciones” de empresas y que fueron distraídas en parte por un señor llamado Bárcenas sin que -tanto dinero se manejaría-, se detectara siquiera; de que unas obras en la sede central del partido fueron pagadas con dinero B al parecer sin que nadie lo supiera; de la sorprendente pasividad de la Fiscalía -dependiente. en definitiva, del Fiscal General del Estado, que nombra el Gobierno- en perseguir la corrupción en numerosos casos de todos conocidos, denunciada públicamente por abogados que, en nombre de particulares o instituciones, han intervenido en esos asuntos penales para instar la acción de la Justicia por no actuar el Fiscal antes y están tirando del carro solos o incluso contra el fiscal (casos Bankia y Gürtel, sin ir más lejos, que del caso de la infanta Cristina mejor ni hablamos).

No es ya que la política no sea un confesionario, y que la responsabilidad política no tiene nada que ver con un pecado, sino que es una responsabilidad política y, en su caso, penal. Es que INCLUSO en un confesionario el perdón hay que concederlo; no solo pedirlo, sino que ALGUIEN debe concederlo. Y puede denegarse. Y que para que se conceda, hacer falta, por ejemplo, propósito de enmienda y reparación del daño.

Qué curiosa esa insólita generalización de los perdones de un tiempo a esta parte, y no solo en Españajistán. Tal Gobierno pide perdón por lo que hicieron otros Gobiernos en su país cien años antes; se exige a tal delincuente que pida perdón y se escandaliza la gente de que no lo pida, y se llega a veces hasta a reprochar a las víctimas que NO lo concedan, como si DEBIERAN hacerlo. Residuos históricos y hasta psicológicos del concepto privado de la Justicia, en el que el ofendido tenía un derecho a exigir Justicia penal, y por tanto podía dejar de exigirla, en vez de tratarse de una acción pública. O concepto religioso, de religiones en las que un dios o sus representantes están facultados para perdonar, y el perdón de los pecados es por un lado una vía de extinción de responsabilidad para el que causó el daño y por otra un deber religioso de perdonar las ofensas para el que lo sufrió. O mezcla ideológoca extraña con un concepto puramente jurídico-civil de la condonación de deudas, el perdón de las deudas civiles, algo que por cierto no se presume y que exige un acto del que condona, no solo la petición del que pide.

Cada cual es muy libre de hacer lo que quiera. Por mi parte, no perdono. No perdono porque no estoy obligada a hacerlo, porque no creo que el perdón sea la vía y porque no se ha impedido el daño, pudiendo hacerlo, ni se ha hecho lo posible por no agravarlo ni por perseguirlo, ni se ha reparado el daño.

  • ¿Hace falta recordar que en una  legislatura en la que se ha aprobado una ley orgánica en nueve días, y reales decretos-leyes masivos de 172 páginas, en una legislatura donde se legisla ASÍ, a lo bestia, no se ha dictado NINGUNA norma para agravar penas, facilitar persecución de los delitos desde el punto de vista procesal y dar medios a unos juzgados cuya saturación se denuncia cotidianamente?
  • ¿Hace falta recordar que cualquier norma penal con MÁS penas o que tipifique nuevos delitos NO sería aplicable retroactivamente, y que por tanto CADA DÍA de demora significa que corruptos se irán de rositas?
  • ¿Hace falta recordar las trabas constantes a la investigación  de delitos, los policías retirados de ciertos puestos porque eran incómodos, los discos duros sorprendentemente borrados, las fiscalías haciendo funciones de abogado defensor, los juzgados sin medios para que no puedan investigar y a los que encima se les reprocha que no vayan rápido, la confusión de responsabilidad penal con responsabilidad política para que los absueltos de todo pelaje sigan como si nada ejerciendo funciones públicas y envalentonados, los indultos y las extrañas concesiones de tercer grado?
  • ¿Hace falta recordar también que hay quien plantea, desde responsabilidades de Gobierno o desde puestos significativos de partidos -Dª Esperanza Aguirre, que habla de los políticos como si ella no lo fuera y de los corruptos como si ella no hubiera nombrado al Sr. Granados -hoy en prisión provisional- como su consejero de JUSTICIA en la Comunidad de Madrid-, que se limite el plazo de la instrucción de los delitos, lo que significa sencillamente impunidad, porque eso tendría que hacerse archivando procedimientos judiciales que superaran el plazo, o sea, dando carpetazo a gusto del que manda solo con no dar medios a un juzgado, o exigir responsabilidad a jueces y demás funcionarios, como si las cosas se pudieran hacer mágicamente sin medios?

Y no perdono, porque, por si fuera poco, en lo que dice que es su primera medida anticorrupción en la misma semana en la que nos pide/exige perdón, el Sr. Rajoy MIENTE diciendo en un acto público, en presencia de una mandataria extranjera además, que mejor ni pensar lo que pensará  de Españajistán cuando sepa que se ha mentido delante de ella, que se han creado 300 plazas de jueces para la corrupción. Falso de toda falsedad.

Asco, pena y miedo da que se mienta en un tema que afecta de lleno a la Justicia y a la corrupción. Y más aún que los medios de comunicación, borregos, vendidos o temerosos de enfrentarse con el Poder o perder su publicidad institucional, o con dejadez inaceptable o todo a la vez, recojan acríticamente todo lo que salga de la boca de políticos con responsabilidades de Gobierno, esta y tantas otras falsedades flagrantes, como si fueran verdades, dejando los desmentidos para la nota a pie de página o ni eso siquiera.

Aquí tiene usted  los desmentidos de TRES asociaciones judiciales, que dicen CLARAMENTE que es de todo punto falso que se creen 300 plazas de jueces contra la corrupción

  • Asociación de Jueces “Francisco de Vitoria”: tuits de 31 de octubre de 2014

1Ni una sola de las plazas de juez que anuncia el Gobierno es de Juez de Instrucción. Nada que ver con la

 

  • Asociación de Jueces “Jueces para la Democracia”. Comunicado y tuits de 31 de octubre de 2014.

Comunicado: enlace aquí

2El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad. El Decreto al que se refiere el presidente del gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. Es decir, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto [NOTA: BOE AQUÍ] y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción.

En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años. Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación. Este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo. La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, 2 magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones.

Tras dos años en los que el gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa. Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones.

Además, nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante. Y que la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción.”

  • Asociación de Jueces “Foro Judicial Independiente”. Comunicado enlace aquí y en la imagen lo más significativo:3

no podemos evitar tener que denunciar el oportunismo de tales declaraciones.

La opinión pública debe saber que no se crean plazas de jueces (ni fiscales) desde hace tres años, y que, como las oposiciones se han ido convocando anualmente, ello ha generado en una situación dramática para los jueces de esas últimas promociones, los cuales, tras años de dura preparación teórica y práctica, se encuentran sin juzgado al que ir, obligados a permanecer en una situación de interinidad y en una indefinición profesional y salarial que las asociaciones judiciales ya hemos denunciado varias veces y que, desde luego, no se merece nadie, pero menos quienes, ya en su juventud, ven así pagado su tremendo esfuerzo.

Por lo tanto, la creación de estas plazas no responde a ninguna política del gobierno dirigida a acabar con la corrupción política, sino a la necesidad de dar salida a cientos de jueces que actualmente se hallan sin destino fijo, en una lamentable situación de precariedad y provisionalidad. El propio Sr. Ministro, Sr. Catalá, lo expresó así el pasado 15 de octubre, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando señalo: “Desde 2011 la Planta Judicial permanece inalterada y, sin embargo, que la Escuela Judicial ha seguido aprobando y, por lo tanto, poniendo a disposición del Poder Judicial jueces en los últimos años que, sin embargo, no han podido adscribirse a destinos judiciales. En este momento, tenemos un déficit de 276 plazas, y les anuncio ya que el Gobierno se propone crear 282 unidades jurisdiccionales con el fin de resolver esta grave disfunción que tenía sumida en una incertidumbre a una parte de la carrera judicial, precisamente a los más jóvenes, los recién incorporados a la carrera, los que acaban de aprobar sus oposiciones y que lo que desean es empezar a trabajar”. Esta misma situación se reconoce igualmente en la Exposición de Motivos del Real Decreto por el que se procede a la creación de estas nuevas plazas judiciales.

En consecuencia, se trata de una buena noticia que, sin embargo, no responde a la demanda social de que el Gobierno reaccione contra la corrupción, sino a la necesidad de tratar de arreglar, al menos en parte, la desacertada política judicial de años anteriores.”

Como puede verse, lo que el Sr. Rajoy quiere vender como 300 jueces anticorrupción es, simplificando, dar destino a jueces pendientes de destino, en lo que sea, que están trabajando hace ya tiempo en condiciones precarias. Punto, y que nada tiene que ver con la corrupción.

Y ello, por cierto, además, tras haber prescindido el Gobierno de los servicios de 1.500 jueces sustitutos, que por recortes intolerables que afectan a la entraña del Estado de Derecho, han quedado fuera sin trabajar -y sin cobrar-, y consiguientemente ha quedado fuera también la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas cuando como consecuencia de todo ello hay juicios señalados para 2017 y 2018.

¿Que no ha habido medidas en relación con la corrupción? Sí, ha habido UNA medida A FAVOR de la corrupción: poner tasas judiciales en la vía contencioso-administrativa para que no sea recurrible la arbitrariedad  del Estado, arbitrariedad que como es bien sabido, tristemente a veces incluye OTRAS cosas.

Da mucha tristeza ver cómo la mentira y la manipulación son sistema cotidiano de comunicación del Gobierno. De verdad, no es indispensable. Y si usted cree que es normal que una asociación judicial tenga que calificar unas declaraciones de un presidente del Gobierno como “patraña” y que otra asociación insista en que no se engañe nadie, y una tercera hable de oportunismo, pues qué quiere que le diga.

Ah, y el Sr. Rajoy pide perdón “a todos los españoles”. Al parecer los ciudadanos extranjeros que viven en Españajistán y aquí pagan sus impuestos, y que son afectados por la corrupción en su patrimonio, en sus derechos y en la calidad democrática del Estado, como cualquiera de nacionalidad española, no tienen derecho a que se les pida perdón; no cuentan. Será quizá porque no votan en las elecciones generales.

Verónica del Carpio Fiestas

 

Publicado en Administración de Justicia, arbitrariedad, Bárcenas, Constitución, controles, corrupción, democracia, Fiscal General del Estado, indultos, irresponsabilidad, Justicia tardía, lenguaje político, medios de comunicación, medios de los juzgados, mentir, normativa procesal, perdón, Rajoy, situación de los juzgados, tasas judiciales, técnica legislativa | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 comentarios

De recursos de inconstitucionalidad y antologías de disparates. Y privatización del Registro Civil.

Aclaración previa, para no juristas. Los reales decretos-leyes son normas dictadas por el Gobierno, con rango de ley. No deben confundirse con los reales decretos o decretos a secas, que sí son ejercicio de la potestad reglamentaria legítima y lógica del Gobierno y no asunción por este, excepcionalmente, de la potestad legislativa que reside en las Cortes. Puesto que el Gobierno asume potestad legislativa, el Congreso ha de ratificar el real decreto-ley en 30 días; ya ve usted qué problema, teniendo mayoría absoluta. Y como cualquier norma con rango de ley,  solo pueden ser recurridos ante una institución: el Tribunal Constitucional. Y solo, además, por las personas, entidades e instituciones concretas que prevé la Constitución: 50 diputados/senadores, determinadas instituciones de las Comunidades Autónomas, el Defensor del Pueblo. Y el recurso NO suspende la aplicación de la norma, que sigue aplicándose indefinidamente hasta que el Tribunal Constitucional dicta sentencia. Y el Tribunal Constitucional tarda lo que quiere en resolver, sin posibilidad alguna de control.

Y dicho esto, vamos al post.

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia era el rimbombante y confuso nombre de un espectacular real decreto-ley de 172 páginas que incluía de todo, cosas que en condiciones normales podrían ir en unas, así a ojo, 30 leyes sobre las cuestiones más variopintas (drones, reforma laboral, impuestos, AENA, etc.). Y  en ese “todo” se incluía la privatización del Registro Civil. Puede encontrar datos en otro post de este blog, y aquí en enlace al BOE con el texto.

El Real Decreto-ley 8/2014 fue recurrido al Tribunal Constitucional por varios partidos de la oposición parlamentaria, en muy infrecuente recurso conjunto claramente demostrativo de la importancia que se le daba y de la unanimidad al respecto. Tenga en cuenta que SOLO quien tenga 50/diputados senadores puede recurrir al Tribunal recurso inconstitucionalidad RDL 8-2014Constitucional; es decir, que el único partido de la oposición en estas circunstancias en esta legislatura es el PSOE, que podría haber recurrido solo.

Aquí tiene el texto del recurso: pinche recurso inconstitucionalidad contra real decreto ley privatización registro Civil y en la imagen, las dos primera páginas.

El recurso de inconstitucionalidad contra el macro Real Decreto-ley 8/2014  fue fundamentado en la ausencia del requisitos formales para utilizarse la fórmula normativa del real decreto-ley, en concreto ausencia del requisito de “extraordinaria y urgente necesidad”. Incluye un apartado específico sobre un tema muy grave, lo que la oposición considera la privatización del Registro Civil, con referencia a la protección de datos, en el sentido de no poder por tanto ser incluido en un RDL.

Vayamos por partes.

Problema 1.

Un problema general. Cómo no hay forma de saber cómo y por qué se recurren las normas al Tribunal Constitucional

Usted no habrá podido acceder al texto de ese recurso hasta ahora porque resulta que no está  disponible para el público. Lo único que sale en el Boletín Oficial del Estado es la escueta referencia publicada por el Tribunal Constitucional a que se ha presentado y admitido a trámite tal recurso de inconstitucionalidad.

Esta referencia:

boe

No está disponible en el Boletín Oficial del Estado, ni en ningún otro sitio oficialmente, el TEXTO de ese tipo de importantísimos documentos, los recursos de inconstitucionalidad.

Es decir, que ciudadanos y juristas desconocemos en qué términos exactos de forma y fondo se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad cuyo planteamiento CONDICIONA absolutamente la futura resolución  el Tribunal Constitucional sobre una norma, tanto en cuanto a los aspectos concretos recurridos como en cuanto a los argumentos.

Los juristas manejamos textos procesales, como es lógico, NO declaraciones en prensa de políticos que “expliquen” lo que han recurrido, y solo podemos analizar si podría o no prosperar un recurso LEYENDO los recursos. Y resultan que no están accesibles, salvo que alguien voluntariamente los difunda individual o colectivamente o los filtre.

O sea, que solo sabemos si un recurso está bien fundado o es un paripé, o siquiera en qué aspectos concretos se centra, si alguna o algunas de las personas o instituciones recurrentes considera OPORTUNO filtrarlo o difundirlo.

Para que se haga usted una idea, y por poner un ejemplo de un tema muy sensible, a día de la fecha, quien esto firma no ha conseguido acceder, pese a sus esfuerzos, al TEXTO de varios de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, una ley de tan enorme relevancia jurídica y social, contra la cual son ingentes los esfuerzos de muchos.

¿Se hace usted una idea de que NO es posible saber si hay recursos de paripé, ni en ese caso ni en ninguno? Los recursos de inconstitucionalidad conseguidos contra la Ley de Tasas Judiciales están colgados en el otro blog de quien eso firma, enlace aquí; y es ahí donde los interesados van a consultar esa información, porque no están en otro sitio.

Si a usted le parece normal que documentos de esta relevancia hayan de ser recopilados y difundidos por una persona particular, qué más cosas le parecerán normales en esta democracia.

Y, por cierto, tampoco es posible acceder a los sucesivos documentos que este tipo de procedimiento va generando: alegaciones de Comunidades Autónomas en su caso, del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado.

Y si usted cree que es un problema menor, quizá debería tener en cuenta que cualquier lucha jurídica del tipo que tenga una faceta procesal sea exige tener una mínima idea de qué es exactamente lo discutido, para poder hacer análisis de si puede prosperar o no, o sea, poder hacer previsiones. Aquí estamos a ciegas. Por no hablar de la importancia de saber si los partidos políticos y las instituciones con posibilidad legal de recurrir al TC cumplen bien su función, o si dicen una cosa y hacen otra, o si la hacen mal.

Problema 2.

El caso concreto del Real Decreto-ley 8/2014 y su asombroso y escandaloso planteamiento legislativo

2.1. La fórmula utilizada, su contenido y lo cómodo de saltarse todos los informes prelegislativos.

Como es bien sabido, para poder utilizar la fórmula del real decreto-ley tiene que existir, según la Constitución, “extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno consideró “extraordinaria y urgente necesidad” modificar de una vez, por calcular así a ojo, unas 30 leyes distintas sobre cuestiones de todo tipo sin nada que ver entre sí, en 172 farragosas páginas.

Es decir, que al usar la comodísima técnica legislativa del real decreto-ley, se saltó NO SOLO la tramitación parlamentaria, sino TODA la tramitación prelegislativa.

Es decir, se saltó el control prelegislativo de las innumerables instituciones y organismos, públicos y privados que según los casos tienen que informar o ser oídos cuando se tramita una ley, y el consiguiente control de la opinión pública, que se va soliviantando y que va PRESIONANDO, según se van difundiendo los sucesivos informes preceptivos.

¿Se imagina usted cuántos informes preceptivos incómodos que habría podido conocer la opinión pública y que le hubieran podido impeler a PRESIONAR para que se modificara la iniciativa legislativa del Gobierno ANTES de entrar en vigor se ha podido saltar un real decreto-ley que abarca temas de unas treinta leyes?

¿Tratándose como se trata de un real decreto-ley que incluye, por ejemplo, la entrega del Registro Civil a los registradores mercantiles, lo que la oposición considera una privatización sin precedentes?

¿Cuando desde la creación de ese Registro Civil, a raíz de una Ley de 1870 Gaceta 1870 Ley Registro Civilnada menos, siempre estuvo en manos directas del Estado? ¿Cuando jamás se ha planteado hasta ahora eso? ¿Cuando la única coincidencia entre Registro Civil y Registro Mercantil es que ambas expresiones incluyen el término “Registro”? ¿Cuando precisamente había habido hacía poco unas muy cuantiosas inversiones en el Registro Civil, por parte del Estado? ¿Cuando el RDL contiene una rarísima Disposición Adicional nº 23 que prevé un extrañísimo, pero extrañísimo, contrato para medios informáticos del Registro Civil del que puede usted ver datos en este post del blog Hay Derecho, en este y en